Mientras caen los delitos juveniles, el Gobierno reactiva el debate punitivo y corre el eje de los verdaderos incendios que atraviesan al país
Las cifras oficiales muestran que los crímenes cometidos por menores de 18 años se desplomaron en la última década. Sin embargo, el Gobierno vuelve a poner en agenda la baja de la edad de imputabilidad, en un contexto donde ya hay menores de 16 detenidos ilegalmente, centros de encierro en estado calamitoso y ningún presupuesto para políticas de reinserción. Una discusión funcional a tapar la timba financiera, los incendios en la Patagonia, la entrega de soberanía y los escándalos que rodean a la gestión de Javier Milei.
Los datos oficiales son claros y, al mismo tiempo, incómodos para el relato punitivista: en los últimos diez años, los delitos cometidos por menores de 18 años cayeron de manera sostenida en la Argentina. No hay ola delictiva juvenil, no hay “enemigo interno” adolescente. Hay estadísticas que desmienten el miedo, pero también hay un Gobierno que insiste en alimentar ese temor.
Mientras el Congreso discute nuevamente la baja de la edad de imputabilidad, en muchas provincias ya se viola la ley vigente: menores de 16 años permanecen detenidos, privados de su libertad, en condiciones que rozan lo inhumano. Lejos de ser espacios de contención o reinserción social, los centros de encierro juvenil funcionan como depósitos de pobreza, abandono y violencia institucional.
El proyecto oficial no destina un solo peso a la construcción de nuevos espacios adecuados ni al fortalecimiento de políticas socioeducativas. No hay presupuesto para acompañar trayectorias, pero sí hay voluntad para endurecer penas. Castigar sale más barato —y más rentable en términos discursivos— que prevenir.
La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué insistir con una discusión que no resuelve el problema que dice combatir? La respuesta parece estar fuera del sistema penal juvenil. La baja de la edad de imputabilidad opera como una nueva bomba de humo para desviar la atención de otros frentes mucho más sensibles: la timba financiera que beneficia a pocos y empobrece a muchos, los incendios que arrasan la Patagonia ante la pasividad estatal, la cesión de soberanía en áreas estratégicas y los casos y denuncias de corrupción que salpican a la administración de Javier Milei.
Cuando el ajuste duele y la realidad quema, el manual es conocido: buscar culpables fáciles. Los pibes pobres vuelven a ser el blanco perfecto. No porque cometan más delitos, sino porque no tienen poder para defenderse.
Discutir seguridad sin discutir desigualdad, abandono estatal y futuro es una trampa. Y esta vez, los números no solo no acompañan el relato: lo dejan al desnudo.