La actividad industrial cayó 6,4% y la construcción se derrumbó en 2019

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó un informe sobre el balance de 2019 de distintos sectores.

La actividad industrial cayó durante el año pasado 6,4% y la construcción se derrumbó 7,9%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

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La industria subió 1,1% en diciembre de 2019 respecto de noviembre y 1,2% a nivel interanual. El acumulado del año pasado presentó una baja de 6,4% respecto a 2018 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_02_200FC4DB2B48.pdf 

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El organismo dio cuenta que la baja en el sector fabril se produjo a pesar de que en diciembre la actividad estuvo 1,2% por sobre igual mes del 2018, aunque la construcción bajó 6,4% interanual.

La caída de 6,4% en el sector fabril durante el año pasado estuvo impulsada por un retroceso del 22,2% en la industria automotriz; de 36,9% en “otro equipo de transporte”; de 14,6% en maquinaria y equipo; y de 8% en Industrias metálicas básicas, entre otras.

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La construcción bajó 7,3% en diciembre de 2019 respecto del mes previo y un 6,4% interanual. El acumulado del año pasado totalizó un descenso de 7,9% respecto a 2018 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/isac_02_20E049D521F0.pdf 

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En ese marco, el viernes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó la importancia de cambiar el modelo económico que desarrolló Mauricio Macri, para centrarlo en la producción y el trabajo.

“Las finanzas deben estar al servicio de la producción y no al revés”, afirmó Kulfas en un acto desarrollado en Chaco.

Resaltó que “el desafío es que no haya un solo proyecto de inversión sustentable que no tenga financiamiento” y destacó el diálogo con todos los sectores para resolver los problemas.


En enero los préstamos en pesos a privados crecieron un 20,5% anual

Las operaciones con tarjetas de crédito se incrementaron un 4.4 % respecto a diciembre, mientras que los préstamos en dólares tuvieron una caída interanual del 36,8 %.

Los préstamos en pesos al sector privado alcanzaron en enero último un monto acumulado de $ 1,87 billones, representando un aumento del 20,5% anual, destacó la consultora financiera First Capital, en base a datos del Banco Central.

En los últimos 90 días estos mismos créditos en moneda local crecieron un 5% y en enero un 0,4%, en forma mensual, alcanzando los $ 8.119 millones.

Los préstamos personales presentaron un decrecimiento interanual en términos nominales del 4,1% con $ 401.852 millones, y en enero, arrojaron un alza del 0,9% respecto al mes anterior.

Las operaciones con tarjeta de crédito presentaron un alza del 4,4% respecto a diciembre con un saldo de $597.918 millones, y un crecimiento interanual de 52,1%.

Los créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, acumularon un total en enero de $ 214.279 millones, con un crecimiento interanual del 1,4%.

La línea de créditos prendarios arrojó un saldo de la cartera de $ 76.462 millones, marcando un retroceso del 18,4% en comparación con igual mes de 2019 y una caída del 2,7% respecto a diciembre.

Los préstamos comerciales experimentaron una baja en relación al saldo que se observó el mes pasado: la misma fue del 3,3%, ubicándola con un stock de cartera de $ 493.246 millones, y en términos interanuales hubo un incremento del 34%.

Por otra parte, los préstamos en dólares presentaron una caída interanual del 36,8%.

“Las nuevas restricciones de acceso al mercado cambiario han contribuido a que la baja en estas operaciones se profundice, sumando su sexta caída mensual consecutiva”, indicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.


El Fondo de Garantía de Sustentabilidad cayó en su valor en dólares desde 2015

Perdió un 34,3% de su valor en dólares entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 y, desde su pico máximo en noviembre de 2017, acumuló una caída del 49,1% de su valor.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) perdió un 34,3% de su valor en dólares entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 y, desde su pico máximo en noviembre de 2017, acumuló una caída del 49,1% de su valor, informó hoy el organismo previsional.

Por otra parte, a fines del tercer trimestre de 2019, el valor de la Cartera de Inversiones del FGS ascendía a $ 1,95 billones, lo que representó una caída interanual en términos reales del 23,7%, según datos de la Anses en su “Informe Estadístico Trimestral”.

Este deterioro se vio acompañado por un incremento de 22% en el stock de Títulos Públicos Nacionales del Fondo, en el acumulado de 2019, hasta alcanzar el 64% del valor total de la Cartera de Inversiones del FGS.

