Stanley le anunció a la CGT que la emergencia alimentaria se tratará en el Congreso

La ministra de Desarrollo Social se reunió con la cúpula de la CGT: estuvo acompañada por su par de Trabajo y Producción, Dante Sica. Luego recibió a las organizaciones sociales conocidas como el “Triunvirato de San Cayetano”.

La  ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, recibió junto a su par de Trabajo y Producción Dante Sica en la cartera social a la cúpula de la CGT, encabezada por el binomio de la actual conducción integrado por Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (trabajadores de estaciones de servicio, SOESGyPE), quienes llegaron acompañados por Gerardo Martínez (construcción, UOCRA), Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), Armando Cavalieri (empleados de comercio), José Luis Lingeri (obras sanitarias), entre otros.

En ese marco, y tras el encuentro, Stanley anticipó que la Emergencia Alimentaria, la medida reclamada también por la CGT y que originó esta reunión, será tratada en el Congreso. De esta manera, se confirma que la vía legislativa será el terreno elegido por el Gobierno nacional para dar la discusión sobre esta iniciativa que en las últimas semanas se convirtió en una demanda de cada vez más vastos sectores sociales y políticos de la oposición: al reclamo creciente, en la calle, de gran parte de los movimientos sociales, se sumó el pedido de la Iglesia Católica; posteriormente de los intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires, parte de los gobernadores de ese espacio político, y finalmente, el 4 de septiembre pasado, la CGT, que se sumó al reclamo “urgente” con un comunicado.

Al salir de la reunión, y consultada por el tema, Stanley adelantó: “La emergencia alimentaria depende del Congreso de la Nación, y es en ese marco en el que se va a tratar, hay distintos proyectos, y va a ser ahí”. También remarcó que con la CGT “no quedamos en tener otra reunión, pero estamos permanentemente en diálogo”. Además, señaló que “no se habló sobre la reapertura de paritarias, y es un tema que no responde a mi área, sino que responde al ministro Sica”.

En ese contexto la funcionaria dijo que informó ante la cúpula de la CGT el trabajo llevado a cabo por el gobierno nacional en materia social ante la crisis: “(Expusimos) cómo veníamos trabajando respecto a la emergencia alimentaria, respecto a la emergencia social que ya fue declarada en 2016, reasignamos partidas y se aumentó la cantidad y los montos de las raciones. También se habló de lo que se hizo en el marco de (la baja del) IVA para alimentos, que ya se cobró el bono de 1000 pesos que se dio para Asignación Universal por Hijo. Y a partir de ahí se generó todo un diálogo de poder explicar todas estas situaciones”.

Por otra parte, la ministra se habría comprometido con los gremialistas a reforzar la ayuda alimentaria para los trabajadores despedidos o suspendidos, por medio de la entrega de una Tarjeta Alimentaria para la compra de alimentos. Y también, entre las propuestas para los trabajadores asalariados estaría, además, un bono no remunerativo de $5.000.

Movimientos sociales

Luego de la reunión con la CGT, la ministra mantuvo una charla con representantes de los movimientos sociales conocidos como el “Triunvirato de San Cayetano”, es decir, CTEP, Somos Barrios de Pie y la CCC, más el Frente Dario Santillán. En ese contexto, según supo Tiempo, las organizaciones reclamaron un bono de $2000 y refuerzo de alimentos. En este punto, la conversación pasó a un cuarto intermedio para este jueves.

De todas formas, estos movimientos sociales tienen previsto marchar nuevamente al Congreso Nacional para reclamar que se avance con la ley de emergencia alimentaria, que será tratada en una sesión especial en principio ese mismo día, y en el cual la oposición trabaja para presentar un proyecto unificado.


Entregarán una Tarjeta Alimentaria a trabajadores despedidos o suspendidos

El Gobierno arregló con la CGT reforzar la ayuda alimentaria de los trabajadores que fueron despedidos o suspendidos en las últimas semanas. El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, se comprometió con los gremialistas a entregar una Tarjeta Alimentaria para la compra de alimentos.

Stanley y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, recibieron hoy a la cúpula de la central obrera con el objetivo de descomprimir la tensa situación social tras el resultado electoral de las PASO. ‘Fue una muy buena reunión. La CGT tiene ánimo conciliador‘, dijo Stanley.

Si bien se abordó el pedido para el que Gobierno declare la emergencia alimentaria, en el encuentro en el que participaron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Soesgype), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (Uocra) los representantes del Poder Ejecutivo lo descartaron. El plan de la Casa Rosada es que el tratamiento de la iniciativa se dé en el Congreso.

Los funcionarios nacionales repasaron con los líderes sindicales la puesta en marcha de las últimas medidas que anunció el gobierno nacional. En ese sentido, destacaron el bono de 1000 pesos -para los meses de septiembre y octubre- para la Asignación Universal por Hijo. La eliminación de IVA para varios productos de la canasta básica, el aumento del salario mínimo vital y móvil, que laudó la última semana la Casa Rosada y el refuerzo de envío de alimentos a comedores.

