El gobernador Perotti se reunió con los jefes de la Gendarmería Nacional

El gobernador recibió en su despacho a los jefes de las fuerzas federales que desarrollan tareas en Santa Fe. Estuvieron también el ministro de Seguridad Marcelo Saín y el jefe de la Policía provincial Víctor Sarnaglia

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, mantuvo este martes por la tarde una reunión de coordinación con los jefes de Gendarmería Nacional, que desarrollan sus tareas en Santa Fe y en la región.

Del encuentro, realizado en Casa de Gobierno, participaron también el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, y el jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia.

El encuentro con los gendarmes apostados en Santa Fe marca la continuidad de las políticas de coordinación entre provincia y Nación iniciada el 16 de enero cuando Perotti visitó en Buenos Aires a la ministra de Seguridad Sabina Frederic.

En esa ocasión, las autoridades políticas analizaron la situación de la provincia de Santa Fe ante la ola de crímenes registrada en el inicio del año. Y firmaron un convenio de acciones conjuntas –entre ellas, intercambio de información– para combatir el delito y reducir los niveles de violencia en territorio santafesino.

Dos semanas después, el 30 de enero, Frederic visitó la ciudad de Santa Fe donde se reunió con Perotti y el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín. Allí avanzaron en la coordinación de las estrategias del Plan Conjunto de Seguridad que llevan adelante la Nación y la provincia.

“Este trabajo va a seguir”, dijo en esa oportunidad la ministra nacional. “La experiencia de trabajo coordinado en Santa Fe es una experiencia que debe replicarse en cualquier otra provincia en la que haya problemas como los que estamos viviendo acá”.

“El personal de las fuerzas federales se incrementó, se optimizó y está muy consciente de que la dinámica del delito ha tenido variaciones. Eso implica que los operativos tienen que ajustarse a esa dinámica y adelantarse a la misma. Lo importante es el trabajo coordinado, el análisis criminal que se ha venido haciendo y compartir la información en y con todos los niveles”, apuntó Frederic durante su paso por Santa Fe.

Pedido de informes
El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Juan Martín, presentó un proyecto de resolución mediante el cual se piden informes al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la situación actual de las fuerzas federales desplegadas en Santa Fe. El legislador macrista quiere saber si hay continuidad o no respecto del trabajo coordinado que se propició durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del área de seguridad.

En su proyecto, el diputado nacional pide que se indique la cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad federales desplegadas en territorio santafesino. También, que se informe sobre las ciudades y lugares en que se encuentran cumpliendo funciones y en qué número, especificando según cada fuerza: Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Asimismo, Martín pide informes sobre la operatividad desplegada y sobre la coordinación llevada adelante con el Ministerio de Seguridad santafesino.


Un represor pide salir algunos días para asesorar a un sindicato

El abogado sanlorencino Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, condenado en 2013 por delitos de lesa humanidad, solicitó salidas transitorias a la prisión domiciliaria de la que goza, para trabajar en el ámbito del gremio de los aceiteros. Organizaciones de Derechos Humanos repudiaron la posibilidad

Flavia Campeis / Especial para El Ciudadano

El represor sanlorencino Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, condenado en 2013 por delitos de lesa humanidad, solicitó salidas transitorias a la prisión domiciliaria de la que goza, para trabajar como asesor de uno de los sindicatos más importantes del Cordón Industrial.

Junto al pedido de su abogado, ingresó la semana pasada al ministerio Público Fiscal una carta firmada por el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (Soea), Pablo Reguera, en la que avaló el pedido para que quien fuera histórico asesor de ese gremio, vuelva a sus funciones.

Salida laboral

En el pedido realizado a la justicia por el abogado Gonzalo Miño se expresó que será “una salida de laboral de dos veces por semana, por espacio de tres horas: los días miércoles de 16 a 19 y los jueves de 15 a 18, para cumplir funciones de asesoramiento en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, sito en calle Córdoba 1125 de la ciudad de Puerto General San Martín”.

Adjunto a esto, se envió una carta del secretario general de Soea, donde se manifestó el deseo del sindicato de poder contar con el asesoramiento de Rodríguez en “materia gremial y políticas dada su vasta trayectoria en el campo gremial, (y porque) cuenta con la suficiente sapiencia y experiencia para tales fines”.

