La dura respuesta de Neuquén contra la militarización de Vaca Muerta

Aseguraron que la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación “es una nueva intromisión en las autonomías provinciales” y “un avasallamiento al régimen federal” que generará “inseguridad jurídica”. La medida que analizan tomar desde la provincia petrolera.

El gobierno de Neuquén salió a cuestionar con dureza la resolución del Ministerio de Seguridad de militarizar Vaca muerta, a través de Gendarmería General. Desde la provincia petrolera entiende que el Ministerio de Seguridad de la Nación “extiende de manera inconstitucional” la jurisdicción de la fuerza de seguridad.

Ante esto, el gobierno provincial que conduce Omar Gutiérrez analiza impulsar judicialmente la decisión de la Casa Rosada.

Es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias“, enfatizó este martes la  ministra de Trabajo, Seguridad y Desarrollo Social neuquina, Vanina Merlo.

Argumentó que Nación se atribuyó facultades que “son de las provincias, o del Congreso de la Nación o tan solo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta”.

“Todos estamos de acuerdo en proteger a Vaca Muerta como recurso estratégico sostenible, pero ello no puede ser garantizado a través de intromisiones con apariencia de legalidad que terminan generando el efecto opuesto: inseguridad jurídica”, sentenció la funcionaria.


Incendio en la Legislatura de Chubut tras la muerte de dos docentes

En medio de la grave crisis que atraviesa la provincia, la noticia enardeció a los trabajadores que reclaman hace semanas por sus derechos laborales y prendieron fuego algunos objetos.

En medio de la grave crisis económica que atraviesan los trabajadores estatales y los docentes de Chubut, la situación empeoró esta noche después de que un accidente automovilístico provocara la muerte de dos maestras que volvían de las movilizaciones. Habrá una marcha de silencio en las próximas horas en Comodoro Rivadavia.

Cientos de docentes que se manifestaban pacíficamente en Rawson no pudieron ocultar su tristeza, impotencia y enojo ante el fallecimiento de dos compañeras por lo que comenzaron a quemar objetos en la Legislatura provincial.

Al lugar arribó el grupo de Infantería de la Policía y el grupo GEOP, que reprimieron brutalmente. Algunos trabajadores denunciaron infiltrados para generar desmanes

Mónica Espina es docente de Esquel, de la Escuela Nº 602 de Adultos y de la Nº 159 de Niños, aseguró que la situación que están atravesando los docentes en toda la provincia es grave.

“Estamos reclamando hace 9 semanas porque nos están pagando de forma escalonada. Yo por ejemplo, el sueldo de julio lo cobré el 31 de agosto. Nos pagan en tres tramos. La obra social está cortada y las escuelas se caen a pedazos. El transporte está suspendido, estamos en una situación realmente extrema acá y en todo Chubut”, sostuvo. 

En esa línea, afirmó que los trabajadores reunidos en la Legislatura de Rawson reclaman por sus derechos salariales y en repudio a lo manifestado por Mariano Arcioni, que en el día de la fecha anunció que se aumentará un 100% el sueldo.

En medio de esta situación de emergencia, confirmó que fueron dos las maestras fallecidas que fueron parte de las manifestaciones. “El auto en el cual estaban viajando volcó al regresar hacia Comodoro Rivadavia. Fallecieron dos maestras y hay tres que están hospitalizadas en grave estado”. 

“En la Legislatura los maestros ante esta situación, se enardecieron. Cayó la policía y el GEOP que están reprimiendo y están haciendo desmanes”, explicó. 

Entre lágrimas, confirmó que se juntarán esta noche en Supervisión Escolar de Esquel donde realizarán una vigilia y mañana marcharán a las 10 de la mañana en Comodoro Rivadavia. “Va a ser una marcha de silencio, todos los maestros con brazaletes negros de luto”, manifestó.


Smartmatic: Ordenan que haya veedores en las pruebas piloto

Lo ordenó la jueza María Servini ante el amparo presentado por el Frente de Todos que pretende desplazar del escrutinio a la empresa venezolana

La jueza electoral María Servini resolvió nuevamente que, al igual que en las PASOse designen veedores para controlar el escrutinio del próximo 27 de octubre a fin de “garantizar una mayor certidumbre a todas las agrupaciones políticas” en las elecciones 2019.

Asimismo, dispuso que un equipo de veedores informáticos verifique las dos pruebas piloto que Smartmatic prevé realizar este sábado 21/09 y el próximo 5 de octubre para poner a prueba modificaciones introducidas en su sistema a fin de subsanar las fallas registradas en el escrutinio provisorio de las PASO, que demoraron la difusión de los primeros resultados.

