El misoprostol fabricado por el Estado llega a los centros de salud

Es usado para abortar de manera segura hasta la semana 12 de embarazo. La producción del LIF pasó todas las pruebas y ya se distribuye gratis en el territorio provincial. Podrá llegar al resto del país si obtiene la autorización de la Anmat. El costo representa un 35% del valor de productos privados

El misoprostol fabricado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) Sociedad del Estado empieza a distribuirse en los centros de salud y hospitales de la provincia de Santa Fe. La droga es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un medicamento esencial para hacer un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo y en la salud pública es usado para las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) permitidas por el Código Penal desde 1921 y para otras prácticas ginecológicas.

El misoprostol santafesino se empezó a fabricar en enero de 2018 y ya pasó todas las pruebas para ser usado. Es la primera producción pública del país y abarca los formatos oral y vaginal. La distribución es gratuita y el costo de fabricación representa un 35 por ciento del valor de los productos comerciales de laboratorios privados.  Por ahora, estará disponible en la salud pública de Santa Fe pero podrá llegar a otras provincias si obtiene una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).

En diálogo con El Ciudadano el subdirector de Géneros e Interculturalidades del Ministerio de Salud de Santa Fe, Oraldo Llanos, confirmó que el misoprostol fabricado por el LIF ya pasó todas las pruebas y empezó la distribución. “Fue enviado a los depósitos regionales y será entregado bajo receta archivada con un registro y control por parte de los equipos de salud. Es una buena noticia que tengamos un producto público en un momento de crisis. Favorecer la salud de las personas cuando faltan insumos en todos lados y no hay cotización clara de los medicamentos es algo que nos da mucha alegría y tranquilidad. El abuso que existe en el mercado de precios con este producto público puede empezar a desarmarse”, explicó.

El LIF es el primer laboratorio público de Argentina que fabrica misoprostol. El resto de la producción está en manos de los privados Beta y Domínguez. Beta hace el Oxaprost que está combinado con diclofenac y no está indicado para interrumpir el embarazo, sino para problemas gástricos. La caja vale más de 6.700 pesos. A mediados de 2018 Domínguez fue autorizado a hacer el Misop y por primera vez la Anmat reconoció el uso ginecológico. A diferencia del Oxaprost, el Misop es misoprostol puro y vale 4.200 pesos.

En abril de 2018 El Ciudadano adelantó que el LIF había empezado a producir misoprostol. La noticia llegó durante el debate del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuando se abrió la discusión sobre la producción pública de misoprostol como una política necesaria a la hora de garantizar el acceso al aborto legal en Argentina.

Los estudios para fabricar la droga habían empezado en 2016 y en enero de 2018 se hicieron los primeros 100 mil comprimidos. Durante más de un año fueron estudiados y testeados a través de distintas pruebas de estabilidad. Finalmente, el producto está listo. El costo de los 12 comprimidos necesarios para interrumpir el embarazo equivale a entre el 30 y el 35 por ciento del valor de los productos comerciales.

Alcance
El misoprostol del LIF es para ser usado en la salud pública, tanto de Santa Fe como del resto de país. Su distribución es gratuita y no puede venderse en farmacias. Por ahora, estará disponible sólo en Santa Fe. Para tener alcance nacional es necesaria una autorización de la Amnat que ya está en trámite.

En la provincia hay dos laboratorios estatales que pueden garantizar la producción a escala nacional: el LIF y el Laboratorio de Especialidades Metabólicas (LEM), que depende de la Municipalidad de Rosario. Los dos ya venden otros tipos de medicamentos a otras provincias, al Ministerio de Salud nacional e incluso a otros países.

Protocolos
Santa Fe es una de las diez provincias argentinas que adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y desde 2013 distribuye el medicamento en hospitales y centros de salud. Aplica el protocolo con un criterio de ampliación de derechos en base a la definición de la OMS de la salud como física, psíquica, emocional y social. Rosario tiene una experiencia modelo: desde 2012 no muere ninguna mujer o persona gestante por aborto clandestino. El año pasado 2.138 personas accedieron a la práctica segura en la provincia, de las cuáles 1.312 lo hicieron en Rosario.

