Alberto Fernández con Cristina Fernández definen el gabinete

Se reunieron en el departamente de ella para pulir los nombres de los futuros ministros y de otros lugares de la gestión que asumirá el 10 de diciembre. No se veían desde hace 18 días.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reunieron para terminar de definir los nombres del gabinete y de los ocupantes de los principales cargos de la nueva gestión. Si bien el presidente electo ya maneja una lista con elegidos, es lógico que antes de comenzar con los ofrecimientos los ponga en consideración de su compañera de fórmula, para sopesar juntos los pro y los contra de cada uno. Luego, sólo quedará resolver cuándo y cómo se anunciarán esos nombres, la gran expectativa antes de la asunción. Alberto Fernández siempre planteó que quiere hacerlo lo más cerca posible de la jura, casi seguro en la primera semana de diciembre. Del encuentro también participó Máximo Kirchner.

Entre las cuestiones a resolver está la jefatura del bloque de diputados. El actual jefe, Agustín Rossi, pasará a ocupar el ministerio de Defensa. Originalmente no era una designación que Alberto Fernández tuviera prevista, pero cuando se encontró en la disyuntiva de ocupar ese casillero no encontró ninguna otra alternativa. Hizo algunas consultas con conocidos y le respondieron que Rossi había hecho un buen trabajo cuando estuvo al frente de esa cartera, así que terminó de despejar cualquier duda. 

La vacante en diputados podría ocuparla Máximo Kirchner, algo que conversaron anoche. Hasta ahora, Máximo no dijo nada al respecto, pero tampoco salió a desmentir esa posibilidad. Se sabe que desde la campaña electoral armó una muy buena relación con Sergio Massa, quien ocupará la presidencia de la Cámara, un dato a tener en cuenta. En cambio, lo que le podría jugar en contra a Máximo es cierta reticencia de parte de los gobernadores a que sea el líder de La Cámpora quien conduzca a los diputados, dado que pugnarían por un reparto equilibrado de los lugares de poder.

Respecto a los nombres del gabinete, no hay que imaginar demasiados cambios. De la lista que se conoce, revelada por este diario el jueves pasado, no surgen a priori nombres a los que Cristina Kirchner pueda ponerle algún reparo. Pero sí hay versiones sobre algunos cambios. Por ejemplo, en el recuperado ministerio de Ciencia y Técnica recalaría Roberto Salvarezza en vez de Fernando Peirano, como se dijo. 

En tanto, hay un interrogante abierto en lo que será el ministerio de Igualdad y Género, una de las novedades que traerá el gabinete albertista. Se sabe que Dora Barrancos, una luchadora histórica por los derechos de la mujer que fue candidata a senadora en la Ciudad, declinó del ofrecimiento para ocupar esa cartera y entonces surgió la posibilidad de que Malena Galmarini recalara como ministra. Sin embargo, a Malena le atraería más una oferta de Axel Kicillof de ocupar un cargo provincial relacionado con la ayuda social, dado que todavía no está muy definido qué competencias comprenderá este nuevo ministerio nacional, tal vez por el momento con más contenido simbólico que concreto.

La conversación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner era muy esperada por quienes figuran en esa grilla. Si bien en algunos casos ya está todo definido y conversado, en otros todavía esperaban un ofrecimiento formal por parte del presidente electo. “La verdad es que nunca lo hablé con él. Sé que soy el candidato a ocupar ese ministerio porque me lo comentaron algunos allegados, pero no Alberto”, comentaba esta semana uno de los mencionados recurrentes entre los ministeriables que consideraba muy lógico que esa conversación llegara después de que terminara de definir los tantos con la futura vice. No por una cuestión de vetos, pero sí para actuar como una fórmula presidencial que trabaja en equipo y de común acuerdo.

Alberto Fernández quiere evitar a toda costa la idea del cogobierno, por lo que su intención es retrasar todo lo posible la difusión de su gabinete. El gobierno de Mauricio Macri busca compartir los costos de cada medida que toma, algo que puntualmente el presidente electo sale a desmentir, como ocurrió la semana pasada con el aumento de los combustibles.