“Durante estos últimos cuatro años hubo un fuerte deterioro del fondo de garantía, tanto cuantitativo como cualitativo, ya que aumentó el componente de letras intrasnferibles y cayó fuertemente la inversión en la economía real”, aseguró a Télam, Alejandro Vanoli, director ejecutivo de la Anses.

En esa línea, los títulos del FGS emitidos por entes estatales y los préstamos a provincias cobraron mayor peso durante los últimos años que, “a septiembre de 2019, tienen una participación del 5,6% sobre el total de las inversiones”.

Por el contrario, la inversión en “proyectos productivos o de infraestructura pasaron de representar el 13,1% de la cartera en 2015, a 4,8% en 2019”.

La otra cara de la desinversión en infraestructura se explicó por el aumento en los préstamos a jubilados, que pasaron de representar el 2,4% del FGS en 2015 al 6,1% en septiembre último.

Según Vanoli, la idea de la Anses es “aumentar gradualmente el Fondo de Garantía y mejorar la calidad de su composición”, y afirmó que se va a apostar a una mejora “al volver a invertir en activos de la economía real”.

Al respecto, hizo referencia a una reunión que mantuvo esta tarde con funcionarios del Invap, la empresa tecnológica que administran el Estado Nacional y la provincia de Río Negro, para trabajar en la suscripción de instrumentos de mercado “que asistan al desarrollo de la tecnología en el país”.

También anticipó que Anses tienen entre sus objetivos, invertir en el relanzamiento de los créditos ProCreAr “para motorizar la industria de la construcción”, acordado con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

“Es importante tener en cuenta que la Argentina tiene un sistema de jubilaciones de reparto y no hay nada que pueda ser más favorable para los jubilados y futuros jubilados que una política económica que genere crecimiento que, con una administración racional, pueda ir en este sentido”, aseguró Vanoli.

Y agregó que “el sistema financiero y de capitales tiene que volver a prestar a la economía real”, porque consideró que “en una economía donde se ponga prioridad al crecimiento y se negocie el perfil de vencimientos de la deuda habrá un marco general que revalorice al FGS”.

Según el ex presidente del Banco Central, el fondo que garantiza el pago de las jubilaciones “no solo perdió valor durante estos últimos años por una administración cuestionable sino también por una política inconsistente desde el punto de vista económico”.

Una de sus mayores críticas fue a la sanción del decreto 668/19, que dispuso que tanto la Anses como otros organismos públicos debían destinar su liquidez a suscribir letras instransferibles del tesoro “que son imposibles de mover a tasas que no son las de mercado”.

Por eso, sostuvo, la idea de la Anses es proyectar un futuro donde se vuelva a invertir en acciones de empresas, créditos a viviendas y proyectos de desarrollo que impliquen un crecimiento económico para el país.

“Lo mejor para la Argentina es invertir en proyectos que sean viables, que no sean proyectos de criterio de rentabilidad y que generen crecimiento, lo que tendrá un impacto favorable al valor de activos y cartera”, señaló Vanoli.


Piden que vaya a juicio el caso de una donación de Vialidad Nacional en Santa Fe

La investigación involucra a dos ex funcionarios, dos dirigentes sindicales y una escribana, quienes están acusando de cometer distintas maniobras que hicieron que un codiciado predio de la capital destinado para sede gremial terminara canjeado por dos departamentos

El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, pidió la elevación a juicio oral y público de dos dirigentes gremiales, dos ex funcionarios públicos de Vialidad Nacional y una escribana  por los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública, falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica de instrumento público, cometidos durante los años 2012 y 2013.

Quienes irán al banquillo cuando se habilite el trámite son el secretario General del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Séptimo Distrito, Marcelo José Bertolotti; el secretario Adjunto, Miguel Ángel Vázquez; el entonces subgerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional en Santa Fe, Francisco Keumurdji, el administrador general de la DNV entre diciembre de 2003 y diciembre de 2015,  Nelson Guillermo Periotti, y la escribana pública Claudia María del Huerto Dechanzi.