En ese sentido, Stanley y Sica recogieron el reclamo de los gremios y habilitaron la posibilidad de avanzar con la Tarjeta Alimentaria, que se suma al seguro de desempleo que cobran los desocupados. Aún falta definir la forma en la que se implementará la medida ni la cantidad de gente que se beneficiará.


Condenaron a una abogada de Anses por “vender” trámites jubilatorios

La profesional, que le realizaba el trámite a particulares y cobraba honorarios por eso, era directora de Legales de la repartición.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Rosario condenó a dos años de prisión en suspenso a una abogada de la Anses Venado Tuerto, quien en su carácter de directora del equipo de Legales de la repartición realizaba trámites sobre beneficios jubilatorios y cobraba para ello honorarios a quienes concluían el trámite. La pena, cuya cuantía le permitirá al juez no efectivizar la detención ya que la condenada no tenía antecedentes, también prevé entre otras consideraciones que la abogada fije residencia, se someta a tratamiento psicológico y realice capacitaciones vinculadas a su profesión y trabajos no remunerados en favor del Estado o instituciones de bien público.

El fiscal de la causa, Oscar Arrigo, acusó formalmente hoy a Nancy Fontana como autora penalmente responsable de los delitos previstos y penados por el Código Penal para el caso de funcionarios públicos que utilizan el Estado en beneficio propio y solicitó que se la condene a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

Para Arrigo quedó plenamente probado con la prueba producida en la audiencia que Fontana cometió el hecho por el que fue acusada. Valoró así las testimoniales prestadas por la jefa de la Unidad de Atención Integral (Udai) Venado Tuerto, Paola Bravo, que fue quien comenzó con la investigación.

Bravo describió cómo en las oficinas de la Anses que correspondían a Fontana había dos puertas y por una de ellas la imputada atendía a personas particulares, cuando no correspondía que la directora de Legales reciba a personas. También manifestó que tomó conocimiento de que Fontana cobraba por esos trámites, entre ellos el de su propia madre, quien pagó dos haberes por la obtención del beneficio jubilatorio.

Para formular la acusación también el fiscal se basó en los dichos de cuatro jubilados que reconocieron que su trámite lo realizaron a través de Fontana y que ella los asesoraba en las propias oficinas del Anses o en su casa particular. También contaron que luego les exigió el pago de dos o tres haberes por los trámites realizados.

También declaró una gestora que trabajaba cotidianamente en la repartición, que contó que se veía cómo la imputada atendía en su oficina a personas particulares y que además era público y notorio que si los trámites los hacia Fontana salían en tres meses, cuando normalmente tardaban seis como mínimo.

El fiscal señaló posteriormente de manera clara cómo las pruebas colectadas en el debate encuadraban en los tipos penales por los cuales formuló acusación. Además explicó que, conforme a las pautas establecidas en el Código Penal, tuvo en cuenta para el pedido de pena de Fontana la naturaleza de la acción, el desenfado de atender a los clientes en la propia oficinas públicas “utilizando sus instalaciones y empleados, el nivel de educación que tiene ya que se trata de una profesional de la abogacía y la falta de dificultad para ganarse el sustento”.

El Tribunal, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider, resolvió condenar a Fontana a la pena de dos años de ejecución condicional y le impuso las pautas del artículo 27 bis del Código Penal. Para el representante del Ministerio Publico Fiscal “es relevante que se lleven a cabo este tipo de audiencias que tratan de delitos contra la administración pública”.

Por otra parte, consideró que, si bien la pena impuesta por el Tribunal fue menor a la solicitada, desde la Fiscalía estimaron que es importante lograr condenas en casos como los presentes que son de interés público.

Fuente: La Capital


Argentina vs. Serbia: Día, hora y por qué llave va

La Selección pasó sin problemas a Polonia y ahora se medirá ante los europeos en cuartos de final.

Fue paliza de Argentina sobre Polonia 91-65 y pase firmado a cuartos de final del Mundial de Básquet en China. Nuestra Selección llega firme al próximo cruce, donde se medirá ante la dura Serbia, que viene de caer ante España.

¿Día y horario? Será este martes desde las 8 de la mañana de nuestro país, lo que significa las 19 de China. Lo transmitirá TyC Sports, DirecTV y la TV Pública.

¿Dónde? Argentina jugará en Dongguan, a apenas una hora y media de micro de Foshán, donde se enfrentó a Polonia. No habrá mucho tiempo de traslado para el equipo de Hernández y, en esta etapa del certamen, eso pasa a ser un aspecto clave.

¿Cómo es la llave? Todavía faltan definir los cruces de abajo de Argentina – Serbia, pero todo indica que uno de los posibles clasificados por ese lado sería Estados Unidos (seguramente 1 del grupo K), que se mediría ante Francia o Australia, quien salga segundo de la zona L.


