Un incendio destruyó la APDH de La Matanza

“Apagaron las llamas y no quedó absolutamente nada en pie”. Con la voz aún compungida, Pablo Pimentel comentó que el incendio de la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza comenzó el domingo a la noche, y que destruyó todo: mobiliario, herramientas, materiales de construcción, cuadros, libros y documentos de trabajo. Una persona fue detenida.

Según dijo, pudo haber tenido múltiples motivos, que van desde un acto de vandalismo de vecinos que ocasionalmente los cometen en estado de ebriedad hasta un ataque político por la índole de las denuncias que ese organismo de derechos humanos lleva adelante sobre violencia institucional y abusos policiales. Decenas de organizaciones de derechos humanos expresaron su solidaridad.

“Cada vez que nos pasó algo similar lo hemos denunciado, pero esto sigue pasando por la nula seriedad con que se han tomado las denuncias que hizo la APDH en la Justicia local. En 2015 nos amenazaron, a una de mis hijas también, no hubo ninguna investigación al respecto cuando estuvo en riesgo nuestra vida. Y tampoco cuando nos plantaron una bolsa llena de balas, como mensaje mafioso cuando estábamos en medio de una investigación”, explicó Pimentel. “Por eso esto responde a la indiferencia a nosotros, ciudadanos de a pie, y la inexistente voluntad política de los gobiernos nacional, provincial y municipal, nunca nos escucharon”, agregó.

La dirección nacional de la APDH realizó en junio una denuncia contra la ministra Patricia Bullrich y parte de su gabinete, que el viernes tuvo dictamen favorable por parte del fiscal federal Franco Picardi, para investigar el armado de un posible plan para reprimir y perseguir a la comunidad mapuche. “Pensamos que podría ser, la APDH nuestra es una de las más expuestas por el lugar donde estamos. Hay un detenido a partir de un testigo que será indagado, quizás surja algo de allí. La APDH quedó muy expuesta al hacer este tipo de denuncias”, completó Pimentel, quien acompañó desde el primer día a la familia de Luciano Arruga cuando desapareció, en enero de 2009.

Entre lo destruido había cuadros, mobiliario y libros, pero se salvó una carpeta con las denuncias que recibieron este año, algunas muy sensibles sobre asuntos de violencia de género y violencia institucional, porque estaban en otro sitio. Se quemaron fotografías de valor afectivo de personas queridas para quienes militan allí, familiares de víctimas.

La APDH de Esquel fue el primer organismo en presentar un habeas corpus ante la desaparición de Santiago Maldonado, el 2 de agosto de 2017, y fueron sus integrantes quienes exigieron en el lugar explicaciones a Gendarmería, sin éxito.


Ordenan desalojar a 100 familias de un predio del Ejército

Un centenar de familias deberán desalojar un predio que pertenece al Ejército por orden de la jueza federal de la ciudad chaqueña de Resistencia, Zunilda Niremperger, informaron  fuentes judiciales.

Un centenar de familias deberán desalojar un predio que pertenece al Ejército por orden de la jueza federal de la ciudad chaqueña de Resistencia, Zunilda Niremperger, informaron hoy fuentes judiciales.

El predio, que está bajo jurisdicción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado en el sur de la capital chaqueña y mide 800 por 300 metros, estaba ocupado desde hace 40 días por las familias, aunque tras varios intentos fallidos de mediación, algunas ya habían abandonado el lugar, precisaron las fuentes.

Niremperger había anticipado el pasado viernes que efectivos de Gendarmería realizarían esta mañana el desalojo, aunque cuando llegaron “encontraron cubiertas quemadas y personas que intentaban impedir el ingreso de los uniformados”, agregaron.

“Por eso la policía provincial se acercó a colaborar con Gendarmería en el perímetro externo del lugar, y el comisario general Fernando Romero dijo que el desalojo duraría toda la jornada y podría continuar mañana”, adelantaron.

El comisario Romero apuntó que los ocupantes que permanecieron en el predio realizaron “varios cortes” en una de las calles de acceso, donde se realizó una “quema de cubiertas” y “se debió recurrir a los bomberos para despejar la avenida Castelli en un clima de hostilidad”.