Según detalló la acusación, Vázquez y Bertolotti instrumentaron maniobras para lograr la transferencia en donación en favor del sindicato de dos fracciones de un terreno de propiedad de la DNV en avenida Alem entre Sarmiento y Necochea, en Santa Fe. Luego, Keumurdji y Periotti dictaminaron “favorablemente y sin objeciones a las donaciones requeridas”, suscribiendo el convenio de trasferencia en noviembre de 2012, en el que se establecía –según el mecanismo conocido como donación con cargo– que el sindicato iba a utilizar la propiedad  “para construir en las tierras transferidas la sede sindical y alojamientos para los trabajadores viales del interior”.

“Dicho acto jurídico, significó, en rigor de verdad y tal como se desarrollará, un tramo fundamental de la ilegal disposición por parte de ambos ex funcionarios de un bien perteneciente al Estado nacional, y de dominio público, el cual,  conforme la normativa administrativa y civil aplicable, ostentaba el carácter de «inenajenable»”, marca el auto de elevación a juicio. Es decir, los funcionarios no deberían haber cedido el bien bajo su tutela, ya que no podían, marca el razonamiento judicial.

Pero el tema continúa: la Fiscalía señaló que Bertolotti y Vásquez, con la participaron de Keumurdji,  falsificaron el documento del convenio de transferencia insertando una cláusula que establecía la posibilidad del sindicato de afectar el terreno a “figuras contractuales onerosas”. Es decir, se pierde el “cargo”: se trata del objeto de la donación, presente en muchos legados, que deriva en un reapoderamiento del Estado si el bien no se destina para lo que fue cedido.

Finalmente, la escribana pública Dechanzi instrumentó la escritura pública en el cual Bertolotti, Vázquez y Periotti, perfeccionaron “la transmisión del bien a título de donación” que permitió luego que los dirigentes sindicales concretaran en junio del 2013 un contrato de permuta con una inmobiliaria, con la cual intercambiaron dicho terreno por dos departamentos con cocheras ubicados en la avenida General López y en la calle 25 de Mayo.  El valor de la operación  de permuta final se fijó en 400.000 dólares. El MPF señaló que dicha acción implicó el incumplimiento  de “la expresa finalidad de bien público por el cual el inmueble se les había sido confiado”.

Asimismo, la Fiscalía subrayó que las acciones de los imputados han implicado un “significativo fraude al erario público nacional”, ya que quedó verificada la irregular salida de  su patrimonio de un valioso bien que había sido adquirido por expropiación, previo pago de un precio indemnizatorio, con destino, en definitiva, a un emprendimiento privado. Y todo ello “a través de distintos actos plagados de irregularidades y de la comisión de otros delitos penales contra la fe pública”.

Con ello a Bertolotti y Vázquez se los acusa por los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública, falsificación de documentos públicos, y falsedad ideológica de instrumento público.

Sobre Dechanzi recayó la figura de falsedad ideológica de instrumento público y  fraude en perjuicio de una administración pública. No es el único caso que la involucra, ya que aparece en el caso conocido como “causa Colegio de Escribanos”.

En tanto, a Keumurdji se lo imputa por falsificación  de instrumento público y fraude a una administración pública, y a Periotti se lo señala por este último delito, en calidad de autor.

Negoción
Se trata de una propiedad de 1809,02 metros cuadrados, dos unidades funcionales, un semipiso y oficinas que fueron objeto de un negocio inmobiliario fraudulento. Según detalló el fiscal federal Walter Rodríguez al solicitar las declaraciones indagatorias de los imputados, “Bertolotti y Vázquez pergeñaron un negocio inmobiliario que, según cifras oficiales, rondaría el valor de 400.000 dólares estadounidenses al momento de los hechos, con cuanto menos complicidad de Dechanzi, valiéndose originariamente de la suscripción de una escritura pública de donación en la que se introdujeron circunstancias falsas respecto al contenido del Convenio precedentemente invocado, a los fines de permitir el posterior despojo patrimonial de los terrenos en cuestión”.

