El misoprostol fabricado por el Estado llega a los centros de salud

Es usado para abortar de manera segura hasta la semana 12 de embarazo. La producción del LIF pasó todas las pruebas y ya se distribuye gratis en el territorio provincial. Podrá llegar al resto del país si obtiene la autorización de la Anmat. El costo representa un 35% del valor de productos privados

El misoprostol fabricado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) Sociedad del Estado empieza a distribuirse en los centros de salud y hospitales de la provincia de Santa Fe. La droga es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un medicamento esencial para hacer un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo y en la salud pública es usado para las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) permitidas por el Código Penal desde 1921 y para otras prácticas ginecológicas.

El misoprostol santafesino se empezó a fabricar en enero de 2018 y ya pasó todas las pruebas para ser usado. Es la primera producción pública del país y abarca los formatos oral y vaginal. La distribución es gratuita y el costo de fabricación representa un 35 por ciento del valor de los productos comerciales de laboratorios privados.  Por ahora, estará disponible en la salud pública de Santa Fe pero podrá llegar a otras provincias si obtiene una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).

En diálogo con El Ciudadano el subdirector de Géneros e Interculturalidades del Ministerio de Salud de Santa Fe, Oraldo Llanos, confirmó que el misoprostol fabricado por el LIF ya pasó todas las pruebas y empezó la distribución. “Fue enviado a los depósitos regionales y será entregado bajo receta archivada con un registro y control por parte de los equipos de salud. Es una buena noticia que tengamos un producto público en un momento de crisis. Favorecer la salud de las personas cuando faltan insumos en todos lados y no hay cotización clara de los medicamentos es algo que nos da mucha alegría y tranquilidad. El abuso que existe en el mercado de precios con este producto público puede empezar a desarmarse”, explicó.

El LIF es el primer laboratorio público de Argentina que fabrica misoprostol. El resto de la producción está en manos de los privados Beta y Domínguez. Beta hace el Oxaprost que está combinado con diclofenac y no está indicado para interrumpir el embarazo, sino para problemas gástricos. La caja vale más de 6.700 pesos. A mediados de 2018 Domínguez fue autorizado a hacer el Misop y por primera vez la Anmat reconoció el uso ginecológico. A diferencia del Oxaprost, el Misop es misoprostol puro y vale 4.200 pesos.

En abril de 2018 El Ciudadano adelantó que el LIF había empezado a producir misoprostol. La noticia llegó durante el debate del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuando se abrió la discusión sobre la producción pública de misoprostol como una política necesaria a la hora de garantizar el acceso al aborto legal en Argentina.

Los estudios para fabricar la droga habían empezado en 2016 y en enero de 2018 se hicieron los primeros 100 mil comprimidos. Durante más de un año fueron estudiados y testeados a través de distintas pruebas de estabilidad. Finalmente, el producto está listo. El costo de los 12 comprimidos necesarios para interrumpir el embarazo equivale a entre el 30 y el 35 por ciento del valor de los productos comerciales.

Alcance
El misoprostol del LIF es para ser usado en la salud pública, tanto de Santa Fe como del resto de país. Su distribución es gratuita y no puede venderse en farmacias. Por ahora, estará disponible sólo en Santa Fe. Para tener alcance nacional es necesaria una autorización de la Amnat que ya está en trámite.

En la provincia hay dos laboratorios estatales que pueden garantizar la producción a escala nacional: el LIF y el Laboratorio de Especialidades Metabólicas (LEM), que depende de la Municipalidad de Rosario. Los dos ya venden otros tipos de medicamentos a otras provincias, al Ministerio de Salud nacional e incluso a otros países.

Protocolos
Santa Fe es una de las diez provincias argentinas que adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y desde 2013 distribuye el medicamento en hospitales y centros de salud. Aplica el protocolo con un criterio de ampliación de derechos en base a la definición de la OMS de la salud como física, psíquica, emocional y social. Rosario tiene una experiencia modelo: desde 2012 no muere ninguna mujer o persona gestante por aborto clandestino. El año pasado 2.138 personas accedieron a la práctica segura en la provincia, de las cuáles 1.312 lo hicieron en Rosario.