Además, la carta aclara que “por tal actividad, este gremio no sólo ofrece una pequeña retribución dineraria sino también la capacidad mobiliaria para realizar las mismas, como también asumir la responsabilidad de su traslado y posterior regreso a su domicilio, a fin de garantizar suficientemente su sujeción al proceso penal que afronta”.

Pasado nefasto

En 1973 el joven abogado Pedro Alberto “Pili” Rodríguez se convirtió en el asesor letrado del Sindicato Unido Petrolero del Estado (Supe) y en diciembre de ese año ingresó a la municipalidad de San Lorenzo como asesor legal del intendente Reinaldo Vivas.

Con poder creciente en el sindicato y en la municipalidad, Rodríguez se acercó e investigó a los militantes sociales de la región, especialmente a los ligados al sindicalismo combativo.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 destituyó y encarceló al intendente sanlorencino; junto con él se retiró la mayoría del gabinete, menos Rodríguez, que fue ratificado y ascendido por decreto de la dictadura, a director de asuntos jurídicos del municipio y se le otorgó la categoría más alta como empleado municipal sin mediar antigüedad.

Un día después del golpe, Pedro Rodríguez señaló desde un auto a Manuel Casado, el delegado del sindicato de empleados municipales de San Lorenzo, quien fue secuestrado y torturado en el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán.

El caso de privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos fue el primero que llegó a juicio entre todas las atrocidades cometidas en el Cordón Industrial durante la los años de represión.

Cuando terminó la dictadura, Rodríguez dejó su cargo en la municipalidad el mismo día que se fueron los militares, pero siguió asesorando al Supe y luego al poderoso sindicato de Aceiteros que desde la década del 70 creció paralelamente al sector de la agroexportación. Sólo dejó de asesorar a este sindicato con su detención en 2014.

En los 90 Rodríguez fue un exponente del menemismo, actuando como secretario de gobierno del intendente Armando Traferri (hoy senador provincial) y luego diputado provincial.

En 1997 recibió la primera denuncia por delitos de lesa humanidad y en 2004 esa denuncia fue ratificada por el propio Manuel Casado. Por ese entonces había sido electo concejal pero su cargo quedó cesante al quedar detenido por 72 días.

Sin embargo cuatro años después se volvió a presentar como candidato al concejo y fue electo en 2009, cuando no pudo asumir ya que impugnaron su cargo por estar procesado.

Condenado

En agosto de 2013 “Pili” Rodríguez fue condenado a ocho años y medio de prisión por el secuestro, torturas y tormentos cometidos contra el delegado de los trabajadores municipales de San Lorenzo, Manuel Casado.

Desde 2014 permaneció detenido dos años en el penal de Marcos Paz y con los beneficios para represores que propició el gobierno de Mauricio Macri, el abogado sanlorencino obtuvo la prisión domiciliaria y desde ese entonces goza de los lujos de su mansión en el country Solares del Carcaraña en la localidad de Oliveros.

Cabe recordar que junto a él fueron condenados los militares Rubén Cervera (ya fallecido) y Horacio Maderna. La sentencia para Rodríguez en los Tribunales Orales Federales de Rosario fue histórica, ya que fue la primera vez que un civil cómplice de la dictadura recibió la misma condena que los militares juzgados en la misma causa.

Además, Rodríguez aún se encuentra procesado en la “Causa de los Trabajadores”, donde se espera que se juzguen las responsabilidades sobre la totalidad de los 19 desaparecidos y asesinados del Cordón Industrial durante el Terrorismo de Estado.

El plus sindical

Cuando Rodríguez obtuvo la prisión domiciliaria, habiendo pasado los 70 años, la Cámara de Casación lo justificó por su “crítico” estado de salud y porque padecía “una patología psiquiátrica depresiva y un trastorno adaptativo a su condición de detenido bajo régimen carcelario”.

Ante la solicitud de salidas laborales, el fiscal federal Adolfo Villate que entiende en la causa consideró que “la razón de ser de que durante la dictadura estuviera en la municipalidad estaba vinculada a su conocimiento del ámbito sindical, por lo que advertimos que es llamativo que se lo invite a participar en un sindicato cuando casualmente el conocimiento del mundo sindical es algo que se puso de manifiesto cuando fue juzgado, era el plus que tenía él en la función que le asignó  la dictadura en la municipalidad de San Lorenzo”.

A la vez que remarcó que “otra cosa que nos parece ilógica es que justifican las salidas transitorias laborales para cumplir un trabajo técnico jurídico, cuando el motivo de la detención domiciliaria era que él supuestamente tenía padecimientos psiquiátricos, lo que nos parece que cumplir un rol de asesor no se comparece con ser enfermo psiquiátrico”.

