Un posible jugador mal incluido podría desatar un escándalo en Independiente del Valle

El Club Deportivo Técnico Universitario (Ecuador) estaría realizando un pedido a la mismísima Conmebol por una posible  mala inclusión de un jugador de Independiente del Valle en la lista de buena fe.

El jugador en cuestión es nada más y nada menos que Jorge Pinos, el arquero oriundo de la ciudad ecuatoriana de Quevedo. Según trascendió, el guardametas -que en la final ante Colón tapó el disparo desde el punto penal del “Pulga” Rodríguez- estaría mal incluído porque aún pertenece a Técnico Universitario.

 

¿Qué papel jugaría Colón en esto?

 

La dirigencia Sabalera ya está al tanto del reclamo formal de Técnico Universitario. Ante esto, no haría una protesta formal pero iría detrás del reclamo del ecuatoriano, en donde Pinos militó hasta 2018.

 

Según pudo saber El Litoral, Colón denunciaría “Fraude Deportivo”. Para esto, al igual que ante el caso Unali, el Dr. Hilbert estaría viajando a Zúrich en las próximas horas para efectivar el reclamo de la institución sabalera.

 

 

Las idas y venidas

 

El presidente del Club Técnico Universitario, Tito Jara, declaró: “Tiene contrato (Pïnos) con Club Técnico Universitario, vigente. Hoy en la tarde (por este lunes) hemos realizado el reclamo a la Conmebol.”

 

Por su parte, el abogado del club, Xavier Freire, asegura que la Federación Ecuatoriana cubre a Independiente del Valle en este caso, que en resumidas cuentas puede explicarse del siguiente modo:

 

 

  • Jorge Pinos tiene contrato con Club Técnico Universitario hasta 2021.
  • En 2018, Pinos denunció a Técnico Universitario por una supuesta falsificación de su firma en el contrato que lo vinculaba con dicho club.
  • La justicia, demoró los trámites y eso finalmente no pudo probarse, por lo que el contrato es lícito.
  • Se le permitió a Pinos jugar en equipos de Centro y Sur de Ecuador, pero no en Independiente del Valle.
  • El reclamo de Club Técnico Universitario ya está en manos de la Conmebol.

El gobierno formalizó la gatillo para octubre

Los distintos sectores estatales percibieron con el último salario la mejora del 3,7% correspondiente a agosto. Los salarios de noviembre deberían tener la mejora del 5,7% de inflación de septiembre.

Con la publicación esta semana de cinco decretos en el Boletín Oficial, el gobierno provincial oficializó el incremento del 3,7% en los haberes de octubre que percibieron los agentes del estado santafesino al aplicarse la cláusula gatillo con la suba del Índice de Precios al Consumidor de agosto. De mantenerse el acuerdo paritario, con los haberes de noviembre debería aplicarse el aumento del 5,7% correspondiente a septiembre pero el propio gobierno actual puso en duda la posibilidad de mantener la actualización prevista en los acuerdos de marzo. La definición del tema es mirada con expectativa por futuros funcionarios que acompañarán a Omar Perotti a partir del 11 de diciembre por el impacto que tendrá la medida en el cierre del ejercicio.

El lunes, tras la reunión de gabinete, el gobernador Miguel Lifschitz definió como prioridades de lo que resta de la gestión el pago de haberes de activos y pasivos con la cláusula gatillo y luego la prestación de servicios esenciales. Días atrás el gobierno no descartó convocar a los gremios estatales para analizar la continuidad de la salvaguarda salarial en virtud de la menor recaudación que tiene el Estado provincial.

Así, por uno de los decretos se establece como nuevo mínimo jubilatorio en la provincia la suma de 17.387 pesos y la pensión en 13.041.

Los cinco decretos tienen fecha del 31 de octubre y prácticamente repiten los considerandos donde se recuerda que en caso de que la evolución del IPC elaborado por el IPEC “observe un incremento acumulado con base en el valor del índice de diciembre de 2.018 que sea superior a los porcentajes acordados, los salarios se actualizarán en los meses subsiguientes aplicando los porcentajes de variación mensual de dicho IPC sobre los sueldos vigentes a febrero de 2.019 respetándose la composición salarial propuesta en la presente acta. La presente cláusula será operativa hasta el mes de diciembre de 2.019 (inclusive)”.

