Con un fuerte lobby de entidades ruralistas y aval de universidades, Argentina se retiró en diciembre de esta iniciativa que había detectado mayor concentración de agrotóxicos en personas, animales y ambiente respecto al Viejo Continente. En su momento el INTA censuró la difusión de los resultados.
Es el año 2018 y el equipo de Labintex Europa, el primer laboratorio virtual del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el exterior le sugiere a la Dirección Nacional del organismo poner en contacto a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, con la doctora especialista en suelo Violette Geissen, de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, para ver –soñar– la posibilidad de diseñar un proyecto en conjunto con algunos países del Viejo Continente y así desarrollar propuestas tecnológicas alternativas al uso de plaguicidas (o que al menos propicien su reducción), manteniendo la competitividad de los sistemas de producción.
Esa botella arrojada al mar derivó dos años más tarde en la firma del convenio que oficializó la participación argentina –el único país no europeo elegido, por ser uno de los principales exportadores de soja para alimentación animal– en el Proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global (SPRINT por sus siglas en inglés) “para desarrollar una herramienta de salud global para la evaluación de riesgos considerando, además, los costos y beneficios del uso de plaguicidas” y que además iba a ser financiado por la Comisión Europea.
Durante la primavera de 2021, más de 70 voluntarios, entre agricultores convencionales, agroecológicos y familias instaladas cerca de áreas de cultivo, aportaron muestras de sangre, orina, heces e hisopos nasales para probar científicamente que los plaguicidas –muchos– están presentes en los cuerpos argentinos.
Hoy, con el proyecto a mitad de su ejecución (finalizará en septiembre de 2025), el país retira su participación por decisión de las autoridades del INTA. ¿Por qué dejar de trabajar en las vías de reducción de la exposición a plaguicidas detectada en esta primera etapa? ¿Por qué perder la chance de construir, en base a una herramienta científica de trabajo, formas de producir alimentos con menos exposición a los agrotóxicos?
La respuesta proviene del mismísimo Consejo Directivo que votó salirse del SPRINT: “Fue por presión de la Mesa de Enlace –empieza la fuente que pide reserva por las lealtades (léase los cargos) en juego con el nuevo gobierno–; las entidades ruralistas le dijeron a la conducción política del INTA que con esos datos (en referencia a la presencia de plaguicidas en las personas) no iban a poder sembrar nada, que les iban a poner prohibiciones y las autoridades, en vez de resistir, cedieron a esa presión. Responde a la lógica de no confrontar porque está instalado que los dólares que necesita la economía están en el campo”.
Ese lobby rural quedó desnudo en junio del año pasado cuando el director nacional del INTA, Carlos Parera, instruyó a la doctora Aparicio a que suspenda la reunión virtual agendada para difundir los resultados del relevamiento, dándole forma a un escandaloso acto de censura. El 7 de diciembre de 2023, finalmente, el por entonces presidente del INTA, ingeniero Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 poniendo fin a la participación argentina en el SPRINT. Tres días antes de la asunción del nuevo gobierno.
Además, instruyó al director Parera a que notifique a la coordinadora del proyecto, la ya nombrada Geissen, sobre la decisión del Consejo Directivo (fue una de las últimas acciones de Parera antes de jubilarse) y le requirió a Aparicio el informe final de los resultados de la investigación. Aunque tiene prohibido referirse públicamente al tema, se sabe que en los últimos meses Aparicio se dedicó a convencer a las autoridades de la importancia de continuar con el proyecto.
Chantaje
Como ya se dijo, la decisión de salirse de SPRINT la tomó el Consejo Directivo del INTA, formado por cinco representantes del sector público y otros cinco del privado. Además del presidente Garmendia, y la vice, Nacira Muñoz, los vocales que votaron a favor de discontinuar un trabajo científico internacional que ayudaría a reducir el impacto de los plaguicidas en la salud humana y ambiental y, por ende, a producir alimentos de manera más sostenible con el pretexto de que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”, fueron Joaquín Serrano por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Liliana Monterroso por las Facultades de Agronomía; Guillermo Bernardes por las Facultades de Ciencias Veterinarias; Alejandro Conci por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); Mario Carlino por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO); Sergio Melgarejo por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Juan Manuel Bautista por la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Hubo solo un voto disidente que acompañó el reclamo de Aparicio: fue el de Pablo Paillole en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA). De acuerdo a los documentos internos a los que pudo acceder Tiempo, Paillole argumentó que el proyecto intentó dar respuesta a “una demanda de la sociedad en general sobre la repercusión que tenían las medidas fitosanitarias en la comunidad y en la salud humana”. También consideró “poco democrático” la manera en que se decidió abandonar la investigación y que “no encuentra el efecto práctico” de eso. “¿Qué elementos brindábamos o qué hacíamos desde el INTA para disminuir el uso de agroquímicos?”, se preguntó sin obtener respuestas.
Llama la atención el voto de los representantes de las universidades públicas en línea con las cámaras rurales y, de manera tácita, con las corporaciones del agronegocio. Sobre este punto, la fuente explica: “Todo es una cuestión política. Todo lo que hace el INTA es con el aval del gobierno a través de lo que hoy es la Secretaría de Agricultura. Estos resultados interpelan al actual modelo productivo, a todo el paquete tecnológico que se usa en el campo, pero lo que se impone es la mirada extractivista de dólares. Por eso primero vino el dólar soja 1, después el dólar soja 2 y así sucesivamente. Este sector se sienta arriba de los dólares y te dice ‘si no me devalúas, no te liquido’. Así han chantajeado a todos los gobiernos y lo seguirán haciendo”.