En este sentido, el fiscal remarcó que “vamos a pedir algunas medidas previas para ver el estado de salud actual, por lo que si está en situación de trabajar, no estaría más su situación de detención domiciliaria y podríamos pedir que vuelva a situación de cárcel común”.

Provocación

Inmediatamente conocida la noticia, diferentes organismos de derechos humanos repudiaron la solicitud. Desde el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial, organismo que propició la causa por la que Rodríguez fue condenado, emitieron un comunicado que considera que “la decisión de Pablo Reguera (es) una provocación” y manifestaron que “la posición del actual secretario general es coherente con la forma de proceder desde un principio, ya que hace más de diez años, en 2009, dicho sindicato amedrentó las manifestaciones llevadas a cabo frente al concejo de la ciudad”, recordando las movilizaciones en contra de la asunción de Rodríguez como concejal.

“Entendemos que desde espacios como los sindicatos se debería empatizar con los trabajadores y con los familiares de las víctimas. Por el contrario, desde el sindicato, jamás han reivindicado ni recordado al dirigente gremial aceitero Roberto “Potongo” Camuglia”, remarcaron. Justamente la familia de Camuglia también tomó con sorpresa la noticia, a la que consideraron “una verdadera vergüenza e indignante”.

Del lado de los desaparecedores

El diputado Carlos Del Frade, quien conoce de cerca el Cordón Industrial, expresó: “Cuestiono cualquier intento de dejar pasar por alto lo que significaría darle libertad a un hombre juzgado por delitos de lesa humanidad y por haber participado de la desaparición especialmente de trabajadores”.

Del Frade recordó que “Rodríguez siempre estuvo vinculado a negociaciones con la cámara de industrias aceiteras, con lo cual su punto de vista no va a estar a favor de los trabajadores, sino que favorece más a los desaparecedores”.

En este  contexto, donde el asesoramiento podría tener que ver con la situación de Vicentín, el diputado rememoró que esta “es una empresa que todavía tiene que dar respuesta en la justicia por 22 desaparecidos de la dictadura, por eso más que nunca tiene validez nuestro propuesta de un proyecto bicameral de seguimiento de las responsabilidad de las grandes empresas en el terrorismo de Estado” y concluyó que “no hay que olvidar que uno de los desaparecidos del Cordón es el trabajador aceitero Roberto “Potongo” Camuglia”.

Fuente: El Ciudadano Web


El Inaes pasa a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social funcionaba en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, pero por decisión del presidente Alberto Fernández pasa al área de Producción que conduce el ministro Matías Kulfas.

Este lunes con las firmas  del presidente Alberto Fernández y de todos sus ministros, el gobierno estableció una serie de traspasos de organismos entre ministerios, entre los que se destaca el del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) –organismo que coordina a las cooperativas y mutuales–, que dejará de depender de Desarrollo Social para estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El traspaso se hizo a través del decreto 157/2020 publicado en el Boletín Oficial, en el que el Poder Ejecutivo ordenó transferir el Inaes del ámbito de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“La transferencia comprende las unidades organizativas, créditos presupuestarios, recursos operativos, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha. El personal mantendrá su actual situación de revista”, se informó.

En los considerandos se argumentó que las políticas públicas que el Estado Nacional desarrolla a través de la cartera que conduce Matías Kulfas se corresponden con los objetivos del Inaes, constituyendo la citada cartera ministerial un ámbito más propicio para el accionar del organismo.

El Inaes, organismo que está dirigido por Mario Cafiero, fue creado con el objetivo de ejercer en todo el país la promoción y desarrollo de la acción cooperativa y mutual, a través de la asistencia técnica, económica y financiera. Como así también la promoción de la capacitación de directivos y grupos sociales para el mejoramiento de la eficiencia en la administración y prestación de servicios por parte de las cooperativas y mutuales.

Por otra parte, se creó el “Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros “con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley, que contará con autonomía funcional”, que estará integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad, Interior, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Trabajo, y Mujeres, Géneros y Diversidad; además de legisladores de las Cámaras de Diputados y Senadores; un representante del Poder Judicial; un referente por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires; un representante del Ministerio Público Fiscal; otro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y tres representantes de organizaciones no gubernamentales.