La mayoría de las interrupciones se hacen con misoprostol de manera ambulatoria, es decir, la persona puede hacerlo en la casa en el momento que prefiera, con el seguimiento del médico o la médica de cabecera antes y después. Desde 2016 también se utiliza el método de aspiración manual endouterina (Ameu), una intervención quirúrgica de baja complejidad que no necesita internación, como pasaba con el viejo raspaje que la OMS recomienda abandonar desde 2002.

“La llegada del misoprostol es un sueño hecho realidad. Es un producto que da un posicionamiento distinto para acompañar la salud de las personas porque es de calidad y de bajo costo. No solo es más barato sino que el uso del misoprostol ayuda a bajar los riegos producen las complicaciones por abortos inseguros. Es una inversión en salud, no un ahorro”, explicó Llanos.

Para el funcionario tanto la producción pública del misoprostol como la aplicación de los protocolos de ILE son un derecho adquirido en Santa Fe. “Esperamos que la diversidad en las opiniones sume y que no vayamos para atrás en la garantía de derechos. Además de lo sanitario esto tiene el valor simbólico del respeto al derecho de cada persona a decidir su proyecto de vida. La provincia acompaña en el marco de la legislación vigente en Argentina. Es una política integral, con soberanía de insumo y con el respeto por el derecho a decidir”, concluyó el funcionario.

La droga política
El misoprostol no nació como una droga para abortar. El uso para terminar con embarazos no deseados fue un descubrimiento de las mujeres en la búsqueda de métodos seguros. A mediados de los 80, Brasil aprobó la fabricación y comercialización del fármaco para problemas gástricos. En el prospecto decía que no debían usarlo las embarazadas y el dato sirvió para que las mujeres probaran y se pasaran el conocimiento. Algunas hipótesis dicen que el saber se diseminó de boca en boca en toda América Latina. Años después la venta libre quedó prohibida en Brasil pero el uso ya había sido comprobado.

El descubrimiento como método fue un cambio revolucionario. Por primera vez las mujeres y personas gestantes podían interrumpir un embarazo sin ir una clínica clandestina o recurrir a técnicas inseguras. En los países con aborto legal significó bajar los gastos de internación y anestesia porque la interrupción puede hacerse en casa en el momento que cada una elija.

Con los años la ciencia tomó ese conocimiento y determinó que es una droga que no se acumula en el cuerpo ni afecta la fertilidad y la OMS lo incluyó entre los medicamentos esenciales para un aborto seguro y ambulatorio.

Fuente: El Ciudadano


Una familia necesitó $33.013 en agosto para no ser pobre

La Canasta Básica Total aumentó un 3,4% el mes pasado con respecto a julio de este año. En tanto, una persona necesitó $4420 para no ser indigente en el mismo período de tiempo.

La Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó 3,4% en agosto respecto del mes anterior, con lo que alcanzó un costo de $33.013,22 para una familia del Gran Buenos Aires conformada por dos adultos y dos menores de edad.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este miércoles que la Canasta Alimentaria (CA), que define el nivel de indigencia, aumentó 3,8% entre julio y agosto de 2019 por lo que su costo llegó a los $13.258,32 para una familia tipo.

De acuerdo con la descripción del INDEC, la familia del Hogar 2 (la de dos niños y sus padres) representa 3,09 unidades de adulto equivalente.

Así es posible determinar que un hombre de entre 18 y 60 años, a quien le corresponde el 1 en la tabla de equivalencias, necesitó alrededor de $4.419,44 para poder alimentarse teniendo en cuenta la CA de $13.258,32.

Con la referencia de los $33.013,22 para la CBT del Hogar 2, un hombre de entre 18 y 60 años precisó alrededor de $11.004,40 en agosto para no ser pobre, siempre sin tener en cuenta gastos extras como el alquiler de una vivienda.

Las cifras cambian un poco en el caso de las mujeres de entre 18 y 60 años, ya que se les asignó el 0,76 de la unidad de adulto equivalente: un 24% menos que a los hombres de la misma edad.

Pero como no existen las tarifas diferenciadas por género o los precios 24% más baratos para mujeres, es posible presumir que ellas necesitan los mismos $11.004,40 que los varones a los efectos de llegar a fin de mes


El Senado Nacional aprobó la ley de Emergencia Alimentaria

Fue por unanimidad, con 61 votos positivos. Se prorroga de esta manera hasta el 31 de diciembre de 2022. Aumenta en 50% las partidas para alimentación y nutrición.