La AFIP avanza contra los Macri por los 600 millones de pesos de deuda por evasión fiscal

Los equipos técnicos de la administración federal iniciaron una inspección contra la empresa del saliente presidente por la falta de pago del impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta desde el año 2013. Sí, la empresa del difunto Franco no le pagó ni al Gobierno que ellos mismos controlaron.

La inspección realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre la empresa Correo Argentino de la familia Macri terminó arrojando una deuda de 600 millones de pesos por la falta de pago del impuesto a las Ganancias y la Ganancia Mínima Presunta desde el año 2013 en forma consecutiva.

El expediente que se inició el 1 de junio del 2018 cuando la línea técnica de AFIP comenzó con la revisión de los bienes incluidos en el patrimonio del correo que se encuentran inmvoilizados por mandato judicial. Según bien explicó el periodista Juan Amorín en Cenital, esos bienes que representan invesiones en plazos fijos en dolares, el Correo considera que no debe tributar Ganancias ni GMP por lo que no realizó ningún pago amparándose en dos fallos de la Corte Suprema.

En los fallos Hermitage S.A y Perfil S.A, de 2010 y 2014 determinaron que si uno tenía quebrantos acumulados en el Impuesto a las Ganancias no debería tener “renta presunta” a futuro, es decir no debería pagar el IGMP. Sin embargo, según consta en la orden de intervención de AFIP cuyo número de identificación finaliza en 924, el organismo de control no tomó como validos los argumentos esgrimidos por Correo.

Así apelaron a un reciente antecedente judicial: el caso Pampa Energía: el 4 de abril del año pasado, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal definió determinados aspectos relacionados al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y estableció que no debía aplicarse el caso Hermitage sino más bien analizar cada caso individualmente.

Desde la línea técnica de la AFIP sostienen que el caso Hermitage tampoco aplica al Correo, dado que la firma de los Macri presentó ganancias por 13,5 millones en el ejercicio contable de 2013. En total, la AFIP le reclama al Correo la falta de pago de estos impuestos durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, por un total que supera los 600 millones de pesos entre capital e intereses punitorios, aunque hace 10 meses que la cúpula del organismo no actúa sobre el expediente.

En diálogo con Cenital, desde Correo SA reconocieron la existencia del expediente en cuestión: “La administración actual se encuentra revisando dicho criterio desde el período fiscal 2013 en adelante, la sociedad ha sostenido el criterio ya aceptado por el fisco en la administración anterior, y ha respondido todos los requerimientos hechos por el fisco”, sostuvieron.

“Más allá del Fallo Hermitage, la sociedad también invoca que adicionalmente el Estado decidió intempestivamente y unilateralmente rescindir el contrato de concesión mediante los Decretos Nº 1074/2003 y 1075/200, traspasando al Estado Nacional los bienes de la sociedad a los efectos de continuar con la prestación del servicio público de correo, lo que derivó en el desapoderamiento de los bienes e inversiones de la sociedad por parte del Estado Nacional, por lo que no puede existir potencialidad de generar ingresos futuros, anulándose toda capacidad contributiva”, aseguraron ante la consulta del mencionado portal periodístico.


El Papa criticó la “guerra judicial” contra políticos en línea con Cristina y Lula

El papa Francisco denunció el “lawfare” o guerra judicial contra “dirigentes políticos”, un concepto cuestionado últimamente por dirigentes y ex gobernantes latinoamericanos como Lula da Silva, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En un discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a los que recibió en el Vaticano, Francisco dedicó uno de los puntos de su discurso al denominado “lawfare”.

Se trata de un fenómeno jurídico por el cual hay un abuso sistemático y abusivo de procedimiento legales con el fin de provocar el repudio popular de un oponente. Tiene características del llamado golpe blando, es decir, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, pero si manipulando la opinión pública. Los especialistas atribuyen al encarcelamiento de Lula a este mecanismo y también a la destitución via impeachment de Dilma Rousseuff.

