La moratoria para Pymes fija una quita del 100% en intereses y multas

El Gobierno estableció en la ley de emergencia una moratoria para las deudas tributarias de las pymes con un plan de hasta 120 cuotas

El Gobierno estableció en la ley de emergencia una moratoria para las deudas tributarias de las pequeñas y medianas empresas con un plan de hasta 120 cuotas que incluye una quita en las multas e intereses.

Si el pago es al contado,en ese caso tendrán una quita del 15% sobre la deuda consolidada. La quita en el caso de intereses (resarcitorios y punitorios) y multas será del total

Los planes serán de hasta 120 cuotas para todos los tributos y de 60 cuotas para los de aportes previsionales. La tasa de interés será del 3% anual el primer año y luego se ajustará por Badlar.

Podrán sumarse a la iniciativa las Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, con deudas hasta el 30 de noviembre de 2019 inclusive. También podrán sumarse las entidades civiles sin fines de lucro. Las empresas que no tengan el certificado de Mypyme, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, podrán ingresar si lo tramitan en un plazo determinado.

El proyecto señala que “se podrá incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos”.

Los contribuyentes podrán sumarse a la moratoria entre enero y fines de abril del 2020. Podrán sumar las deudas que están en discusión administrativa o judicial; en este segundo caso, el contribuyente deberá desistir del reclamo ante la Justicia. También podrán ingresarse las deudas prescriptas que estén bajo denuncia penal tributaria.

La primera cuota del plan vencerá como máximo el 16 de julio de 2020, “según el tipo de contribuyente, deuda y plan de pagos adherido”.

No se tomará en cuenta para el plan la calificación de riesgo que posea el contribuyente ante la AFIP.

Respecto a la moratoria, Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ señaló a iProfesional que es “similar a otras moratorias anteriores, y es para deudas al 30/11/2019 y para MiPyMEs con certificado otorgado (también se extiende a entidades sin fines de lucro). Es necesario obtener el certificado para acceder a la moratoria. Se pueden refinanciar planes vigentes o caducos. Se incluyen las deudas aduaneras”.

“Entre los beneficios se encuentra la condonación de las sanciones penales (inclusive procesos en curso), las multas y un topeo de intereses, según la fecha de la deuda. También se condonan las multas por incumplimiento de deberes formales que se cumplan o se hubiesen cumplido. Se permite ingresar a la moratoria a agentes de retención y percepción, inclusive a aquellos que percibieron/retuvieron y no depositaron”, detalló Fraga.

“Para pago contado hay una quita del 15% de la deuda consolidada. Los planes de pago son de 60 cuotas para deudas previsionales y de 120 cuotas para el resto de los impuestos. La tasa es del 3% durante los primeros 12 meses y luego será la tasa variable equivalente a BADLAR utilizable por los bancos privados. Se delega en la AFIP la posibilidad de establecer condiciones para pago anticipado”, puntualizó el reconocido abogado.

“Algo muy importante (con lo que pretenden diferenciarse de la gestión anterior) es que la calificación de riesgo que posea el contribuyente ante la AFIP no será tenida en cuenta para la caracterización del plan de facilidades de pago”, explicó.

“Es una gran noticia y una señal que las MiPyMEs estaban esperando, agobiadas por la situación económica y por la presión que ejerció la AFIP sobre ellas durante los últimos años. No obstante, debería ser generalizada la moratoria para todos los contribuyentes. Si bien es una mala señal para los contribuyentes cumplidores, el contexto financiero actual lo justifica. Además, puede generar recursos de manera relativamente rápida al actual gobierno. Lamentablemente, el proyecto no contiene un premio o incentivo a los contribuyentes cumplidores”, advirtió Fraga.

El proyecto no dice nada del plazo de gracia, aunque hay algunas delegaciones a AFIP que podrían usarse en este sentido.

“Un punto que no contempla el proyecto es la situación de aquellos contribuyentes que fueron injustificadamente expulsados del monotributo por la AFIP en los últimos años -se habla de cifras cercanas a los 3 millones de contribuyentes-, ya que -con un inexplicable ensañamiento- se los arrojó a un abismo y se les están reclamando deudas ficticias e impagables. A ello se le suma la insostenible carga fiscal que implica pasar a ser autónomo y responsable inscripto durante por lo menos tres años”, aclaró el experto.