Para no caer en la pobreza, una familia necesitó en enero más de 40.000 pesos

La Canasta Básica Total (CBT) se incrementó 3,6% durante el primer mes del año, mientras que el interanual tuvo un aumento superior al 52 por ciento

Una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó contar en enero último con ingresos mínimos de $ 40.373,01 para no caer bajo la línea de pobreza, y de $ 16.478,78 para no hacerlo bajo la de indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que reúne la cantidad mínima de comida para la subsistencia, y no caer por debajo de la línea de indigencia, subió 5,7% mensual; en tanto que la Canasta Básica Total (CBT), que además de los alimentos reúne transporte y algo de indumentaria, aumentó 3,6%.

Durante enero el Indec informó que la inflación minorista ascendió al 2,3%, la menor desde julio del año pasado, pero con una suba del 4,7% en los alimentos debido, entre otros factores, en la reposición del impuesto al valor agregado (IVA) para los alimentos.

En tanto, la rebaja en los precios de los medicamentos y otros adicionales en salarios a porteros, que se dieron en diciembre último, y no volvieron a darse en enero, gravitaron de manera favorable para lograr este índice de inflación, muy por debajo del 3,5% que estimaban las consultoras privadas.


En Santa Fe los precios suben por encima del promedio nacional

La inflación de enero en la provincia fue del 2,8%, cinco décimas por encima del índice informado la semana pasada por el Indec. El aumento interanual llegó al 52,2%. En alimentos, los precios subieron un 4,5% en el primer mes del año

En enero, la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 2,8%, según informó este martes el Ipec. El porcentaje se ubica cinco décimas por encima de la inflación nacional de enero divulgada la semana pasada por el Indec (2,3%).

La suba de precios en el primer mes del año en la provincia de Santa Fe fue impulsada por el rubro Alimentos y Bebidas, que aumentó un 4,5%. En el último año, ese rubro subió 56,9%, por encima de la inflación promedio interanual que se ubicó en el 52,2%.

Durante enero, además de los alimentos, los otros rubros que subieron por encima del promedio fueron Esparcimiento (3,8%) y Otros bienes y servicios (3,2%).

En tanto, aumentaron por debajo del promedio los rubros Transporte y Comunicaciones (2,5%), Equipamiento para el Hogar (2,4%), Indumentaria (1,9%), Educación (0,9%), Vivienda y Servicios Básicos (0,9%) y Gastos para la Salud (0,2%).

En los últimos 12 meses, los rubros que tuvieron mayores subas fueron Atención médica y gastos para la salud (62,8%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (58,7%), Indumentaria (57,8%), Alimentos y bebidas (56,9%), Esparcimiento (54%) y Transporte y comunicaciones (52,8%).

Los únicos dos rubros que en la provincia de Santa Fe aumentaron en forma interanual por debajo del promedio fueron Educación (38,4%) y Vivienda y servicios básicos (30,2%).


La economía de Santa Fe acumula 24 meses consecutivos en recesión

Un estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe indica que en 2019 la actividad económica retrocedió 1,1%. El informe señala que no se vislumbra ningún motor de crecimiento y agrega que “es difícil proyectar el inicio de una recuperación de la actividad económica”

La actividad económica en la provincia no se recupera. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, divulgado este martes, el Índice Compuesto de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe (Icasfe) cayó 0,5% en diciembre de 2019 y acumuló un retroceso del 1,1% durante el año pasado. De esa manera, indicó la entidad, la actividad economía provincial lleva 24 meses seguidos de recesión.

Lo más grave del informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe es que en el cuatro trimestre de 2019 (de octubre a diciembre) hubo una profundización de la fase recesiva.

Las cifras respecto al mes precedente indican que la actividad económica de la provincia de Santa Fe se contrajo un 0,5% en diciembre, con un saldo de -1,2% durante el cuarto trimestre del año. Esta importante caída, compensada por el incremento del segundo trimestre del año, configura el resultado negativo de 2019, que fue de -1,1%.

No obstante, indica el informe de la Bolsa, la caída acumulada en 2019 fue inferior a la registrada en 2018. “Sin embargo, lo preocupante de la situación es que a 24 meses de inicio de la fase recesiva, prácticamente todos los sub-indicadores mostraron una contracción mensual (salvo la producción láctea) y sólo seis indicadores crecen en la comparación interanual”, señala el estudio.

Al mismo tiempo, los resultados de 2019 indican variaciones negativas en ocho de los catorce indicadores que componen el Icasfe.