Francisco planteó que “se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados”.

“De este modo, con las herramientas propias del lawfare, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios”, denunció.

En junio del año pasado ya había criticado este mecanismo jurídico. “El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”, advirtió Francisco, en un discurso de cuatro páginas. “Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”, agregó.

Paraísos fiscales

Como caso opuesto, según Bergoglio, “es curioso que la utilización de paraísos fiscales, instrumento al que se recurre para encubrir toda clase de delitos, no sea percibida como un hecho de corrupción y de criminalidad organizada”.

“En forma análoga, fenómenos masivos de captación de fondos públicos pasan desapercibidos o son minimizados como si se tratara de meros conflictos de interés. Los invito a todos a reflexionar al respecto”, aseveró.

“Se trata de una auténtica criminalidad organizada que es responsable, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de los estados soberanos y de la depredación de los recursos naturales de nuestro planeta”, planteó.

 


Daniel Arroyo, el primer ministro confirmado de Alberto Fernández

El presidente electo sostuvo que “difícilmente” el diputado nacional de Red X Argentina no sea el responsable del área social. Arroyo fue protagonista esta semana de una del plan nacional contra el hambre.

El diputado nacional del Frente de Todos fue prácticamente confirmado por el presidente electo Alberto Fernández como futuro ministro de Desarrollo Social. “Daniel es la persona que más conoce el tema (social) y difícilmente él no sea el responsable de esa área”, expresó el líder del Frente de Todos en declaraciones con AM 750. De a poco el próximo mandatario va soltando los nombres de las personas que formarán parte de su Gabinete. Una tendencia que irá acrecentándose de cara al 10 de diciembre.

Arroyo fue el coordinador del encuentro relativo al plan contra el hambre del que participaron, entre otros, Estela de Carlotto y Marcelo Tinelli. De hecho, este último habló esta mañana en las redes sociales de Daniel Arroyo como ministro.

En tanto, el diputado nacional del bloque Red X Argentina Daniel Arroyo, se refirió al plan contra el hambre sostuvo sus intenciones de “incorporar gente de la oposición y de otros partidos porque en esto hay que eliminar la discusión electoral”.

En declaraciones a Radio Mitre, ex viceministro de Desarrollo Social señaló que también sumarán a dirigentes de organizaciones y movimientos sociales que, aseguró, “son parte de la solución” y con quienes dijo tener un “contacto permanente”.

“Creo que el gobierno de Alberto (Fernández) va a ser un gobierno de diálogo y de capacidad de gestión. El plan contra el hambre genera un consenso entre todos los sectores”, afirmó el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

“Lo que resuelve la grieta es el trabajo”, manifestó.

Los puntos básicos del plan consisten en “una tarjeta inteligente para comprar alimentos, destinada a madres de niños menores de 6 años y referentes de comedores populares”.

(R) Además, un seguimiento de la calidad de los productos comprados para fortalecer una política nutricional y la eliminación del IVA a productos de la canasta básica, pero sólo para sectores vulnerables, forman parte de las primeras medidas del plan nacional contra el hambre que diseña el presidente electo,R)


Alberto Fernández enviará el proyecto para el aborto legal

El presidente electo contó que ni bien asuma enviará el proyecto al Congreso.

En una entrevista con Página 12, el presidente electo Alberto Fernández adelantó que enviará un proyecto de ley para la aprobación de la legalización del aborto al Congreso.

El ex jefe de Gabinete aseguró que “va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente. Tan pronto lleguemos” y agregó que va “a intentar que (la ley) salga cuanto antes”.

Asimismo, manifestó su deseo que el Congreso no sea “una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”.

En este sentido, Fernández aseveró que el aborto “no es delito, es un problema de salud pública”.

Además. el presidente electo pidió evitar la polarización en este tema, ya que expresó que “hay que quitarle esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde. No tiene que haber dos pañuelos, tenemos un problema”.

Luego pidió respetar “a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo”.

Por otra parte, Fernández concluyó que velará para crear “el ministerio de la Mujer, la Igualdad, la Diversidad”.