El Grand Nadal

Pese al partidazo que le hizo el ruso Medvedev, Rafa ganó en cinco sets para lograr su cuarto título en Nueva York y su 19° Grand Slam. Quedó a uno de Roger

Afortunados los que vivimos esta época del tenis que no sabe de edades y permite disfrutar de tres monstruos con la raqueta y su competencia por el N° 1 y la gloria. Rafael Nadal, de 33 años, sigue haciendo historia. El N° 2 del mundo superó al ruso Daniil Medvedev (5° y diez años menor) para quedarse con su cuarta corona del US Open en seis definiciones disputadas. El español festejó luego de trabajar duro e imponerse por 7-5, 6-3 y 5-7, 4-6 y 6-4 en Nueva York, adonde Manu Ginóbili se mudó por esta semana para ver el torneo. De esta manera, La Fiera conquistó su 19° torneo de Grand Slam y quedó a solo uno de Roger Federer (3° y 38). También está Novak Djokovic (1° y 32) en esta contienda, con 16 Majors.

Ante un jugador que parece no gasta energías porque le pega naturalmente a la pelota, Nadal debió luchar durante casi cinco horas. No le resultó sencillo, puesto que el moscovita de 1,98 metro defendió como… Rafa. Si bien pudo haber sufrido algunas lagunas (léase errores no forzados), en el tercer y cuarto sets las corrió y las devolvió todas.

En el tercero, Nadal se puso 3-2 y saque, lo cual generó que parte del público se fuera para buscar el auto y abandonara rápido la zona. Pero quien ganara cinco títulos (dos en el 2018 y tres este año) no tenía apuro: lo igualó, convencido de que la historia no estaba terminada pese a que enfrente tenía a Nadal. Medvedev sacó 4-4 con break en contra, pero ganó su servicio. Y luego quebró para que la gente pudiera ver, al menos, un set más de la definición. resultó clave que bajara los errores: 8-8 en el set, parda por primera vez.

El cuarto fue una ruleta rusa que se movía al ritmo de Medvedev. Por momentos parecía perdido, erraba, pero, con inteligencia, leía el partido y encontraba respuestas pese a las más de tres horas de lucha. Como por ejemplo, las subidas a la red; así levantó dos breaks en contra. Y si bien rafa ganaba con mayor autoridad sus games, en la primera que tuvo, adivinó que le iba asacar abierto y subir y la red, y lo pasó con un passing para mandar todo al quinto set.


Educación: entre el ajuste y las corporaciones

Cambiemos redujo el presupuesto para el área, incumpliendo la Ley de Educación, que estipula asignarle un mínimo del 6% del PBI. En cuatro años, además, subejecutó 59 mil millones de pesos.

 

En Educación, al igual que en otras áreas sociales, el gobierno de Cambiemos se caracterizó por una política de fuerte ajuste, recorte de programas territoriales, y el agregado de una creciente injerencia de corporaciones multinacionales, sobre todo en las pruebas estandarizadas, bajo un discurso anclado en la meritocracia.

La inversión educativa nacional cayó un 9% entre 2016 y 2018. Y si se ejecutara el Presupuesto 2019 en su totalidad, el retroceso llegará al 19 por ciento. No son datos provistos por los sindicatos o la oposición, sino por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una ONG que ha aportado muchos funcionarios al oficialismo. Los $ 146 mil millones destinados a Educación este año representan la suma más baja en una década y, si se los considera en precios constantes de 2018 (quitando la inflación), son casi 50 mil millones menos respecto de 2015. De esta manera, el macrismo incumple la Ley de Educación Nacional de 2006, que estipula un mínimo de inversión del 6% del PBI en el área. Esa meta se respetó hasta 2015. En 2016, los fondos asignados descendieron al 5,8%, y hoy representan el 5,5%, el más bajo desde 2008, como lo subrayó un trabajo del Observatorio Argentinos por la Educación, presentado esta semana en el CCK.

Otro trabajo realizado por observatorios y equipos de investigación de la Universidad Pedagógica (UNIPE), la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural de la Cooperación, Aula Abierta y las universidades de Avellaneda, Quilmes y General Sarmiento resalta que el presupuesto educativo en 2019 es, en términos reales, y debido al aumento de precios de un 125%, al menos un 17% más bajo que el de 2016, pasando de 122 mil millones de pesos a 101 mil millones. “Como en este período la cantidad de estudiantes en todo el sistema educativo se habrá incrementado en 500 mil, la inversión educativa real por alumno del Estado nacional en el período 2016-2019 habrá descendido más de un 20 por ciento”.

A los menguantes presupuestos hay que sumarles la escasa ejecución. Y allí surge otro dato que alarma por su magnitud: según números oficiales de Hacienda, entre 2016 y 2018 quedaron sin usar 59 mil millones de pesos que estaban destinados a Educación.