La mayoría de las interrupciones se hacen con misoprostol de manera ambulatoria, es decir, la persona puede hacerlo en la casa en el momento que prefiera, con el seguimiento del médico o la médica de cabecera antes y después. Desde 2016 también se utiliza el método de aspiración manual endouterina (Ameu), una intervención quirúrgica de baja complejidad que no necesita internación, como pasaba con el viejo raspaje que la OMS recomienda abandonar desde 2002.

“La llegada del misoprostol es un sueño hecho realidad. Es un producto que da un posicionamiento distinto para acompañar la salud de las personas porque es de calidad y de bajo costo. No solo es más barato sino que el uso del misoprostol ayuda a bajar los riegos producen las complicaciones por abortos inseguros. Es una inversión en salud, no un ahorro”, explicó Llanos.

Para el funcionario tanto la producción pública del misoprostol como la aplicación de los protocolos de ILE son un derecho adquirido en Santa Fe. “Esperamos que la diversidad en las opiniones sume y que no vayamos para atrás en la garantía de derechos. Además de lo sanitario esto tiene el valor simbólico del respeto al derecho de cada persona a decidir su proyecto de vida. La provincia acompaña en el marco de la legislación vigente en Argentina. Es una política integral, con soberanía de insumo y con el respeto por el derecho a decidir”, concluyó el funcionario.

La droga política
El misoprostol no nació como una droga para abortar. El uso para terminar con embarazos no deseados fue un descubrimiento de las mujeres en la búsqueda de métodos seguros. A mediados de los 80, Brasil aprobó la fabricación y comercialización del fármaco para problemas gástricos. En el prospecto decía que no debían usarlo las embarazadas y el dato sirvió para que las mujeres probaran y se pasaran el conocimiento. Algunas hipótesis dicen que el saber se diseminó de boca en boca en toda América Latina. Años después la venta libre quedó prohibida en Brasil pero el uso ya había sido comprobado.

El descubrimiento como método fue un cambio revolucionario. Por primera vez las mujeres y personas gestantes podían interrumpir un embarazo sin ir una clínica clandestina o recurrir a técnicas inseguras. En los países con aborto legal significó bajar los gastos de internación y anestesia porque la interrupción puede hacerse en casa en el momento que cada una elija.

Con los años la ciencia tomó ese conocimiento y determinó que es una droga que no se acumula en el cuerpo ni afecta la fertilidad y la OMS lo incluyó entre los medicamentos esenciales para un aborto seguro y ambulatorio.

Fuente: El Ciudadano


Citan a indagatoria a Blaquier por desmanejos en el fondo de los jubilados

El juez Casanello tomará declaración del ex titular del FGS por la compra de bonos de Cablevisión y Arcor desde ANSES.

El ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Luis María Blaquier fue citado a prestar declaración indagatoria por la compra de bonos de Cablevisión y Arcor desde el organismo dependiente de ANSES. Se investiga si el ex funcionario, que había sido director de ambas compañías, se benefició a sí mismo o a terceros con esta operatoria.

La cita será para el 25 de septiembre, según indicaron fuentes judiciales a El Destape. Recientemente, un informe de la Auditoría General de la Nación había resaltado la incompatibilidad de Blaquier por haber cumplido funciones en ambos lados del mostrador.

 

Prefectura dentro de ANSES

A la par, en la mañana  de ayer el juez federal Sebastián Casanello llevó adelante una presentación con allanamiento en subsidio en las oficinas del FGS. El investigador busca documentación sobre la suscripción de obligaciones negociables de Cablevisión SA y Arcor SAIC el 8 de junio de 2016. En ese momento, la subdirección ejecutiva del Fondo la manejaba Luis María Blaquier, quien había prestado funciones en ambas empresas en el pasado.

Esto derivó en una imputación del fiscal Franco Picardi por negociaciones incompatibles con la función pública y por incumplimiento de deberes de funcionario público. Buscan determinar si Blaquier ordenó adquirir obligaciones negociables de las empresas en miras de un beneficio personal y/o de un tercero. La denuncia había sido presentada por la UFISES, cuando era comandada por Gabriel De Vedia.