Según el INDEC PRO en salida, la inflación de octubre fue de 3,3% y hay dudas por la medición a la baja de alimentos

La medición de precios del antepenúltimo mes de gestión del INDEC de Macri arrojó una cifra muy inferior a los cinco puntos en promedio estimados por consultoras. Acumuló en los últimos 12 meses una suba de 50,5% y en lo que va del año ya superó los 42 puntos. Mirá cuánto subió la comida según el ente público y por qué hay sospechas por cómo los midió.

Después de la fuerte aceleración que tuvieron los precios en septiembre impulsada por la devaluación pos PASO y la mala praxis del Gobierno, la inflación en octubre medida por el INDEC parece haberse atenuado muy por debajo del cálculo de los privados, ya que arrojó un 3,3% con respecto al mes anterior, y, de esta manera, la suba interanual fue del 50,5% y el acumulado en lo que va del año alcanzó un 42,2 por ciento.

El número intermensual que arrojó el organismo que encabeza Jorge Todesca sorprende porque de acuerdo a distintos economistas y consultoras la inflación se iba a ubicar en un abanico que auguraban entre el 3,9% y el 5,9%. Los especialistas cercanos al oficialismo argumentan que lo que ayudó a que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) estuviera por debajo del 4% fue un tipo de cambio más contenido y algunos precios, como los combustibles, congelados, cosa que cambió en noviembre. Sin embargo, todos coinciden en que es un valor alto y que el año cerrará en torno al 55%, casi 10 puntos más que el año pasado, configurando así la más alta desde 1991.

Las categorías que más subieron en octubre fueron, según el INDEC, Bebidas alcohólicas y tabaco, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Prendas de vestir y calzado y Salud, entre otras. Curiosamente, los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron muy poco, cosa que observaron muy diferente los privados y economistas.

Justamente, esa disminución de la inflación en octubre se vio impulsada, para el organismo oficial en gran medida, por los menores aumentos en el rubro alimentos: se incrementaron 2,5%, frente al 5,7% de septiembre.

Por su parte, el IPC Núcleo subió 3,8% (2,6 p.p. por debajo del de septiembre); los Precios Regulados aumentaron 2% (1,4 p.p. menos que en septiembre); y los ítems estacionales se incrementaron 2,8%, (5,7 p.p. menos que el mes anterior).

Si bien esta desaceleración de precios de octubre parace coyuntural ya que en noviembre se anticipa una remarcación de precios en los supermercados en torno al 15%, a lo que habría que sumar los aumentos en combustibles -entre otras cosas-, que repercuten sobre todo la cadena de comercialización, hay muchas dudas por los precios de ciertos items alimenticios que aparecen en el informe del INDEC.

Según el organismo -en su antepenúltimo mes bajo gestión macrista-, el pan de mesa costaba $94,12 en septiembre y en octubre bajó a $92,60. Las galletitas dulces, por ejemplo, aumentaron solamente de $42,66 a $45,10.

Otros casos que se alejan de forma evidente de lo que midieron consultoras como el CEPA y de lo que cualquiera ve en las góndolas, aparecen en las carnes: el INDEC dice que el asado pasó de costar $233,98 en septiembre a $237,57 en octubre, que la carne picada común sólo subió un peso, de $156,25 a $157,13.

Según pudo saber Política Argentina de especialistas en el tema, la “manipulación escondida” del INDEC tiene que ver con la modalidad con que se recoge la información. “No se toma el precio de punta a punta y se comparan promedios de las cuatro semanas del mes”, argumentan. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el pan valía 93 durante la primera semana, pasó a 93,40 en la segunda, bajó a 93,25 en la tercera y subió a 95 en la última, el organismo oficial mide un promedio en lugar de considerar que ese item subió de 93 a 95.

La perspectiva es otra para noviembre, ya que se notó mayor movimiento en los precios de alimentos y bebidas, de acuerdo con las empresas que realizan monitoreo de precios.