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La anulación de la paritaria nacional docente

De acuerdo al informe de CIPPEC, el poder adquisitivo del salario docente descendió un 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Tras alcanzar un máximo en 2015, comenzó a perder terreno, regresando en 2018 al nivel de 2007, con caídas en las 24 jurisdicciones, a excepción de San Luis, donde el salario creció un 14% en términos reales.

Los fondos para elevar y tender a igualar los salarios docentes en las provincias también se congelaron en 2019, como resultado de la anulación de la Paritaria Nacional Docente, en 2017. Sin la compensación del Estado, la diferencia entre las provincias que más salarios otorgan y las que menos ofrecen es de 2,1 veces. El Observatorio Argentinos por la Educación sostiene que el salario aumentó entre 2005 y 2015, pero “entre 2015 y 2017 se registró una caída del 6,4 por ciento”.

En 2015, un maestro de grado cobraba un promedio de 6060 pesos, equivalentes a 631,25 dólares. Hoy, el sueldo medio es de $ 18.750: 328 dólares. El de un docente uruguayo asciende a 462,30 dólares.

Las universidades, educación “inferior”

En 2019, el presupuesto universitario bajó un 10% respecto al año anterior. Eso sin contar la inflación interanual. “¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura”, cuestionaba Mauricio Macri antes de arribar a la Casa Rosada. Llevó esa idea a la práctica: en su mandato no hubo una sola facultad pública nueva. Hay casos de asfixia presupuestaria extrema. La Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela, tiene para pagar sueldos hasta octubre. Mientras, su matrícula crece: hace tres años eran 14 mil alumnos, hoy superan los 20.700. Las universidades de la Patagonia sufrieron un recorte de 184 millones en 2018 y les deben más de dos meses de funcionamiento. A los déficits financieros se agregan los despidos de 7000 personas que trabajaban en universidades, por ejemplo en áreas técnicas o en programas como los contenidos de la TV Digital. Y el aumento en las tarifas de servicios: a la Universidad de Moreno, la luz le llega con un 1700% de aumento respecto de dos años atrás. La devaluación fue otro golpe mortal para instituciones que funcionan con muchos insumos y equipamientos dolarizados.

Carreras estratégicas para otro modelo de país

Otro sector que había progresado hace una década y hoy sufre un vaciamiento es el de las escuelas técnicas, claves para el desarrollo, especialmente unido a las llamadas “carreras estratégicas” de Ingeniería e Informática. El recorte de $ 1500 millones en el Fondo de Educación Técnica para 2019 supuso el incumplimiento de la Ley de Educación Técnico Profesional: la norma estipula que ese fondo sea el 0,2% de los ingresos públicos, pero este año será apenas la mitad.

“Volvemos a los ’90”, coinciden los directivos de los colegios técnicos. Su manejo depende del INET, adonde arribó como director, en 2016, el actual ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, que comparte con Esteban Bullrich la cuenta offshore “Formar Foundation INC”, en Panamá. Al frente del INET, buscó reemplazar el área de formación profesional por una Agencia Nacional de Talentos, fuera de la órbita educativa. Con su llegada, el sector técnico entró en crisis: el INET apenas usó el 17% de los $ 3400 millones presupuestados.

Jardines de infantes, una promesa de campaña incumplida

“Me comprometo a construir los 3000 jardines de infantes que faltan”, anunció Macri antes de llegar al gobierno. Una vez en el poder, cambió la meta a “10 mil aulas”, pero tampoco la cumplió. De acuerdo al Observatorio Argentinos por la Educación, lleva realizadas 1479 aulas.

El recorte general ha afectado gravemente el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento escolar, que pasó de $ 6063 millones en 2018 a $ 2600 millones en 2019. De acuerdo a un estudio de CTERA, “en los dos últimos años se subejecutaron partidas por $ 7775 millones. Con ellas ya se hubieran construido 540 jardines o 3000 aulas”.

En 12 años, los gobiernos kirchneristas construyeron 1824 establecimientos, bajo el Programa Más Escuelas. Desde fines de 2015,Cambiemos edificó menos de diez en todo el país. La falta de obras (y de nuevos cargos docentes) afectó de lleno al programa de escuelas con jornada extendida. La Ley de Educación obliga a que todas las primarias funcionen con esta modalidad, e incluso Macri lo declaró una prioridad de su gobierno para que “todas las escuelas tengan jornada extendida en 2026”. Sin embargo, los 307 millones que el programa tenía presupuestados en 2018 pasaron a ser apenas 34 millones en 2019, sin contar la inflación interanual. No sólo no hay más colegios con esta modalidad –cuyo número había crecido durante una década–, sino que 229 establecimientos primarios la abandonaron en los últimos dos años.

