El reciente archivo de la causa penal que investigaba el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri confirma lo que muchos venimos denunciando desde hace años: el gobierno actual no es más que un engranaje al servicio de los poderes extranjeros, un verdadero ejecutivo cipayo que protege intereses ajenos a los del pueblo argentino.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió archivar la causa que señalaba presuntas irregularidades en la toma del préstamo con el FMI en 2018, señalando que se trató de decisiones de política económica y no de delitos penales. Más allá del lenguaje técnico, el mensaje es claro: nadie en el poder va a pagar por endeudarnos con organismos que históricamente han saqueado al país.
El gobierno de Javier Milei no tardó en aprovechar la oportunidad. A través de un decreto, retiró al Estado como querellante, sellando así la impunidad de los responsables políticos del desastre económico que nos dejó la deuda con el FMI. Esta movida no solo protege al macrismo, sino que envía un mensaje a futuros gobernantes: endeudarse y comprometer al país con los acreedores externos no tendrá consecuencias legales ni políticas.
Es importante destacar que esta causa fue, desde su origen, más política que judicial. Nunca existió un beneficio personal probado, ni dolo concreto; el “delito” fue decidir endeudar al pueblo. Pero para un gobierno cipayo, proteger a los grandes capitales y al FMI está por encima de la justicia y de los intereses nacionales. Mientras tanto, la deuda sigue ahí, creciendo, y el pueblo argentino continúa pagando las consecuencias.
Que la causa haya sido archivada no significa que la deuda sea legítima, ni que las políticas de ajuste hayan sido correctas. Solo evidencia que la impunidad y la subordinación a intereses externos siguen siendo la regla en la Argentina contemporánea. En un país donde las consecuencias de las malas decisiones recaen sobre las mayorías, el archivo de esta causa es una bofetada más a la soberanía y a la memoria histórica de los trabajadores y trabajadoras.
El archivo del caso FMI es, entonces, otra prueba más de que este gobierno no gobierna para el pueblo, sino para los organismos internacionales y los sectores económicos concentrados, dejando en claro que en Argentina, la justicia no alcanza a los poderosos ni a quienes pactan con los intereses foráneos.