Lijo y Pollicita, a un paso de quedarse con la causa que complica a funcionarios libertarios
El escándalo por los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y operadores del oficialismo ya tiene nuevo destino: Comodoro Py. En las últimas horas, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita quedaron perfilados para asumir las denuncias penales que buscan determinar si hubo fraude, abuso de poder y tráfico de influencias en la entrega de préstamos a tasas y condiciones que ningún ciudadano común podría soñar en el contexto económico actual.
El movimiento judicial no es menor. Lijo y Pollicita son los mismos que investigan las maniobras del vocero presidencial Manuel Adorni, acusado de utilizar préstamos de particulares —incluidas jubiladas— para financiar compras inmobiliarias que después terminaban hipotecadas con cifras llamativamente similares. La llegada del “festival de créditos VIP” a sus escritorios conecta dos expedientes que, aunque distintos, dibujan un patrón incómodo: la utilización del aparato estatal para favorecer a un mismo entramado político.
La trama detrás de los créditos privilegiados
Las denuncias contra el Banco Nación apuntan a préstamos de montos excepcionales otorgados a dirigentes libertarios, algunos sin historial crediticio acorde, otros sin capacidad patrimonial suficiente para operaciones de esa magnitud. Los expedientes internos detallan aprobaciones exprés, evaluaciones de riesgo incompletas o directamente omitidas, y un circuito de validaciones cruzadas en áreas sensibles del banco.
Fuentes judiciales describen el caso como “una caja negra que recién empieza a abrirse”. La hipótesis central: el uso del Banco Nación como herramienta de financiamiento político, en un país donde el crédito productivo se desploma y miles de pymes no encuentran respaldo ni siquiera para capital de trabajo.
El rol de Lijo y Pollicita
La posible asignación de la causa al juez Lijo y al fiscal Pollicita no genera sorpresa —pero sí atención— en el mundo judicial. Ambos vienen investigando movimientos financieros y patrimoniales que orbitan en torno a dirigentes del oficialismo. Si finalmente toman el caso, se unificarían criterios y se aceleraría la recolección de pruebas, especialmente en lo referido a:
- Registros internos del Nación
- Análisis de riesgo crediticio
- Flujo de firmas autorizadas
- Potenciales vínculos entre beneficiarios y funcionarios con poder de decisión
La expectativa en Comodoro Py es que la causa escale rápido. El clima político, la magnitud de los montos involucrados y la proximidad con otras investigaciones hacen imposible un trámite silencioso.
¿Un nuevo mapa del poder?
El avance judicial sobre los créditos VIP suma tensión a un Gobierno que aún no logra estabilizar su frente interno. La narrativa de la “casta” choca de lleno contra revelaciones que muestran privilegios, atajos y beneficios a medida. El contraste entre el ajuste que cae sobre la población y la facilidad con la que dirigentes oficialistas accedían a créditos millonarios alimenta un malestar que ya se expresa en las calles, en las redes y en sectores productivos asfixiados.
Para Lijo y Pollicita, el desafío será separar la espuma mediática de la estructura real detrás del caso. Para el Gobierno, el riesgo es mayor: que el expediente exponga un sistema de favores en cadena que contradice, punto por punto, su discurso público.
Una causa que recién empieza
La llegada del caso a Comodoro Py no es el fin, sino el inicio de un proceso que puede ramificarse hacia funcionarios, asesores, intermediarios y posibles responsables dentro del Banco Nación. La pregunta que sobrevuela los tribunales es simple y brutal:
¿Hubo delito o hubo privilegios disfrazados de legalidad?
La respuesta, esta vez, no la dará un panel de TV, sino el edificio gris de la Justicia Federal.