Blaquier se había desempeñado como director del Grupo Clarín en representación del accionista GS Unidos LLC hasta diciembre de 2015, cuando renunció para cumplir funciones en el FGS. En su cargo anterior fue reemplazado por Gonzalo Blaquier.

Una decisión a la medida de Caputo

 

El fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó el pasado 6 de septiembre desestimar la denuncia contra Luis Caputo por “inexistencia de delito” en el expediente en que se denunció sus vínculos con el Fondo Axis y los manejos en el FGS.

Taiano respondió así al juez federal Luis Rodríguez, quien volvió a reconsiderar el caso en el que el exfuncionario nacional quedó en el ojo de la tormenta. Todo indica que tras la respuesta del fiscal y la ausencia de un querellante, el caso será archivado.

El tema cobró fuerza una vez más luego de un informe de la AGN que hizo alusión a Caputo.

En el apartado del mentado informe titulado “Hallazgos referidos al período 01/01/2016 a 31/12/2016”, se indicó que el fondo Axis -junto a otros fondos- está integrado “en más de un 99% por títulos públicos los cuales, en su mayoría, corresponden a Letras emitidas por el Banco Central (Lebac)”. “El FGS tiene una participación significativa en el patrimonio neto de cada uno de ellos”, se añadió, por lo que “dicha decisión de inversión no solo genera comisiones que podrían haberse evitado al invertir en forma directa con el BCRA sino que además restringe la liquidez otorgada por los FCI”.

A su vez, en el documento de la AGN, se resaltó que “el Secretario de Finanzas, integrante del Comité Ejecutivo, se desempeñó como presidente de la Sociedad Gerente del Fondo Axis hasta septiembre de 2015, y no se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia, lo que se interpretaría como un conflicto de intereses”, según la Ley de Ética Pública, se señaló.

Luego de la decisión de Taiano, resta saber si intervendrá la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también fue consultada en el marco de este caso por el juez Rodríguez. Esto podría cambiar el escenario actual.


El congelamiento de las naftas por 90 días apenas duró 35: suben hoy un 4%

Es por la suba del precio del barril internacional. Así, queda sin efecto la el congelamiento de los combustibles que regía por 90 días y se aplicó el 14 de agosto tras la derrota en las PASO.

A poco más de un mes de anunciar el congelamiento por 90 días de los precios de las naftas, el gobierno de Mauricio Macri autorizó una nueva suba, esta vez del 4%, a partir de este jueves.

El decreto de congelamiento de los combustibles del 2 de septiembre de 2019 habilitaba a la Secretaría de Energía a dictar, en la medida en que las circunstancias lo ameritaran, la posibilidad de autprizar incrementos “con el fin de proteger al consumidor y sostener el nivel de actividad y el empleo”.

Desde la secretaría que encabeza Gustavo Lopetegui se informó que el incremento responde a la disparada en el precio del barril del crudo luego del ataque que sufrió una refinería en Arabia Saudita.

El precio del Brent aumentó 14% en un día, lo que representó la tercera variación más importante tras las sufridas en 1986 (15,1%) y 2009 (16,8%)” explicaron desde la Secretaría de Energía.

Más temprano, la Cámara Sucroalcoholera Argentina (CSA) había denunciado penalmente a Lopetegui, por el esquema de congelamiento de precios de combustibles con compensación estatal.

La entidad que agrupa a los ingenios azucareros productores de bioetanol del Noroeste argentino (NOA) presentó una denuncia por “incumplimiento de las leyes” que regulan el mercado de los biocombustibles en la que se cuestiona la decisión de congelar el precio del producto.

Esto genera un nuevo golpe a la industria del Bioetanol que mes a mes continúa degradándola”, señaló la Cámara en la denuncia presentada con la firma del presidente de la entidad, José Ramón Coronel.


Una familia necesitó $33.013 en agosto para no ser pobre

La Canasta Básica Total aumentó un 3,4% el mes pasado con respecto a julio de este año. En tanto, una persona necesitó $4420 para no ser indigente en el mismo período de tiempo.

La Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó 3,4% en agosto respecto del mes anterior, con lo que alcanzó un costo de $33.013,22 para una familia del Gran Buenos Aires conformada por dos adultos y dos menores de edad.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este miércoles que la Canasta Alimentaria (CA), que define el nivel de indigencia, aumentó 3,8% entre julio y agosto de 2019 por lo que su costo llegó a los $13.258,32 para una familia tipo.

De acuerdo con la descripción del INDEC, la familia del Hogar 2 (la de dos niños y sus padres) representa 3,09 unidades de adulto equivalente.

Así es posible determinar que un hombre de entre 18 y 60 años, a quien le corresponde el 1 en la tabla de equivalencias, necesitó alrededor de $4.419,44 para poder alimentarse teniendo en cuenta la CA de $13.258,32.

Con la referencia de los $33.013,22 para la CBT del Hogar 2, un hombre de entre 18 y 60 años precisó alrededor de $11.004,40 en agosto para no ser pobre, siempre sin tener en cuenta gastos extras como el alquiler de una vivienda.

Las cifras cambian un poco en el caso de las mujeres de entre 18 y 60 años, ya que se les asignó el 0,76 de la unidad de adulto equivalente: un 24% menos que a los hombres de la misma edad.

Pero como no existen las tarifas diferenciadas por género o los precios 24% más baratos para mujeres, es posible presumir que ellas necesitan los mismos $11.004,40 que los varones a los efectos de llegar a fin de mes


El ejecutivo provincial convocó nuevamente a paritarias por los contratados

UPCN y ATE fueron nuevamente convocados a discutir la situación de los empleados contratados en el ámbito de la Administración Central.

El encuentro será el jueves 26 de septiembre a las 15:00 en Casa Gris. La última reunión fue el 3 de septiembre, fecha en la cual los gremios recibieron una propuesta por parte del gobierno.

En esa ocasión, los sindicatos hablaron de 1.600 agentes que requerían una solución a su situación. Sin embargo, la mencionada propuesta hacía referencia a 600 de ellos.

Al respecto, el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, dijo que esos 600 trabajadores eran aquellos con una “relación más directa con el Estado”. Asimismo, detalló que la intención del gremio es que la fecha de corte para el pase a planta sea el 1º de agosto de 2018, mientras que los funcionarios provinciales pretenden que sea el 31 de diciembre de 2017.


El Senado Nacional aprobó la ley de Emergencia Alimentaria

Fue por unanimidad, con 61 votos positivos. Se prorroga de esta manera hasta el 31 de diciembre de 2022. Aumenta en 50% las partidas para alimentación y nutrición.

La ley que prorroga hasta 2022 la Emergencia Alimentaria y amplía las partidas presupuestarias para ese objetivo fue aprobada este miércoles por unanimidad por el Senado de la Nación.

Con 61 votos a favor, el proyecto fue convertido en ley a menos de una semana de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados.

La votación se produjo después de las 17.50, luego de un debate en el que no faltaron críticas al oficialismo, que casi no tuvo expositores.

La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y establece un incremento al menos el 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

Además, la iniciativa faculta a la Jefatura de Gabinete a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para poder destinar fondos para aplicar esta ley.

También se autoriza al Jefe de Gabinete, partir del 1 de enero del 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.

Entre los senadores santafesinos la única oradora fue la Senadora María de los Ángeles Sacnun, quien expreso que “»En nuestro bloque tenemos preocupación en torno a la situación alimentaria desde hace mucho tiempo y por eso hemos presentado otros proyectos anteriores», explica. También expreso que «Además de debatir la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, debemos incorporar el término soberanía alimentaria, que no habla sólo del acceso a la alimentación sino también de la producción de estos».


Se realizó el debate público por la adhesión a la Ley de Riesgo de Trabajo

En virtud de la media sanción al proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo Nº 27348 del Senado Provincial, se realizó un debate público solicitado por los diputados Leandro Busatto, en noviembre de 2018, y Ruben Giustiniani, en el actual año legislativo. “Entendemos que todos los actores involucrados, y como sociedad, debemos dar un profundo debate sobre el proyecto de adhesión antes de tratarlo en la Cámara de Diputados”, aseguró Busatto.

En virtud del debate nacional de los últimos años sobre los denominados “costos laborales”, la aprobación de la Ley nacional de Riesgo de Trabajo, Impulsada por el presidente Mauricio Macri, y el pedido (o la presión) para que las provincias adhieran, se llevó adelante una jornada de debate en el Hall de la Legislatura santafesina, solicitada por los diputados Leandro Busatto y Rubén Giustiniani luego de la media sanción que dio el senado provincial al proyecto de adhesión.

La Ley Nacional de Riesgo de Trabajo, y el proyecto de adhesión provincial con media sanción en senadores establecen, entre otras cosas, un procedimiento administrativo prejudicial ante las Comisiones Médicas para el reclamo de enfermedades profesionales o accidentes laborales.

Por su parte, el proyecto recientemente aprobado en el Senado Provincial establece que los recursos que interpongan los trabajadores ante la justicia laboral frente a las resoluciones de las Comisiones Médicas deberán efectuarse en un plazo de 45 días, afectando el derecho de defensa de los trabajadores, y establece que los mencionados recursos que interpongan los trabajadores se concederán al solo efecto suspensivo, por lo cual se coloca al trabajador en la situación de decidir entre cobrar lo que determine la Comisión Médica, o apelar sin percibir nada a cuenta.

Los oradores inscriptos que participaron de la audiencia fueron: Alicia Cicilliani, Ministerio de la Produción; Claudio Girardi, CGT – MOS; Ariel Dolce, Federación Gremial de Comecio e Industria; Diego Boglioli, Asociación Abogados Laboralistas; Lautaro Ortega, CELyS (Centro de Estudios Laborales y Sociales); Dr. Roberto Dellamónica, Colegio de Magistrados; Matías Rufinni, ACINDAR; Leandro Aglieri, Federación de Centros Comerciales de la Provincial; Eduardo Pastorino, Juez de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario; Diego Guirado, Instituto del Derecho Laboral – Colegio de Abogados promera Circunscripción; Graciala Faccioli, empresa Electrolux; Daniel Cosuello, Observatorio de Salud de los Trabajadores; José Testoni, CTA – MOS; Analía Garro, empresa Garro Fabrli SA.; Patricia Otegui, Jueza de primera instancia de distrito en lo laboral y Vocal titular del Consejo de la Magistratura; Claudio Leoni, Festram – MOS; Vanesa Blando, Instituto del derecho del trabajo y de la seguridad social – Colegio de Abogados segunda circunscripción; Silvana Dal Lago, empresa Valor Argentino SRL – SONDER; Adriana Monteverde, AmsaFe; Hugo Kofman, Foro contra la impunidad y por la juasticia; Graciela Alabarce, empresa La Cumbre; Jesús Monzón, CGT San Lorenzo; Mariela Fregona, Miembro del Consejo Directivo Colegios de Abogados Primera Siurcunscripción; Diego Ainsuain, Si.Pr.U.S. (Sindicatos de Profesionales Universitarios de Sanidad); Analía Ratner, La Bancaria; Ramón Acosta, UOM; Juan Ramb, Festram; Pedro Bayugar, SADOP; Lorena Almirón, ATE; Oscar Vallejos, Adual; Gustavo Teres, AmsaFe; Rodrigo Acosta, Jaboneros; Marcos Pozzi, Sindicato de Aceiteros.


Las escuelas públicas, privadas y la UNR no tendrán clases mañana por un paro nacional

Ctera lanzó la medida de fuerza debido al fallecimiento de dos docentes cuando regresaban de una marcha de protesta en Rawson, donde se efectuó un acto por reclamos salariales.

El anuncio fue realizado por la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso; y el secretario general adjunto, Roberto Baradel, en el marco de una conferencia de prensa convocada de urgencia en la sede porteña del gremio.

Se trata del segundo paro nacional convocado en reclamo de la situación que atraviesan los docentes en Chubut: el primero había sido el jueves 5 de septiembre, en solidaridad con los maestros de Chubut que habían sido agredidos en la madrugada del día anterior, cuando realizaban un reclamo salarial en el cruce de las rutas 3 y 26.

“Venimos advirtiendo hace tiempo sobre la gravedad del conflicto y la inacción y falta de respuesta del gobierno provincial y nacional”, afirmó Alesso esta mañana en la rueda de prensa.