A eso se sumará el incremento previsto desde este jueves en los precios de los combustibles, ya que termina el congelamiento que había dispuesto el Gobierno aunque a principios de septiembre había habilitado un incremento del 5%.


Alberto Fernández y la posibilidad de que Evo se asile en Argentina

El Presidente electo de Argentina viajó a Uruguay para reunirse con su mandatario, Tabaré Vázquez, y en conferencia de prensa fue consultado sobre el futuro del presidente de Bolivia que hoy está en México tras el golpe de Estado en su contra.

El presidente electo, Alberto Fernández, respondió preguntas durante una visita a Uruguay y abrió la puerta a que Evo Morales pueda ser aseilado en Argentina.

Sería un orgullo recibir en la Argentina después del 10 de diciembre a Evo Morales”, enfatizó sobre el Presidente boliviano que está exiliado en México tras sufir un golpe de Estado.

Luego de entrevistarse con el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, agregó que la Argentina “es la casa de todos los bolivianos”, y sentenció “Para mí será un orgullo recibirlo en la Argentina a él y a Álvaro García Linera (vicepresdente)”.

“Si yo hubiera sido presidente en este momento les hubiera ofrecido asilo desde el primer día. Argentina es su casa así que encantado los recibiré”, cerró.


Imputaron a Macri, Dietrich y Faurie por regalar soberanía en Malvinas a través de vuelos y explotación petrolera

A un mes de la salida PRO, la justicia decidió investigar al presidente saliente, el ministro de Transporte, el canciller, el secretario de Energía y otros ex funcionarios por autorizar vuelos a Malvinas desde Brasil, aprobar explotación petrolera a empresas británicas y conceder permisos de pesca y explotación del mar argentino, todo eludiendo al Congreso.

A un mes de la salida de Cambiemos de la Casa Rosada y mientras distintas causas empiezan a complicarse para el actual oficialismo de cara al futuro, la justicia ahora imputó nada más y nada menos que a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, Jorge Faurie, Gustavo Lopetegui y otros ex funcionarios por regalar soberanía en las Islas Malvinas a través de la autorización de vuelos al archipiélago desde Brasil, aprobar la explotación petrolera a empresas británicas y conceder permisos de pesca y explotación del mar argentino, todo eludiendo al Congreso Nacional.

La decisión fue tomada por el fiscal federal Jorge Di Lello, que con esa determinación inició una investigación contra el presidente saliente, dos ministros, un secretario y Juan José Aranguren, ex ministro de Energía. En primer término y como medida urgente, pidió suspender el vuelo de una empresa extranjera al archipiélago, que había autorizado el líder PRO en el marco de una serie de decisiones donde gambeteó al Congreso a pesar de que la Constitución Nacional obliga a dar ese paso.
Lo que hizo Di Lello es impulsar la sospecha de que Macri el 13 de septiembre de 2016 camufló un acuerdo internacional e intentó hacerlo pasar por un mero comunicado conjunto entre las cancillerías de Argentina y Gran Bretaña, con el propósito de evitar al Congreso. Algo parecido a lo que hizo el macrismo con la deuda con el FMI y el paquete de leyes conocido como “Reparación Histórica”.

Así, el fiscal cuestionó el decreto 602/2019, que autorizó a la línea brasileña LATAM a viajar desde San Pablo hacia las Islas, y pidió al juez Luis Rodríguez que se suspendiera el primer vuelo previsto para el 20 de noviembre de este año.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 puso en tela de juicio que la decisión no haya sido sometida a la opinión del Congreso Nacional y aclaró que era su “obligación institucional” adoptar medidas “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional”.

“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello.

La denuncia había sido formulada por la abogada Valeria Laura Carreras el 24 de septiembre por supuestas irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno Nacional durante el gobierno de Macri.

Carreras pidió una medida cautelar por considerar que se produciría un “daño inminente a los intereses de la Nación” si ese primer vuelo se materializara. “Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, señala la demandante.