Anuncian una inversión de $600 millones para la construcción de una nueva cárcel

El Gobierno de la provincia de Corrientes realizó hoy el acto de apertura de sobres de la licitación pública para la construcción de la Unidad Penal N°12 para procesados y anunció que la obra demandará una inversión de 600 millones de pesos.

En el acto que tuvo lugar en el Salón Verde de Casa de Gobierno, se mencionó que el presupuesto oficial es de 600 millones de pesos, los cuales 400 millones son aportados por la Nación y 200 millones por la provincia.

Los sobres fueron abiertos por el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, que en la oportunidad mencionó que la Unidad Penitenciaría alojará a 300 presos federales y a 212 provinciales.

“Estamos licitando la nueva Unidad Penitenciaria para procesados que va a tener lugar para 512 internos”, remarcó el funcionario provincial.

En tanto, destacó que la obra se efectúa conforme a un “cofinanciamiento con el gobierno nacional que invertirá en una gran parte de la obra, que dispondrá un lugar para contener a 300 internos federales”.

En el acto se remarcó que el plazo de ejecución de la obra que se construirá en la localidad de San Cayetano, distante a 20 kilómetros de la Capital provincial, es de 24 meses.


Evo Morales confia en los militares que fueron llamados a dar un golpe de estado

“Nosotros confiamos absolutamente en las Fuerzas Armadas. El que va a tocar las puertas de las Fuerzas Armadas está buscando sangre”, afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.

El gobierno de Bolivia expresó este lunes su “absoluta confianza” en las Fuerzas Armadas, dos días después de que un líder opositor las llamara a intervenir en la crisis política desatada tras la cuestionada reelección del presidente Evo Morales.

“Nosotros confiamos absolutamente en las Fuerzas Armadas. El que va a tocar las puertas de las Fuerzas Armadas está buscando sangre”, afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, al canal privado de TV Gigavisión.

El jefe del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz (derecha), Luis Fernando Camacho, lanzó el sábado un ultimátum para que Morales renuncie antes de este lunes a las 19H00 locales (23H00 GMT) y pidió a los militares que se colocaran “al lado del pueblo” en esta crisis.

Las Fuerzas Armadas se han mantenido al margen del conflicto político de Bolivia, que inició su tercera semana de protestas contra Morales, cuyo helicóptero sufrió este lunes una falla mecánica al despegar en un poblado andino, por lo que realizó un aterrizaje de emergencia.

La aeronave que transportaba a Morales “presentó una falla mecánica del rotor de cola durante el despegue, motivo por el cual realizó un aterrizaje de emergencia”, señaló la Fuerza Aérea en un comunicado, agregando que “no se registraron daños personales”.

Los bloqueos de calles arreciaron este lunes en La Paz, mientras la región oriental de Santa Cruz, la más rica de Bolivia y bastión opositor, se mantenía en paro total en demanda de la renuncia de Morales, reelegido para un cuarto mandato en los cuestionados comicios del 20 de octubre.

Romero dijo el domingo que la oposición estaba preparando “una acción violenta y confrontacional” contra la casa de gobierno este lunes, en coincidencia con el vencimiento del plazo lanzado por el Comité de Santa Cruz.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, salió en apoyo de Morales, al afirmar que él había resistido a ultimátums para sacarlo del poder y auguró que su aliado boliviano saldrá airoso.

“Le dije a Evo: a mí me han dado este año como 10 ultimátums. Maduro, 24 horas, te vas o te tumbamos. Ven y túmbame pues, le digo yo”, declaró Maduro el domingo en un Encuentro Antimperialista en La Habana.

Varias rutas y puentes permanecían bloqueados este lunes en la zona sur de La Paz, donde viven las familias de clase media alta y alta, mientras las clases en las escuelas estaban virtualmente paralizadas en la ciudad.

En el centro de la capital, la actividad se desarrollaba con normalidad, pero los alrededores de la casa de gobierno permanecían bloqueados por la policía, con el tránsito vehicular suspendido en las calles aledañas.

La Asociación Nacional de Supermercados explicó que muchos locales afiliados tenían algunas dificultades para abastecerse y atendían en horario parcial debido a los bloqueos.

“Estamos trabajando el doble (para abastecer los supermercados) y estamos asumiendo pérdidas”, declaró el presidente de la Asociación, Sergio Weisse, a un canal de TV local, que también indicó que no se han registrado alzas de precios de los alimentos.