En la ciudad, falta de vacantes y escuelas fantasma

En 2006, antes de que el PRO llegara a la Ciudad, Educación ocupaba casi el 30% del presupuesto porteño. En 2015 ya había bajado al 22,7%, y este año es de apenas el 17 por ciento. Eso explica gran parte de los déficits educativos del distrito más rico del país, entre ellos que menos del 40% de los alumnos y las alumnas inscriptos para nivel inicial en 2019 hayan obtenido su vacante. La falta de oferta se profundizó año a año, con la instauración del sistema de inscripción online: mientras en 2014 hubo 7000 chicos sin vacante, en 2019 la cifra ascendió a 12.903, a los que se suman otros 12.700 que asisten a Centros de Primera Infancia (CPI), que no dependen de Educación sino de Desarrollo Social.

En la campaña para las PASO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, promocionó que hay más vacantes, “como nunca antes”, y que están construyendo 54 escuelas nuevas. El legislador Mariano Recalde (Frente de Todos), elevó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cuáles son y dónde están: “Ciudad reveló que gastó 109 millones de pesos en un mes en su campaña publicitaria del ‘Plan 54 Escuelas’. Sin embargo, sólo se construyeron diez, y en algunas de las direcciones del Plan sólo hay terrenos baldíos, como el de Pepirí 185, donde no hay una escuela en construcción, sino un patio cervecero”.

Secundaria del futuro, hacia la flexibilidad laboral

Dos medidas de la gestión Larreta fueron largamente resistidas por las comunidades educativas: la UniCABA y la Secundaria del Futuro. El año pasado, el Ejecutivo buscó anular la inscripción a profesorados, para que todo se nuclee en una supuesta Universidad Docente de la que aún poco se sabe. Ni siquiera tiene presupuesto asignado. Gremios y opositores cuestionan que desconoce las variedades curriculares de los 29 profesorados porteños. El temor de fondo es que todo sea parte de un negocio inmobiliario con una venta masiva de los terrenos donde hoy funcionan esos institutos de formación docente, varios históricos, como el Joaquín V. González.

Meses antes, la lucha –con tomas de escuelas incluidas– fue por la Secundaria del Futuro, que Larreta sí logró implementar en una veintena de colegios. Docentes y centros de estudiantes denunciaron que se trata de pasantías no rentadas en las que los chicos del último año de la secundaria llevan a cabo prácticas en empresas, en un marco de flexibilidad laboral y mano de obra barata. Según el gobierno, forma parte de un programa pedagógico para que “la educación esté vinculada al mundo del trabajo”. Sin embargo, en marzo de este año la Justicia porteña ordenó que, en caso de persistir en su intención de hacer obligatorias las prácticas, se violaría la Ley 3541, que prescribe como optativas este tipo de actividades.

 Sandra, Rubén y el ajuste convertido en tragedia

A fines de mayo de 2018, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que nuclea a los sindicatos de la provincia, realizó una jornada de protesta, el “Carpetazo”, que incluyó la entrega de un informe a las autoridades que releva falencias edilicias en 781 colegios del distrito. Uno de ellos era la Escuela Nº 49 “Nicolás Avellaneda”, de Moreno, donde el 2 de agosto de ese año, apenas tres meses después de aquel informe, una explosión por una pérdida de gas mató a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez. El Consejo Escolar local, intervenido por la gobernadora María Eugenia Vidal, había recibido cuatro denuncias por fallas en esa escuela. La tragedia desnudó una crisis de infraestructura generada durante décadas, pero profundizada en los últimos tres años y medio por una gestión proclive a la subejecución y a los recortes presupuestarios. Medio centenar de colegios aún no tienen gas en Moreno.

Menos becas y una brecha digital que se hace abismo

Las becas del Programa de Respaldo para Estudiantes Argentinos (Progresar) fueron instauradas por la gestión anterior para ayudar financieramente a los jóvenes para que puedan continuar con sus estudios, especialmente los universitarios del Gran Buenos Aires, donde el 75% de los alumnos son primera generación de universitarios en la familia. A pesar de la inflación de casi el 60%, los montos se mantuvieron congelados desde febrero de 2018 (van de 1250 a 2600 pesos), y con mayores barreras administrativas y desmantelamiento de coordinaciones territoriales, dejando afuera a más chicos: de los 996.172 becados que había en noviembre de 2016, hoy sobreviven apenas 506 mil.

Otro programa de equidad educativa apuntado por el gobierno al asumir fue Conectar Igualdad (CI). El plan no era sólo las netbooks: incluía la conexión a Internet de las escuelas, la formación docente en TICs y contenidos propios con un sistema operativo abierto, el software libre Huayra. El Ministerio, entonces liderado por Esteban Bullrich, primero despidió a los directores del CI, luego desmanteló los equipos territoriales y de asistencia en cada provincia, y por último dejó de comprar equipos y generar contenidos. Alabado por UNESCO gracias al achicamiento de la brecha digital que generó, el programa llegó a repartir 5.300.000 equipos a docentes y alumnos. El gobierno disimuló el cierre suplantándolo por el plan Aprender Conectados, centrándose en la primaria. Sin embargo, fue languideciendo: en 2018 entregaron menos de 50 mil netbooks y dejaron de reparar equipos, con el justificativo de que la mayoría ya tiene computadora en su casa. Macri afirmó en un acto oficial: “¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla”. Sólo entre 2016 y 2017, el Ejecutivo le quitó al programa de Educación Digital y Formación Tecnológica la suma de 5900 millones de pesos. Hoy ese programa cuenta con un presupuesto de $ 4420 millones: 600 millones menos que en 2018.

