La Fiscalía coincide con el planteo formulado por Lula , para quien el excapitán fue el verdadero responsable del alzamiento del pasado fin de semana.
«Agradezco que oren por mí». Desde la habitación de un hospital estadounidense Jair Bolsonaro se dirigió a sus seguidores con el rostro abatido. El presunto mentor del asalto al Palacio del Planalto en Brasilia recibió malas noticias este martes: el Ministerio Público requirió el bloqueo de sus cuentas y el Supremo Tribunal Federal ordenó la prisión de uno de sus hombres de confianza, Anderson Torres.
El fiscal Lucas Rocha Furtado pidió que se congelen sus cuentas en el marco de la investigación contra los sospechosos de haber participado en los atentados del domingo como autores intelectuales o materiales. Al poner en su mira a Bolsonaro la Fiscalía coincide, implícitamente, con el planteo formulado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quien el excapitán fue el verdadero responsable del alzamiento del pasado fin de semana.
Dónde ir
Este pedido de la Fiscalía sumará más argumentos a los diputados del Partido Demócrata estadounidense que solicitaron la «expulsión» del paciente internado en un hospital de Orlando, en el estado de Florida donde se habría reunido con su amigo, Anderson Torres. Si bien la presión por la deportación es incipiente, cabe tener en cuenta que el presidente Joe Biden no simpatiza con el exmandatario. El gobernante demócrata repudió la insurrección de ultraderecha y se comunicó telefónicamente con Lula a quien le manifestó su solidaridad y reiteró la invitación para que lo visite en la Casa Blanca, posiblemente en febrero.
Según fuentes próximas a Bolsonaro, no se descarta su retorno a Brasilia para evitar ser puesto en aprietos por legisladores que lo definieron como alguien «peligroso», publicó el portal UOL. Otros informantes estiman que podría prolongar su estancia en Florida o viajar a Italia, donde espera obtener la ciudadanía y una suerte de refugio contra eventuales pedidos de prisión. Ante esa posibilidad el diputado Angelo Bonelli, del Partido Verde, dijo en la Cámara baja italiana que el gobierno de su país no debe conceder la ciudadanía a alguien que «ataca a la democracia» y expresó su apoyo a Lula.
Anderson Torres
El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitió una orden de prisión contra el comisario Anderson Torres, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia. Para el magistrado Torres es uno de los responsables por la omisión o complicidad de la Policía Militar brasiliense frente a los miles de bolsonaristas que el domingo invadieron la avenida principal de la capital, la Explanada de los Ministerios, tras lo cual grupos organizados ocuparon y devastaron sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, perpetrando una versión agravada del asalto al Capitolio estadounidense. Acontecimiento que llegó a ser justificado por Bolsonaro.
Esta orden de prisión contra Torres fue un gancho al mentón del jefe de la extrema derecha. El comisario fue ministro de Justicia de su gobierno y era su principal operador en la gobernación de Brasilia. La eventual captura de Torres, que permanecería en Orlando, ayudará a desmontar la gavilla bolsonarista que orquestó el golpe fallido en la cual habría participado el exefe de la policía brasiliense, el coronel Fabio Vieira, contra quien se emitió otra orden de prisión.
Lula
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva obtuvo una victoria ete martes en el Congreso donde fue levantado el receso veraniego para aprobar con «urgencia» su decreto de intervención federal de Brasilia. De este modo el Poder Legislativo se sumó a la ofensiva contra los responsables y los cómplices de la asonada de este fin de semana.
Los titulares del Senado, el conservador Rodrigo Pacheco, y de Diputados, el bolsonarista Arthur Lira, aceptaron sesionar en tiempo récord para dar a Lula una herramienta jurídica necesaria en primer lugar para combatir el esquema sedicioso. Y también para tomar las riendas de la seguridad en la Capital Federal donde las filas policiales están contaminadas de agentes antidemocráticos.
Otro avance para el gobierno fue la orden del Supremo para que sea levantado el campamento golpista establecido frente al Cuartel General del Ejército en la capital, que terminó con el arresto de 1,2 mil extremistas.
Sospechas de Terrorismo
Con el fin del acampe frente al Ejército , el movimiento bolsonarista comenzó a buscar nuevos blancos para mantener encendido el clima de inestabilidad. El lunes hubo bloqueos de rutas y avenidas en los estados de San Pablo, región sudeste, Mato Grosso en la Amazonia y en la sureña Santa Catarina.
Este martes la Agencia Nacional de Energía Eléctrica informó que tres torres de alta tensión fueron derribadas en las provincias de Rondonia, limítrofe con Bolivia y Paraná fronteriza con Argentina y Paraguay. Frente a la sospecha de que se trató de sabotajes, se creó un comité de emergencia encargado de investigar el caso y elaborar un plan de contingencia ante el riesgo de más ataques.
Se sospecha que el bolsonarismo en retirada, o más bien en fase de repliegue , intente mantener el clima de inestabilidad antes de organizar acciones de masas como la del domingo pasado contra los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la mira de los extremistas estaría la petrolera Petrobras, la cual ingresó en una etapa de reestatización decretada por Lula en su primer día de gobierno.
El titular designado de la petrolera, Jean Paul Prates, manifestó su preocupación ante el «riesgo » de bloqueos a las refinerías por lo cual pidió a las autoridades reforzar la «seguridad y medidas de inteligencia».
Método
Utilizar el terror como arma política ha sido una marca en la biografía de Bolsonaro. En los años ochenta fue sometido a un proceso en la justicia militar por organizar un plan para colocar bombas en los cuarteles y hacer volar una planta distribuidora de agua a fin de presionar por el aumento de salarios . El tribunal llegó a la conclusión de que el entonces teniente era culpable y se pactó no condenarlo a cambio de su retiro.
En la década pasada, siendo diputado, Bolsonaro estrechó sus relaciones con las «milicias» parapoliciales cuyos intereses representó en el Congreso. Siendo una suerte de lobbysta de esas bandas ya usó el Plenario para defender su legalización. Una vez en el gobierno, entre 2019 y 2022, empoderó a los «milicianos» con cargos y fondos, y utilizó la amenaza como recurso de poder frecuente contra adversarios.
Con ese prontuario lo menos que cabe es sospechar que Bolsonaro es el instigador del asalto al Planalto y podría estar ligado, o al menos informado, de los sabotajes contra torres de alta tensión.