Rodríguez explicó que “Bertolotti, Vázquez y Dechanzi progresaron en la defraudación pergeñada, luego perfeccionada a través de la celebración de un contrato de permuta con la firma Benuzzi Inmobiliaria SA, celebrado el 16 de julio de 2013, es decir, menos de cuarenta días después de la inscripción de la escritura de donación en el Registro General de la Propiedad Inmueble”.
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Santa Fe acordó plan hídrico con Chaco y Santiago del Estero

Las tres provincias buscan lograr un manejo coordinado y racional de los recursos hídricos tendientes a la resolución de los problemas recurrentes de inundaciones, sequías y anegamientos

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó de la firma de un convenio con sus pares de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con el fin de promover la ejecución de un Plan Director Hídrico dentro del área delimitada de Bajos Submeridionales en la Cuenca abarcativa de las tres provincias. Además, rubricaron una iniciativa que elevarán a Nación para la ejecución de un nuevo sistema de administración de vías navegables de la hidrovía Paraná Paraguay.

La jornada se desarrolló en la ciudad de Resistencia, Chaco, y contó con la presencia de los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

Al respecto, Perotti ratificó el compromiso de Santa Fe “de trabajar seria y ordenadamente sobre una planificación del territorio”. En ese sentido agregó: “Esto es empezar a poner las cosas en su lugar, porque no solamente tenemos que generar una acción para integrar a las provincias, para resguardar y disminuir los riesgos hídricos, sino también para dar una señal de que allí podemos tener una producción sustentable”.

Asimismo, el primer mandatario santafesino afirmó: “Asumimos el compromiso de realizar esas obras en esa dirección, cuidar el ambiente, integrar a cada uno de los pueblos de la región y permitir que allí la producción le devuelva lo que para estas obras hay que invertir. Pero además, el desarrollo de esas zonas las convertirá en un proveedor nacional de alimentos. Por ello, este convenio significa una valoración diferente para la región porque se convertirán en zonas de alto valor productivo a futuro”.

“El presidente ha puesto a la hidrovía entre sus objetivos y el lugar de importancia que significó para la Argentina esta obra en los últimos años ha marcado, quizás, que se convierta en la de mayor impronta federal. Es por ello que estamos frente al gran desafío que plantea el presidente de estructurar un esquema de hidrovía federal con participación de las provincias y será a partir de ese rol, que aportaremos a cada economía provincial y al conjunto de la economía nacional”, cerró.

Por su parte, Capitanich destacó que el objetivo del convenio es lograr “la planificación del manejo de la cuenca hídrica, el ordenamiento territorial, la sustentabilidad del territorio y los modelos de producción integrado que permitan reducir riesgos y aumentar la productividad”. Por otra parte adelantó: “Queremos devolver a los Bajos Submeridionales las condiciones de sustentabilidad basadas en planes, proyectos de desarrollo científica y tecnológica e interdisciplinarias destinados al aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos naturales con el objeto de resolver los problemas ambientales difundiendo y publicando el resultado de las acciones”.

En el mismo orden, el gobernador Zamora manifestó: “Hemos venido poniendo en acción la planificación, el entendimiento y una mesa permanente de trabajo que hoy ratificamos con obras prioritarias y la posibilidad de planificar las mismas en términos de mejorar la problemática, la producción y calidad de vida de nuestros comprovincianos. La presencia de la Nación a través de sus dos Ministros para nosotros es muy importante, y es un compromiso que tenemos con nuestros conciudadanos y para el país, porque somos provincias de gran producción y, si logramos avanzar en esta solución, juntas alcanzaremos otras soluciones”.

CONVENIO DE COOPERACIÓN SANITARIA
En la ocasión, las tres provincias rubricaron, también, un convenio marco de ayuda y cooperación interministerial tendiente a coordinar políticas públicas en materia de salud en beneficio del acceso y atención de la salud de los ciudadanos de las jurisdicciones, en zonas limítrofes que por razones de distancia, de transito y/o derivación deban requerir servicios médicos asistenciales.

El objetivo será contribuir a la mejora de acceso e implementación de las políticas públicas en materia de atención, prevención, tratamiento, capacitación, así como a coordinar asistencia mutua para la prevención y/o colaboración en caso de catástrofe climática y/o desastre, y/o cualquier otro suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas incidiendo en la salud (bio–psico-social) de las personas radicadas en las tres provincias.
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Vicentin habla de reactivar la empresa

La empresa habla de la intención de reactivar las plantas y conservar los puestos de trabajo ¿Concurso de acreedores?

La empresa Vicentín agota los recursos para salir de la crisis. En un comunicado emitido este miércoles, y mientras se multiplican los rumores sobre una posible presentación en concurso de acreedores, la firma anuncia que buscará conciliar con todas las partes involucradas. Ya comenzaron las conversaciones con el Banco Nación, el cual en su día le otorgó un crédito de 18.300 millones de pesos.