Un informe de esta semana del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) enfatiza que “a partir de 2016, el proceso de ampliación de derechos para niños, niñas y adolescentes tuvo un punto de inflexión y varios programas que se venían implementando en años anteriores, se dieron de baja. Entre ellos, se pueden contabilizar los planes Qunita y Conectar Igualdad. En ambos casos, puede observarse una estrategia similar: el programa se suspende con alguna crítica a la implementación, aunque con la promesa de una futura mejora. En la práctica, se procede a la suspensión o desfinanciamiento”.

Pruebas estandarizadas y el negocio de la meritocracia

La meritocracia impulsada por el macrismo desembarcó en la educación, tanto para los docentes como para los alumnos, bajo la figura de rankings. Con los maestros se buscó incluir en la paritaria un mejor cobro para aquellos mejor valuados. Con las escuelas y los estudiantes, se apeló a las pruebas estandarizadas Aprender, basadas en las internacionales PISA, criticadas por no tener en cuenta los contextos de las comunidades educativas, evaluando a todos de la misma manera, y sin contemplar la inclusión escolar: Chile y Perú dan mejores resultados, pero con menos chicos dentro del aula. En base a resultados de Aprender, el Ministerio de Educación propuso elaborar listados de las mejores escuelas para beneficiarlas con envíos de equipos y presupuesto.

Sin embargo, a pesar del discurso macrista que hace foco en la capacitación de los maestros y en la calidad educativa, el programa Acciones de Formación Docente apenas usó el 50% de los fondos pautados para este año, e Información y Evaluación de la Calidad Educativa, el 49 por ciento.

Mientras vaciaba Conectar Igualdad, en el Foro Económico de Davos de 2016, el presidente se reunía con el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que le ofreció Shape The Future: paquetes de software educativo para diez millones de alumnos, y programas de capacitación online para un millón de docentes. La relación de CEOs y corporaciones con el Estado argentino fue de gran fluidez bajo la actual gestión. Desde convenios con Ineco, de Facundo Manes, para formar a docentes con la visión neurocientífica en la lectoescritura de los niños, y con la Fundación CONIN, de Abel Albino, para cooperación y “asistencia técnica”, hasta la presencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), impulsora de las pruebas PISA. La Asociación Gremial Docente de la UBA denunció que detrás de los exámenes estandarizados argentinos está la multinacional Pearson PLC (la misma que ideó PISA), una firma inglesa que en 2013 enfrentó juicios por conflictos de intereses al producir materiales para alumnos y, a la vez, diseñar sus exámenes.

Fuente: Tiempo Argentino


Movimientos sociales por la recuperación del valor de los planes

El acampe del jueves puso el eje en los $ 7.500 que reciben los cooperativistas. Además, piden la universalización.

La devaluación producida el día después de las PASO golpeó duramente a las familias de los sectores más vulnerables, con la combinación de mayor inflación y bajísimos o nulos ingresos fijos. Esto generó que las organizaciones sociales volvieran a salir a la calle para reclamar, en muchos casos, la universalización de los planes, el aumento de su monto, situado en $ 7500, además de un incremento de la cantidad de alimentos destinados a comedores y merenderos populares.

En diálogo con Tiempo, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, detalló: “Hay una inflación enorme. Por ejemplo, los productos lácteos aumentaron un 15 por ciento. Para sumar gravedad a la situación, el gobierno hace cuatro meses que no entrega leche a los comedores populares. Esto agravó la situación de las familias que no logran reunir los recursos necesarios para sostener los niveles de la canasta de pobreza”.

El miércoles y parte del jueves, organizaciones sociales llevaron a cabo un acampe en la Avenida 9 de Julio, con un pliego de demandas ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Polo Obrero, Barrios de Pie, FOL, Frente Popular Dario Santillán, MTD Aníbal Verón, Organizaciones Libres del Pueblo, entre otras, participaron.

“Nuestras demandas son centralmente tres”, explicó Belliboni. En primer lugar figura el aumento del ingreso, actualmente en $ 7500. “Hay que duplicarlo para que apenas supere la línea de indigencia”, dijo. En segundo término, “hay que universalizar los planes para que cualquier persona mayor de 18 años sin trabajo pueda inscribirse (y acceder a ellos) sin importar si está en una organización o no”. Y, en tercer lugar, planteó “el aumento en la cantidad de kilos y variedad de productos destinados a los comedores populares”.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha, la delegada nacional Marianela Navarro señaló: “El golpe del mercado ha pulverizado nuestros ingresos. Estamos cobrando 7500 pesos. Es decir, por debajo de la línea de indigencia, cuando la canasta básica en Argentina está en 31 mil pesos. Esta situación no se ha resuelto con el aumento planteado por el gobierno, que básicamente significa dos cuotas de seis por ciento de incremento para los trabajadores de las cooperativas. Por supuesto, rechazamos ese aumento porque necesitamos que el Salario Social Complementario vaya acompañando la inflación”.