La denunciante pidió además que se cite como testigos a los diputados Elisa Carrió y Guillermo Carmona, ambos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Se acordó sobre recursos naturales y soberanía, comprometiéndose Argentina a levantar todos los obstáculos que impidan el crecimiento económico y sustentable. El fiscal resaltó que, más allá del nombre del acuerdo, lo cierto es que a partir del mismo se avanzó en las tres cuestiones: licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; vuelos a Malvinas; y concesión de permisos de pesca y explotación del mar argentino.

LOS VUELOS EXTRANJEROS REGALADOS A EMPRESAS EXTRANJERAS

Macri autorizó a la empresa LATAM (ex Lan, firma que fue presidida por el funcionario macrista ahora imputado Lopetegui) a volar desde Brasil a las islas Malvinas. El primer viaje estaba pautado para el 20 de noviembre desde San Pablo, con el uso del espacio aéreo argentino, incluso con una escala en la ciudad de Córdoba.

Por la inminente salida y las consecuencias financieras que tendrá para la compañía, el funcionario pidió suspender este DNU, dado que el líder PRO no efectuó el trámite de aprobación en el Congreso, requerido por la Constitución.

ENTREGA DE SOBERANÍA EN RECURSOS NATURALES

El gobierno de Macri ofreció 38 áreas marítimas offshore en un concurso del 16 de abril de 2019 y como respuesta consiguió ofertas para 18 de ellas. El permiso de explotación que se obtendría a través de esta licitación internacional otorga derecho a una concesión de explotación por tiempo indefinido. Más polémico, imposible.

“Siendo un área geopolíticamente sensible llama la atención que las multinacionales intervinientes sean compañías inglesas o con vínculos estrechos con compañías de esa nacionalidad”, denunció ´Di Lello, el titular de la Fiscalía Penal Federal 1.

CÓMO FUE LA NEGOCIACIÓN DE MACRI CON REINO UNIDO

En diciembre de 2018, tras la breve reunión de 15 minutos que mantuvo Macri con la entonces primera ministra de Gran Bretaña Theresa May, fuentes de ambos países admitieron que se discutió el acuerdo para que LATAM operara los vuelos a Malvinas.

May destacó la negociación, que le brinda mayor conectividad a los kelpers con el continente, mientras que el canciller Faurie calificaba a la autorización como “un hecho positivo”. “Se busca crear puentes que nos permitan crear confianza para las negociaciones de soberanía”, había justificado el funcionario de Macri.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y el vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Guillermo Carmona, por su parte, denunciaron que era una decisión que sólo beneficiaba al Reino Unido y a los kelpers.


Evo Morales rechazó la autoproclamación de Añez

“Atenta contra la Constitución”, sostuvo desde su asilo político en México

El derrocado presidente boliviano, Evo Morales, rechazó la autoproclamación de la senadora Jeanine Añez como su sucesora explicando que viola la Constitución Política del Estado de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa”.

Atenta contra los arts 161, 169 y 410 de la CPE que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o Diputados y la Supremacía de la CPE”, escribió Morales desde la Ciudad de México.

El artículo 161 inciso 3 de la CPE indica que “las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución como admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado”. Esto no ocurrió ya que el MAS no dio el quórum para la sesión en la que se trataría la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera.


Grave: Macri le negó el asilo en la embajada argentina a cuatro ex funcionarios de Evo Morales

Tras decir que no hubo “golpe de Estado”, el presidente saliente ordenó a la embajada argentina en Bolivia denegarle el pedido de asilo político a cuatro ex funcionarios del mandatario boliviano depuesto. Aunque parezca insólito, el gobierno PRO argumentó que no hay “una situación de riesgo” y que la sede diplomática carecía de espacio físico.

Tras moverse a contramano de lo evidente y negarse a reconocer que en Bolivia hubo un golpe de Estado, se conoció que la gravedad del accionar de Mauricio Macri respecto del caso es aún peor: el presidente argentino saliente ordenó a la embajada nacional en La Paz negarle el asilo político allí a cuatro ex funcionarios de Evo Morales, con el argumento insólito de que no hay “una situación de riesgo” y que la sede diplomática carecía de espacio físico.