Servini decidió mantener a los veedores que ya intervinieron en las elecciones primarias de octubre pasado, bajo las órdenes de Juan Franchino, actual director General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Cabe recordar que Franchino y su equipo informaron tras las PASO, que Smarmatic realizó “el recuento provisional de resultados funcionó de forma totalmente defectuosa” y hasta sugirieron mejoras.

En ese sentido, le pidió al director de Tecnología que nombre a nuevamente a los veedores informáticos que “deberán presentarse a cumplir su tarea en relación a las múltiples actividades, procesos y subprocesos que se susciten en las pruebas que serán llevadas a cabo por la empresa citada con anterioridad, debiendo actuar de acuerdo a las instrucciones que este Tribunal les impartirá”.

La empresa le transmitió a la Justicia que programará “simulacros para hacer pruebas del sistema” los próximos 21 de septiembre y 5 de octubre.


Venta del Grupo Indalo: Cristóbal López y Fabián de Sousa sobreseídos

Ambos empresarios fueron sobreseídos en la causa que les abrió el juez Julián Ercolini por la supuesta venta ilegal del Grupo Indalo al fondo OP Investment en octubre del 2017.

Cristóbal López y Fabián De Souza fundadores del Grupo Indalo, se encuentran con prisión efectiva en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, pero con este fallo de la Jueza María Eugenia Capuchetti quedaron más cerca de quedar en libertad.

El fallo que sobreseee a los empresarios por la venta del Grupo INDALO, fue dictado por el Juzgado Criminal y Federal N 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, y también alcanza a los dueños del grupo inversor, Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre “por no encuadrar en una figura legal el hecho investigado, dejando constancia que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”.

Los empresarios fueron denunciados en esta causa en la que ahora sobreseyeron por la posible comisión de un delito de acción pública por el traspaso sin autorización judicial de las acciones de Indalo al fondo que crearon Rosner y Dellatorre para quedarse con el holding que en ese momento se encontraba en convocatoria de acreedores e intervenido por orden del juez Ercolini.

En los considerandos, la magistrada advierte que no se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos.


Santa Fe: Diputados dio media sanción a la ley de alcoholemia cero

La iniciativa establece fuertes multas para conductores que sean hallados conduciendo en condiciones de alcoholemia o narcolemia positiva.

Se trata de una iniciativa presentada por la legisladora Silvia Simoncini, que contó con el aporte de iniciativas presentadas por los diputados Héctor Cavallero y Fabián Oliver.

La ley tiene por objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol y de estupefacientes u otras sustancias por los conductores de vehículos.

Con ese fin, crea el Plan Provincial Alcoholemia y Narcolemia Cero, que busca generar conciencia de los peligros de conducir vehículos bajo los efectos del alcohol, estupefacientes u otras sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas normales.


En octubre comenzará el juicio contra el médico que difundió las fotos sin vida de Santiago Maldonado

Así lo informó la familia del artesano a través de un comunicado. Werter Augusto Aguiar, funcionario de la Policía Federal, será juzgado a partir del 8 de octubre.

La familia de Santiago Maldonado difundió un comunicado en el que informa que “el Juzgado Federal de Esquel nos notificó que los días 8, 9, 10 y 11 de octubre del 2019 a partir de las 09:00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB Sede Esquel, ubicada en el kilómetro 4 de la ruta nacional nº 259 de la ciudad de Esquel, llevará adelante el Juicio Oral al médico y funcionario de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, Werter Aguiar por haber divulgado vía WhatsApp las fotografías confidenciales del cuerpo sin vida de Santiago a pocas horas de su hallazgo el 17/10/2017”.

Cabe recordar que la fiscal Silvina Ávila había solicitado la elevación de la causa a juicio el 27 de febrero pasado, “por el presunto incumplimiento de Aguiar de la obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y funcionario policial”.

En su argumentación, la fiscal afirmaba que “se demostró que efectivamente las fotografías que tomó Aguiar en la Morgue Judicial -mientras el cuerpo de Santiago era filmado por personal de la P.F.A.- son las que se filtraron tanto a redes sociales como a los medios de comunicación”.

Además, la Fiscalía recordó que el celular del acusado no puso ser peritado en tiempo y forma porque Aguiar viajó “intempestivamente” a Córdoba cuando ya se “había hecho pública la denuncia en la Justicia Federal”.


Para la justicia riojana, Milani no cometió delitos de lesa humanidad

En un fallo de casi 720 páginas, el tribunal oral federal de la provincia explicó porque absolvieron al ex jefe del Ejército en la causa Olivera. “Creemos que no existen elementos probatorios suficientes para acreditar la participación del acusado en el hecho de mención”, expresan los letrados.