Desde que comenzaron las protestas, al día siguiente de la votación, se han registrado dos muertos y unos 140 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

Además, el torneo Clausura del fútbol boliviano está en riesgo de cancelación por la crisis política, tras cinco fechas suspendidas, con un total de 35 partidos postergados.

La oposición afirma que el mandatario izquierdista ganó la reelección con “fraude”, por lo que exige nuevos comicios. El sistema de conteo rápido estuvo paralizado 20 horas y al reanudarse arrojó un drástico e inexplicable cambio de tendencia, según observadores de la OEA.

“La mejor solución a esta crisis (…), es una nueva elección”, con un nuevo órgano electoral imparcial y con observación internacional, declaró el domingo el opositor centrista Carlos Mesa, segundo en los comicios del 20 de octubre, quien gobernó Bolivia en 2003-2005.

Los opositores afirman que Morales está empecinado en mantenerse en el poder a toda costa y recuerdan que desconoció un referendo celebrado en 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un polémico fallo en 2017 de un tribunal constitucional afín le permitió ser nuevamente candidato.

En tanto, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) desarrolla una auditoría de los comicios, tras sufrir un revés el viernes con la sorpresiva renuncia de su jefe, el mexicano Arturo Espinosa, quien admitió que había publicado artículos críticos sobre Morales.

La oposición boliviana rechaza de plano la auditoría de la OEA, pues afirma que se trata de “una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder”.


Otro superlunes de protestas en Chile

Desde temprano Santiago se vio no obstante con más tráfico y peatones que los dos lunes anteriores, cuando los daños a la infraestructura de transporte público y los desmanes por saqueos e incendios semiparalizaron la rutina de estudiantes, empleados y comercios.

Centenares de manifestantes frente a los tribunales y taxistas con banderas contra el cobro de peajes dentro de la ciudad lanzaron este “superlunes” de protestas sociales en Chile, donde empezó la tercera semana de una crisis sin salida a la vista y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera.

Desde temprano Santiago se vio no obstante con más tráfico y peatones que los dos lunes anteriores, cuando los daños a la infraestructura de transporte público y los desmanes por saqueos e incendios semiparalizaron la rutina de estudiantes, empleados y comercios.

“La lucha sigue pero tenemos que levantar el país, a nadie le conviene que caigamos en picada”, dijo a la AFP Olga Pérez, una contadora que acudía a su trabajo después de una hora y media de viaje en autobús desde su casa. “Todavía no tenemos el metro habilitado”, dijo esta habitante de Puente Alto, un suburbio de clase trabajadora golpeado por el vandalismo.

“Esto aún no termina” es el lema en redes sociales para este “superlunes” en Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta este estallido social sin precedentes que sorprendió a un poder político que todavía no sabe cómo controlar la crisis.

Las protestas cuestionan un Estado ausente en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado, donde una minoría controla la riqueza del país. De esta manera se han multiplicado las voces de izquierdas y derechas que piden cambiar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El presidente Piñera, que canceló la organización de la APEC y la cumbre de clima de la ONU COP-25 previstas para este mes, afirma que prefiere antes que nada “un diálogo amplio”.

Una encuesta de Cadem divulgada el domingo, reveló que un 87% está a favor de que se cambie la actual Constitución.

Piñera paga con una caída estrepitosa de popularidad sus errores y tropiezos en la gestión de la crisis desde el primer viernes de protestas violentas.

En un fin de semana de saqueos e incendios de infraestructuras y desmanes, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a las calles e impuso un toque de queda, todas medidas que se pensaban sepultadas desde la época de mano dura de Pinochet.

Con 13% de aprobación, según el estudio de Cadem, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile en 1990.

Este lunes se conoció que la economía chilena creció 3% en septiembre en comparación a igual mes del año anterior, completando su mejor trimestre del año, pero tras el estallido social el gobierno prevé una baja en las cifras de aquí a fin de año, con una caída de hasta 0,5% en octubre.

“Lo que nosotros esperamos para el cuatro trimestre es una situación completamente distinta producto de los eventos que todos hemos conocido”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) indicó que el 46% de las empresas del sector ha sufrido daños directos y han enfrentado costos por menores ventas.