La ley que prorroga hasta 2022 la Emergencia Alimentaria y amplía las partidas presupuestarias para ese objetivo fue aprobada este miércoles por unanimidad por el Senado de la Nación.

Con 61 votos a favor, el proyecto fue convertido en ley a menos de una semana de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados.

La votación se produjo después de las 17.50, luego de un debate en el que no faltaron críticas al oficialismo, que casi no tuvo expositores.

La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y establece un incremento al menos el 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

Además, la iniciativa faculta a la Jefatura de Gabinete a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para poder destinar fondos para aplicar esta ley.

También se autoriza al Jefe de Gabinete, partir del 1 de enero del 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.

Entre los senadores santafesinos la única oradora fue la Senadora María de los Ángeles Sacnun, quien expreso que “»En nuestro bloque tenemos preocupación en torno a la situación alimentaria desde hace mucho tiempo y por eso hemos presentado otros proyectos anteriores», explica. También expreso que «Además de debatir la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, debemos incorporar el término soberanía alimentaria, que no habla sólo del acceso a la alimentación sino también de la producción de estos».


Las escuelas públicas, privadas y la UNR no tendrán clases mañana por un paro nacional

Ctera lanzó la medida de fuerza debido al fallecimiento de dos docentes cuando regresaban de una marcha de protesta en Rawson, donde se efectuó un acto por reclamos salariales.

El anuncio fue realizado por la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso; y el secretario general adjunto, Roberto Baradel, en el marco de una conferencia de prensa convocada de urgencia en la sede porteña del gremio.

Se trata del segundo paro nacional convocado en reclamo de la situación que atraviesan los docentes en Chubut: el primero había sido el jueves 5 de septiembre, en solidaridad con los maestros de Chubut que habían sido agredidos en la madrugada del día anterior, cuando realizaban un reclamo salarial en el cruce de las rutas 3 y 26.

“Venimos advirtiendo hace tiempo sobre la gravedad del conflicto y la inacción y falta de respuesta del gobierno provincial y nacional”, afirmó Alesso esta mañana en la rueda de prensa.


Alberto Fernández recibió a CTERA y se comprometió a reabrir la paritaria nacional docente

Lo confirmó el dirigente gremial Eduardo López. Junto a Sonia Alesso y Roberto Baradel le entregaron un documento al candidato a Presidente con 10 propuestas.

Alberto Fernández recibió a los principales dirigentes de CTERA (Sonia AlessoEduardo López y Roberto Baradel), quienes le acercaron un documento con lineamientos educativos. El candidato a presidente por el Frente de Todos les agradeció y recibió de buena manera las propuestas y les prometió que “el 11 de diciembre volverá la Paritaria Nacional Docente”.

Así lo confirmó López, secretario general de UTE: “A partir del 11 de diciembre habrá paritaria nacional, incumplida por el gobierno de (Mauricio) Macri desde fines del 2016”. Y sumó: “Se discutirán salarios, netbooks, libros, calidad educativa, formación docente e infraestructura”. En 2003, uno de los primeros actos de gobierno de Néstor Kirchner había consistido en solucionar el conflicto docente con un giro de fondos desde Nación tras un viaje sorpresivo a una de las provincias en crisis.

El documento que recibió en mano Fernández consta de 10 propuestas, entre las que se destacan el pedido por un proyecto educativo a nivel nacional, mayores vacantes, la universalización de la educación desde los 45 días, mejoras edilicias en las escuelas, formación docente y salarios dignos. Con estas ideas, CTERA propone “saldar la deuda educativa con la sociedad”.

Asimismo, hablaron del incumplimiento de la ley de Financiamiento Educativo, que debería ubicarse en el 6% del PBI y Cambiemos lo subejecutó. La inversión educativa nacional, por ejemplo, era de $ 195.000 millones en 2015 y Macri lo redujo a $ 147.000 millones, de acuerdo a CIPPEC y medido en pesos constantes.

Los 10 puntos del documento son:

 

  • Un Proyecto educativo a escala nacional, con saberes y contenidos para la soberanía pedagógica.

 

  • Escuelas seguras, dónde los niños, niñas,  jóvenes y adultos sientan deseos de concurrir y posibilidades reales de asistencia a los establecimientos.Vacantes suficientes, en escuelas públicas disponibles en todo el territorio nacional y para todos los niveles del sistema.
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    • Ampliación de los horarios escolares y una organización institucional que favorezcan la articulación familia-escuela.