Y amplió: “Con ese ingreso la gente no puede garantizar ni siquiera el alimento de su familia. Nuestras familias se privan de la carne, de los productos esenciales, además de los medicamentos. En el caso de los cooperativistas, por no existir una tarifa social para los servicios públicos, hay vecinos nuestros que reciben boletas de luz de dos mil o tres mil pesos, cobrando 7500 quinientos”.

En el caso del FOL, según Navarro, las principales demandas son “la recomposición del Salario Social Complementario. Por otro lado, reclamamos la implementación y apoyamos la demanda de que se declare la emergencia alimentaria. Y por último, reclamamos el ingreso de miles de personas que han quedado desocupadas y que ni siquiera pueden acceder a un programa de empleo”.


El FMI le pone un freno al acuerdo: “Estamos analizando las medidas”

Posterga el giro de los U$S 5400 millones prometidos. En vez de revisar las metas de junio, se fijará en el nuevo escenario marcado por el default y el reperfilamiento de la deuda.

El Fondo Monetario Internacional ya planea otra reformulación del acuerdo stand by con Argentina. Será la respuesta al nuevo cuadro político surgido tras las PASO y a las recientes decisiones del gobierno que incluyeron el default de las Letes y Lecaps que estaban en poder de inversores institucionales y la apertura de negociaciones para el reperfilamiento de la deuda.

La resolución implica la postergación de facto y sin fecha de las cuotas que restaba girar del programa por U$S 57 mil millones. Entre ellas, la que debía ser abonada el 15 de este mes, por U$S 5400 millones, monto que el gobierno necesita de manera imperiosa para cerrar el programa financiero del corriente año.

Voceros del organismo se lo confirmaron ayer a Tiempo. “Seguimos como lo habíamos comunicado la semana pasada. No hay fechas definidas. Estamos analizando las recientes medidas y continuamos en estrecho contacto con las autoridades argentinas”, señalaron.

Con esta determinación, el acento para continuar con la asistencia estará puesto ya no en el cumplimiento de las metas fiscales pactadas, sino en la viabilidad del escenario que se dibujó a partir de la disparada del dólar y la caída de reservas del Banco Central. Allí también se incluyen el cepo a la compra de divisas y las limitaciones a la salida de capitales al exterior.

La resolución es una rotunda respuesta a lo que había dicho el presidente Mauricio Macri el jueves, en relación a la llegada del dinero del FMI. “Sí, esperamos el desembolso porque hemos cumplido con todo”, dijo el primer mandatario en su visita a Córdoba. El giro de los acontecimientos y el cambio de criterios para dar por aprobada la revisión dejó al presidente en offside.

Las esperanzas de Macri radicaban en haber alcanzado las metas fiscales comprometidas para el primer semestre del año. Esa era la condición para gatillar otra cuota. Ahora, esa dejará de ser la prioridad.

Es que la misión auditora que tenía que verificar esos números se convirtió en otra de mayor voltaje político, encabezada por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli (director del Departamento para el Hemisferio Occidental y monitor del caso argentino, respectivamente), que llegó a la semana siguiente de las PASO y tuvo como prioridad otear el panorama. Para eso se entrevistó con Hernán Lacunza, apenas asumido como ministro de Hacienda, y con Alberto Fernández, el candidato presidencial más votado en las Primarias de agosto.

En esas entrevistas, además, los emisarios se encontraron con una dura posición de Fernández, quien colocó al gobierno y al FMI en el mismo nivel como responsables de la crisis y les reclamó “poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina; para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”. Con el comunicado bajo el brazo, los dos funcionarios volvieron enseguida a Washington y expusieron la situación ante el directorio, que trató el tema de urgencia y fuera de su orden del día.

El tercer acuerdo

En los hechos, el análisis de las nuevas medidas abre las puertas a un nuevo programa, que sería el tercero en menos de 15 meses. El primero, por U$S 50 mil millones y una duración de 36 meses, se celebró en junio de 2018. Tres meses después, ante una nueva ola devaluatoria, vino el segundo acuerdo, en el que se amplió la asistencia financiera a U$S 57 mil millones, se acordó que el dinero sería desembolsado de manera efectiva (en el anterior el acceso era sólo precautorio, es decir quedaba a consideración del gobierno si lo retiraba o no) y se aceleró el cronograma de manera que el 88% de los fondos llegaría durante la gestión de Macri.

