La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el CECIM La Plata acudieron a la Justicia Federal para intentar detener el proyecto “León Marino”, que prevé la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Denuncian que las empresas involucradas avanzan sin autorización argentina ni evaluación de impacto ambiental y advierten sobre el riesgo ambiental y la vulneración de la soberanía nacional.
La explotación petrolera en las aguas próximas a las Islas Malvinas vuelve a quedar en el centro de la disputa por la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial ante la Justicia Federal para intentar detener el proyecto petrolero denominado “León Marino” (Sea Lion), impulsado por la empresa británica Rockhopper Exploration y la compañía israelí Navitas Petroleum.
Las organizaciones reclaman que se suspendan las actividades vinculadas con la exploración y futura explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, hasta tanto se determine el impacto ambiental y la situación jurídica de las operaciones.
Denuncian explotación sin autorización argentina
Uno de los principales argumentos de la presentación es que las empresas estarían avanzando en el desarrollo del proyecto sin contar con las autorizaciones correspondientes de la República Argentina.
Los denunciantes sostienen además que tampoco se habría realizado ante las autoridades nacionales una evaluación de impacto ambiental, pese a tratarse de una actividad extractiva de gran escala en un ecosistema marítimo particularmente sensible.
Para las organizaciones, las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las islas no pueden sustituir las competencias que corresponden al Estado argentino sobre sus recursos naturales.
Un proyecto de grandes dimensiones
El proyecto Sea Lion contempla la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, ubicada aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas.
Según la información difundida por las organizaciones que impulsaron la acción judicial, el emprendimiento prevé nuevas perforaciones y podría comenzar a producir petróleo en los próximos años.
El avance de estas actividades genera preocupación por el posible impacto sobre el ecosistema del Atlántico Sur, especialmente ante el riesgo de contaminación y alteración de los ambientes marinos.
Ambiente y soberanía
La presentación judicial plantea que la cuestión ambiental y la cuestión soberana están directamente relacionadas.
No se trata únicamente de determinar si una actividad petrolera puede provocar daños sobre el ambiente. También está en discusión quién tiene derecho a autorizar, controlar y fiscalizar la explotación de los recursos naturales existentes en esa zona del Atlántico Sur.
En ese sentido, el planteo sostiene que permitir el avance del proyecto bajo autorizaciones británicas implicaría desconocer las competencias argentinas sobre la plataforma continental y los recursos hidrocarburíferos.
También cuestionan a las empresas
Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se encuentran en el centro del reclamo.
Las organizaciones ambientalistas recuerdan que ambas compañías fueron señaladas por el Estado argentino por desarrollar actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La demanda busca que la Justicia impida que las empresas continúen avanzando con el proyecto y que se adopten medidas preventivas antes de que comiencen nuevas etapas de perforación y explotación.
El riesgo de un daño irreversible
Uno de los puntos centrales del planteo es la necesidad de actuar antes de que las operaciones petroleras comiencen a desarrollarse a gran escala.
Los denunciantes advierten que un eventual derrame de hidrocarburos o una alteración significativa del ecosistema marino podría provocar consecuencias difíciles de revertir.
Por eso reclaman una intervención judicial preventiva que obligue a detener el proyecto mientras se determina su impacto ambiental y su compatibilidad con el orden jurídico argentino.
Petróleo y soberanía
El conflicto por Malvinas vuelve a mostrar que la disputa por las islas no se limita al reclamo territorial.
También están en juego los recursos naturales estratégicos del Atlántico Sur.
Mientras las empresas avanzan con un proyecto petrolero que proyecta nuevas perforaciones y producción, organizaciones ambientalistas y excombatientes recurren a la Justicia para intentar frenarlo.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si corresponde adoptar las medidas solicitadas y si la explotación proyectada puede avanzar en las condiciones actuales.
Malvinas no es solamente una cuestión de soberanía territorial. También es una disputa por los recursos naturales y por quién decide sobre ellos.