     

    • Docentes reconocidos en su trabajo y profesionalidad, con salarios dignos, y con recursos materiales y tecnológicos para la tarea de enseñar.
    • Cargos docentes suficientes y jornadas institucionales para democratizar la educación.

     

    • Formación permanente gratuita y de calidad para los docentes de todo el sistema.

     

    • Sistemas de evaluación que contribuyan con el mejoramiento de la enseñanza y no se reduzcan a una simple medición de control.

     

    • Universalización de la educación desde los 45 días hasta el Nivel Superior.

     

    • Una Educación común para todos/as, que a su vez aloje las diferencias y necesidades propias de las diversas modalidades y contextos.

Estados Unidos suspendió el juicio por YPF hasta que se conozca al próximo Presidente

Burford Capital exige al Estado Nacional y a YPF un resarcimiento que oscila entre 1.500 y 3.000 millones de dólares

La justicia de los Estados Unidos finalmente suspendió el juicio por la expropiación de YPF hasta que se conozca al próximo gobierno argentino, en medio del clima electoral argentino.

La decisión la tomó Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Manhattan por la causa que fue iniciada por Burford Capital, un estudio global que se especializa en comprar derechos de litigio en grandes causas.

Burford Capital exige al Estado Nacional y a YPF un resarcimiento que oscila entre 1.500 y 3.000 millones de dólares, según reveló el portal Infobae.

La jueza Preska fue la persona en suceder al fallecido magistrado Thomas Griesa. Ella ahora decidió suspender las actuaciones hasta que se defina la situación electoral en el país.

“Ante la realización de las elecciones en la República Argentina, este tribunal aplaza las fechas de información sobre la Moción de Desestimar para la norma de Forum non Conveniens hasta que este más claro que administración tendrá el poder de hablar en nombre de la República”, decidió Preska según adelantó ese portal.

Y concluyó: “En consecuencia, el tiempo de Petersen Energía Inversore y Eton Park Capital Management para presentar documentos de oposición se extiende hasta el 7 de diciembre; y el tiempo de respuesta de la república se extiende hasta el 7 de enero de 2020”.


La Justicia avanza con la investigación para saber si Mauricio Macri propició la devaluación post PASO

Se deberán presentar registros de ingresos y egresos de Casa Rosada y el Banco Central correspondientes al lunes post PASO

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda entreguen las agendas y registro de viajes de sus funcionarios para determinar si el Gobierno dejó que el dólar subiera un 30% después de la aplastante derrota de Mauricio Macri en las PASO, por casi 17 puntos, ante Alberto Fernández.

La fiscal Paloma Ochoa ordenó una serie de medidas y el juez les dio curso. Por eso, le pidió al Banco Central, de Guido Sandleris, y al Ministerio de Hacienda, en aquélla fecha conducido por Nicolás Dujovne, que entreguen “las agendas oficiales y el registro de viajes” de sus titulares y de los funcionarios que formaron parte de las reuniones vinculadas al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, Canicoba Corral solicitó los documentos que se firmaron desde 2018 referidos al acuerdo histórico con el organismo internacional de crédito, así como las reuniones que tuvieron sus representantes con los funcionarios macristas. En tanto, Marcos Peña, el jefe de Gabinete, deberá presentar los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y del Banco Central del lunes 12 de agosto, el día de la megadevaluación.

Fernando Miguenz fue quien presentó la denuncia en base a los dichos de Martín Redrado, extitular del Central, que manifestó: “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar” y que, según él, habría ordenado a la autoridad monetaria no intervenir para contener el valor de la divisa.

En base a esta hipótesis, el organismo que conduce Sandleris deberá remitir las operaciones que realizó el día post PASO en el mercado mayorista y Hacienda deberá explicar qué incidencia tuvieron los acuerdos en la política de control de cambios, y las medidas acordadas con el FMI, según informó minutouno.com.

Según informaron fuentes judiciales a El Destape, en el expediente se sostiene que el viernes 9 de agosto, dos días antes de las PASO, se produjo una manipulación del mercado con motivo electoral, la cual fue generada por el propio Mauricio Macri. La misma consistió en alzar artificialmente el precio de papeles y acciones que cotizan en bolsa, lo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) debería haber investigado.

Por ello, el magistrado le solicitó a la CNV que especifique si hubo alertas entre el 8 y 13 de agosto, si se abrieron sumarios o aplicaron sanciones ante el comportamiento de operadores bursátiles y operaciones realizadas esas fechas.