El tribunal oral federal de La Rioja determinó que el ex jefe del Ejército César Milani no cometió las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyeron en esa provincia en los albores de la dictadura, cuando era un subteniente de 21 años de edad. En un fallo de casi 720 páginas, los jueces reconocieron que la familia Olivera –que lo acusó- efectivamente fue víctima del régimen, pero el victimario no fue, ni pudo serlo, Milani. A modo de ensayo de una explicación sobre la acusación que formularon en su contra, los magistrados ensayaron que “el paso del tiempo no sólo produce olvido, sino que es el vehículo para que otros factores post-suceso amplifiquen su efecto: cualquier dato falso introducido a través de cotestigos y/o medios de comunicación consigue mayor aceptación, pues a medida que pasa el tiempo y más débil sea la representación original, más difícil será discriminar entre los datos perceptivos originales y los sugeridos”.

El único elemento de prueba para la acusación fue la acusación misma, que –además- fue inducida, según se desprende del texto. “Sólo contamos con el testimonio inducido y potenciado entre cinco hermanos sufrientes, que a lo largo del tiempo fueron completando y rellenando muchos vacíos y contradicciones originales”.

Milani fue acusado en esencia por dos episodios: el supuesto secuestro de Pedro Adán Olivera y, poco después, el traslado de su hijo, Ramón Alfredo, también detenido de manera ilegal, para trasladarlo a un juzgado federal y presionarlo para que se autoincriminara en la declaración.

Los jueces Jaime Díaz Gavier, Enrique Lilljedahl y Julián Falcucci determinaron que “no se ha acreditado con certeza que el acusado César Milani dirigiera el procedimiento de detención de Pedro Adán Olivera, y en todo caso si así lo fuera no se probó tampoco que actuase con dolo”. Olivera fue, efectivamente, víctima de la dictadura, y así expresamente lo sostiene la resolución, a la que accedió Tiempo.  “La materialidad del hecho de tormentos aplicados a Pedro Adán Olivera se encuentra acreditada. Ahora bien, el único acusado por este hecho es César Milani, a quien se atribuye una participación necesaria en los tormentos. (…) Creemos que no existen elementos probatorios suficientes para acreditar la participación del acusado en el hecho de mención”.

El fallo explica que “la detención de Pedro Olivera fue un procedimiento legal, de manera que no es posible acreditar que quienes intervinieran en el mismo –fuera o no Milani- que dejaron registro documental de la detención cumplida mediante acta y libro de entradas, tuvieran un conocimiento y acuerdo previo con los autores de los tormentos sufridos por la víctima. No existe ningún elemento de juicio que así lo indique”.

Los jueces se preguntaron por qué si Milani estuvo destinado “tres años en el Batallón 141 de La Rioja, sólo haya participado en una única oportunidad en un procedimiento de detención de persona y que nunca haya sido mencionado en otro procedimiento ni como partícipe de ningún tipo de abuso o extralimitación en sus funciones”. La represión de Estado de la dictadura no se compuso de hechos aislados y ocasionales de alguno de sus integrantes sino de un plan sistemático que incluyó secuestros ilegales, sometimiento a torturas, asesinatos y desaparición de los cuerpos.

En cuanto al segundo hecho, el traslado (del que habría participado Milani) de Ramón Alfredo Olivera a un juzgado federal para declarar bajo presión ante un juez, el fallo explica que “no se niega que la víctima puede haberse sentido presionada por la presencia de dicho personal dentro de la sala y en particular de quien él indica como Milani pero no se advierte una amenaza particular grave o coacción en los dichos del militar, como así tampoco agresión física en el hecho”. Los jueces contrapusieron que pese a ese supuesto escenario de presión e intimidación, Olivera le dijo a un funcionario judicial “que consignara los tormentos sufridos e incluso que le mostró su pierna con lesiones e hizo rectificaciones en su declaración”. Ello –dijeron los jueces- “no hubiera sido posible si la víctima se hubiera encontrado bajo apremios, vejaciones, apremios, amenaza o coacción en ese momento. Por lo dicho, se descartan del mismo modo, vejaciones, severidades o apremios ilegales en el hecho”.

Dicho de otro modo, si el hecho hubiera ocurrido tal como se determinó, no habría sido delito. Pero no sólo no se probó que hubiera habido apremios, sino que tampoco se estableció que Milani hubiera estado allí. “Amén de la atipicidad del hecho, tampoco podemos arribar a certeza con respecto a la presencia de éste en el hecho, es decir, con respecto a su participación, por todo lo cual corresponde absolver a César Milani en orden al hecho de tormentos que se le atribuye”.

