Con paro, Congreso blindado y votos peronistas, el oficialismo logró media sanción a una ley que precariza el trabajo y recorta derechos históricos
En una jornada marcada por el paro sin movilización de la Confederación General del Trabajo, la marcha de gremios combativos al Congreso y una feroz represión de las fuerzas de seguridad, el bloque de La Libertad Avanza consiguió la media sanción en general de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. No fue en soledad: el oficialismo contó con el acompañamiento de legisladores que responden a gobernadores peronistas y fuerzas aliadas, los mismos que promovieron la eliminación del artículo 44, forzando el regreso del texto al Senado.
La escena fue elocuente: mientras en la calle se reclamaba contra el ajuste y la pérdida de derechos, dentro del recinto se avanzaba en una reforma que consolida la precarización laboral como política de Estado.
Flexibilización con otro nombre
El Gobierno habla de “modernización”, “dinamización” y “reducción de la litigiosidad”. Pero detrás del eufemismo técnico se esconde un viejo programa: abaratar el despido, ampliar los períodos de prueba, debilitar las sanciones contra el empleo en negro y fortalecer la posición patronal frente al trabajador.
La ampliación del período de prueba implica que miles de trabajadores podrán ser despedidos sin costo durante más tiempo. La modificación del esquema indemnizatorio reduce el peso económico del despido. La flexibilización de multas por trabajo no registrado envía un mensaje claro: incumplir la ley ya no será tan caro.
Nada de esto fortalece al trabajador. Todo lo contrario.
El mito de que bajar derechos genera empleo
El argumento oficial es conocido: si se reducen los “costos laborales”, habrá más empleo formal. Sin embargo, la historia económica argentina y regional demuestra que el empleo crece cuando crece la actividad, no cuando se debilitan derechos.
En contextos recesivos, facilitar despidos no crea puestos de trabajo: acelera la rotación y la inestabilidad. Convertir la precariedad en norma no resuelve el problema estructural del empleo, lo profundiza.
La reforma parte de una premisa ideológica: el derecho laboral es un obstáculo y no una conquista. Bajo esa lógica, el trabajador deja de ser sujeto de protección para transformarse en variable de ajuste.
Un retroceso en las conquistas históricas
Las protecciones laborales en la Argentina no fueron concesiones graciosas: fueron resultado de décadas de lucha sindical, organización y conflicto social. Reducir indemnizaciones, ampliar períodos de prueba y relativizar sanciones a empleadores implica desandar ese camino.
La media sanción no es un hecho aislado. Se inscribe en un programa más amplio de transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital. Mientras se licúan salarios y jubilaciones, se promueve una legislación que debilita la capacidad de defensa del trabajador frente al poder económico.
Lo que está en juego
La eliminación del artículo 44 y la vuelta al Senado muestran que la discusión no está cerrada. Pero el rumbo político es claro: consolidar un modelo laboral más flexible, más inestable y más desigual.
No hay ambigüedad posible. Esta reforma no beneficia a los trabajadores. Es un retroceso en derechos, una señal de disciplinamiento social y una apuesta por un mercado laboral más frágil.
La pregunta no es si moderniza o no. La pregunta es a quién favorece. Y la respuesta, viendo el texto y el contexto, es evidente.