En el mensaje difundido, Vicentín asegura estar dispuesta a “salir de los problemas financieros actuales mediante un acuerdo con los acreedores en el menor tiempo posible, cualquiera sea la figura jurídica aplicable” y mientras tanto “reactivar las Plantas Industriales, garantizando en cualquier escenario el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

En tanto, la firma indica que “la propuesta realizada a los acreedores comerciales ha cosechado un gran número de adhesiones y nos encontramos trabajando en la instrumentación de los acuerdos individuales, como así también en la concertación de reuniones para conciliar y aclarar aspectos de la misma”.

También la agroexportadora indicó que son “unos pocos acreedores comerciales” los que interpusieron medidas cautelares durante la feria judicial, lo que imposibilitó “la puesta en marcha de las plantas”.

El escándalo en torno a Vicentín ganó lugar en la agenda cuando se conoció que el Banco Nación le otorgó un crédito de más de 18.300 millones. Al respecto, el comunicado de la agroexportadora indica que se iniciaron las conversaciones “para estructurar una propuesta aceptable para dicho banco y para todos los bancos oficiales”.

“Como paso siguiente se avanzará en las negociaciones con los bancos privados locales e internacionales a los que se les presentará una propuesta que permita también alcanzar un pronto acuerdo con estos acreedores”, agregan.

El comunicado cierra: “Ratificamos nuestra vocación de honrar los compromisos adquiridos con nuestros acreedores comerciales y financieros. Insistimos que cualquiera fuera el procedimiento que asegure la mejor protección para lograr los objetivos manifestados, Vicentín no claudicará en su objetivo de alcanzar la concreción del plan de acción que fuera comunicado a los productores hace 10 días”.


Seguridad paso a administrar los gastos de la Policía

El gobernador dispuso que el ministro Marcelo Sain tenga bajo su firma los recursos que la ley 11.579 autoriza, pero para la cartera de Gobierno.

A su vez, el mismo decreto limitó los fondos de “funcionamiento” que -según su Ley Orgánica- administraba la propia fuerza, habilitaciones mediante.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, tiene ahora bajo su órbita lo que vulgarmente se ha llamado la “Caja de los comisarios”. Y tanto controla la ventanilla a la que ellos deben acudir, para gastos que antes iban por otro ministerio, como la administración de otros fondos para el funcionamiento de las reparticiones policiales.

Los cambios están contenidos en un decreto, el N°53, que firma el gobernador Omar Perotti junto a jefe de la cartera señalada. Todavía no fue publicado en la página web del Boletín Oficial, pero quienes acceden a su versión papel pueden estudiarlo.

Allí se tocan los formalmente llamados “fondos especiales”, en la letra de la Ley N° 10.296 (y sus modificatorias Nros. 10.836 y 11.579), que sin embargo autorizan a otra cartera del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Gobierno, a disponerlos.

Por otra parte, en el mismo decreto, la Casa Gris cambió también el control de los llamados “gastos reservados de la policía”, que -en rigor- en la legislación santafesina se mencionan como “gastos de funcionamiento”. En este caso, se trata de una concentración de esos recursos en el Ministerio de Seguridad por sobre la Dirección de Administración de esa fuerza. El artículo le pone topes mensuales a los jefes de las reparticiones policiales, que suponen un control directo mayor.

El decreto en cuestión tiene fecha del lunes 24 de enero y, en cuestión de días, comenzó a circular entre legisladores de la oposición (y del propio oficialismo) que cotejan sus artículos con las normas citadas en el decisorio y con la Ley Orgánica de la Policía N 7.395 (de 1975).

En general, las observaciones no cuestionan la decisión política del gobierno de concentrar facultades económicas en el Ministerio de Seguridad respecto de los uniformados, sino que se preguntan si no hubiera resultado más prolijo hacer esas modificaciones mediante leyes. Por ahora, no hay declaraciones públicas.

Cambio de cartera

El primer artículo del decreto N°53 cambia de ministerio el control de ciertos fondos especiales, dejándolos en manos del ministro Sain.

“Establécese que la administración y disposición de los fondos especiales autorizados por la Ley N° 10296, sus modificatorias Nros. 10836 y 11579, y el Artículo 110 del Decreto N° 8/14, se efectuará con arreglo a las previsiones del presente decreto y serán responsabilidad del Ministerio de Seguridad”. En las tres normas citadas la autorización legislativa es para el entonces Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, hoy asimilable en la nueva ley de ministerios (13.920 de diciembre de 2019) a la cartera de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.

El decreto se apoya en esa norma para cambiar de cartera esos fondos y cita dos apartados del artículo N°5, que más adelante se transcriben.

Debe prestarse atención al significado del verbo “delegar”. ¿Es suficiente para cambiar de ministro el manejo de fondos previstos por otra ley?

El apartado 4 (del inciso b), dice que es competencia específica de los ministros al enumerar sus funciones: “Resolver o delegar la resolución de los asuntos concernientes a su jurisdicción y a su régimen administrativo, dictando las medidas de orden, disciplina y economía que corresponda”.

Y en el décimo: “Dirigir, controlar y ejercer la superintendencia de todas las oficinas, reparticiones y personal correspondiente a su jurisdicción”.

El 3 y el 33

En cuanto al nuevo marco de recursos para la plana mayor de la Policía, los mal llamados “gastos reservados” de la fuerza, el decreto 53 dice textualmente, en su artículo N°3: “Determinase que el Ministerio de Seguridad podrá autorizar hasta el tope máximo de pesos ciento veinte mil ($ 120.000), el monto a invertir por los jefes de las reparticiones policiales, por intermedio de sus respectivas habilitaciones, para los casos de partidas mensuales destinadas a gastos de funcionamiento y racionamiento, y hasta el tope máximo de pesos cincuenta mil ($ 50.000) para gastos de funcionamiento por comprobante; y reajustar hasta en un cincuenta por ciento (50%) los importes, en casos debidamente justificados”.

Mientras, el artículo N°33 de la Ley 7.395, Orgánica de la Policía, prevé que “Corresponderá a la Dirección Administración, las funciones de asesoramiento técnico financiero para la preparación de apreciaciones, proposiciones, planes e informes, la ejecución de la contabilidad financiera, incluyendo la parte fiscal; la recepción, depósitos, extracciones de fondos asignados y certificación de las disponibilidades, la programación y control de ejecución del presupuesto, la liquidación y pago de haberes y por gastos de funcionamiento e inversiones autorizadas por las leyes de contabilidad, y sus respectivas rendiciones de cuentas”.

A tal efecto, su personal de profesionales y técnicos, se agrupará en las dependencias denominadas: contaduría y tesorería, de la policía provincial”.


La provincia quiere reflotar el servicio entre Rosario y Cañada de Gómez

El director de Gestión Ferroviaria, Fernando Rosúa, afirma que esa es “la prioridad” de su gestión, pero admitió que debe haber apoyo de Nación.

El flamante director provincial de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria de la provincia, Fernando Rosúa, afirmó que una de las prioridades de su gestión “será restablecer el servicio de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez”, un viejo anhelo de los pobladores de las ciudades y comunas del sur de Santa Fe.

Se trata de un corredor que conecta, en forma casi paralela a la vieja nacional ruta 9, a localidades como Funes, Roldán, San Jerónimo Norte, Correa y Carcarañá. Ese tramo presenta un intenso tránsito de vehículo y la vuelta de un tren de pasajeros brindará incluso más seguridad vial, ya que tanto la ruta 9 como la Autopista a Córdoba podrían descongestionarse.

El funcionario describió los obvios beneficios que traerá resucitar ese ramal. “En la década del 70 se podía viajar de Rosario a Funes en quince minutos. La reactivación de este ramal descongestionaría todo el tránsito automotor en la zona. La gente puede planificar mejor su vida con un transporte más barato, accesible y con mejores condiciones de seguridad”, precisió Rosúa.

“Lo ideal es tener apoyo nacional porque las inversiones son muy grandes”

Consultado sobre el estado de las vías y si es necesaria una inversión importante para repararlas, Rosúa señaló que ese tramo “la traza existe, pero no está en condiciones de llevar adelante un servicio de pasajeros”. A su criterio, reactivar la ferroviaria demandará llevar adelante una obra de reparación de la traza ferroviaria.