El decreto 3291 contempla al personal del Escalafón Decreto-Acuerdo 2695/83; API, Catastro, Fiscalía de Estado,

Escalafón Convenio 113/1994; talleres gráficos; autoridades superiores del Poder Ejecutivo; Enress así como pasivos dependientes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones así como la 5110. El decreto también actualiza la compensación mensual Falla de Caja así como los valores del viático diario para comisiones y servicios.

Así los nuevos topes de Falla de Caja pasaron a ser de 1.082,90 a 4.637,36 pesos. El viático diario quedó fijado en 2.674,33 pesos.

Los otros decretos

El decreto 3293 actualiza haberes a los Profesionales Universitarios de la Salud, incluyendo allí a los médicos auditores que prestan servicios en IAPOS. En tanto, el decreto 3292 se ocupa de los salarios de los docentes.

El decreto 3294 refiere a la actualización salarial a octubre de los escalafones Policial, Servicio Penitenciario e Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP).

Finalmente por el decreto 3295 se fijan las nuevas escalas salariales para el personal de la Dirección Provincial de Vialidad.

Pirámide pasiva

A septiembre último, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia tenía 91.134 beneficiarios que perciben haberes que también se actualizan por cláusula gatillo. El nuevo haber mínimo es de 17.387 pesos para los jubilados y de 13.041 para los pensionados. En la otra punta, hay pasividades superiores a los 450.000 mil pesos.

Más del 60% de los jubilados santafesinos están comprendidos en la escala de hasta 80.000 pesos mensuales. A esto habrá que añadir que añadir 20.000 pensionados que también están en esos rangos.

Más allá de los mínimos, hoy la Caja paga haberes promedios de 53.971 pesos para jubilados y de 31.055 para pensionados.

El sistema previsional santafesino finalizará el año con un fuerte déficit y ya en los equipos técnicos de Omar Perotti se está analizado el tema, especialmente la fuerte incidencia en el rojo que tienen las altísimas pasividades que tienen algunos sectores. Miran la pirámide y se observa que 67 jubilados provinciales que cobran hasta 480.000 pesos mensuales obligan a erogar mensualmente más de 30 millones de pesos. En tanto, 32 pensionados con haberes de hasta 360.000 pesos obligan a desembolsar 11.000.000 mensuales.

Enfermeros

ATE informó que el gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto 3480 por el cual recategoriza a nivel 3 de enfermería y técnicos a 264 trabajadores. “De este modo, se concreta el reconocimiento de la carrera administrativa de enfermeras/os y técnicas/os, una demanda que plantea desde hace tiempo la ATE- Santa Fe”, señaló. El gremio acotó que está trabajando en el relevamiento de los trabajadores que no se encuentran en el expediente pero cumplen con los requisitos para la recategorización respectiva.


La crisis económica golpeó duramente a las empresas alimenticias

El fuerte incremento del dólar, el aumento inflancionario sin freno y la caída en las ventas principalmente por estos motivos generó perdidas millonarias en las principales empresas del país. En este 2019 Arcor perdió 2610 millones; Molinos, 1381 millones y Ledesma, 1109 millones.

Las empresas alimenticias registraron perdidas millonarias a lo largo del 2019 en un clima de crisis económica, inflación sin freno y aumento descontrolado del dólar. Así las tres principales empresas alimenticias, Arcor de Luis Pagani, Molinos de los Pérez Companc y Ledesma de los Blaquier tuvieron perdidas millonarias durante el último año de Gobierno de Mauricio Macri.

Según un informe publicado en Página 12, la empresa cordobesa perdió entre enero y septiembre del 2019 unos 2610 millones de pesos cuando en el mismo periodo del 2018 había registrado un rojo de 6455 millones. El foco de la crisis se da en el trimestre julio-agosto-septiembre cuando sacudió la megadevaluación impulsada por el Gobierno tras su derrota en las primarias. Allí Arcor perdió 3347 millones de pesos.

“La rentabilidad de la compañía se ha visto afectada por la diferencia de cambio sobre la deuda en dólares, producida por la devaluación del peso. Se destaca que casi la totalidad de la deuda financiera en dólares vence en 2023”, explica Arcor al mencionado diario.

El segmento de golosinas y galletitas registró en nueve meses operaciones por 23,3 mil millones de pesos, por debajo de los 24,2 mil millones del mismo período del año pasado. En galletas también hubo una baja de 17,9 a 17,8 mil millones de pesos y en alimentos, de 8,4 a 7,9 mil millones de pesos. Con el argumento de la caída de ventas y acumulación de stocks, Arcor viene achicando plantas y aplicando suspensiones.