Fuente: iProfesional


El Central analiza emitir un billete de 2000 o 5000 pesos

El titular del Banco Central, Miguel Angel Pesce, adelantó que se renovará la familia de billetes para cambiar los animales por próceres y figuras de interés nacional, y que habrá uno de mayor denominación, que podría ser de $2000 o $5000.

“En la familia nueva de billetes vamos a tener un billete más grande, podría ser de 2.000 o 5.000, se están haciendo análisis”, dijo Pesce en diálogo con Crónica TV.

“A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto”, sostuvo el funcionario.

El titular del BCRA agregó que la renovación se hará “sin apuro, porque hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a malgastar el dinero que cuesta fabricar esos billetes, pero vamos a cambiar la familia de billetes y esperamos que esta familia nueva tenga consenso“.

No solo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no solo a una parte”, concluyó.

Fuente:Pagina 12

 


Aumentos para jubilados en Marzo y Junio

El gobierno de Alberto Fernández no sólo prevé dos aumentos para quienes cobran la jubilación mínima, sino que en el próximo semestre todos los haberes tendrán su actualización.

El gobierno de Alberto Fernández no sólo otorgará un aumento superior al 30% a los jubilados que cobran la mínima, sino que garantizará dos subas en el próximo semestre para todos los trabajadores pasivos, además de los bonos ya anunciados para el sector.

Un alta fuente del gobierno confirmó a El Destape que todos los jubilados van a tener aumentos en los próximos seis meses: los que cobran la mínima van a recibir una suba mayor por sobre el resto y quienes perciban haberes superiores también tendrán dos actualizaciones, según el monto del ingreso. 

En ese contexto, además de los bonos, los aumentos fijados para marzo y junio van a realizarse y serán mayores al que hubiera dado la ley de movilidad de Macri, que benefició principalmente a quienes perciben jubilaciones más elevadas en detrimento de quienes cobran la mínima.

Contrariamente a ésto, la administración de Fernández buscará promover mayores ingresos en los sectores más vulnerables. Según los números difundidos, el 65% percibe la mínima, mientras que el otro 35% significa la mitad de la inversión en jubilaciones, por lo que se buscará achicar la brecha que separa a ambos grupos de adultos mayores.

Esta medida achatará la pirámide de ingresos: disminuirá la brecha entre los que más ganan y los que reciben la mínima. 

Fuente: El Destape


Unánime rechazo de los gremios docentes a la posible suspensión del 82% móvil

Los principales sindicatos docentes de todos los niveles y de diversas filiaciones políticas manifestaron su disconformidad con el proyecto de ley que propone suspende los regímenes especiales de jubilación. La CTERA se sumó al reclamo que pide a los legisladores que retiren los artículos 51 y 52.

El primer gremio que salió a manifestar su rechazo a los artículos 51 y 52 del proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación fue el de docentes universitarios de la UBA, la Asociación Gremial Docente que acaba de celebrar sus 20 años de existencia. Esos artículos proponen suspender por 180 días la aplicación del 82% móvil para las jubilaciones de la docencia universitaria, preuniversitaria y de los investigadores.

A través de un comunicado, profusamente difundido a minutos de conocido el proyecto de ley, la AGD-UBA señala que “esta suspensión llega en el peor momento para los jubilados y jubiladas docentes. Ya que como resultado del pésimo acuerdo paritario de 2018 –plagado de sumas en negro–, los compañeros y compañeras han percibido en el mes de septiembre sólo un 8,6% de incremento en sus haberes. Esto frente a una inflación del 48,3% en lo que va del año, sin contar diciembre”.

En el texto, además, explican que “esta suspensión se hace supuestamente para beneficiar a los que cobran haberes mínimos. Pero nuestras jubilaciones no son jubilaciones de privilegio. La docencia universitaria paga todos los meses un 2% extra de sus salarios para tener la movilidad y el 82%. Y lo seguiremos haciendo, porque la Ley dice que vamos a seguir pagando, pero no recibiremos la movilidad adecuada”.

Para AGD-UBA “nuestros jubilados serán condenados a la miseria tal como exige el FMI” y la decisión constituye “la continuación de la contrarreforma previsional que impusiera Macri en 2017 y que enfrentamos en las calles”. Por eso, finalmente, exigen que no haya “ninguna reforma previsional dictada por los usureros de la deuda pública”.

