Por ahora, la reforma constitucional es letra. La ley que debe hacerla funcionar sigue atrapada en internas, dudas fiscales y cálculos políticos.
La autonomía municipal ya no es una promesa: es mandato constitucional. Pero en la Legislatura de Santa Fe la norma que debe convertir esa declaración en funcionamiento real —la Ley Orgánica de Municipios— avanza con freno de mano puesto.
El proyecto enviado por el Ejecutivo de Maximiliano Pullaro debía ser la pieza técnica que ordenara el nuevo esquema institucional. Sin embargo, se transformó en el primer campo de tensión política de la etapa posreforma. La discusión dejó de ser jurídica y pasó a ser territorial, presupuestaria y de poder.
Porque autonomía no es solo más atribuciones para intendentes y presidentes comunales. Es definir qué competencias se transfieren, con qué financiamiento, bajo qué límites y con qué impacto en la distribución de recursos. En un contexto de caída de ingresos y restricciones fiscales, cada inciso tiene consecuencias concretas.
Dentro del oficialismo no hay ruptura, pero sí diferencias. Algunos sectores empujan para avanzar rápido y capitalizar el impulso reformista. Otros plantean cautela: descentralizar funciones sin garantizar recursos puede convertirse en un problema político y administrativo de gran escala. Transferir responsabilidades sin financiamiento es trasladar el conflicto al territorio.
En ese escenario, el peronismo empezó a moverse en Diputados. No con estridencia, sino con cálculo. El PJ entiende que la reglamentación de la autonomía define nuevas reglas de juego en cada distrito. Y donde se rediseñan competencias, también se reconfiguran liderazgos locales.
La Ley Orgánica de Municipios no es una norma más. Es la llave que abre —o traba— el nuevo modelo institucional. Su demora no es casual: refleja la dificultad del oficialismo para ordenar prioridades en medio de un escenario económico adverso y tensiones internas sobre hasta dónde avanzar.
La autonomía está consagrada. Lo que falta es decidir cómo se ejerce y quién paga su costo político y fiscal. En ese debate, el oficialismo necesita cohesión. Y el PJ, atento a cada fisura, sabe que cuando el gobierno duda, la oposición encuentra margen.