En ese sentido, admitió que “se requieren inversiones importantes”, y detalló: “En el 2015 el gobierno nacional llamó a licitación para renovar esas vías y lamentablemente la administración de Mauricio Macri volteó esa obra que abarcaba el tramo Rosario-Tortuga”.

“Ahora, lo importante es reactivar esa licitación para que se haga la inversión necesaria y volver a tener vías en condiciones y brindar un servicio de transporte de pasajeros de calidad”, remarcó Rosúa.

El funcionario propuso que la Estación Rosario Norte “debe ser la cabecera y debe haber paradas intermedias como el Cruce Alberdi, Teniente Agneta, en Provincias Unidas y en la Estación Antártida Argentina de Fisherton. Son paradas intermedias que beneficiarían al transporte local”.

“Lo ideal es tener apoyo nacional porque las inversiones son muy grandes, tanto en infraestructuras como en la mudanza de las familias que viven al costado de las vías, que son alrededor de 500”, concluyó.


Camioneros cerró paritarias: se pagará en dos veces y llega al 26,5%

Serán dos tramos de 16,5% a liquidar en febrero y 10% en abril.En un año alcanzarán una suba de 49,5%

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros cerró este miércoles una paritaria semestral por 26,5% hasta junio y en julio reabrirán las conversaciones.

El incremento se pagará en dos tramos: un 16,5% a liquidar en febrero y 10% en abril. Así, en un año alcanzarán una suba de 49,5%.

Cabe recordar que Camioneros había pedido un aumento del 33% para este semestre, pero la cámara empresarial ratificó que no podía pagarlo.


“Una falta de respeto”: repudio de familiares del ARA San Juan al fallo que exculpa a Macri y Aguad

La querella que nuclea a 10 familias de víctimas del hundimiento del submarino cuestionaron la decisión judicial que procesó a 6 oficiales de la Armada pero no dictó prisión preventiva ni buscó las responsabilidades políticas.

Un grupo de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan cuestionaron este miércoles la decisión de la justicia de exculpar por el caso al ex presidente Mauricio Macri y al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, en un fallo en el que la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez procesó a seis oficiales de la Armada por estrago culposo.

“Las 10 familias nucleadas en la querella del Dr. Luis Tagliapietra, más las que nos apoyan manifestamos nuestro repudio al procesamiento notificado en el día de la fecha de 6 oficiales de la Armada Argentina por el insólito delito de estrago culposos, delito que prevé una escala penal de 1 mes a 5 años y que además resulta sin prisión preventiva”, manifestaron las familias en un comunicado.

“En su decisorio además exculpa a la política, encabezada por el ex presidente Macri y el ex ministro Aguad, entre otras apreciaciones que resultan una falta de respeto a las familias, a la justicia y fundamentalmente a los 44”, agregaron.

“Queda ahora en evidencia que nuestras incesantes denuncias eran fundadas y no sabemos qué excusa darán quienes defendieron el accionar de esta jueza. Nosotros continuaremos sin cesar nuestra lucha por verdad y Justicia y para que está jueza corrupta rinda cuentas, continuaremos peleando en todos los frentes y ojalá podamos contar con el apoyo de todo el país como siempre lo tuvimos”, concluyeron.

 

El fallo data del 31 de enero, tiene 619 páginas y fue anticipado por la agencia Télam. La imputación del delito fue contra el ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), Jorge Sulía; el ex jefe de Operaciones del COFS, Hugo Correa; el ex jefe del Estado Mayor de ese comando, Héctor Alonso; el ex titular del comando de adiestramiento y alistamiento, Luis López Mazzeo, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, y el ex jefe de mantenimiento y Arsenales de la Armada, Eduardo Luis Malchiodi.

Al mismo tiempo se negó a investigar a Macri y a Aguad a pedido de las familias de los tripulantes fallecidos. En su lugar los sobreseyó, porque entendió que ellos “no estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas para hacerse a la mar”. Todo lo contrario a los imputados, que les impuso embargos de 2 a 3,5 millones de pesos y los consideró responsables porque “desoyeron el planteo del fallecido Comandante Pedro Fernández en cuanto al funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, lo que habría resultado determinante en la tragedia”.

“Luego de las pruebas colectadas hasta el momento, no surge que ni el ingeniero Mauricio Macri o el Dr. Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el Submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder”, consideró la jueza.

Desarrollado por: Carvajal Maxi