La AGD-UBA representa a los docentes de la Universidad de Buenos Aires y a los colegios pre universitarios y, desde su fundación, está bajo la conducción de un frente de partidos de izquierda hoy enrolados en el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Así las cosas, su posicionamiento público era relativamente previsible.

Pero, a su vez, forma parte de la CONADU Histórica cuya conducción reviste en las filas de la CTA Autónoma liderada por Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy que, históricamente, se alinearon por fuera del peronismo pero que, en las últimas elecciones, integraron a través de su brazo político Unidad Popular (UP) de Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, el Frente de Todos. De hecho, se movilizaron el pasado 10 de diciembre para celebrar la asunción del nuevo gobierno. Ese alineamiento no impidió que, horas después, su conducción también hiciera público su rechazo a los mismo artículos.

En una declaración firmada por su titular Luis Tiscornia señalan que la “CONADU HISTÓRICA rechaza la suspensión de la movilidad jubilatoria”. Para CONADU (H) el régimen especial del que gozan es “producto de grandes luchas de nuestro sector y que en el caso de la Ley N° 26.508, fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras legislativas tras importantes campañas de firmas y movilizaciones en todo el país”.

Para CONADU (H), “las jubilaciones docentes y de investigadores perdieron más de un 40% contra la inflación en los últimos dos años, por lo que consideramos una injusticia que se nos asimile con sectores de privilegio, en especial con relación a los verdaderos ganadores del período neoliberal del gobierno de Macri”.

El mismo camino tomó el sindicato de docentes porteños de nivel primario y secundario, Ademys, que mediante un comunicado difundido a la tarde del martes señaló que “en la práctica esta medida le quita a unos jubilados para darle a otros, produciendo un achatamiento de los ingresos dentro del sector de los propios trabajadores y trabajadoras”. Para Ademys, “de aprobarse la ley en estos términos, se continuará con el camino de la reforma previsional del macrismo y el FMI que enfrentamos en las calles el pasado diciembre de 2017”. El sindicato, también liderado por agrupaciones de izqueirda, concluyó con la exigencia “a las centrales sindicales nacionales y a la CTERA que rechacen estos artículos”.

El miércoles se conoció un nuevo comunicado firmado por la Junta Directiva de la CTERA que forma parte de la CTA de los Trabajadores liderada por Hugo Yasky, que terminó de darle un alcance unánime al rechazo.

Allí, CTERA, que agrupa a los sindicatos docentes de todos los niveles de todo el país, señala “nuestra profunda preocupación por los artículos 51 y 52 del proyecto de ley denominado “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el Marco de la Emergencia Pública”, que suspende por 180 días la actualización jubilatoria para el sector docente”.

CTERA aclara que “compartimos el espíritu general de la ley, ya que entendemos que son los sectores que menos ganan, los que deben recibir de manera inmediata, la mayor asistencia del estado para poder recuperar rápidamente lo perdido en estos últimos cuatro años de ajuste de la administración cambiemos. Pero además, tenemos en claro, que el sector docente también ha sido fuertemente perjudicado por el ataque al sistema previsional de la administración anterior”.

El gremio destaca que “aproximadamente el 50% de los docentes jubilados no supera los $ 44.000” y que “tan solo 3.004 cobrarían el bono de $5000”

Por su parte, señalan que esos artículos “afectarían a la movilidad de la jubilación docente establecida en el decreto 137/05, firmado por el presidente Néstor Kirchner” en el que “establece el régimen previsional docente, para las provincias con cajas transferidas a la Nación y pueden generar un desequilibrio en la proporcionalidad que debe existir entre los haberes jubilatorios y los salarios de los trabajadores/as docentes en actividad”.

Por eso proponen que “para salir de la actual crisis económica y social, que deja la administración Cambiemos, deben ser quienes fueron beneficiarios directos de las políticas económicas del gobierno anterior, los que hagan el mayor esfuerzo y no lxs trabajadorxs”. Para el gobierno y sus legisladores este posicionamiento público podría ser una temprana señal de alerta.


Con el dólar turista buscan frenar una fuga de divisas que acumuló U$S 40 mil millones en cuatro años

El comercio de bienes, en el mismo período, generó apenas U$S1.200 millones. Más allá del impacto en el bolsillo de la clase media, el desdoblamiento busca retener parte de ese dinero para hacer frente a los pagos de deuda pero, como ya ocurrió, podría redirigir los dólares que ingresan por turismo al mercado paralelo e impactar en los precios.

