Una resolución de 2024 habilitó el acceso de cargos políticos a préstamos millonarios. Un año después, la norma desapareció sin explicaciones. ¿Negocio para pocos con plata pública?
Primero abrieron la puerta. Después entraron. Y cuando terminó la fiesta, apagaron la luz.
En septiembre de 2024, el Banco Nación modificó su normativa interna y habilitó a funcionarios y cargos políticos a acceder a créditos millonarios dentro de la banca pública. No fue un detalle técnico: fue un cambio que alteró quiénes podían sentarse en la mesa del financiamiento estatal.
Durante los meses siguientes, mientras el país atravesaba recortes, ajuste y caída del poder adquisitivo, esos mismos sectores encontraron en el banco estatal una vía de acceso privilegiada a fondos que son de todos. La pregunta es inevitable: ¿quiénes tomaron esos créditos, en qué condiciones y con qué garantías?
Pero lo más llamativo vino después.
En enero de 2026, la normativa fue eliminada. Sin anuncios rimbombantes. Sin explicaciones claras. Sin rendición pública. Como si nunca hubiera existido.
¿Error administrativo? ¿Cambio de criterio? ¿O intento de cerrar una ventana incómoda antes de que alguien mire demasiado?
Cuando las reglas cambian para beneficiar a unos pocos y luego desaparecen sin dejar rastro, la sospecha no es exagerada: es lógica.
Porque si hubo funcionarios accediendo a créditos en condiciones ventajosas gracias a una norma hecha a medida, no estamos frente a una simple decisión técnica. Estamos ante un posible uso indebido de recursos públicos.
Y eso no se tapa con silencio administrativo.
Se investiga.