“No hemos podido arribar a la certeza necesaria para acreditar que Milani se trató del personal militar que protagonizó el hecho relatado por Olivera. Aún en el caso de que lo fuera, el traslado al Juzgado se trató de un hecho legal y regular, lo que es necesario diferenciar con claridad de la intervención en un procedimiento de secuestro o cualquier otro hecho propio del Plan sistemático. Por otra parte, el carácter de miembro de una Asociación ilícita requiere permanencia y realización de conductas delictivas indeterminadas tendientes a dar cumplimiento a la finalidad o propósito de dicha asociación, lo que no se ha configurado en el hecho en cuestión, por lo que corresponde descartar dicho hecho y calificación”.

Milani fue involucrado en el caso Olivera por la propia familia después de un informe del programa Periodismo Para Todos, que conduce Jorge Lanata. Los Olivera reconocieron a Milani por fotografías y filmaciones emitidas en por Canal 13. Los jueces refutaron: “Obviamente no podemos afirmar que se trata de un reconocimiento de Milani, ya que al ver las fotos, el testigo ya conocía que pertenecían al acusado y con diferentes edades”. Tampoco la publicación de otra fotografía en un mensuario de derechos humanos fue aceptada como prueba incontrastable: “concretamente la fotografía mostrada a los testigos se encontraba debajo del título “NO OLVIDEMOS al ‘Teniente Milani’.” Ello permite concluir que el reconocimiento, en tales casos, no fue espontáneo sino más bien inducido, por lo que valorarlo importaría un claro cercenamiento a la intervención del imputado en el proceso y, con ello, a la garantía de defensa en juicio”.

Finalmente, el fallo también descartó acusaciones contra Milani de un luchador por los derechos humanos y sindicales, el periodista riojano Plutarco Schaller, quien describió la presencia del entonces subteniente en un escenario en el que él mismo era víctima de la represión. Pero lo hizo después de que hubiera salido al aire el informe de PPT.

El fallo recordó que Schaller “es el autor del libro Argentinos sin nombre y 2860 fojas de Servicio, que documenta de manera pormenorizada y exhaustiva la actuación ilegal de 2860 integrantes de Fuerzas Armadas y de seguridad de todo el país, con descripción de la fuerza de pertenencia y hechos que se les atribuyen. César Milani no resulta incluido ni nombrado en este extenso libro, lo cual resulta llamativo porque se trataría de un hecho que al parecer, ocurrió al propio Schaller. Es decir, el propio Schaller, a pesar de haber supuestamente vivido ese episodio, ni siquiera consideró que Milani hubiese tenido algún rol relevante en aquellos tiempos como para incluir su nombre en el libro”.


Confirmaron condena a Miguel del Sel por corrupción

La Cámara Nacional Electoral ratificó la pena contra el ex candidato del PRO en Santa Fe por no poder acreditar debidamente fondos de la campaña de 2012.

La justicia confirmó en la Cámara Nacional Electoral la condena contra el ex candidato del PRO en Santa Fe, Miguel del Sel. Fue sentenciado a seis meses de inhabilitación para ser elegidos a cargos públicos nacionales, o ser candidato, por no poder acreditar debidamente fondos de la campaña de 2012.

La causa se inició debido a que el PRO-Propuesta Republicana, como se llamó en un principio el espacio liderado por Mauricio Macri, no pudo justificar parte del gasto de campaña que en la agrupación aseguran que se trata de cinco mil pesos.

En el partido afirman que el intendente de Funes, León Barreto, asumió la tesorería a mediados de diciembre de 2012, por lo tanto estuvo apenas 15 días mientras que el ex embajador en Panamá fue imputado por ser el presidente del PRO en Santa Fe.

“Nunca  tocó un mango, Miguel perdió plata en su carrera política”, defendieron desde la agrupación en diálogo con el portal La Política Online.

El fallo que condenó a Del Sel y a Barreto fue firmado por los jueces Alberto Dalla Via y Graciela Medina mientras que Santiago Corcuera falló en disidencia señalando que nunca se realizó la audiencia contemplada por ley, vulnerando los principios de debido proceso.

El condenado apelará a la Corte Suprema.


Eduardo Ascheri, otro genocida que viola la prisión domiciliaria

El represor está imputado en el causa por la Contraofensiva. Los querellantes solicitaron que le revoquen el beneficio.