La medida estaba al caer. Era un secreto a voces que el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, como finalmente fue denominada, iba a incluir un artículo que restringiera aún más el acceso a los dólares de los ciudadanos con el propósito de orientar toda la generación de divisas al pago de los acreedores internacionales.

Es que la salida de dólares por goteo que genera el sector turístico no es para nada marginal en las cuentas del Banco Central.

De hecho, sólo en 2017, por esa vía y según datos del BCRA se produjo una salida de divisas de U$S 12.663 millones que generaron un déficit del sector por la suma de U$S10.662 millones. En los otros años de gobierno de Macri ese déficit también implicó una fuga extraordinaria toda vez que en 2016 salieron por esa vía U$S10.128 generando un déficit de U$S8.538.

En 2018 el déficit fue de U$S8 mil millones. La fuertísima devaluación de la moneda nacional que se produjo entre 2018 y 2019, de todas formas, impactó sensiblemente sobre el mercado turístico toda vez que en los primeros diez meses de 2019 la fuga por esa vía, según datos del BCRA, cayó a U$S6.503 millones generando un déficit de U$S 4.742 millones, un 36% menos que el que había acumulado el sector en los primeros diez meses de 2018 que, a su vez, se había contraído un 18% con relación al déficit de U$S 9.030 millones que se acumuló durante el mismo período de 2017.

En el acumulado de los cuatro años de gobierno de Cambiemos, hasta octubre de 2019, la salida de dólares por turismo y compras con tarjetas de crédito en el exterior sumó U$S39.378 millones dejando como saldo un déficit de U$S 31.942.

El dato toma relevancia si se toma en cuenta que, por ejemplo, la Balanza Comercial (que mide el intercambio de bienes tangibles como cereales, granos, bienes de capital etc.), en el mismo período, acumuló un superávit de apenas U$S 1.193 millones y que, en 2017, generó un déficit que llegó hasta los U$S 8.309 millones.

El proyecto que presentó el gobierno, además, busca gravar la compra de dólares para atesoramiento con el mismo porcentaje del 30%. Así las cosas se ha generado un tipo de cambio diferenciado que ubica, a valores actuales, al dólar ahorro/turista en los $ 82.

La medida es complementaria a las restricciones que adoptó la gestión anterior y que redujo la compra de dólares para atesoramiento a un límite de U$S 200 mensuales y remite a las medidas adoptadas por la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner que, en septiembre de 2013, aplicó un gravamen del 20% que luego se elevó hasta un 35%. Sin embargo, aquella medida no era tan gravosa para el bolsillo de la clase media puesto que se trataba de una retención reembolsable a cuenta del impuesto a las ganancias. En este caso, al tratarse de una ley que pasará por el Congreso, el gravamen podrá ser no reembolsable.

Durante aquella segunda gestión de CFK la salida de dólares por turismo había acumulado la cifra de U$S 33.744 millones consolidando un déficit de U$S 27.163 millones. El pico se registró en 2013 cuando llegó hasta los U$S 8.694 millones. En aquel año la balanza comercial fue positiva en U$S 1.521 millones cuando un año antes había alcanzado los U$S 12.008 millones.

Con la gravación del dólar turista y el dólar ahorro aquella gestión logró reducir la salida de dólares desde los U$S10.336 millones de 2013 hasta los U$S 6.712 de 2014, una baja del 35%. Con todo, el desdoblamiento cambiario produjo un efecto inesperado que podría reproducirse con el nuevo esquema. Es que la merma en la fuga de dólares como resultado de una sensible caída en la salida de turistas fue acompañada por una caída en el ingreso de dólares por el mismo ítem a pesar de que el ingreso de turistas extranjeros se incrementó de un año a otro. El desdoblamiento cambiario produjo, como lo hará ahora, un incremento en la cotización del dólar paralelo al que, poco a poco, se orientaron los turistas extranjeros.