Activistas, encabezados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, emplazaron el lunes al presidente Piñera a frenar las “graves y sistemáticas” violaciones a los derechos humanos denunciadas en el marco de la crisis, pese a voces locales que descartan un plan represor.

Las protestas dejaron 20 muertos, cinco de ellos a manos de agentes del Estado y se reportan unos 150 manifestantes con heridas oculares por el uso de perdigones en las manifestaciones callejeras.

Esta crisis empezó con una protesta estudiantil contra el alza de tarifa del metro de Santiago, pero destapó un profundo descontento de las clases trabajadora y media, que ven sus expectativas incumplidas en un sistema que promueve el endeudamiento para salir adelante.

Hasta ahora se trata de un movimiento heterogéneo, sin banderas políticas y sin liderazgo identificable.

Las actividades se reanudaron en Santiago y las principales ciudades del país aunque los chilenos están atentos a las manifestaciones masivas que se convocan en redes.

El Metro de Santiago, que transportaba unos 2,6 millones de pasajeros en días laborales, alargó sus horarios hasta las 20H00 locales, y se recupera de a poco tras sufrir graves daños en 118 de sus 136 estaciones, entre ellas 25 incendiadas, sobre todo en zonas muy pobladas y de clase trabajadora.

Los daños en esta red subterránea, una de las más modernas en la región, se estiman por encima de 350 millones de dólares. Los desmanes en pymes y comercios, además de las infraestructuras públicas, superan los 900 millones de dólares, según cifras oficiales.


Cuatro perpetuas a militares que asesinaron una pareja y secuestraron a sus hijos en la dictadura

La Justicia de La Plata aplicó penas máximas a militares del Batallón de Comunicaciones 601 por el brutal asalto a una casa donde vivía una pareja de militantes montoneros con tres niños. La hija mayor, de 12 años, fue secuestrada y pasó por El Vesubio y el Sheraton. Un militar procesado por enriquecimiento ilícito junto a Milani, fue absuelto.

La justicia Federal condenó a prisión perpetua a cuatro de los cinco militares del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell, La Plata, acusados por el asesinato de una pareja de militantes y el secuestro y tortura de la hija mayor, una nena de 12 años, que fue ingresada al circuito de centros clandestinos de detención de la dictadura cívico militar y pasó por El Vesubio, Sheraton y el Regimiento de La Tablada. El militar sobreseído, Enrique Barreiro, está procesado junto al ex jefe del Ejército, César Milani, en una causa por enriquecimiento ilícito.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata condenó a prisión perpetua al entonces segundo jefe del Batallón de City Bell Carlos Alberto Bazán, el ex oficial de Inteligencia de esa misma unidad, Francisco Ángel Fleba, el ex oficial de Operaciones Eduardo Arturo Laciar y el ex jefe de la Compañía B, Daniel Eduardo Lucero. El quinto acusado, el ex subteniente de la Compañía B; Eduardo Enrique Barreiro, fue absuelto por el beneficio de la duda.

Los cuatro fueron considerados coautores de los homicidios agravados de los militantes de Montonreos María Nicasia Rodríguez, de 34 años, y Arturo Alejandrino Jaimez, de 22, asesinados con múltiples disparos de armas de fuego en el marco de un operativo que la dictadura realizó el 6 de septiembre de 1977. También los condenaron por las privaciones ilegítimas de la libertad y los tormentos que sufrió Marcela Quiroga, la hija mayor de Rodríguez, quien sobrevivió al ataque.

En el veredicto, los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Germán Castelli, consideraron los delitos como crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, pero exculparon a los militares de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de dos menores: el hermano de diez años y la hermana de 18 meses de la nena secuestrada, que permanecieron desaparecidos más de una semana. Los argumentos de esa decisión habrá que buscarlos entre los fundamentos del veredicto que los magistrados tendrán disponibles para el 6 de febrero próximo.

Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre cuando los militares del Batallón de Comunicaciones 601 atacaron la casa prefabricada del barrio de Villa España, en Berazategui, donde vivían la pareja y los niños. Durante el ataque los mayores resistieron y los menores se refugiaron en el baño, la única habitación de paredes sólidas. El tiroteo fue feroz: del operativo participaron entre 900 y mil soldados, conscriptos y oficiales de las Compañías A, B, de Comando y de Servicio.

