Autopista: una rescisión “ruinosa” para el Estado que puede llegar a la Justicia

Autopista: una rescisión “ruinosa” para el Estado que puede llegar a la Justicia

La Casa Gris contrató a un estudio jurídico y a un ingeniero para que realicen una auditoría que determine si fue correcta la rescisión consensuada con Arssa. Los informes de la UNR que ya están sobre la mesa son lapidarios en cuanto a los incumplimientos y al perjuicio económico de esta decisión. La oposición adelanta que irá a la Justicia ante “tamaño escándalo”

Tras 24 años de concesión privada, el Gobierno provincial retomó en los primeros días de agosto el control de la autopista Brigadier General Estanislao López mediante un fideicomiso público llamado «Vial Santa Fe» administrado por el Banco Municipal de Rosario.

La nueva gestión estatal se ocupará de la administración, el cobro del peaje, el pago de los salarios –los 267 empleados que tenía la anterior concesión pasaron a formar parte de este fideicomiso–, de todos los servicios al usuario, el desmalezamiento, la prevención de accidentes y los servicios de emergencia.

A priori, la decisión de la Casa Gris cerró definitivamente el capítulo con Arssa, el emporio de empresas que administró la autopista desde el 31 de diciembre del 2010 hasta enero de este año, cuando el poder Ejecutivo firmó la rescisión del vínculo por el incumplimiento de uno de los objetivos centrales fijados en la licitación: la repavimentación total de la traza.

Sin embargo, los términos y las condiciones de la ruptura del contrato siguen siendo un tema muy espinoso en la política local. Al día de hoy, el Gobierno no presentó ninguna acción administrativa ni judicial contra Arssa.

En enero, Miguel Lifschitz rescindió la concesión de común acuerdo con la concesionaria sin ejecutar las garantías y sin sanciones a la empresa. Para gran parte de la oposición, se trató de una resolución “ruinosa” para las arcas del Estado.

Los informes técnicos realizados por dos facultades de la UNR concluyeron que en cinco años la concesión repavimentó apenas el 24% de la traza y que no respetó los estándares de calidad exigidos por contrato.

El perjuicio económico se calculó en 1.554,8 millones de pesos. El monto equivale a la cantidad de kilómetros no repavimentados y ajustado a la inflación a diciembre de 2016. Es el dinero que tendría que haber cobrado el Estado por los incumplimientos de la firma.

El diputado provincial Héctor Cavallero (FPV) adelantó que llevarán el caso a la Justicia ni bien se agoten todas las instancias administrativas de reclamos. “Estamos frente a un escándalo que no tiene precedente en la provincia”, afirmó. Y denunció: “No se fue a fondo porque son las empresas amigas del socialismo, las que están detrás de casi toda la obra pública de la provincia”.

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