A modo de ejemplo, en 2012, cuando 2.568.201 de turistas extranjeros ingresaron por aeropuertos, los registros del BCRA indican un ingreso de U$S 2.663 millones. Al año siguiente, el ingreso de turistas extranjeros cayó un 7,1% pero los ingresos de dólares por turismo según los registros del BCRA lo hicieron en un 38%. En 2014, con la plena vigencia del dólar turista, los ingresos de turistas subieron un 3,4% pero los dólares que ingresaron por el canal formal siguieron su raid descendente de un 21%. En 2015 los turistas extranjeros que ingresaron por aeropuertos volvieron a caer un 6,6% y, sin embargo, los dólares registrados por el BCRA fueron de apenas U$S 981 millones, una nueva caída del 24%. Entre 2012 y 2015, ese ítem, según datos oficiales, se derrumbó un 63% pasando de U$S 2.663 millones a los mencionados U$S 981 millones.

De este modo existe el riesgo de que la propia medida sirva para alimentar el mercado paralelo y que se refuerce esa cotización como una referencia, no ya para el turismo y el ahorro individual, sino también para el financiamiento de otras operaciones comerciales (muchas Pymes importadoras de insumos no ingresan al registro de importadores) que, a su turno, alimenten el espiral inflacionario. Así las cosas, resulta apresurada la idea de que el desdoblamiento cambiario será capaz de encapsular el impacto de la devaluación sobre los precios.


La desocupación que dejó Mauricio Macri

El desempleo subió y llegó al 9,7% en el tercer trimestre, mientras que más del 20% de la población activa registró problemas de empleo.

A raíz de la crisis económica que dejó la gestión del expresidente Mauricio Macri, el desempleo subió en el tercer trimestre y llegó al 9,7%. En tanto, hubo un 12,8% de personas subocupadas, por lo que más del 20% de la población está sin trabajo o en malas condiciones.

Los datos surgen del informe trimestral del Indec: en términos interanuales, la desocupación escaló 0,7 puntos porcentuales, mientras que la subocupación se elevó un punto porcentual. Dentro de este grupo -que hace mención a quienes trabajan menos de 35 horas semanales- hubo subocupados demandantes de empleo (9,5%) y otros que no lo buscan (3,3%).

Siguiendo una línea comparativa, la administración de Cambiemos llevó a la cifra a un 8,5% en el tercer trimestre de 2016, 8,3% en 2017 y 9% en 2018. La curva ascendente se replicó en este año.

El Gran Buenos Aires se llevó la peor parte, donde el desempleo se elevó al 11,1%, por lo que aumentó 0,6 puntos porcentuales en comparación al mismo período de 2018. Además, la subocupación fue del 12,7% y no se movió respecto al mismo lapso.

El último reporte de trabajo registrado del Ministerio de Producción y Trabajo, que dirigía el exministro Dante Sica, había dado a conocer en su informe de septiembre que ese mes había 12.109.649 trabajadores, unos 94.187 menos que un año atrás.

Es una caída de 0,8% interanual, según los números del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La cantidad de asalariados privados registrados, en tanto, mostró una baja interanual en septiembre de 138.700 trabajadores (-2,2%).


Los bancos, optimistas: “Con una pauta de inflación razonable la tasa puede bajar al 40%”

El presidente de ABA, la asociación de las entidades financieras extranjeras, Claudio Cesario, condicionó el futuro de la tasa de interés al resultado del diálogo entre gobierno, sindicatos y empleadores.

El titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, aseguró que la tasa de interés puede bajar al 40% si el gobierno de Alberto Fernández acuerda con los sindicatos y empleadores una pauta inflacionaria de alrededor del 30%.

“Las tasas van a bajar cuando baje la inflación. Lo dijo el gobierno, no lo digo yo. Si cierran un acuerdo medianamente razonable con sindicatos en una pauta del 30% la tasa estará en 40 o 45% y dejará de estar por encima del 60%”, planteó el referente del sector en un encuentro con periodistas.

En nombre de los bancos de capital extranjero Cesario lamentó que en 2019 volvieron los controles cambiarios y aumentó la pobreza. El sistema financiero, agregó, “termina con una caída importante del crédito privado. La salida de depósitos en dólares fue de aproximadamente 45% después de las PASO”, una situación que las empresas pudieron capear gracias a que “los bancos están sólidos y con mucha liquidez”, resumió.

“Salimos de una crisis gracias a políticas muy estrictas de los bancos y del BCRA. Este proceso no fue gratuito porque perjudicó la capacidad de prestar. Es menester dejar atrás rápidamente esa situación para poner en marcha el círculo de las exportaciones y generación de divisas”, planteó el empresario.

