Concursos virtuales en pleno receso, uso de licencias y salarios a la baja configuran un escenario de confrontación que pone en jaque el inicio del ciclo lectivo
La relación entre el gobierno de Santa Fe y el sector docente atraviesa uno de sus momentos más delicados. A través de una carta pública de fuerte contenido político y laboral, trabajadores de la educación denunciaron una fractura profunda con la gestión de Maximiliano Pullaro, a partir de una serie de decisiones que —lejos de promover el diálogo— parecen orientadas a imponer reformas por vía administrativa.
El detonante inmediato del conflicto fue la resolución del Ministerio de Educación, a cargo de José Goity, de avanzar con los concursos directivos de manera virtual, individual y durante el receso de enero. Para la docencia, esta modalidad rompe con una práctica histórica del sistema educativo santafesino: los actos públicos, presenciales y colectivos, entendidos como una herramienta central de transparencia, control social y equidad en el acceso a los cargos.
No obstante, la virtualidad es apenas la superficie del problema. La carta advierte que obligar a utilizar licencias ordinarias para realizar trámites administrativos constituye un avance sobre derechos laborales y constitucionales básicos, al vulnerar el descanso anual obligatorio. Desde el sector señalan que esta medida sienta un precedente peligroso y consolida una lógica de disponibilidad permanente del trabajador estatal.
Este nuevo episodio se suma a un año atravesado por paritarias impuestas por decreto, salarios que quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación y el retorno de mecanismos de presentismo encubierto, políticas que, según denuncian, degradan las condiciones laborales y erosionan el diálogo institucional. Lejos de resolver los problemas estructurales del sistema educativo, la gestión provincial parece optar por una estrategia de confrontación y disciplinamiento.
Ante este escenario, la docencia exige dar marcha atrás con lo que consideran una reforma laboral encubierta y reclama que los concursos directivos se realicen de forma presencial en febrero de 2026, respetando los mecanismos históricos que garantizan transparencia y participación. El reclamo no es solo administrativo: es político y pedagógico.
Con el calendario escolar acercándose, la tensión continúa en aumento. La falta de señales claras por parte del Ejecutivo provincial abre un interrogante inquietante: ¿pretende el gobierno ordenar el sistema educativo mediante el consenso o a fuerza de decisiones unilaterales que profundizan el conflicto? La respuesta, de no llegar a tiempo, podría impactar de lleno en el inicio del ciclo lectivo.