Pero los niños sobrevivieron. La nena de 12 años fue secuestrada y enviada a los centros clandestinos de detención donde sufrió abusos sexuales, fue torturada y obligada a señalar en la calle a compañeros de militancia de su madre. Su hermano de diez años y su hermana de un año y medio de edad estuvieron desaparecidos durante ocho días. En ese lapso, pasaron por diferentes dependencias policiales hasta que fueron entregados a sus familiares, tras una incesante búsqueda por parte de su padre. Este lunes, los jueces no sancionaron a los militares por esa desaparición de más de una semana.

“Estoy conforme. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo Marcela Quiroga este lunes, al finalizar el debate. “Fue un camino difícil pero estamos conformes, hicimos justicia para nuestra familia”, completó antes de hundirse en un abrazo con su hermana Marina, que también presenció entre el público la lectura de las condenas.

El sabor amargo fue por la falta de condena por las el secuestro de sus hermanos. Y por la absolución de Barreiro.

El ex subteniente fue absuelto por el principio del beneficio de la duda previsto en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación (“In dubio pro reo”). El militar fue procesado con un embardo de dos millones de pesos por el juez federal Daniel Rafecas junto al ex jefe del Ejército César Milani por enriquecimiento ilícito en una causa por la compra de una casa de La Horqueta.

Los fiscales federales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira habían solicitado para Barreiro la misma carga que para los otros cuatro imputados: la máxima pena prevista por el código penal. Como a su colega en La Rioja, la justicia platense lo benefició en la causa por crímenes de lesa humanidad.


La ONU denuncia un plan del macrismo para apretar al Poder Judicial

En un duro informe, el relator especial en este tema repasa con preocupación el avance del gobierno de Macri sobre jueces y fiscales, además de los nombramientos cuestionados. La persecución a Ramon Padilla y a los investigadores de la Causa Correo Argentino, entre lo más preocupante.

El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, acusó al Gobierno de Argentina de amedrentar a jueces y fiscales, según un informe enviado al embajador argentino ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Carlos Foradori, y dado a conocer este lunes.

El relator acusó a la administración de Mauricio Macri de haber llevado a cabo un “plan sistemático y estructural” para amedrentar al Poder Judicial.

Asimismo, acusó al Gobierno argentino de haber “obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial (…) disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

“Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas”, resumió García Sayán. En su informe, el relator repasó “presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura”, órgano que supervisa la labor de los jueces.

García Sayán también observó “la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del Poder Ejecutivo”.

Además se organizaron “campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones”, advierte el informe.

Presiones judiciales

Uno de los casos alude a las supuestas interferencias que se habrían cometido desde el Gobierno, como la “manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino”, en alusión al desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y a los ataques contra la fiscal que interviene en el caso en el expediente comercial, Gabriela Boquin.

En este caso se investiga un acuerdo que aceptó en 2016 el Gobierno de Macri en representación del Estado para condonar una deuda de la estatal Correo Argentino que suponía “una quita velada de 98,82 por ciento” de la deuda por la que se perdonaba a la empresa Sociedades Macri (Socma) unos 70.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares al cambio de la época).

El representante de Naciones Unidas también hizo referencia a los ataques de los que habría sido víctima el juez federal Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal en el Estado en el que estarían involucrados funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas.

El relator asimismo mencionó la supuesta persecución que sufrió la exprocuradora general de la nación (exjefa de los fiscales) Alejandra Gils Carbó; aludió a “ataques a jueces y abogados del fuero laboral”; y consideró ilegales la “designación del juez Carlos Mahíques en la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, y la del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones.

La denuncia también recuerda la designación por decreto presidencial que nombró a dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

El Consejo de la Magistratura habría manipulado la competencia electoral en el Poder Judicial, por ejemplo, a través de la supuesta subrogación ilegal del magistrado Juan Manuel Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires, añade el relator.

En diciembre de 2016, Julio Marcelo Conte Grand fue nombrado procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cargo que debe investigar las denuncias contra los funcionarios de la gobernación, pese a ser muy cercano a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y al presidente Mauricio Macri.