Deuda y ahorristas

También aseguró que en lo que falta de 2019 y en los primeros días de 2020 “Argentina tiene el resto de llevar adelante la renegociación de su deuda, mostrar voluntad de pago y mantener relaciones comerciales con todo el mundo para una generar riqueza con inserción inteligente utilizando el vínculo con nuestros principales socios económicos”.

En ese sentido afirmó durante una breve exposición formal que “los países desarrollados y los tenedores de deuda quieren y necesitan que el país se recupere, crezca y pueda cumplir con sus obligaciones. El mundo no está diciendo que quiere que al país le vaya bien”. Más tarde, en confianza con la prensa recomendó “una renegociación rápida que deje contento al acreedor”.

El presidente de ABA consideró también que “es esencial cuidar al ahorrista, generar confianza y condiciones para que no pierdan frente a la inflación. Técnicamente es fundamental que la tasa sea positiva en términos reales, solo así podemos salir y crecer en depósitos a plazo que son la materia prima”, aseveró.

El Ejecutivo señaló también que la rentabilidad de los bancos es del 43 por ciento pero una vez más apuntó los condicionamientos de los aumentos de precios: “Para crecer en depósitos es importante recuperar el valor de nuestra moneda atacando la inflación. Más depósitos significan más préstamos. El crédito es sinónimo de igualación social, un factor que permite el desarrollo de todos los sectores de la economía”.

Tributos

Con el pedido del gobierno nacional a las empresas de gestos de solidaridad en el marco de la crisis, Cesario arremetió contra el sistema impositivo. “Nuestro sector está plagado de impuestos distorsivos, sellos, Ingresos Brutos e innumerables tasas municipales. Toda esta carga fiscal la terminan soportando los clientes porque ese costo se traslada” y desalienta las inversiones, argumentó.

En ese marco apuntó también contra algunas administraciones provinciales: “No entiendo por qué van a pedir que se derogue el consenso fiscal que firmaron en 2017-2018. Casi 20 de las 24 fueron superavitarias” recordó.

Bancarización

El titular de la entidad banquera hizo una fuerte defensa de la bancarización de la economía y apuntó que “cerca del 35% de la economía opera en negro perjudicando al trabajador”.

En esa línea informó que los bancos le pidieron al gobierno de Alberto Fernández que colabore para reducir la cantidad de dinero en efectivo. Según dijo el sistema bancario recibe 120 mil millones de dólares (su equivalente en pesos) en sueldos, jubilaciones y planes sociales. Por año salen del sistema a través de las pymes y las personas el equivalente en pesos de 65 mil millones de dólares.

“Al gobierno le propusimos bajar un 30% el efectivo que sale. Eso produciría un impacto fiscal de 5 mil millones de pesos. Para ello hace falta un programa económico y fiscal que enfrente estos cambios. Los bancos invierten en tecnología y homebanking. El desafío de aumentar la bancarización requiere política”.


El gobierno busca frenar definitivamente los tarifazos e intervenir al ENRE y al ENARGAS

Además, intentará renegociar la Revisión Tarifaria Integral. Estas medidas están incluidas en la batería de reformas que propone el proyecto de Ley de Emergencia Económica que el oficialismo envió al Congreso.

El congelamiento de tarifas fue una de las promesas de campaña de Alberto Fernández. Una semana después de la asunción, los tarifazos son uno de los principales tópicos del proyecto de Ley de Emergencia Económica que el oficialismo envió al Congreso.

En el texto, que declara la emergencia pública en distintos aspectos, el apartado B del Artículo 2 propone reglar con “criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”, además de “reordenar el funcionamiento de los entes reguladores”.

Sobre el primer punto, no profundiza sobre cómo se hará efectiva esa equidad y sustentabilidad, aunque sí especifica que se faculta al Ejecutivo a “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario” con un plazo máximo de seis meses, con el fin de lograr “una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”.

El documento deja en claro también dos aspectos importantes: la marcha atrás del traspaso de Edenor y Edesur a Ciudad y Provincia de Buenos Aires; y la intervención de los organismos de control federales, que son el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), por un año.

Sobre el primer punto, también queda sin efecto la creación de nuevos organismos de control y tanto Edenor como Edesur continuarán bajo la órbita del ENRE.