Los Macri critican la intervención del Correo Argentino pero aceptan al coadministrador nombrado a dedo

La familia Macri presentó un escrito en respuesta a la decisión tomada a medias y tarde por la jueza Marta Cirulli. Además criticó a la justicia y los medios por no “colaborar” en la recuperación de la compañía.

La intervención en Correo Argentino suma un nuevo capítulo. Como informó El Destape, la jueza Marta Cirulli dispuso la intervención de la empresa de la familia Macri tarde, a medias y a dedo. Tarde, porque la fiscala Gabriela Boquín la pide desde 2017; a medias, porque nombró un coadministrador y mantuvo a los síndicos y administradores imputados por el vaciamiento; y a dedo, porque la designación no se hizo por sorteo sino que Cirulli, también imputada por el vaciamiento, eligió directamente al abogado de la city Carlos Ángel María Ferrario. Ahora, los Macri presentaron un escrito donde critican la intervención de su empresa pero aceptan a Ferrario, del que se animan incluso a vaticinar sus conclusiones.

El escrito lo presentaron Jaime Cibilis Robirosa, presidente de Correo Argentino, patrocinado por su tocayo Jaime Kleidermacher, abogado de los Macri en esta causa. Tanto Robirosa como Kleidermacher están imputados y fueron indagados en la causa penal por el vaciamiento de Correo Argentino que instruye el juez Ariel Lijo en Comodoro Py.

El escrito critica al inicio la resolución de la jueza Cirulli, también imputada penalmente por el vaciamiento pese a lo cuál se niega a excusarse y continúa su intervención en esta causa. La jueza Cirulli dictó la intervención tarde, a medias y a dedo de Correo Argentino con el argumento de que los Macri ocultaron información. Para los Macri, “las argumentaciones que nutren la resolución en crisis parten de una serie de bases erróneas”. Aseguran que sufren “una intervención no merecida frente a un ‘pasivo’ no concursal no exigible que es solventado por sus accionistas y que es informado todos los meses a la sindicatura controlante”. La cuestión es justamente esa: las deudas que Correo acumuló en estos años no fueron informadas y la sindicatura controlante la maneja Julio César Rivera, abogado histórico de los Macri que también está imputado en el vaciamiento pero que el presidente no se privó de nombrar como conjuez de la Corte Suprema

Esto no quiere decir, como ya se dijo, que la concursada no colabore con VS y acepte la designación de co-administrador que cumplirá con sus funcione y que seguramente ratificará lo expuesto”, aclaran los Macri, con lo que aceptan al interventor e incluso aventuran el resultado de sus informes. En sus conclusiones, insisten en “que una vez que el co-administrador verifique y demuestre el correcto proceder de Correo Argentino SA y sus administradores, pueda cesar en sus funciones”.

La jueza Cirulli nombró como coadministrador a Ferrario. Como informó El Destape, lo hizo de forma irregular, sin realizar el sorteo legal que establece la resolución 528 del 2005, donde el Consejo de la Magistratura estableció que “en los casos en que corresponda la intervención de un profesional, los Tribunales nacionales y federales de todos los Fueros con sede en la Capital Federal deberán designarlo por sorteo entre los integrantes de las listas auxiliares de la Justicia remitidas por las entidades profesionales”. La jueza Cirulli tomó su nombre del listado entregado por el Colegio Público de Abogados, pero informó que no hizo ningún sorteo.

Los Macri dicen que el coadministrador Ferrario es innecesario, que su tareas se superpondrán con las del síndico que, tal como publicó este medio, no es otro que el abogado de confianza de los Macri. En este último documento, los Macri destacan que siempre colaboraron con la sindicatura, como si no tuvieran uno y el mismo interés.