Por el lado de Molinos Río de La Plata de los Pérez Companc, entre enero y septiembre perdieron 1381 millones de pesos cuando en el mismo periodo del año pasado habían tenido na perdida de 3261 millones. La empresa maneja los productos Matarazzo, Luchetti, Granja del sol, Gallo, Don Vicente, Terrabusi, Favorita, Canale, Cocinero, Lira, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, entre otras.

“Nuestra economía está afectada por un profundo proceso inflacionario, superior al 50 por ciento anual, la suba del dólar en este último año en más del 100 por ciento, las enormes dificultades para acceder al crédito y el impacto de las exponenciales subas de las tarifas han retraído el mercado por la sensible pérdida del poder adquisitivo del salario y la pérdida en este último año de aproximadamente 120 mil puestos de trabajo registrados”, sostienen desde la multinacional Mondelez.

La empresa estadounidense que fabrica los productos Beldent, Bazooka, Bubbaloo, Cadbury, Cerealitas, Club Social, Halls, Mantecol, Milka, Oreo, Rhodesia, Shot, Terrabusi y Tita quiere suspender a 500 trabajadores en sus plantas de Pacheco y Victoria en el norte de la provincia de Buenos Aires.


Denunciaron a Amalia Granata para que no asuma como diputada

La denuncia fue presentada en la Fiscalía General Electoral. Granata no podría asumir por tener una causa por corrupción de menores

La fundadora de Alerta Vida, especialista en redes de trata y pedofilia, Rachel Holway, denunció a Amalia Granata ante Fiscalía General Electoral.

De esta manera, la diputada electa podría no asumir el próximo 10 de diciembre por estar involucrada en un supuesto abuso infantil agravado y porque se viola la Convención Internacional de la Trata de Niños.

La denuncia presentada por Holway

Holway acompañó y asesoró a la familia de Andrea del Boca desde el 2004 hasta el 2009, cuando la hija de la actriz reveló los abusos que sufría por parte de su padre, Ricardo Biasotti siendo menor de edad. Y sostuvo que, en aquel momento, quien estaba de novia con el padre de Anna Chiara del Boca era Amalia Granata.

Holway detalló que “Anna Chiara del Boca declaró durante años que el padre y su novia la metían en la cama a ver películas pornográficas, y el padre la perseguía para sacarle fotos y otras asquerosidades en las que los involucra”.

Como respuesta, Granata respondió que se trata de “una denuncia televisiva”, que “todo lo que se dice es mentira” y que ella misma se presentó en forma espontánea ante la justicia, para que se determine si ella tiene rasgos psicológicos o psiquiátricos que indiquen que puede ser una persona proclive a cometer hechos de abuso sexual infantil.


Evo Morales rechazó la autoproclamación de Añez

“Atenta contra la Constitución”, sostuvo desde su asilo político en México

El derrocado presidente boliviano, Evo Morales, rechazó la autoproclamación de la senadora Jeanine Añez como su sucesora explicando que viola la Constitución Política del Estado de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa”.

Atenta contra los arts 161, 169 y 410 de la CPE que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o Diputados y la Supremacía de la CPE”, escribió Morales desde la Ciudad de México.

El artículo 161 inciso 3 de la CPE indica que “las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución como admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado”. Esto no ocurrió ya que el MAS no dio el quórum para la sesión en la que se trataría la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera.


Grave: Macri le negó el asilo en la embajada argentina a cuatro ex funcionarios de Evo Morales

Tras decir que no hubo “golpe de Estado”, el presidente saliente ordenó a la embajada argentina en Bolivia denegarle el pedido de asilo político a cuatro ex funcionarios del mandatario boliviano depuesto. Aunque parezca insólito, el gobierno PRO argumentó que no hay “una situación de riesgo” y que la sede diplomática carecía de espacio físico.

Tras moverse a contramano de lo evidente y negarse a reconocer que en Bolivia hubo un golpe de Estado, se conoció que la gravedad del accionar de Mauricio Macri respecto del caso es aún peor: el presidente argentino saliente ordenó a la embajada nacional en La Paz negarle el asilo político allí a cuatro ex funcionarios de Evo Morales, con el argumento insólito de que no hay “una situación de riesgo” y que la sede diplomática carecía de espacio físico.

Según publicó Infobae, la embajada argentina en Bolivia les denegó ayer el pedido de protección, entonces, a cuatro ex funcionarios del mandatario depuesto mediante la interrupción de la democracia en ese país, al alegar que “no ameritaba gravedad o una situación de riesgo” y que la sede diplomática carecía de espacio físico para albergar más gente.