Los jueces que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales ordenada por el Gobierno en 2016 también “fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento”, añadió García Sayán.

El relator otorgó al Gobierno un plazo de 60 días para recibir una respuesta sobre las medidas adoptadas en relación a los casos descritos.

La gestión actual abandonará el poder el próximo 10 de diciembre, cuando asumirá el presidente electo, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, la exmandataria y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).


El presidente, entre las causas judiciales y conservar Cambiemos

Macri intentará posicionarse como jefe indiscutido de la oposición y mantener unida su coalición. El temor a Comodoro Py. Peña, por su parte, asumirá un bajo perfil hasta el fin del mandato.

El 40,3% de los votos que obtuvo Juntos por el Cambio en las generales del domingo pasado redefinió el futuro político de Mauricio Macri cuando deje la presidencia el 10 de diciembre. Esta semana la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le comunicó su retiro de la política y renunció a su banca a partir del 1 de marzo de 2020. La salida de la chaqueña, muy preocupada por su futuro judicial, le liberó el camino a Macri para el derrotero de la transición con el nuevo gobierno y para reconducir la convivencia de la alianza oficialista cuando comience a asumir su rol opositor al peronismo.

En el PRO aseguran que los 10.470.607 votos obtenidos, con un incremento de 2 millones respecto de las PASO, son el boleto de Macri para ocupar la presidencia del partido a partir del año próximo. Otros apuestan a un liderazgo indiscutido para la derecha local, en condiciones de transformarse en gran elector de ese arco, pero sin ocupar el cargo partidario.

Hasta que eso se defina, la maquinaria electoral que funciona en la sede que tiene el partido sobre la calle Balcarce, a cuatro cuadras de la Rosada, está en proceso de revisión. El incremento de sufragios entre las primarias y el domingo pasado fue impulsado por una gira proselitista por 30 ciudades que encabezó Macri para movilizar a su núcleo duro. La caravana del “Sí Se puede” es parte de la crisis interna que provocó en el PRO la derrota de agosto y que obligó a la jefatura de campaña, en manos de Marcos Peña, a barajar y dar de nuevo con todo el libreto electoral. El regreso a los métodos tradicionales de la política, con menos mediaciones virtuales en las redes sociales, es un dato nuevo para el batallón de funcionarios que sostuvo un manual de comunicación totalmente diferente hasta el 11 de agosto.

Como jefe directo o como conductor en las sombras, Macri apuntará a ordenar las internas abiertas luego de la derrota, especialmente con María Eugenia Vidal. La interpretación del entorno presidencial sobre los resultados del domingo también estuvo dirigida a la mandataria saliente. Perdió frente a Axel Kicillof por una diferencia mucho mayor que Macri frente a Fernández y el 38,39% que obtuvo en la Provincia sólo fue superior en 2,5 puntos a la cosecha del Presidente. Desde el lunes, los principales funcionarios de la jefatura de Gabinete niegan que existan diferencias con Vidal por la responsabilidad de la derrota, pero existe una guerra silenciosa entre los inquilinos del primer piso de la Casa Rosada y la gobernadora saliente. Algunos conocedores de los novelones del PRO aseguran que las diferencias se disiparán con el correr de los meses, pero todavía resta un tiempo valioso para los desquites en el ejercicio del poder.

Con conflicto o acuerdo con Macri, cerca de Vidal aseguran su continuidad en la política provincial, como posible jefa opositora. El objetivo tuvo sus primeros nubarrones esta semana: el presidente recibió este martes a su primo Jorge, intendente reelecto de Vicente López. Para algunos funcionarios la movida está concentrada en condicionar a Vidal y obligarla a negociar. Otros la anuncian como el cierre final de una relación que está virtualmente rota. En la Casa Rosada sostienen que fue a pedido del jefe comunal reelecto, pero tuvo a Vidal como destinataria. Macri prefiere a su primo como jefe opositor a Kicillof. Para que se definan esos roles todavía resta una transición de 40 días, donde la buena estrella provisoria del 40,3% podría dañarse por la inestabilidad económica.

