Mientras en el Congreso se juega el futuro del agua en Argentina, el Gobierno insiste en disfrazar un retroceso ambiental como si fuera modernización. Y lo hace con la torpeza de quien sabe que está entregando patrimonio natural a cambio de espejitos de colores. Sí, otra vez: la vieja historia de un país rico que se comporta como si fuera pobre.
Por Daniel Baldomir
La discusión por la Ley de Glaciares no es técnica, no es jurídica, no es “ordenamiento del territorio”. Es brutalmente simple:
o defendemos la principal reserva de agua dulce del país, o la entregamos a las mineras para que perforen hasta que no quede ni hielo ni futuro.
Mientras los funcionarios hablan de “desarrollo productivo”, lo que realmente buscan es habilitar zonas que hoy están protegidas. Y para eso inventaron una especie de glaciares de primera y glaciares de segunda. Los que derriten y alimentan cuencas, sí; los que molestan para la megaminería, no.
Un truco burdo, casi infantil, pero rentable.
Las provincias… siempre las provincias
El oficialismo volvió a apelar a ese federalismo de cartón con el que pretenden hacernos creer que son los gobernadores quienes reclaman flexibilizar la ley. ¿De verdad? Sabemos cómo funciona el lobby:
primero aparece la necesidad “productiva”, después la presión empresarial, y finalmente el gobernador se convierte en vocero involuntario de una agenda que no es la de su pueblo.
Porque si hay algo que las provincias sí reclaman hace décadas, es agua. Agua para producir alimentos, para sostener poblaciones, para evitar crisis hídricas que ya vimos en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca.
¿Y la solución es aflojar la protección a los glaciares?
Es como querer apagar un incendio con nafta.
El agua como variable de descarte
Hay algo profundamente obsceno en este intento de reforma:
se está negociando el agua de los próximos 50 años a cambio de inversiones que, en el mejor de los casos, dejarán migajas.
Lo vemos en cada provincia minera:
los derrames, los desastres ambientales, las multas que nunca alcanzan, las promesas de empleo que terminan siendo menos que un plan social mal pagado.
Pero ahora quieren convencernos de que esta vez será distinto. Que la minería “sustentable” existe. Que “hay controles”. Que “la tecnología avanzó”.
Ya lo escuchamos.
Ya lo vimos.
Ya sabemos cómo termina.
¿De qué lado estamos?
La Argentina está frente a una discusión que marca época:
¿vamos a permitir que se toque una ley que defendió el agua por encima de la codicia?
La Ley de Glaciares fue un límite. Una línea roja.
Ese límite está hoy bajo ataque en nombre del “desarrollo”.
Pero desarrollo es tener agua, no cobre.
Desarrollo es garantizar futuro, no balances empresariales.
Desarrollo es proteger lo que no se puede recuperar una vez destruido.
Los glaciaristas somos nosotros
Y acá no se trata de fanatismo ambientalista ni romanticismo de postal sureña.
Es simple lógica: sin glaciares no hay agua; sin agua no hay vida; sin vida no hay economía.
Lo que está en juego es demasiado grande como para dejarlo en manos de quienes creen que un glaciar vale menos que un emprendimiento extractivo.
El país necesita inversiones, sí.
Pero no necesita hipotecar la cordillera.
No necesita regalar recursos.
Y mucho menos, arriesgar las últimas reservas de agua dulce en un contexto de crisis climática global.
Por eso la batalla es hoy.
Y es política.
Y es moral.
El Congreso puede elegir entre dos caminos: del lado de los glaciares, que es decir Del lado del agua, del futuro, de la vida,
o del lado de las corporaciones que creen que el país es un depósito de recursos para vaciar.
La historia juzgará.
Pero nosotros, aquí y ahora, tenemos la obligación de decirlo sin vueltas:
tocar la Ley de Glaciares es tocar el corazón mismo de nuestra soberanía hídrica.
Y las reservas de agua no se negocian.
Se defienden.
Hasta el último hielo.
Hasta la última gota.