Tanto el ENRE como el ENARGAS son entes autárquicos. Durante la gestión Macri, las direcciones de ambos entes fueron duramente criticadas por las organizaciones de defensa al consumidor. “Es poner al lobo a cuidar el gallinero”, graficó Osvaldo Bassano al momento de la designación de Andrés Chambouleyrón como presidente del ENRE, a principios de 2018.

Bassano, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), expresó a Tiempo su lectura del proyecto. “Es una excelente noticia para los consumidores. Es una forma de detener la voracidad de los aumentos. Renegociar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) es clave porque las facturas son excesivamente caras por el servicio que prestan las empresas”, aseguró.

La RTI fue la herramienta que adoptó el gobierno de Macri para establecer los aumentos de tarifas, que rondaron el 3.000 por ciento durante los 4 años del mandato. Consistió en que las empresas pedían en audiencias públicas un porcentaje de aumento y luego el gobierno decidía si lo otorgaba o no, a través del ENRE y del ENARGAS. En esas audiencias, se permitía también la participación catártica de usuarios y consumidores.

Sobre la intervención del ENRE y del ENARGAS –que despertó polémica por tratarse de entes autárquicos-, Bassano opinó: “Está perfecta la intervención. Quienes están a cargo son empresarios que velan por el bienestar de las empresas. Tienen una infinidad de reclamos no resueltos y también resuelven en contra de los consumidores. Hay que terminar con la corruptela de estos personajes a cargo de estos entes”.

A partir de estas medidas, “hay que pensar detenidamente cuál es el sistema que le conviene al consumidor y al país, no a las empresas”, apuntó el especialista y agregó: “Las diferencias que hay entre los costos de producción y el precio que pagamos los usuarios son astronómicas. Si a las empresas no les gusta, que se vayan”, finalizó.

La carta de intención está escrita y ahora queda en manos del Congreso determinar si los tarifazos energéticos constituyen una medida a sostener o a modificar.


El bono lo cobrarán 4,5 millones jubilados y pensionados

Es la cantidad de personas que cobra la mínima o cifras hasta 19 mil pesos. Quienes perciban haberes por encima de esa cifra no lo recibirán. El proyecto busca que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansés tome más deuda pública.

El capítulo jubilatorio del proyecto de ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva promete ser uno de los más polémicos ya que sus efectos influirán a 6,5 millones de jubilados y pensionados.

Además de suspender la movilidad jubilatoria y empoderar al Poder Ejecutivo para que otorgue aumentos trimestrales a todas las jubilaciones, permite que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) adquiera un 40% más de títulos públicos.

Movilidad

En rigor no existe una única movilidad jubilatoria. El proyecto de ley reconoce 16 que corresponden al régimen general y a los regímenes especiales. Todas ellas quedan suspendidas.

Por caso, el proyecto oficial congela la movilidad de los guardaparques, de los agentes del Servicio Penitenciario Federal, del personal de las fuerzas armadas, de los funcionarios del servicio exterior (los diplomáticos), del presidente, el vicepresidente y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los científicos, de los docentes, de los ex combatientes de Malvinas, de los niños, niñas y adolescentes protegidos por la Ley Brisa (cuyas madres fueron víctimas de femicidio), y la de la reparación a ex detenidos por el terrorismo de Estado.

Ante la suspensión de todas estas movilidades en los haberes jubilatorios, el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de “fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo sui administración”.

Respecto de cómo serán esos incrementos, el proyecto no da pistas. Sólo dice que los aumentos se darán “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”, lo que hace pensar que los incrementos serán escalonados.

Un ejemplo de lo que puede suceder con los aumentos de haberes lo da la decisión del gobierno de otorgar dos bonos de 5000 pesos cada uno, a ser cobrados a fin de diciembre y a fin de enero.

Tres millones de jubilados que cobran la mínima, en la actualidad valorizada en $ 14.068 mensuales, percibirán la totalidad del bono. También lo cobrarán un millón y medio de pensionados, aunque manteniendo las proporciones que limitan esas prestaciones: del 70% en el caso de los beneficiarios de pensiones no contributivas y del 80% en el de los que cobran la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

Entre la jubilación mínima y $ 19.068, los jubilados y pensionados cobrarán un bono cuyo valor será la diferencia que surja. Si su jubilación es en la actualidad de 18.000 pesos, recibirá un bono de 1068 pesos.

