El gobierno de Javier Milei se presenta como una cruzada contra el “Estado gigante”, pero detrás del discurso libertario se acumulan preguntas que nadie en la Casa Rosada parece dispuesto a responder.
Por Daniel Baldomir
Mientras se habla de transparencia, eficiencia y honestidad, una densa cortina de humo intenta tapar denuncias, sospechas y movimientos que huelen a corrupción.
Las renuncias de ministros y funcionarios de primera línea no son hechos aislados ni simples “reordenamientos internos”. El caso del área de Transporte es apenas un ejemplo: salidas abruptas, internas feroces y versiones cruzadas sobre irregularidades que, según distintos medios de comunicación y referentes de la oposición, exponen prácticas oscuras en sectores clave del Estado. Nada se explica con claridad. Nada se investiga a fondo.
Sin embargo, estos episodios no generan crisis políticas ni conmocionan al oficialismo. ¿Por qué? Porque el gobierno cuenta con un blindaje mediático sólido, garantizado por las grandes corporaciones de comunicación alineadas con el proyecto libertario. Los escándalos se minimizan, las denuncias se relativizan y la corrupción se convierte en ruido de fondo.
Mientras tanto, el ajuste avanza sin anestesia sobre trabajadores, jubilados y sectores populares. Se recortan derechos, se destruye el Estado en nombre del mercado y se pide sacrificio social, al mismo tiempo que se toleran prácticas que en otros gobiernos eran presentadas como escándalos mayúsculos.
El relato oficial habla de libertad. La realidad muestra un poder cada vez más concentrado, menos control y más impunidad. En la Argentina de Milei, el problema no es solo el tamaño del Estado: es quién lo maneja, para quién gobierna y quiénes se encargan de tapar lo que no debe verse.