Siete meses. Ese fue el tiempo que el Gobierno de Javier Milei necesitó —o decidió tomarse— para reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso
No lo hizo por convicción ni por sensibilidad social. Lo hizo empujado por un fallo adverso de la Justicia federal de Campana, tras un amparo presentado por familias que ya no podían sostener un sistema de prestaciones asfixiado por el ajuste.
En el medio hubo de todo: un veto presidencial, un intento fallido de derogación vía Presupuesto 2026 y semanas de maniobras dilatorias en los tribunales. Un recorrido que deja en evidencia una lógica que se repite desde el inicio de la gestión libertaria: cuando se trata de derechos, el Gobierno estira la cuerda hasta el límite, aun cuando del otro lado haya personas con discapacidad, niños, acompañantes terapéuticos y familias enteras al borde del colapso.
El decreto que finalmente reglamenta la norma fue celebrado por las organizaciones del colectivo como un triunfo. Pero no como una victoria política del oficialismo, sino como el resultado de una lucha desigual, sostenida “a brazo torcido” contra un Estado que eligió mirar para otro lado. La alegría, sin embargo, es cauta. Nadie confía del todo en un Ejecutivo que convirtió la crueldad en método y la motosierra en identidad.
Porque el problema no fue solo la demora administrativa. El problema fue el mensaje. Mientras se acumulaban deudas, se suspendían tratamientos y se precarizaba aún más a quienes sostienen el sistema de cuidados, desde la Casa Rosada se repetía el mantra del gasto, el déficit y el “curro”. En ese relato, las personas con discapacidad no aparecen como sujetos de derecho, sino como una variable incómoda del Excel.
La deshumanización no siempre se expresa con insultos. A veces adopta la forma del silencio, de la dilación calculada, del veto frío, del expediente que no avanza. Gobernar sin empatía también es una decisión política. Y en este caso, tuvo consecuencias concretas: terapias interrumpidas, profesionales que abandonan el sistema, familias endeudadas y una angustia que no figura en ningún balance fiscal.
Ahora, con la reglamentación publicada, el Gobierno intenta cerrar el capítulo. Pero las organizaciones ya avisaron que no bajarán la guardia. Seguirán de cerca cada paso del Ejecutivo para que la letra chica se cumpla y, sobre todo, para que los fondos aparezcan. Porque en un país donde el ajuste se celebra y la sensibilidad se desprecia, la verdadera emergencia no es solo presupuestaria: es humana.
Y esa, hasta ahora, el gobierno de Javier Milei se ha negado sistemáticamente a reconocer.