En efecto, las series que crecieron durante 2019 fueron la faena de bovinos y porcinos (21,4%), la demanda laboral (17,9%), la venta de maquinaria agrícola (13,8%), los hidrocarburos (8,8%), la energía eléctrica industrial (4,6%) y la producción láctea (4,2%).

En cambio, mostraron indicadores negativos las siguientes series: puestos de trabajo (-1,2%), molienda de oleaginosas (-1,3%), ventas en supermercados (-2,8%), recursos tributarios (-5,8%), remuneraciones reales (-6,1%), consumo de cemento (-11%), gas industrial (-12,8%) y patentamientos nuevos (-16,9%).

“En este contexto en el cual no se vislumbra el surgimiento de ningún motor de crecimiento, sumado a las complicaciones a nivel macroeconómico, es difícil proyectar el inicio de una recuperación de la actividad económica”, concluye el informe.


Bergman devolvió U$S 38 millones destinados a proveer de agua a wichís en Salta

El Banco Mundial facilitó U$S 38 millones a la gestión del rabino como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenido, que, según su sucesor, Juan Cabandié, les fueron reintegrados. Los pozos de agua nunca se llevaron a cabo

El gobierno nacional denunció este martes que el ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Bergman, devolvió u$s38 millones de un préstamo del Banco Mundial que tenía como uno de sus objetivos realizar pozos de agua para las comunidades wichí y que “no se llevó a cabo” la obra.

“La gestión de Bergman devolvió U$S 38 millones del Programa Bosques Nativos y Comunidad. En abril del año pasado hubo un reclamo de una comunidad wichí porque no se llevó a cabo”, sostuvo el ahora ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, según informó este martes ámbito.

La iniciativa había obtenido un crédito de U$S 58,7 millones y a su vez tenía una inversión del gobierno de 2,5 millones.

En contraparte, en diálogo con Radio La Red, el funcionario nacional señaló que su cartera sí llevará a cabo la construcción de siete pozos de agua para los distritos salteños de Rivadavia y Santa Victoria Este, en donde 500 familias wichí se verán beneficiadas en medio de la dura situación sanitaria que enfrentan y que llevó a que varios miembros del pueblo originario murieran en las últimas semanas por desnutrición.

“Nos sentamos a una mesa con distintos ministerios y resolvimos que sea Ambiente quien resuelva, porque somos los que tenemos acceso más rápido y más fácil (al crédito) para poder llevar a cabo la obra”, remarcó el ex diputado nacional.

Además, Cabandié precisó que el financiamiento es parte de “un préstamo blando” del Banco Mundial y explicó que la construcción de los siete pozos a una profundidad de unos 250 metros costará “casi un millón de dólares” y demandará “siete meses”.

Uno de los principales motivos que propiciaron las muertes de varios miembros de la comunidad wichí fue la falta de acceso a agua potable, según señaló en reiteradas oportunidades el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

“El problema en esencia en Salta, en el norte de la provincia, es el agua: los chicos toman agua contaminada, de ahí tiene diarrea y de ahí viene la desnutrición”, había explicado el funcionario nacional la semana pasada en declaraciones a Radio Rivadavia.


Sain insiste: “No al pacto entre el mundo policial y el mundo criminal”

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe dio una entrevista este lunes por la noche al canal porteño C5N.

Habló de los casos resonantes de los últimos días en Rosario y Santa Fe, defendió su gestión y subrayó la depuración de unos 70 altos mandos policiales, pero advirtió que se debe ir a fondo, por lo que pidió a la oposición “un acuerdo” para sacar una ley para modernizar el sistema policial que “no tuvo una reforma en lo que va de la democracia santafesina”.

“Vamos a tener que acordar qué Policía queremos porque no resiste más la situación de esta manera”, definió. Y recordó lo dicho desde el primer día de la gestión: “Nosotros no vamos a gobernar admitiendo el pacto entre el mundo policial y el mundo criminal, y esto para nosotros tiene una consecuencia muy importante que es que estas organizaciones no tienen protección policial”.

“La gente tiene razón cuando dice que hay pocos policías en la calles, en el caso de Rosario hay 200 policías por turno, esto es lo que hemos encontrado, esto es lo que hay hoy”, expresó Sain a C5N.

“Se sabe en toda la provincia de Santa Fe que las grandes organizaciones criminales que fueron desarticuladas por la justicia provincial fundamentalmente tenían un fuerte componente policial“, explicó.

“Al principio de la gestión sacamos 70 altos mandos que tuvieron responsabilidad durante los últimos años, y cuando el gobernador (Omar) Perotti dijo «se acabó la gobernabilidad pactada con el mundo criminal» lo que estaba haciendo es una descripción de todo el año pasado donde las grandes organizaciones fueron desarticuladas con su componente policial”, resaltó.

“Hoy la Policía no está depurada, nunca fue reformada en la democracia santafesina, la matriz de esta Policía data de la década del 50”, detalló.

“Hoy las terminales de estas organizaciones (narcos) están gerenciadas por las terceras y cuartas líneas (ya que las primeras líneas están todas detenidas)”, consideró.

“Lo hemos dicho desde el primer día de la gestión, el 11 de diciembre: Nosotros no vamos a gobernar admitiendo el pacto entre el mundo policial y el mundo criminal, y esto para nosotros tiene una consecuencia muy importante que es que estas organizaciones no tienen protección policial”, dijo el ministro de Seguridad.


La Ministra de Infraestructura Provincial visitó la ciudad

 La Ministra de Infraestructura de la Provincia de Santa Fe, Silvina Frana, conoció  la problemática edilicia del Hospital Samco “Dr. Juan E. Milich”.

“Se pusieron en valor la situación en la que está padeciendo nuestro efector público y cuales son aquellas herramientas o decisiones que de alguna manera se puedan tomar y mientras tanto se va a ir negociando con la empresa para ver la posibilidad de retomar las obras con las prioridades”, explicó el Intendente Jorge Berti.

Luego de continuos contactos entre el Intendente y la Ministra, el encuentro se produjo en el Hospital de nuestra ciudad, con la presencia de la Secretaria de Ordenamiento Territorial Paola Bagnera, el Secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano Eduardo Pelanda, la Directora del efector público María del Carmen Soraire el Intenvertor del SAMCo Walter Bucca y la Concejala del Frente de Todos Alejandrina Borgatta, con el fin de tomar contacto directo con lo que ocurre en el Hospital local, para, de esta manera, definir algunas soluciones de corto y largo plazo así como también como se van a plantear las etapas de la construcción del mismo.

A su vez, otro de los temas que se trataron con la Ministra de Infraestructura de la Provincia fueron las obras que tiene la ciudad pendiente, las cuales el Intendente las puso como prioridad y en donde tanto el Gobernador Omar Perotti como la Funcionaria se comprometieron a llevarlas a cabo a la brevedad.


El Ministerio de Salud confirmó 35 casos de dengue, ninguno de gravedad

La directora de Inmunizaciones de la cartera sanitaria, Angelina Bobadilla, señaló que si bien no hay propagación ni circulación viral, se espera que la cantidad “se incremente”.

El Ministerio de Salud de Corrientes confirmó 35 casos de dengue en distintos puntos de la provincia, la mayoría de ellos importados y hasta el momento ninguno de gravedad.

“Estamos esperando un brote, la situación es mucho peor este año en Paraguay, que tiene cinco veces más casos que el año pasado y también en Brasil”, dijoAngelina Bobadilla a Télam.

Bobadilla señaló que por la situación geográfica de Corrientes, que comparte frontera con ambos países, y la gran circulación de turistas y viajeros que provienen de esas zonas, “complican la situación”.

En tanto, no descartó que se presente una epidemia como la de 2016, “que afectó a 600 personas en Corrientes” y remarcó que “estamos esperando un brote por el contexto de Paraguay y Brasil”.

“Se van a ir sumando casos de dengue, por eso estamos trabajando fuertemente en el control y la prevención”, sostuvo Bobadilla.

En este sentido, explicó que cuando se confirma la presencia de la enfermedad “se realiza el aislamiento, se buscan febriles en nueve manzanas y se trabaja en la fumigación de la zona”.

Respecto de los 35 casos que fueron confirmados, la funcionaria provincial aseguró que “ninguno es de gravedad” y que todos corresponden al serotipo DEN-4.

“Es fundamental el diagnóstico temprano y la prevención”, sostuvo, a la vez que reiteró la importancia de aplicarse repelente para evitar la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

Finalmente, Bobadilla expresó su preocupación por la cantidad de turistas que llegan de los mencionados países al carnaval, playas y otros eventos, y también por el comienzo de las clases y la llegada de estudiantes universitarios provenientes de zonas de riesgo.