En el medio cambiaron recetas y funcionarios. Quedaron en el recuerdo las metas de inflación, las Lebac (reemplazadas por las Leliq), la libre flotación del tipo de cambio y las bandas de referencia. Se alejaron Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger (los firmantes del acuerdo original) y Luis Caputo. La prédica del déficit cero perdió terreno en manos de los congelamientos de precios y los subsidios. A pesar de ello, el dólar pasó de $ 25 a $ 58, la inflación se aceleró y las tasas llegaron al 85%. De los U$S 44 mil millones que llegaron, en las arcas del Banco Central sólo quedaron U$S 3000 millones.

Calzados y descalzados

La demora en la llegada del dinero puede agudizar las tensiones económicas y financieras. La Secretaría de Finanzas tenía los pagos de deuda calzados con los ingresos del Fondo. La incertidumbre sobre esos envíos (hay otro previsto para diciembre por U$S 1000 millones) disparó la decisión de patear para adelante buena parte de las Letes, Lecap y otras obligaciones a cancelar antes de fin de año. Una estimación de la consultora Eco Go señala que de no llegar el giro prometido, el Tesoro tendría un faltante de U$S 1280 millones y $ 255 mil millones para cancelar sus compromisos en moneda extranjera y local, respectivamente.

Algunos economistas son pesimistas sobre ese desembolso. “Lo veo poco probable en el corto plazo. Las señales son de restricción. Hay demora y están revisando si las condiciones se dan”, opinó Daniel Marx, negociador de la deuda externa entre 1989 y 1993, en un reportaje de FM La Patriada. En sentido similar, Emmanuel Álvarez Agis (uno de los referentes económicos del Frente de Todos) declaró en Radio con Vos que “es claro que el FMI va a querer hablar con el próximo gobierno y hoy las chances están más del lado de Alberto Fernández que de Macri. Al que tiene la plata le interesa hablar con el próximo”.

A ello se suma el vacío de poder que vive el Fondo, inmerso en una transición que puede alargar aun más los plazos. Su directora gerente, Christine Lagarde (sostén de Macri en el mundo de las finanzas internacionales), dejó la entidad y su casi segura sucesora, la búlgara Kristalina Georgieva, recién asumiría el 4 de octubre. Es demasiado tiempo para un gobierno que en siete semanas se juega su continuidad en el poder. «


Las reservas cayeron más de U$S 15.000 millones desde las PASO

En lo que va de septiembre se perdieron más de U$S 3.000 millones y se agrava la crisis del Banco Central.

A pesar de las nuevas medidas implementadas por el Gobierno en materia cambiaria, la sangría de reservas del Banco Central (BCRA) no se detiene. Desde las PASO, se perdieron más de U$S 15.000 millones y en el mes cayeron U$S 3.149 millones.

De acuerdo al último Resumen de Variables Financieras publicado por el ente monetario presidido por Guido Sandleris, las arcas se vieron debilitadas en U$S 424 milllones respecto al día de ayer. Sin embargo, peor es el balance si se toma como parámetro el último 9 de agosto, viernes previo a las elecciones primarias.

En aquel momento, las reservas habían cerrado en U$S 66.309 millones. Desde aquel día, el monto disminuyó U$S 15.360 millones, con un gran impacto en las primeras dos semanas posteriores a los comicios.

Según el BCRA, los dólares con los que cuenta Argentina en la actualidad ascienden a 50.949 millones. Mientras tanto, la fuga de capitales se dispara y los depósitos en moneda estadounidense también se desplomaron desde las PASO, con una salida de U$S 6.793 millones


Crisis económica: cayó un 10% el consumo de carne en agosto

El consumo local de se derrumbó y equivale a 51 kgs/hab/año promedio, el índice más bajo del que tenga registro la Cámara de Frigoríficos.

De ser el país de la carne, a la mayor caída de consumo de la historia de nuestro país. La gestión de Mauricio Macri terminó con la cultura argentina de la parrilla y el consumo de carne vacuna cayó 11,3% en los primeros ocho meses del año, con una baja de 7 kilos por habitante.

Así lo indicó el último informe difundido por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), que añadió que en agosto se produjeron 273 mil toneladas de res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, es decir 0,7% menos que un año atrás.

En materia de precios para los distintos cortes bovinos vendidos en diferentes puntos del Gran Buenos Aires, entre julio y agosto pasado se registró un aumento del 2,3%. También se constataron alzas en los valores de los pollos -2,2%- y en los cortes porcinos -7,7%.

En agosto pasado se faenaron más de 1,2 millones de cabezas bovinas. Este fue el segundo nivel de actividad más alto del año, detrás de julio, mes contra el cual se constató una caída de casi el 2%.

En enero-julio de 2019 se facturó un total de 1.438,1 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna, es decir 36,8% más que en el mismo período del año previo.

En julio pasado, se exportaron 42 mil toneladas de peso producto de carne vacuna, con un incremento de casi un 27% respecto a igual mes del 2018. En enero-julio de 2019, se exportaron 268,5 mil toneladas, es decir un 44% más que en los primeros siete meses de 2018.