Según publicó Infobae, la embajada argentina en Bolivia les denegó ayer el pedido de protección, entonces, a cuatro ex funcionarios del mandatario depuesto mediante la interrupción de la democracia en ese país, al alegar que “no ameritaba gravedad o una situación de riesgo” y que la sede diplomática carecía de espacio físico para albergar más gente.

El último de los dos argumentos fue sostenido, según el mismo artículo, por la embajada en el marco de que la Argentina ya asiló en los últimos días a otros dos ex funcionarios del gobierno boliviano disuelto tras la renuncia de Morales, y eso habría dejado a la sede sin lugares físicos.

La misma versión indicó que la decisión de denegar el pedido de asilo a los cuatro ex funcionarios de Morales fue tomada por el embajador en La Paz, Armando Álvarez García, pero en consulta -seguramente vinculante- con el canciller Jorge Faurie.

“Por razones de secreto de Estado no podemos dar los nombres de los ex funcionarios de Bolivia que pidieron asilo en la embajada argentina. Pero podemos decir que los casos no ameritaban gravedad para el encuadre de asilo y que el edificio de la sede diplomática está colapsado”, detalló al mismo medio un diplomático del palacio San Martín.

Los refugiados que hasta ahora sí se encuentran en la embajada argentina en La Paz son el ex ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, y la ex titular de Planificación, Mariana Prado.

La decisión de la Argentina de rechazar los cuatro nuevos pedidos de asilo podría generar un nuevo enfrentamiento político nuevo de Mauricio Macri con el presidente electo Alberto Fernández. Es que el domingo pasado, cuando se conoció que el presidente de Bolivia había renunciado, Fernández le pidió expresamente a Macri que “proteja y preserve” a los ex funcionarios bolivianos que requieran asilo.

En la reconstrucción del diálogo de Macri y Fernández que pudo hacer Infobae, la respuesta del Presidente habría sido que aceptaría el asilo “sólo en la medida en que no pidan la detención”. Fernández le habría insistido en la su situación de inseguridad en la que se encuentran ex funcionarios del gobierno de Evo.

“Vas a ser responsable de asesinatos”, le dijo Alberto al líder PRO según publicó Clarín en una nota firmada por el periodista Pablo Ibañez. Macri, por su parte, habría sostenido que “eso es complicado”.

Al parecer, el pedido de asilo que extendieron en las últimas horas los cuatro ex funcionarios de Morales fue presentado de manera informal por terceras personas aunque luego de evaluar los casos se les denegó el pedido. No se dieron mayores detalles, solo se expresó que “el caso no ameritaba gravedad” y que “por una cuestión logística” la embajada carecía de lugar suficiente.

La embajada de Argentina en La Paz tiene 10 habitaciones que son ocupadas por el embajador, parte de su personal y por los dos bolivianos asilados en estos días. Pero en las próximas horas llegarán 10 gendarmes que se sumarán a la custodia de la embajada. Hasta ahora sólo hay un policía y tres efectivos de personal de seguridad de una empresa privada. Pero Álvarez García pidió a la Cancillería un refuerzo para proteger la sede diplomática ante el temor de que los manifestantes opositores a Evo Morales ataquen el lugar.

Fuentes de la Cancillería detallaron a Infobae que “los embajadores están para decir lo que dice el Poder Ejecutivo” y aclararon que “el derecho de asilo no es obligatorio para los Estados sino que es una potestad discrecional que se reserva el Estado de otorgarlo o no”. También destacaron que “el derecho humanitario puede evaluar de acuerdo a la situación de cada particular de ingresar o no un pedido de asilo político”. La Cancillería argentina, al igual que Itamaraty, no tiene la costumbre de publicitar a quiénes se ofrece asilo.

De todas maneras, se supo hoy que en la Cancillería hay una suerte de rebelión interna contra Faurie. Es que el gremio de personal diplomático ISEN, que congrega al 90% de los funcionarios de carrera, emitió un tuit ayer en el que ratificaron la existencia de “un golpe de Estado” en Bolivia, una postura contraria a la de Faurie.

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