Advierten sobre “una crisis financiera” ante inminente fallo de la Corte

La Corte Suprema tiene en estudio una demanda de Axion contra el municipio de Quilmes por presunto cobro irregular del DREI. La entidad que reúne a los sindicatos de trabajadores municipales de Santa Fe pidió a los intendentes que se pongan al frente de la pelea

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) advirtió sobre un inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “puede generar una crisis financiera, económica y social sin precedentes en todos los gobiernos municipales y comunales”.

Se trata de una causa iniciada por la petrolera Esso (actual Axion) contra la Municipalidad de Quilmes que tiene por objeto impugnar la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene correspondientes al período 1996-2002.

El tema llegó a la Corte Suprema y la semana pasada hubo una audiencia informativa de la que participaron intendentes de diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. La petrolera rechaza el pago del tributo, mientras que los intendentes defienden su derecho al cobro de las tasas a las empresas instaladas en sus distritos, lo que representa el 35% de los ingresos totales de las localidades.

En ese marco, antes de que la Corte se expida, la Festram lanzó un fuerte comunicado en el que advierten sobre la situación de quebranto que provocaría una decisión favorable a las empresas en las arcas de los municipios. La entidad que reúne a los sindicatos de trabajadores municipales de Santa Fe exigió “una acción conjunta para defender el sistema municipal y los derechos de los ciudadanos y sus trabajadores”.

El titular de la Festram, Claudio Leoni, advirtió que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de Axion puede derivar en la declaración de inconstitucionalidad del Derecho de Registro e Inspección (DREI) que cobran los municipios santafesinos a las empresas radicadas en sus territorios. Y eso podría generar “una crisis financiera sin precedentes”.

En ese sentido, la Festram se manifestó en alerta por el impacto que esta medida podría tener sobre el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores, pero también en la capacidad para prestar servicios básicos de parte de los Ejecutivos locales a cada pueblo y ciudad.

“La decisión que tomará en los próximos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación eliminará como mínimo el 35% de los recursos propios de los municipios, al disponer la inconstitucionalidad del cobro del DREI a las empresas. Este es uno de los temas que se viene postergando por decisión política, en referencia a la aplicación del Pacto Fiscal denunciado oportunamente por Festram”, indicaron desde la entidad.

“Esta exigencia que impuso el FMI en términos genéricos, hoy se puede materializar si la Corte suspende la aplicación de ese tributo en un fallo que favorece a una petrolera multinacional en desmedro de más de 2200 municipios argentinos”, añadieron.

Leoni hizo un reclamo por nota a los intendentes de la provincia para que gestionen “una urgente reunión con los ministros santafesinos de la Corte Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, con gran vinculación política e institucional con el municipalismo de la provincia de Santa Fe”.

“Si a la caída de más del 32% de la ejecución de los fondos nacionales y su impacto en la distribución de fondos a municipios y comunas le agregamos un fallo desfavorable sobre los recursos propios de los municipios, la catástrofe está a la vuelta de la esquina”, agregó el sindicalista. “Espero que la inmediatez electoral no nos inmovilice para evitar esta hecatombe”.

El jueves 6 la Corte Suprema de Justicia de la Nación organizó una audiencia pública informativa sobre la causa que inició Esso-Axion contra la Municipalidad de Quilmes. Participaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El juez Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir en la causa.

La acción iniciada por la petrolera tiene por objeto impugnar la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene y allí se apunta que esa tasa se cuantificaba tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente.