Reunión en Trabajo por conflicto en frigoríficos

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca se reunirá hoy con directivos de la Federación Gremial del  Personal de la Industria de la carne y sus Derivados por el conflicto paritario.

Los gremialistas aseguraron que “la protesta ayer por 24 hs. tuvo un acatamiento del 95 por ciento en todos los frigoríficos del país” .

Ademas expresaron  que “si no se producen resultados favorables al reclamo salarial, el gremio convocará a un paro total de actividades por tiempo indeterminado”. Lo exigido es una única escala salarial para el trabajador de la carne en todo el país, con un sueldo básico de 14.000 pesos por 200 horas mensuales de trabajo.


Legisladores de EE.UU dan la espalda a Trump en tema migratorio

Según senadores y representantes del partido Demócrata, las propuestas de Donald Trump van “más allá de lo razonable”.

Los dirigentes del partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.), el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, emitieron este domingo un comunicado afirmando que la lista de “prioridades y principios” enviada al poder legislativo este domingo por Donald Trump, está “más allá de lo razonable”.

 

El documento del mandatario estadounidense insiste en la construcción del muro, así como también ahonda en los controles migratorios, propone una reforma al sistema de asilo para extranjeros y pide un recorte de fondos federales para las “ciudades santuarios”, aquellas localidades que se niegan a cooperar en la identificación de inmigrantes en situación irregular,

Según Schumer y Pelosi, los demócratas estaban dispuestos a negociar “medidas razonables de seguridad fronteriza”, pero esta lista “representa un obstáculo a las negociaciones en marcha”.


Venezuela lanza con éxito su tercer satélite

El satélite Antonio José de Sucre tendrá 5 años de vida y será de observación y recepción, además tendrá más capacidad que el Miranda para tomar fotos de la geografía de Venezuela

Venezuela lanzó con éxito su tercer satélite a la medianoche de este domingo desde la República Popular de China y entrará en órbita durante la madrugada del lunes 9 de octubre.

El satélite Antonio José de Sucre tendrá 5 años de vida útil y será de observación y recepción, además tendrá más capacidad que el Miranda para tomar fotos de la geografía de Venezuela.

El Sucre, conocido por las siglas VRSS-2, es el tercer satélite que Venezuela pone en órbita. Su lanzamiento se efectuó desde el Centro Satelital de Jiuquan de la nación asiática, para ser colocado en una órbita solar a una distancia aproximada de 650 kilómetros de la Tierra.

El vicepresidente Tareck El Aissami comentó durante la puesta en órbita del satélite Sucre en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, Venezuela, que más de 100 venezolanos participaron en la construcción de este instrumento satelital.

El Aissami especificó que “el satélite Sucre nos va a permitir impulsar el desarrollo de Venezuela”.

El vicepresidente estuvo acompañado por el ministro para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, quien aseguró  que este nuevo satélite venezolano consolida los sistemas de observación de la tierra, y especificó que Sucre tiene una cámara de un metro de resolución y una cámara infrarroja térmica, además tiene amplias bondades en los temas agrícolas, mineros, petroleros y se diseñó en conjunto con todas las instituciones del estado venezolano.

Cano anunció que el presidente Maduro ya tiene el nombre del próximo satélite, “se llamará Guaicaipuro y vendrá a sustituir al Simón Bolívar”.

En comunicación vía telefónica el presidente venezolano Nicolás Maduro resaltó que este satélite tiene usos importantes para la orientación de siembras, cosechas y riegos.

El mandatario también señaló que Sucre sirve para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

“Independencia tecnológica” (..) “Allá está Nuestra bandera ondeando en el nacimiento de este mundo emergente” (…) “Ya brillan en el firmamento Bolívar, Miranda y Sucre” añadió el presidente venezolano.

 

Este instrumento de alta tecnología, consolidado por el país gracias a sus convenios con la República Popular China, facilitará el desarrollo de tareas en materia de salud, minería y petróleo, protección civil y prevención de desastres, agricultura, ambiente y planificación en áreas prioritarias para la nación a través de percepción remota (observar el planeta desde el espacio) y tomará fotografías cada cuatro días con diferentes longitudes.

Por su parte el presidente de la empresa China Great Wall Industry Corporation felicitó a Venezuela con motivo del lanzamiento del satélite.

Como parte de la delegación venezolana en China estaba el ministro para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, quien dio gracias al pueblo de China por hacer posible junto a ingenieros venezolanos tercer lanzamiento hacia la órbita de un satélite venezolano.

Roa añadió que “este satélite es para la liberación de los pueblos y preservar la vida, los venezolanos nos sentimos orgullosos de nuestros tres gigantes que nos dieron la independencia”

“En un intento de asfixiar a nuestro pueblo hoy hicimos un ejercicio digno de soberanía” puntualizó el ministro Roa.

El satélite Antonio José de Sucre se suma al Simón Bolívar, encargado de las telecomunicaciones, y al Francisco de Miranda, de observación, los cuales están en órbita gracias al apoyo de China.


Los secretos de la Argentina offshore

Santiago O’Donnell y Tomás Lukin son los dos periodistas de PáginaI12 que se encargaron de recorrer la gigantesca base de datos de Mossack Fonseca que se conoció mundialmente como Panama Papers. Juntos emprendieron la tarea de sistematizar toda la información referida a la Argentina, que va desde el propio Presidente hasta los propietarios y directivos de las mayores empresas del país, pasando por famosos de todo tipo. En estas páginas, cuentan cómo surgió la investigación y los mecanismos que dejó al descubierto.

Por Santiago O’Donnell

Punto de partida

En estos tiempos de poder blando y ciberguerra global, las megafiltraciones nunca son geopolíticamente neutras. Las que perjudican a los Estados Unidos benefician por descarte a sus rivales Rusia y China. Es el caso del llamado “Cablegate” de WikiLeaks y de los documentos sobre la vigilancia masiva a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana filtrados por el ex espía Edward Snowden. Por el contrario, la megafiltración de los denominados Panama Papers, que aquí nos ocupa, favorece a los Estados Unidos porque sus revelaciones golpean al círculo íntimo del hombre fuerte de la política rusa, Vladimir Putin, y a varios familiares y amigos cercanos de los principales jerarcas del gobierno chino, pero no toca de cerca a ningún funcionario estadounidense importante. (…)

Aunque las consecuencias y los resultados están a la vista y los perjudicados han hecho saber de quién sospechan y por qué, no conviene sacar conclusiones apresuradas sin conocer a los intermediarios. Los principales intermediarios entre la información y el consumidor son los filtradores, los medios y los periodistas. Los filtradores, conocidos o anónimos, en los tres episodios mencionados dijeron actuar por razones altruistas y sin ningún ánimo de inclinar para uno u otro lado la balanza de poder global entre las superpotencias. Por su parte, la gran mayoría de los medios de comunicación que participaron en la difusión de las megafiltraciones se jacta de su independencia editorial, aunque ya sabemos que la objetividad pura no existe y que todos los medios son influenciables, en mayor o menor medida, por los intereses y las ideas que representan. Sin embargo, al publicar esas historias, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, los medios han demostrado estar mucho más interesados en su impacto local –esto es, el impacto en el mercado y el Estado dentro de los que se manejan–, y no tanto en las consecuencias a nivel global. Y, por último, están los periodistas. Lejos de ser jugadores pasivos o meros empleados o representantes de sus medios, los periodistas fueron determinantes en lo que se publicó y lo que se dejó de publicar, según el tiempo que invirtieron, los temas que buscaron priorizar y las estrategias que eligieron para relacionarse con los individuos que toman las decisiones en sus respectivas empresas. (…)

En el Cablegate y los Panama Papers –no así en el caso de Snowden– aparece un cuarto intermediario al que podríamos llamar “distribuidor”, y que también juega un rol fundamental porque es el encargado de recibir el material, proteger a la fuente, elegir a los periodistas y medios que difundirán la información y establecer las fechas de publicación. En el caso del Cablegate, el distribuidor fue WikiLeaks, un sitio web de filtraciones europeo fundado y dirigido por un matemático autodidacta australiano con pasado de hacker y okupa, llamado Julian Assange. En los Panama Papers, el distribuidor fue el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Washington DC fundada en 1997 y financiada por fundaciones de los Estados Unidos y Europa occidental, entre las que se destaca la del inversionista y filántropo liberal y anticomunista George Soros. (…)

Los Panama Papers salieron a la luz el domingo 3 de abril de 2016, y la Argentina quedó en el centro de la escena porque el presidente Mauricio Macri era uno de los cinco mandatarios en funciones que figuraban entre los más de 11,5 millones de documentos sustraídos de Mossack Fonseca, una firma de abogados y contadores con presencia global especializada en montar negocios offshore. Los archivos fueron filtrados por una fuente anónima con pseudónimo en inglés, “John Doe”, a dos periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, a lo largo del año 2015 en tandas escalonadas. Antes del primer envío grande de información, “John Doe” sugirió que el diario se asociara a un gran medio de los Estados Unidos: “Se necesita un gran socio de habla inglesa como el The New York Times u otro medio del mismo nivel”. Entonces, los periodistas decidieron convocar al ICIJ y compartir el material de muestra que habían recibido con el entonces director ejecutivo de la institución, Gerard Ryle. Ese periodista era quien había aportado la fuente anónima y todavía desconocida de los Offshore Leaks (2013), la primera filtración que trabajó en equipo y a nivel mundial el ICIJ sobre un directorio secreto con 2,5 millones de documentos vinculados con el mundo offshore. Los alemanes habían participado en aquel proyecto y también en Swiss Leaks (2015), la siguiente filtración del ICIJ, cuyo blanco fueron las cuentas secretas del HSBC Private Bank en Ginebra y que tuvo como filtrador a su ex empleado Hervé Falciani. Ryle aceptó entusiasmado la propuesta de colaboración que Obermaier y Obermayer le hicieron en nombre del diario alemán y convocó al mismo equipo que había trabajado en Offshore Leaks y Swiss Leaks, que incluía a periodistas del diario The Washington Post y a los medios británicos The Guardian y BBC. El ICIJ también decidió temprano en el proceso agregar dos equipos de periodistas freelance para que trabajaran específicamente los documentos de Rusia y China, con el argumento de que en esos países no había medios independientes que pudieran respaldar semejante tarea. Ese equipo se fue ampliando con la incorporación de periodistas de todo el mundo, a medida que el alcance de los documentos se extendía por todo el planeta. En medio de ese proceso también se incorporó The New York Times.

Uno de los primeros periodistas convocados por el ICIJ fue el argentino Hugo Alconada Mon del diario La Nación. El primer contacto ocurrió once meses antes de la publicación de los archivos secretos de los abogados panameños, el 5 de mayo de 2015. Los distribuidores de la megafiltración creían que existía un “ángulo argentino fuerte, mucho más que en cualquier otra historia reciente”, según le escribió al periodista Marina Walker, la directora del proyecto del ICIJ que, casualmente, también es argentina. Pero el “ángulo argentino” que había despertado el interés del ICIJ y de La Nación no tenía que ver con Macri, que por entonces estaba en medio de la campaña presidencial y ocupaba la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros archivos en formato PDF que la fuente anónima compartió con el periodista Bastian Obermayer del diario alemán Süddeutsche Zeitung, o sea, los que dieron origen a los Panama Papers, estaban vinculados con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Los documentos hablaban de la disputa entre el país y los fondos buitre. No de la pelea central en los tribunales de Nueva York, sino de una causa paralela impulsada por el fondo buitre NML Capital. El fondo encabezado por el multimillonario Paul Singer denunciaba que existía un conjunto de sociedades en Nevada, Estados Unidos, vinculadas con el empresario argentino Lázaro Báez –sindicado por los buitres como testaferro de los Kirchner–, que tendrían activos pertenecientes a la Argentina y, por lo tanto, pasibles de ser embargados. La encargada de instalar y administrar el entramado de empresas investigadas por la justicia era la subsidiaria de Mossack Fonseca en Las Vegas. Según el libro sobre los Panama Papers escrito por Obermaier y Obermayer, la demanda de NML Capital contra Mossack Fonseca y los e-mails internos acerca de cómo contestarla formaron parte del botón de muestra que “John Doe” había compartido con Obermayer mientras negociaban los términos de la filtración. La segunda muestra incluía información sobre las firmas offshore de un amigo de la infancia y presunto testaferro del presidente Vladimir Putin.

Que las dos primeras “muestras” de los Panama Papers se refieran a Kirchner y Putin puede dar una idea de la valoración que hizo la fuente de sus documentos, pero no necesariamente de su intencionalidad, mucho menos de su identidad. La historia oficial habla de un ciudadano común, cuya única intención es terminar con “el continuo aumento de la desigualdad” y la “corrupción masiva y omnipresente en la sociedad”, tal como escribió “John Doe” en su manifiesto. Entrevistado para este libro, Obermaier dijo que cree la historia de “John Doe (…) Sin embargo, ¿se puede descartar que detrás de la filtración esté la CIA u otra agencia de inteligencia? ¿Se puede descartar a Singer y a los buitres, cuando tenían miles de millones de dólares en juego y su objetivo inmediato era romper el secreto de Mossack Fonseca? ¿Se puede descartar al propio Soros?

Con el tiempo, el “ángulo argentino” mutó. La hipótesis proclamada por Singer para intentar embargar fondos se convirtió en una poderosa herramienta mediática conocida como “ruta del dinero K”. Pero los supuestos vínculos entre los fondos girados por Báez y la familia Kirchner no pudieron comprobarse con los documentos filtrados. Por otro lado, ocho meses después de iniciado el proyecto, casi tres meses antes de la fecha de publicación y dos días antes de la asunción de Macri, el periodista Iván Ruiz, del equipo de La Nación, detectó en uno de los últimos paquetes de datos filtrados por la fuente la presencia del presidente argentino en el directorio de una offshore bahameña llamada Fleg Trading. Entre uno y otro hallazgo, distintas celebridades, empresarios y políticos argentinos de ambos lados de la grieta se fueron sumando al elenco que desataría el escándalo global, demostrando una vez más la pasión argentina por la evasión y la fuga de capitales a través de los paraísos fiscales. En los casi tres meses entre el hallazgo del nombre de Macri y la fecha de publicación, tanto La Nación como otros medios internacionales tuvieron oportunidad de consultar e informar al presidente argentino lo que decían de él los archivos encontrados, tal como indica la buena práctica periodística. Pero no todas las víctimas de los Panama Papers tuvieron la misma suerte. El primer ministro islandés Sigmundur Gunnlaugsson fue emboscado en plena entrevista televisiva. Al no tener respuestas sobre una empresa offshore que había ocultado en sus declaraciones y vendido a su esposa por el módico precio de un dólar, huyó despavorido de las cámaras y al poco tiempo, ante una ola de protestas, debió renunciar. El video rápidamente se convirtió en el ícono visual de los Panama Papers.

La primicia la tuvo La Nación, pero frente a las pasiones que despertó la investigación, Alconada Mon instó al consorcio a abrir el juego a periodistas y medios de la competencia, con el doble fin de aventar sospechas de ocultamiento de información y de forzar a su propio medio a no esconder nada o, en todo caso, lo menos posible. (…)

Más de un año después del comienzo del proyecto y de tres semanas del inicio de las publicaciones, en virtud de la sugerencia e insistencia de Alconada Mon, las recomendaciones que según Walker le llegaron de distintas fuentes y el antecedente de mi manejo periodístico cuando WikiLeaks me dio la exclusiva del Cablegate, obtuve así acceso a las bases de datos de los Panama Papers. Gracias a las dos semanas que me dio el diario para ponerme al día relevándome de otras funciones, pude quemarme las pestañas en soledad para achicar la brecha del año de ventaja que me llevaba el equipo de Alconada Mon y logré publicar información exclusiva en PáginaI12 que La Nación no había llegado a cubrir.


Cuáles son los sectores que se beneficiaron con el nuevo modelo

Entre los ganadores se encuentran el sector financiero, exportadores y empresas energéticas. Del lado de los perdedores quedan las pymes industriales, comercios orientados al mercado interno y los trabajadores.

Por Martín Burgos y Roxana Mazzola

Ganadores y perdedores

Por Martín Burgos *

Pensar que la distribución del ingreso es solo un asunto que interesa a la teoría económica heterodoxa, el peronismo o la izquierda sería desconocer que también es un ámbito de preocupación del neoliberalismo, por lo menos en teoría. El principio según el cual el capital y el trabajo se remuneraba según su contribución a la economía en su conjunto para lograr el bienestar social, es la llave para entender parte del discurso económico del neoliberalismo. No es una teoría que “se olvida de la gente” o “no tiene sensibilidad social”, aunque en la práctica se le parezca, sino que es una teoría de la distribución del ingreso que se sustenta en factores técnicos. Esa “racionalidad neoliberal” apoyada en fórmulas matemáticas sustenta el planteo de la economía como ciencia exacta, y por extensión de una distribución del ingreso definida de forma cartesiana, y es una idea fuerza del neoliberalismo.

De otro lado de la biblioteca, se ofrece una abundante bibliografía en la cual se sostiene que la distribución del ingreso no es producto de una relación técnica definida, sino producto de la lucha política, es decir algo sobre lo cual los libros tienen poca cosa por decirnos. Lejos de la “racionalidad neoliberal”, se da libre curso al barro de la historia, en la cual se mezclan términos como “clases”, “pueblo”, “contradicción”, “bloque dominante”, vale decir, nada muy cartesiano. En El Capital de Marx se entremezcla en su crítica a la “economía política” la lucha de clases plasmada en la distribución del ingreso, junto a la estructura del capital que marca los límites de esa disputa. Más adelante, Piero Sraffa mostrará que por más que todo el resto de la economía se pueda contener en matrices algebraicas, la distribución del ingreso sigue siendo asunto ajeno a la ciencia exacta.

En el siglo XX, la distribución del ingreso toma otro matiz, a través de la mayor o menor intervención del “Estado”, que algunos economistas abusan en tomarlo como “sujeto exógeno” a la economía. Pero si a ese “Estado” se lo entiende como “estado de las relaciones de fuerza” termina siendo en el fondo muy similar a las conceptualizaciones heterodoxas de la pre-guerra: una pelea por la distribución del ingreso ajena a relaciones técnicas matizada por una seda institucional.

Por lo tanto, la distribución del ingreso va tomando distintos matices según las políticas que llevan adelante los gobiernos a través de su presupuesto, sus reformas impositivas y sus cambios regulatorios e institucionales. Solo de esa manera se puede hacer entendible que el modelo económico y sus efectos distributivos hayan cambiado de forma abrupta el 10 de diciembre de 2015, por efecto de las elecciones presidenciales, que es el acto político por excelencia de las democracias representativas.

El cambio que se propuso a la sociedad es ante todo un cambio de modelo económico, en el cual se desregulaba la compra de dólares, se eliminaban los subsidios, así como varios impuestos y se reducía el peso del gasto público en general. Como lo analizan varios trabajos que se presentarán en el 4º Congreso de Economía Política organizado entre el CCC y la Universidad de Quilmes los días 17 y 18 de octubre, luego de dos años de gestión, lo más notable es que el déficit fiscal sigue siendo grande, ya que es una de las formas por la cual el gobierno puede modificar la estructura de rentabilidad entre los sectores, reduciendo impuestos a unos y reduciendo subsidios a otros.

Por lo tanto, debe quedar claro que los ganadores y perdedores de este modelo económico son distintos que los del modelo anterior. Entre los ganadores se encuentran claramente el sector financiero al cual el Banco Central regala gran cantidad de dinero, que está generando una gran atracción de fondos desde otros sectores económicos. Si bien los sectores exportadores en general se beneficiaron de las reducciones de retenciones, otros se encontrarían más cómodos con un tipo de cambio superior a 20 pesos. El sector energético es otro de los grandes ganadores de este modelo, y la liberalización del precio de la nafta no hará más que reforzar esa tendencia.

Entre los sectores perdedores se encuentran los trabajadores y las Pymes industriales y varios comercios orientados al mercado interno, que compiten con las importaciones y además sufren los aumentos de costos de las tarifas de servicio público. Los tarifazos, no obstante, no son percibidos por gran parte de este sector como una derrota distributiva sino como una medida “justa” desde el punto de vista técnico, y que permite reducir gastos del Estado. Esa “justicia distributiva”, surgida de costos técnicos, es una expresión de la teoría de la distribución neoliberal.

* Coordinador del departamento de economía política del CCC.


Desigualdad sin contradicciones

Por Roxana Mazzola *

No son contradictorios los anuncios del Indec del aumento de la desigualdad en la Argentina con el crecimiento de la actividad económica y leve reducción de la pobreza por ingresos. Si bien los cambios son incipientes una primera aproximación permite observar que expresan un tipo particular de crecimiento a favor de ciertos sectores. Una de las más claras lecciones para el mundo y todos los países de América Latina del efecto de las crisis económicas internacionales y las medidas de ajustes son que los sectores medios y bajos son los más sufren, y especialmente los niños, los jóvenes y las mujeres.

Con la atención puesta en el crecimiento de la desigualdad global por sus consecuencias preocupantes en el desarrollo humano sostenible, la reducción de la desigualdad en y entre países ha sido incluida entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. No obstante, las últimas estadísticas de distribución del ingreso en la Argentina no estarían mostrando un país encaminado a cumplimentar ese objetivo. La desigualdad es multidimensional, heterogénea, multicausal, dinámica, subjetivo-cultural y hay diversas conceptualizaciones. Sin embargo, hay consenso en la academia en señalar que la desigualdad de ingreso ejerce una influencia fuerte en el resto de los tipos de desigualdades y que es mayor su alcance cuando se es mujer, niña/o, joven o adulto mayor, al residir en una zona rural o en zonas urbanas marginales.

A las desigualdades en la apropiación del ingreso dimensionadas, hay que agregar algunas consideraciones sobre lo que miden y no dicen estas estadísticas. En los últimos años avanzaron con un tono más fuerte las críticas a las mediciones existentes de desigualdad. Por un lado, se destaca que las mediciones de desigualdad suelen centrarse en la distribución del ingreso o del consumo. Aquí hay que tener en cuenta que el ingreso se distribuye más inequitativamente que el consumo en la región. Asimismo, si bien la región latinoamericana tiene información de ingresos de los hogares y su calidad ha mejorado, hay limitaciones en la captación de variables de ingreso en especial de los ingresos más altos. Por ejemplo, no se incluyen en los relevamientos de las encuestas a los individuos más ricos por una cuestión relacionada a la elaboración de las muestras donde no siempre estos quedan representados o porque en caso de que lo estén no siempre responden las encuestas o subdeclaran ingresos.

Las nuevas propuestas plantean que hay que avanzar en recolección de información sobre riqueza en la región. La riqueza es mejor indicador de acceso de los hogares a recursos. Es decir, a través de los registros tributarios o encuestas especiales de finanzas de las familias, incluyendo activos financieros y no financieros, herencias, activos acumulados, deudas, ingresos y gastos de los hogares. En estas encuestas hay una sobrerrepresentación de hogares de mayores ingresos.

También se propone la realización de ajustes entre los datos de encuestas de los hogares y los del Sistema de Cuentas Nacionales. Esta es una labor que ha emprendido la Cepal recalculando indicadores de desigualdad incorporando la información faltante sobre los altos ingresos. También se utilizan para este recálculo los registros fiscales de las administraciones tributarias.

De este modo, las formas de mediciones evolucionan. Mientras en los 90 se creó el Índice de Desarrollo Humano que considera dimensiones de ingreso, salud y educación como medida de desarrollo alternativa a la medición que sólo contempla el crecimiento del Producto Bruto Interno y la pobreza por ingreso, hace ya algunos años se introdujo el Índice de Desarrollo Humano medido por desigualdad y ahora se hace hincapié en considerar las mediciones de la riqueza que acumulan las personas y no sólo las medidas de desigualdad a partir del consumo o ingreso.

Para las políticas públicas esto implica que las mismas deben considerar este conjunto de múltiples dimensiones e incidir al respecto. Esto comprende desde intervenciones relacionadas a los salarios, ingresos y condiciones laborales hasta otras más amplias que incidan en un sistema económico, político e institucional global y local que tiende a beneficiar a unos pocos y que ejercen una influencia decisiva en las familias, especialmente los niños, jóvenes, mujeres, que son los más vulnerables a sus impactos.

A inicios del siglo XXI la afirmación de que no basta con eliminar la pobreza y que reducir la desigualdad es el reto central, se constituye como el nuevo consenso mundial en ámbitos académicos, de organismos de la ONU y ya se vislumbra en algunos espacios políticos. Este nuevo consenso es equivalente a aquel aprendizaje de los 90 que afirmaba que el crecimiento económico no derramará por sí mismo a toda la sociedad, ni basta para eliminar la pobreza. Hoy en los ámbitos académicos, más que políticos, se va más allá y se afirma que concentrarse sólo en eliminar la pobreza no es suficiente, la brecha entre ricos y pobres perjudica al desarrollo y que las iniciativas de reducción de pobreza no son suficientes para reducir la desigualdad.

No hay soluciones aisladas: se requiere de un sistema de interrelaciones entre el sistema político-institucional, el entorno familiar y la situación de la infancia y juventudes persé, que no puede ser obviado y, por tanto, un conjunto de políticas que les den sentido y lugar son llamadas a tener en cuenta.

* Doctoranda en Ciencias Sociales UBA. Directora Cedep y Profesora de postgrado en Flacso.

Fuente: Pagina/12


Reducen el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica para el año próximo

Los fondos para el organismo serán 3102 millones, 36,4 por ciento menos que en 2017. El dinero para el reactor RA-10 no figura, aunque llegaría por otra vía. Si se excluye de la comparación el RA-10, la caída es de 3 por ciento sin contar el impacto de la inflación.

Por Fernando Krakowiak

El proyecto de presupuesto 2018 encendió las alarmas en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Los fondos para el organismo este año fueron 4881,5 millones de pesos y el año próximo se reducen a 3102 millones, un 36,4 por ciento menos. En el proyecto de 2018 no están contemplados los fondos para el reactor de investigación RA-10 que este año recibió 1682 millones. Si se excluye de la comparación la partida del RA-10, dinero que el año próximo llegaría, pero por otra vía, el presupuesto 2017 hubiese sido de 3199,4 millones y el recorte en 2018 sería de 3 por ciento. No obstante, fuentes de CNEA advirtieron a PáginaI12 que este año se terminaron utilizando 400 millones destinados al RA-10 para otros proyectos y además el personal recibió un aumento de 20 por ciento que no estaba contemplado en el presupuesto. Por lo tanto, si a los 3199,4 millones del presupuesto 2017 sin el RA-10 se le suman los 400 millones del RA-10 redistribuidos entre otros proyectos y el 20 por ciento de aumento salarial, la cifra que dispuso CNEA en 2017 es de 3990,6 millones de pesos. En ese caso, los 3102 millones presupuestados para 2018 implican una poda nominal de 22,3 por ciento. En cualquiera de los tres escenarios hay una caída en términos nominales y si se toma en cuenta la inflación proyectada la quita real será mayor, aunque todavía resta debatir el proyecto en el Congreso.

La partida destinada al pago de sueldos del personal este año fue de 1956,2 millones de pesos, sin contemplar el 20 por ciento de aumento salarial que llegó después. En el presupuesto 2018 ese mismo ítem se lleva 1920,9 millones, un 1,8 por ciento menos, pese a que las consultoras prevén para el año próximo una inflación de entre 15 y 20 por ciento. Si a los 1956,2 millones de 2017, se le suman los 391,2 millones equivalentes al 20 por ciento de aumento otorgado por fuera del presupuesto, el dinero que recibió el personal este año fue de 2347,4 millones y la reducción prevista para el año próximo se eleva al 18,2 por ciento. Aun si luego llega un aumento por fuera de presupuesto, como ocurrió este año, sería como máximo del 15 por ciento, techo salarial que dejó trascender el gobierno. Eso significa que la partida destinada al pago de salarios se elevaría a 2209 millones. El recorte sería menor, pero igual el monto destinado a salarios quedará por debajo de lo que recibieron en 2017 en términos nominales.

En bienes de consumo, este año se dispuso de 161,4 millones y el presupuesto de 2018 prevé sólo 74,6 millones, lo que implica una poda de 53,8 por ciento. El presupuesto destinado a bienes de uso se derrumba de 1640,3 a 75,8 millones de pesos, un 95,4 por ciento en valores nominales. Eso se explica porque la inmensa mayoría del presupuesto destinado a la construcción del RA-10 se canalizaba a través de dicha partida. A su vez, las transferencias a universidades y sector privado caen 82 por ciento (de 206,3 a 37,1 millones) y los servicios (técnicos, limpieza, alquileres,etc.) suben, pero apenas 8,3 por ciento (917,1 a 993,5 millones).

Al analizar el presupuesto por programas se observa mejor qué áreas sufrirán los mayores recortes:

  • “Actividades centrales”: Contempla las funciones de dirección, administración, coordinación y relaciones interinstitucionales. Su presupuesto crece de 972,4 a 1084,7 millones de pesos, un 11,5 por ciento, por debajo de la inflación proyectada.
  • “Desarrollos y suministros para la tecnología nuclear”: El objetivo de este programa es mantener actualizada la capacidad del país en las actividades de diseño, ingeniería, montaje, puesta en marcha, operación, asistencia y extensión de la vida útil de las centrales nucleares de potencia en operación y en construcción. Su presupuesto retrocede de 2298,7 a 561,5 millones, un 75,6 por ciento. Ese abrupto descenso se explica porque el dinero para la construcción del reactor RA-10 no figura en el nuevo presupuesto. PáginaI12 consultó en el Ministerio de Energía sobre el futuro del RA-10 y confirmaron que sigue siendo una prioridad. “Tanto el RA-10 como el proyecto CAREM continúan como fueron planificados. Durante la discusión del presupuesto 2018 se confirmará dicha política”, aseguró a este diario el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En la CNEA especulan con la posibilidad de que los fondos para el RA-10 se direccionen a través de un fideicomiso, como ya se hace con los recursos destinados a la construcción del reactor CAREM. De ese modo, el gobierno reduce la discrecionalidad que puede haber en el manejo de esos recursos. En 2017, por ejemplo, las autoridades de CNEA utilizaron cerca de 400 millones del RA-10 para financiar otros proyectos claves dentro del organismo que habían sufrido fortísimos recortes por parte del Ejecutivo. El año próximo esa opción ya no estará disponible. Por eso en los hechos el ajuste será todavía mayor.
  • “Aplicaciones de la tecnología nuclear”: Refiere al desarrollo de tecnologías innovativas en el campo de la producción y aplicaciones de los radioisótopos y de las radiaciones ionizantes. En 2017 recibió 484,3 millones y ahora está previsto un desembolso de 480,9 millones, un 0,7 por ciento menos. En términos nominales permanece prácticamente estable pero si se toma en cuenta la inflación proyectada la caída será significativa.
  • “Acciones para la seguridad nuclear y la protección ambiental”: Contempla la gestión de residuos radiactivos; restitución ambiental de la minería del uranio; gestión ambiental; protección radiológica y seguridad nuclear. El presupuesto aumenta a 396,6 millones, sólo 7,3 por ciento más que este año, por debajo de la inflación proyectada.
  • “Investigación y aplicaciones no nucleares”: Este programa está destinado a apuntalar la investigación científica y tecnológica y sus aplicaciones no nucleares en, por ejemplo, energía solar, aceleradores y micro y nanotecnología. Sufrirá un fuerte recorte al pasar de 296,9 a 187 millones, un 37 por ciento menos.
  • “Suministros y tecnologías del ciclo de combustible nuclear”:  Este programa busca asegurar la provisión de recursos uraníferos y materias primas nucleares y fortalecer el conocimiento científico y la capacidad tecnológica en el área de combustibles. El presupuesto se reduce de 412,9 a 377,5 millones de pesos, un 8,6 por ciento.
  • “Coordinación Nacional del Programa de Medicina Nuclear”: Este año se le asignó 46,3 millones y en 2018 está previsto un desembolso de apenas 13,5 millones de pesos, un 70 por ciento menos.
  • Fuente: Pagina/12

Los nuevos elefantes blancos que creó el macrismo

Seis están en Buenos Aires y uno en Entre Ríos. Faltaba diez por ciento para terminar. Quedó un millón de personas sin atención.

Por Carlos Rodríguez

Mientras crece la emergencia en los hospitales públicos y se consolida el avance de los servicios de salud privados, el gobierno de Cambiemos redujo el presupuesto destinado a poner en funcionamiento pleno a siete hospitales que hoy “podrían haber atendido 30.700 internaciones, 14.300 partos, 8.730 cirugías y 1.693.000 consultas externas” anuales. La denuncia fue formulada por la Fundación Soberanía Sanitaria, a través de un informe al que tuvo acceso PáginaI12, que señala que la falta de apoyo a proyectos y construcciones hospitalarias realizadas por el gobierno anterior, entre 2003 y 2015, privó de una atención digna a cerca de un millón de personas. Los complejos asistenciales de alta complejidad que están funcionando en forma limitada o directamente cerrados son los hospitales del Bicentenario de Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar –en la provincia de Buenos Aires–, y de Paraná, Entre Ríos. Lo mismo ocurre con los hospitales Samic (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) de Cañuelas, Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo.

En el informe se subraya que “el valor total de las obras de los Hospitales de Paraná, Esteban Echeverría e Ituzaingó era de 1.445.702.623,31 de pesos, de los cuales 1.214.384.495,04 de pesos ya habían sido abonados por el gobierno saliente (de Cristina Kirchner), restando abonar a la gestión de Cambiemos, tan solo 231.318.128,27 pesos”. Además del documento, este diario entrevistó al titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, el ex viceministro de Salud del gobierno anterior, Nicolás Kreplak (ver aparte). De los 231.318.128,27 pesos que debía abonar la gestión del actual presidente Mauricio Macri, 84.770.215,51 pesos corresponden al Hospital de Paraná, 72.492.572,44 pesos al de Esteban Echeverría y 74.055.340,32 pesos al de Ituzaingó.

El informe de la Fundación, que denuncia el abandono por parte del gobierno macrista de los nuevos hospitales nacionales, se titula “Una manada de Elefantes Blancos”. La denominación hace referencia al edificio de 14 pisos, en Villa Lugano, que iba a ser el hospital público más grande de América Latina. El proyecto se presentó en 1923 por  iniciativa del senador socialista Alfredo Palacios. Su construcción como centro para la atención de la tuberculosis comenzó en 1938, pero fue abandonada al poco tiempo. Fue retomada e impulsada durante las dos presidencias de Juan Domingo Perón, pero la obra quedó trunca en forma definitiva luego del golpe militar de 1955. La estructura del edificio, que sobrevive, quiere ser ahora demolida a pico y pala por el actual gobierno a un costo estimado en 130 millones de pesos.

La fundación señala que la construcción de hospitales “se inscribe en las políticas de consolidación del derecho a la salud” porque “es una forma de fortalecer el sistema en su segundo nivel de atención, aquel que debe dar respuesta a los problemas de salud de la población que por su complejidad no pueden resolverse en los centros asistenciales del primer nivel de atención”. Recuerda que en los primeros gobiernos peronistas, a partir de la gestión del entonces secretario de Salud Ramón Carrillo, junto con la Fundación Eva Perón, “se construyeron 4229 establecimientos sanitarios en todo el país, incluyendo 200 hospitales, que ampliaron la capacidad hospitalaria en 130.180 camas”. Un largo proceso posterior de alternancia entre golpes cívico-militares y gobiernos constitucionales hizo que el Estado Nacional perdiera presencia, delegando buena parte de la gestión sanitaria en las provincias, y propiciando el crecimiento de la medicina privada en detrimento de la salud pública.

En el informe se destaca que, a partir de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015, el Estado Nacional “recuperó la capacidad de rectoría que se tradujo en la asignación de recursos para el fortalecimiento del primer nivel de atención”, tanto en infraestructura hospitalaria como en “recursos humanos y medicamentos”. En esos doce años “se invirtieron 647.051.900 de pesos en equipamiento sanitario y 3.533.984.497 de pesos en infraestructura”, incluyendo “obras nuevas, remodelaciones y ampliaciones”.

La política del kirchnerismo, afirma el trabajo, se orientó hacia “la construcción de hospitales y la adquisición de tecnología de avanzada que permitió poner a disposición de la población una atención de salud de calidad con equidad en el acceso”. En ese marco se dispuso “la construcción de siete hospitales y de numerosos centros de medicina nuclear” (ver aparte). Esos emprendimientos se encontraban, a comienzos de 2016 “con un avance de obra significativo y con sus equipamientos adquiridos”. Sin embargo, en los últimos dos años “esas obras se han paralizado impidiendo a la población contar con recursos fundamentales e imprescindibles para el acceso a la salud”.

Fuente: Pagina/12


Elecciones en Corrientes: ganó Cambiemos por casi 9 puntos

El candidato radical Gustavo Valdés sacó el 54%. La dupla Espínola-Nito Artaza cosechó el 45%

El dirigente radical integrante del frente ECO+Cambiemos, Gustavo Valdés, fue elegido como nuevo gobernador de Corrientes con el 54,08 por ciento de los sufragios, escrutadas más del 98 por ciento de las mesas, en lo que fueron las últimas elecciones antes de los comicios legislativos nacionales del 22 de octubre. El oficialismo obtenía 327.560 sufragios y superaba con comodidad al frente Corrientes Podemos Más, que llevaba al justicialista Carlos “Camau” Espínola como candidato, que obtenía 273.571 votos (45,17 por ciento).

En una jornada electoral afectada por lluvias e incluso caída de granizo, más del 77 por ciento del padrón votó para elegir al sucesor de Colombi, quien presidió el Ejecutivo provincial por un total 12 años, de los cuales los últimos dos mandatos fueron consecutivos.

Ayer, minutos después de la medianoche, y cuando el escrutinio se había frenado con el recuento de poco más del 23 por ciento de las mesas, Valdés se declaró ganador en la sede del radicalismo provincial, donde lo acompañaban el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.“Algunos decían que nosotros no íbamos a ganar las elecciones pero el pueblo de la provincia nuevamente vuelve a confiar en nosotros. Esto nos da una mayor responsabilidad y nos pone ante nuevos desafíos”, enfatizó el nuevo mandatario correntino.

Valdés, quien momentos antes dijo a la prensa que había dialogado con el presidente Mauricio Macri, destacó: “Si cada uno de ustedes pone su granito de arena, en estos cuatro años vamos a hacer una provincia cada vez mejor. Mañana comenzamos a construir el futuro juntos”.

Además de Peña y Frigerio, también estuvieron presentes el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado nacional Mario Negri, entre otros. La celebración se realizó en la sede del radicalismo provincial, ubicada en la avenida Costanera y La Rioja.

Además de la elección a gobernador, en Corrientes se pusieron en juego también la renovación de bancas provinciales, entre ellas 5 para el Senado y 15 para Diputados, lo que significa un tercio y la mitad de la composición de ambas cámaras, respectivamente, además de concejales e intendentes.


Verbitsky: “Han desatado una cacería en mi contra; lo dicen Pagni y Alconada Mon”

El periodista y titular del CELS explicó por qué la difusión de la lista negra a través de los medios es “directamente una amenaza de muerte”.

Esto es directamente una amenaza de muerte. Tira la piedra y esconde la mano, porque lo deja trascender por terceros, pero es directamente una amenaza de muerte. Es lo que hacía la revista El Caudillo, que publicaba las listas y después la Triple A se encargaba de ejecutar la sentencia. Trato de cuidarme”, aseguró Horacio Verbitsky respecto de la difusión de la lista de 562 personas que, según el Gobierno, “impiden el cambio”.

En diálogo con el programa El hecho maldito, que se emite por Futorock, el periodista le contestó también al Presidente, que de acuerdo a lo que consignó la prensa lo calificó como “la peor lacra que existe”: “Es un honor, un galardón que Macri me designe de esa manera, pero trataría que no me lo coloque personalmente, porque eso es el pasaje al cohete”, disparó.

El columnista de Página/12 alertó sobre el despido de Roberto Navarro de la señal C5N y la situación de la libertad de expresión en nuestro país, y expresó que“es una situación muy grave, me afecta muy especialmente porque se dirigen a los dos medios donde podía expresarme, ahora me queda solo uno. Han desatado una cacería en mi contra, y no lo digo yo, lo dicen Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon, los dos columnistas principales del principal diario del país”.

Por último, Verbitsky analizó las tensiones entre la Corte Suprema y cierto sector de la alianza de gobierno: “Carrió va a tener un buen resultado electoral y hay dos posibilidades, ninguna es buena para Lorenzetti. Una es que Carrió pueda avanzar con el juicio político y termine destituido, o al menos investigado en un juicio que tendría amplia repercusión pública, donde se ventilarían cuestiones económicas y personales de Lorenzetti que acabarían con su imagen pública. Y la otra es que no prospere el juicio político, pero que lo tengan acorralado, y que el gobierno aproveche para obtener fallos favorables a cambio de no soltarle a los leones de Carrió”.


A pesar de los cambios, el Gobierno estima que el escrutinio no mejorará

Habrá más centros de transferencia de datos, se modificarán las rutas de los camiones, se instalarán pantallas en el Correo y se capacitará mejor a las autoridades de mesa. Pero, para que haya un cambio, plantearon, es necesario modificar el sistema de votación.

A quince días de las elecciones, la Dirección Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y la empresa española Indra, realizaron un simulacro del escrutinio y, si bien se sumaron algunas modificaciones tendientes a acelerar la carga de datos, se planteó que no habrá grandes diferencias respecto a las PASO del 13 de agosto.

El simulacro se realizó en la sede central del Correo Argentino y según explicó Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, “se realizaron cambios para tratar de mejorar los tiempos del escrutinio con respecto a las PASO. Pero son modificaciones pequeñas que nos permite el sistema de boletas de papel, que es engorroso y lento y que por eso propusimos cambiar por el de Boleta Única Electrónica“.

Pérez detalló, mediante cuadros explicativos, que el recuento de las PASO no fue más lento que el de otras elecciones. En esta línea, señaló que el recuento provisorio del 13 de agosto fue más rápido que los de 2013 y 2015. También, que los telegramas no cargados rondaron el 4%, promedio histórico que se repite en cada comicio, detalló La Nación, que participó del simulacro.

Los cambios que se aplicarán el 22 de octubre se concentran en la ampliación de la cantidad de centros de transferencia de datos. En agosto hubo 397 habilitados, 80 de los cuales estuvieron en el conurbano, y en octubre habrá 18 más, 14 de ellos instalados directamente en las escuelas.

Además, se modificaron las rutas de los camiones que que trasladan los telegramas de las escuelas del conurbano para que tengan menos centros de votación a su cargo. Y se los habilitará a seguir su recorrido sin tener que esperar hasta el último telegrama de cada escuela, para agilizar las rondas.

También habrá más empleados dedicados al escaneo de los telegramas, con turnos de 1200 personas en cada centro de transmisión, para evitar errores. Además, esperan que la menor cantidad de Partidos que competirán en octubre, producto del filtro de las PASO, ayude a agilizar la carga de datos.

Por otro lado, se instalaron pantallas en las sedes del Correo para que los fiscales informáticos de los partidos políticos puedan identificar cuántos telegramas ya fueron ingresados al sistema, pero no publicados y los motivos de esa demora.

Pero la modificación central, explicó Pérez, está vinculada a una mayor capacitación de las autoridades de mesa porque de las 37.207 urnas bonaerenses, en las PASO hubo 1032 telegramas que no se cargaron porque no estaban firmados o les faltaba una hoja, porque no tenían ningún dato o no estaban en el sobre o porque los presidentes de mesa los habían metido adentro de las urnas.