El problema es que los jubilados y pensionados que cobren por encima de los $ 19.068 no recibirán el bono, a pesar de que sus ingresos se encuentren muy por debajo del valor de la canasta de la tercera edad que calcula la Defensoría de la Tercera Edad y que se encuentra en 37.800 pesos. Y también a pesar de que en los cuatro años de la administración Cambiemos perdieron un 20% de poder adquisitivo.

Además, en ningún caso el bono se incorpora al haber. Se trata de paliativos por única vez.

Litigiosidad

Entre los abogados previsionalistas se comienza a advertir que esta manera de encarar el asunto jubilatorio podría dar lugar a un nuevo ciclo de litigiosidad en el sector.

También impulsan estas prevenciones las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien al presentar el proyecto de ley en una conferencia de prensa en la mañana del martes, aseguró: mientras dure la suspensión de la movilidad jubilatoria, “lo que haremos será proteger a los jubilados que están en una situación de mayor vulnerabilidad”.

En este punto se suman tres aspectos: el primero, que los dos bonos no serán para todos los jubilados y pensionados; el segundo, que los aumentos trimestrales que prevé el proyecto no serían parejos para todos. Y, por último, que ya está determinado que en marzo las jubilaciones y pensiones deben aumentar un 11,6% porque los elementos que componen su movilidad ya se dieron a conocer a lo largo de los últimos meses.

La Corte Suprema ya estableció que el aumento segmentado de haberes previsionales es inconstitucional. Por otro lado, la justicia ya determinó la ilegalidad de la cancelación de una suba de haberes que ya estaba determinada puesto que implicaría darle un carácter retroactivo a la ley. Esto sucedió con el cambio de movilidad que ejecutó el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2017. Esa modificación incluyó saltearse el reajuste de marzo de 2018, cosa que la justicia rechazó este año.

FGS

El artículo 53 del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva involucra al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que administra activos financieros y actúa como una garantía del pago de las jubilaciones a futuro.

La última información pública indica que a fines del segundo trimestre de 2019, “el valor de la Cartera de Inversiones del FGS ascendía a $ 2,07 billones”.

El proyecto de ley sostiene que “Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2023”, podrá mantenerse hasta el 70% de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad “en títulos públicos”. Tras ese lapso, la tenencia de títulos públicos debería bajar al 50 por ciento, que es lo que indica la ley.

Sin embargo, al segundo trimestre de este año, “El stock de Títulos Públicos Nacionales mostró una suba del 15% en el trimestre, totalizando $ 1,28 billones, lo cual representó el 62% del valor total de la Cartera de Inversiones del FGS”. Es decir, según el informe publicado en la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), responsable final del FGS, los títulos públicos ya exceden con creces el límite legal de tenencia.

Este tema no es menor. Si la composición del FGS al segundo trimestre de 2019 se mantuviera en la actualidad, el proyecto estaría habilitando al Estado a colocarle al FGS deuda por otros 200 mil millones de pesos. Esto en un momento en que el gobierno tiene cerradas las canillas del financiamiento voluntario de deuda.


El equipo económico de Martín Guzmán convocó al economista Bernardo Kliksberg

Kliksberg es Doctor en Ciencias Económicas y se lo considera el “padre de la gerencia social” y “pionero en ética para el desarrollo”.

La directora de la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio de Economía, Maia
Colodenco, recibió este lunes en su despacho a Bernardo Kliksberg, uno de los economistas
argentinos más prestigiosos y reconocidos a nivel internacional, pionero en ética para el
desarrollo, asesor especial en la ONU y de más de 30 países.
Kliksberg ingresó a las 15:30 al despacho de Colodenco, según constató Telam en el lugar en
que se producía el encuentro.
Bernardo Kliksberg es un economista, sociólogo, contador público, profesor, escritor, consultor
y asesor argentino.
Es, además, un reconocido pensador sobre temas económicos, sociales y organizacionales apariciones trascendentes ocurrió cuando fue recibido en audiencia privada por el papa Francisco en la residencia de Santa Marta, en el Estado Vaticano, el 24 de noviembre de 2015, algo que el propio Kliksberg consideró “un diálogo para un mundo mejor”.
Maia Colodenco fue presentada el pasado miércoles 11 de diciembre por el ministro de
Economía Martín Guzmán como uno de los cinco funcionarios más importantes del equipo
económico que se integró luego de que Alberto Fernández asumió la Presidencia de la Nación

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