Por lo pronto, Vidal ya sabe que no deberá cruzarse con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien le pronostican una discreta ausencia temporaria. “Va a estar corrido por uno meses”, confió a Tiempo uno de los dirigentes más cercanos al ministro coordinador. En sus oficinas aseguraron que “todavía no lo tiene definido”, pero es posible que adopte un discreto segundo plano hasta que Macri defina el momento para terciar dentro del partido o para diseñar la campaña para el 2021.

La apuesta para mantener unido a Juntos por el Cambio en el Congreso pasará por el sostenimiento de su interbloque. Vidal le pidió este jueves a Macri que mantenga al ministro de Seguridad y diputado electo, Cristian Ritondo,  como jefe de la bancada del PRO, pero el sillón tiene otro precio al calor de la interna y la salida de Lilita. El próximo presidente del bloque deberá convivir con el cordobés Mario Negri, que apuesta a seguir como jefe del bloque y del interbloque, a pesar de las ambiciones del mendocino Alfredo Cornejo, que el 10 de diciembre dejará el cargo de gobernador para asumir como diputado.

Después será el tiempo de los riesgos judiciales. Del centenar de causas en su contra, Macri tiene algunas que podrían ser críticas, como la investigación por la fallida privatización del Correo Argentino o la concesión que hizo Vialidad Nacional de los corredores viales para beneficiar a una de las empresas del clan familiar. La que investiga la deuda del Grupo Macri con el estado por la privatización del correo podría salpicar con dureza a Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa, que tuvo un rol central en la quita considerada fraudulenta por la Justicia. Una suerte similar podría correr el ministro de Tranporte, Guillermo Dietrich, por el rol de Vialidad y de su hombre de confianza, el ex secretario de Energía, Javier Iguacel. Fuera del gabinete, la mayor incógnita gira en torno a Carrió, por la causa que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral donde investigan a dos funcionarios de la AFIP, directamente vinculados con ella, como presuntos partícipes de una red que espió a gobernadores y funcionarios.


Alberto en México: “La integración de América Latina es un tema central”

En el marco de su gira por ese país, y tras el encuentro con el mandatario Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de Argentina pidió al FMI “reflexión” y “comprensión” sobre la delicada situación económica que atraviesa la nación sudamericana, confirmó que continuará el cepo al dólar en el corto plazo y volvió a abogar por la desdolarización de las tarifas de servicios energéticos.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, en conferencia de prensa en México, y tras mantener una reunión y almuerzo con el mandatario Andrés Manuel López Obrador, destacó hoy la necesidad de avanzar en un proceso de integración regional, trabajar para reducir las desigualdades sociales y lograr “el equilibrio político que se perdió en América Latina”.

“Argentina fue deteriorando su vínculo comercial con México por cosas que me cuesta entender. Seguramente Argentina prestó atención a otros mercados y a México le pasó lo mismo. Pero espero poner foco en el vínculo con México porque no es cualquier país. Es un país por el que sentimos un enorme cariño y gratitud. En la dictadura miles de argentinos fueron acogidos aquí”, señaló Fernández y destacó: “Me voy muy contento con la relación con el Presidente”.

Más temprano, durante el almuerzo, Fernández y López Obrador conversaron la posibilidad de mejorar el vínculo comercial con eje en los sectores automotor y de alimentos. También, el presidente electo argentino quiso conocer los detalles sobre los planes de inclusión social desarrollados en México, como el programa para asistir a los jóvenes que no trabajan ni estudian. De esa reunión, y posterior almuerzo, participaron el coordinador de asesores de la Presidencia de México, Lázaro Cárdenas Batel; el canciller mexicano Marcelo Luis Ebrard Casaubón; Felipe Solá y Cecilia Todesca.

Además, el mandatario electo reveló que en los últimos días conversó con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre la situación que se vive allí. “Le expresé toda mi preocupación, me invitó a visitar Chile, voy a ver si estoy en condiciones de hacerlo en los próximos días. Y Chile tiene que saber que lo único que buscaré con eso es ayudar a que Chile mejore, recupere su paz y recupere más igualdad”, indicó.

También, consultado sobre la posibilidad de un posible viaje a los Estados Unidos, Fernández analizó: “Aspiro a que el vínculo con los Estados Unidos sea muy bueno. Un vínculo muy bueno es un vínculo donde los dos se respetan. He tenido una muy buena charla con el presidente Trump, he hablando con gente de su gobierno, y pareciera ser que están dispuestos a ayudarnos también en esta instancia. Yo lo celebro y lo valoro. Pero la verdad, todavía no tengo previsto un viaje a Estados Unidos, que puede ocurrir o no. No lo tengo previsto.”