El documento, al que accedió El Destape, tiene un párrafo curioso. Tras insistir, como siempre, en que el Estado despojó a Correo Argentino de sus bienes cuando le quitó la concesión, afirman: “Llamativamente ni los síndicos, ni los medios ni la fiscalía ni ningún órgano jurisdiccional ha señalado en todo este tiempo nada al respecto guardando silencio y afectando sensiblemente lo derechos de la concursada. Nadie colabora en la recuperación de la empresa”. Hay que separar los tantos. No hay motivos por lo que los medios deberían (o deberíamos) colaborar en la recuperación de la empresa, aunque hay que mencionar el aporte que hizo la prensa dominante con su silencio del caso Correo Argentino o, como mucho, con notas de periodismo lavandina. Los síndicos y jueces de esta causa han sido parte de su letargo y están imputados penalmente por el vaciamiento, a excepción (por ahora) de las camaristas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini. Todos han colaborado y bastante. Respecto a la fiscalía, los Macri desforman otra vez su función, que es la de proteger el Estado y no a su empresa. De tanto mezclar fiscales con los intereses de Macri tal vez se les olvidó esa diferencia.

Fuente: El Destape


“Tengo el Gabinete claro en un 70%”, dijo Alberto Fernández

El candidato del Frente de Todos maneja una lista de nombres para su equipo de resultar electo.

“Sé dónde está el equipo”, expresó este lunes Alberto Fernández a la Radio AM990 de Córdoba. El candidato está de viaje por esa provincia y se reunió con el gobernador Juan Schiaretti para lograr un entendimiento con miras a las próximas elecciones.

“Tengo el Gabinete claro en un 70%”, señaló el candidato del Frente de Todos, aunque el nombre para la cartera de Hacienda todavía no está definido porque tiene “un nivel de duda” al respecto.

“Todavía no lo tengo definido porque tengo demasiados, son muchos y muy buenos”, señaló sobre los posibles ministros. Algunos de esos nombres son Martín Redrado, Guillermo Nielsen, Emmanuel Álvarez Agis, Cecilia Todesca, Miguel Peirano o Matías Kulfas.

Para el puesto de Jefes de Gabinete podrían ser Santiago Cafiero o Eduardo “Wado” de Pedro, aunque éste último suena también para Interior. Para Cancillería se escuchan los nombres de Jorge Argüello y Eduardo Valdés, y quizás hasta Felipe Solá.

Daniel Arroyo, sería el referente de Fernández para el área de Desarrollo Social. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, también podría sumarse al flamante gobierno.

Ante un eventual triunfo de Fernández podría crearse el Ministerio de la Igualdad, que quedaría en manos de Victoria Donda. También suenan Luana Volnovich y Mirta Tundis para cargos dentro de esa cartera.

La santafesina María Eugenia Bielsa, ex directora de Vivienda de Rosario, podría ser nombrada ministra para un área similar a nivel nacional.

Carlos Tomada sería uno de los regresos en materia de Trabajo, y de hecho volvería el mismísimo Ministerio, que fue degradado a Secretaría durante el gobierno de Mauricio Macri.

Marcela Losardo, el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne y el ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Juan Manuel Olmos, son algunos de los nombres que rondan para la cartera de Justicia.


Los ingresos por AUH, pulverizados frente a los aumentos en alimentos

El aumento de precios de alimentos de la canasta básica generó que el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no alcance para cubrir los requerimientos mínimos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los dos años, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

El trabajo concluyó que “90% de los niños, niñas y adolescentes no tiene cubiertas sus necesidades de alimentación por el ingreso mensual de AUH”, a partir del análisis de su poder de compra en términos de la Canasta Básica Alimentaria por adulto, a raíz de impacto del aumento de precios.

Por las características del pago de la AUH, las beneficiarias cobran 80% de la Asignación de manera mensual, un total de $2.121 sobre $2.652, y el 20% restante lo reciben a fin de año tras la presentación de la libreta que certifica los datos del adulto responsable, la situación educativa y los controles de salud.

Dados los mayores requerimientos nutricionales de los adolescentes varones, la brecha con la AUH para un varón de 17 años es de $3.224, mientras que para una mujer de la misma edad es de $1.814, aunque también significativa.

El informe destacó que en un contexto de aumento del desempleo y caída del poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios, quienes típicamente generan las “changas” que emplean a los sectores de bajos ingresos, “la insuficiencia de la AUH en términos alimentarios se vuelve un problema significativamente más acuciante”.

“Estos hogares pasan a depender casi exclusivamente de estas transferencias que representan el único ingreso estable del hogar”, resaltó el informe.

Además, completó, la canasta alimentaria “no incluye otros bienes también básicos e indispensables, como pañales en los bebes de cero a dos años, los elementos de gestión menstrual en las adolescentes a partir de los 11 o 12 años o los elementos de la canasta escolar para los niños, niñas y adolescentes