Las explicaciones del presidente Javier Milei sobre el escándalo de la criptomoneda.
Las explicaciones del presidente Javier Milei sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra comienzan a derrumbarse una a una. Un informe elaborado por la Policía Federal Argentina reveló que el mensaje publicado desde la cuenta presidencial no fue una simple réplica de una información que ya circulaba, sino la primera publicación que difundió el contrato necesario para acceder al activo digital.
El dato no es menor. Durante meses, Milei intentó despegarse del episodio asegurando que solo había compartido información ya existente. Sin embargo, la documentación incorporada a la causa judicial muestra que fue precisamente el mensaje del mandatario el que permitió que miles de usuarios accedieran al contrato de la criptomoneda y realizaran operaciones que terminaron beneficiando a un reducido grupo de inversores mientras la mayoría sufría pérdidas millonarias.
La conclusión golpea de lleno la estrategia defensiva construida desde la Casa Rosada. Si el Presidente fue el primero en difundir el enlace clave para ingresar al negocio, su participación deja de aparecer como un acto casual o inocente y pasa a ocupar un lugar central en la investigación.
El caso $Libra ya no es solamente una polémica en redes sociales ni una controversia del mundo cripto. Se trata de una causa que investiga posibles responsabilidades en una operatoria que perjudicó a miles de personas y que tuvo como principal impulsor al propio jefe de Estado.
Mientras el Gobierno intenta minimizar el impacto político del escándalo, los hechos avanzan en sentido contrario. La evidencia conocida hasta el momento expone una realidad incómoda: sin el respaldo público de Milei, la maniobra difícilmente habría alcanzado la dimensión que tuvo.
La pregunta ya no es si el Presidente difundió $Libra. Eso está probado. La discusión pasa ahora por determinar qué sabía, con quiénes se vinculó y qué responsabilidades le caben en una de las mayores controversias políticas y financieras de su gestión.
Porque cuando el poder promociona negocios privados desde la máxima investidura del Estado, la frontera entre la imprudencia y la responsabilidad política deja de ser una cuestión de interpretación.