La deuda

Fernández también recibió la consulta sobre el estado de las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. “Con el FMI hemos tenido el vinculo que puede tener un país deudor con ellos.  Como hemos dicho más de una vez, el FMI es también responsable de lo que pasa en Argentina. Y lo único que pedimos, al FMI y a todos, es reflexión sobre el estado en que quedó Argentina, y la necesidad de comprensión, de que no podemos seguir ajustando a la sociedad argentina, que ya padeció un enorme ajuste”.

“Hay que poner la economía en marcha”, reiteró Alberto. El presidente electo también efectuó un repaso, ante los medios internacionales y argentinos, del incremento de la deuda argentina ante los organismos multilaterales de crédito en los últimos años: “En el año 2015, la deuda externa argentina representaba el 38 por ciento del Producto Bruto. Y la deuda externa en dólares representaba el 13 por ciento del Producto Bruto. Hoy la deuda representa el 95 por ciento del Producto Bruto y la deuda en dólares , aproximadamente un 70 por ciento del Producto Bruto. Todo esto ocurrió en los últimos tres años. Fue impactante la velocidad de endeudamiento y sus características. Porque es un endeudamiento muy grande que hay que cumplir en muy corto plazo. De eso se trata lo que tenemos que buscar resolver. Ese es el problema que estamos teniendo”.

“No es que no querramos pagar. Lamentablemente fue una deuda contraída por un gobierno democrático, pero muy mal gestionada. Es dinero que entraba en concepto de deuda y salía, no sabíamos a dónde, en concepto de fuga. Pero eso, en todo caso, se lo recordaremos en la historia a los que gobernaron. Las obligaciones hay que cumplirlas. Lo que tienen que entender es que no podemos cumplirlo pidiéndole más sacrificios a nuestra gente. Insisto: el día que Macri se vaya, el 40 por ciento de los argentinos estarán debajo de la línea de pobreza”, remarcó Alberto.

Cepo y tarifas

Consultado sobre la posibilidad de levantar el cepo reforzado para la extracción de dólares implementado por el presidente saliente Macri desde el lunes 28 de octubre, el mandatario electo avisó: “El 10 de diciembre cambia el gobierno, no cambia la realidad económica … eso no se revierte porque un presidente cambie”.

Además, Fernández volvió a abogar por una desdolarización del precio de las tarifas de los servicios energéticos en Argentina, teniendo en cuenta, sobre todo, “la carencia de dólares” que afronta ese país. “El tema de las tarifas, se inscribe dentro de una política económica que la Argentina tiene que revisar. Estoy seguro que en la Argentina, con la carencia de dólares que tiene, no puede ser que las tarifas sigan dolarizadas, cuando el resto de la economía no lo está. Eso he dicho que desde el primer día iba a ser revisado. Y cuando digo que todos y todas debemos hacer un esfuerzo, también me refiero a las energéticas, por supuesto”, advirtió.

Está previsto que la agenda del presidente electo argentino en México continúe con una cena programada con el empresario multimillonario Carlos Slim, propietario de Telmex, en la Argentina accionista mayoritario de la companía de celulares Claro.


Oficializan la creación del Registo Único Tributario

La medida busca “promover la simplificación de las inscripciones y registros de los contribuyentes del orden tributario nacional y de las administraciones tributarias locales”

El Gobierno oficializó la creación de un “Registro Único Tributario-Padrón Federal”, que será manejado por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La medida tiene como “fin de promover la simplificación de las inscripciones y registros de los contribuyentes del orden tributario nacional y de las administraciones tributarias locales”.

La resolución 4624 fue publicada en el Boletín Oficial, y establece que dicha base de datos estará conformada por los contribuyentes alcanzados por los impuestos nacionales, por Ingresos Brutos y también por tributos municipales.

Las funcionalidades y especificaciones del “Registro” se encontrarán detalladas en el micrositio “Registro Único Tributario Federal – Padrón Federal” (www.afip.gob.ar/registro-único-tributario) del sitio “web” de esta Administración Federal.