El último de los dos argumentos fue sostenido, según el mismo artículo, por la embajada en el marco de que la Argentina ya asiló en los últimos días a otros dos ex funcionarios del gobierno boliviano disuelto tras la renuncia de Morales, y eso habría dejado a la sede sin lugares físicos.

La misma versión indicó que la decisión de denegar el pedido de asilo a los cuatro ex funcionarios de Morales fue tomada por el embajador en La Paz, Armando Álvarez García, pero en consulta -seguramente vinculante- con el canciller Jorge Faurie.

“Por razones de secreto de Estado no podemos dar los nombres de los ex funcionarios de Bolivia que pidieron asilo en la embajada argentina. Pero podemos decir que los casos no ameritaban gravedad para el encuadre de asilo y que el edificio de la sede diplomática está colapsado”, detalló al mismo medio un diplomático del palacio San Martín.

Los refugiados que hasta ahora sí se encuentran en la embajada argentina en La Paz son el ex ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, y la ex titular de Planificación, Mariana Prado.

La decisión de la Argentina de rechazar los cuatro nuevos pedidos de asilo podría generar un nuevo enfrentamiento político nuevo de Mauricio Macri con el presidente electo Alberto Fernández. Es que el domingo pasado, cuando se conoció que el presidente de Bolivia había renunciado, Fernández le pidió expresamente a Macri que “proteja y preserve” a los ex funcionarios bolivianos que requieran asilo.

En la reconstrucción del diálogo de Macri y Fernández que pudo hacer Infobae, la respuesta del Presidente habría sido que aceptaría el asilo “sólo en la medida en que no pidan la detención”. Fernández le habría insistido en la su situación de inseguridad en la que se encuentran ex funcionarios del gobierno de Evo.

“Vas a ser responsable de asesinatos”, le dijo Alberto al líder PRO según publicó Clarín en una nota firmada por el periodista Pablo Ibañez. Macri, por su parte, habría sostenido que “eso es complicado”.

Al parecer, el pedido de asilo que extendieron en las últimas horas los cuatro ex funcionarios de Morales fue presentado de manera informal por terceras personas aunque luego de evaluar los casos se les denegó el pedido. No se dieron mayores detalles, solo se expresó que “el caso no ameritaba gravedad” y que “por una cuestión logística” la embajada carecía de lugar suficiente.

La embajada de Argentina en La Paz tiene 10 habitaciones que son ocupadas por el embajador, parte de su personal y por los dos bolivianos asilados en estos días. Pero en las próximas horas llegarán 10 gendarmes que se sumarán a la custodia de la embajada. Hasta ahora sólo hay un policía y tres efectivos de personal de seguridad de una empresa privada. Pero Álvarez García pidió a la Cancillería un refuerzo para proteger la sede diplomática ante el temor de que los manifestantes opositores a Evo Morales ataquen el lugar.

Fuentes de la Cancillería detallaron a Infobae que “los embajadores están para decir lo que dice el Poder Ejecutivo” y aclararon que “el derecho de asilo no es obligatorio para los Estados sino que es una potestad discrecional que se reserva el Estado de otorgarlo o no”. También destacaron que “el derecho humanitario puede evaluar de acuerdo a la situación de cada particular de ingresar o no un pedido de asilo político”. La Cancillería argentina, al igual que Itamaraty, no tiene la costumbre de publicitar a quiénes se ofrece asilo.

De todas maneras, se supo hoy que en la Cancillería hay una suerte de rebelión interna contra Faurie. Es que el gremio de personal diplomático ISEN, que congrega al 90% de los funcionarios de carrera, emitió un tuit ayer en el que ratificaron la existencia de “un golpe de Estado” en Bolivia, una postura contraria a la de Faurie.


Sesión especial para tratar el golpe de Estado en Bolivia

Antes, la Asamblea Legislativa convalidará el resaltado de las elecciones del 27 de octubre

Este miércoles, el Congreso retomará la actividad tras estar casi dos meses paralizado por la campaña electoral.

Por otro lado, en Diputados como en el Senado, los bloques peronistas pidieron una sesión especial para tratar una declaración de “repudio al golpe de Estado en Bolivia contra el ahora ex presidente Evo Morales.

En la Cámara baja se convocó oficialmente a esa sesión para las 15:30 y en la Cámara alta para las 16, por lo que el debate avanzaría casi en forma paralela en ambas cámaras.

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