El represor Eduardo Ascheri, imputado en la causa que investiga el secuestro y desaparición de militantes montoneros durante la Contraofensiva, violó su arresto domiciliario. Los abogados de la querella solicitaron al Tribunal Oral Federal N1 4 de San Martín donde se cursa el juicio que revoque el beneficio. Fue fotogriafiado por Gustavo Molfino, uno de los querellantes, caminando por la calle y en un bar cerca del tribunal.

Ascheri fue Jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979. En la causa está acusado de 33 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, en 27 de esos casos doblemente agravado, seis allanamientos y 29 homicidios. Todos los represores que están juzgados por delitos de lesa humanidad en esta causa cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria.

El fotógrafo Molfino tiene tres familiares desaparecidos como víctimas en el juicio, y logró fotografiar a Ascheri mientras tomaba un café en un bar contiguo al tribunal. Las fotos que documentan la violación del domicilio fueron publicadas en el sitio que narra el juicio:  https://juiciocontraofensiva.blogspot.com . El abogado de la querella, Pablo Llonto, solicitó al TOF 4 que revoque el beneficio de Ascheri por la violación a su prisión domiciliaria. Llonto pidió además que se coloque el dispositivo de control necesario ya que la libertad de la que gozaba el genocida “pone en riesgo a las víctimas”.

El abogado del represor, Hernán Silva, intentó explicar la situación ilegal en la que se encontraba Ascheri al señalar que “tomar un café desde la delegación de San Martín de la policía hasta acá no es una violación de la domiciliaria. Estas fotografías no muestran una violación de la domiciliaria. Rechazamos el pedido de revocación. Es lógico que con estos días de frío se quiera tomar un café”.


La Cámara de Casación confirmó las condenas a ex jueces de Mendoza

La Cámara Federal de Casación Penal emitió un claro mensaje de respaldo a los procesos por delitos de lesa humanidad contra ex miembros del Poder Judicial al confirmar por unanimidad las condenas a prisión perpetua de Otilio Roque Romano, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren por su participación en el terrorismo de Estado en Mendoza.

“El carácter esencial y necesario de su colaboración se cimenta precisamente en haberles asegurado, desde su posición de magistrados garantes de la legalidad en esa época, impunidad a los operadores del aparato represivo”, escribieron los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad hay actualmente 48 ex jueces, fiscales, defensores o secretarios investigados en distintas instancias, de los cuales 35 todavía no recibieron una sentencia.

“Argentina produce el segundo juicio a un aparato judicial después del famoso juicio a los jueces nazis en Nuremberg. Argentina y su proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad queda en la historia del derecho internacional de los derechos humanos”, celebró Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). “Por si esto fuera poco, hace lugar a los recursos del doctor Dante Vega por el Ministerio Público y el nuestro de la parte querellante y anula absoluciones disponiendo que se revisen y se dicte un nuevo pronunciamiento”, informó. “El fallo toma una enorme relevancia para los casos futuros pero también para el juzgamiento de la responsabilidad civil en la complicidad con el plan criminal”, remarcó Salinas, quien recordó emocionado las denuncias iniciales del abogado Alfredo Guevara Blanco y el apoyo de la ex presidenta del MEDH, Elba Morales, ambos fallecidos.

“El fallo es sumamente importante no sólo porque convalida lo que se probó en la investigación y el juicio, sino porque sienta un precedente para los otros debates contra magistrados en distintos puntos del país”, señaló Vega al diario El Sol. “La tesis que sostuvimos y seguimos manteniendo es que sin la complicidad del aparto judicial no se podrían haber ejecutado los hechos cometidos por militares y policías. Los actores materiales sabían que no iban a ser investigados”, remarcó el fiscal, quien recordó que por razones médicas los tres ex jueces cumplen su condena en prisión domiciliaria.

La jurisdicción de Mendoza, con varios partícipes del terrorismo de Estado en puestos claves del Poder Judicial, fue la que mayor resistencia opuso al avance de las causas tras la anulación de las leyes de impunidad. Las condenas que confirmó Casación son el resultado de la larga lucha del movimiento de derechos humanos y del trabajo meticuloso de la Procuración General a partir de 2009 con la designación del entonces fiscal general Omar Palermo en la oficina abocada a los crímenes de la dictadura.

Hasta hace una década, desde la Cámara Federal cuyana, la banda que conducían Romano & Miret obstaculizó sistemáticamente las causas, garantizó faltas de mérito y excarcelaciones, al mismo tiempo que querellantes y testigos recibían extrañas amenazas. El juez Walter Bento colaboró rechazando los pedidos de unificar causas. La impunidad comenzó a quebrarse en 2010 cuando Bento delegó la instrucción en el fiscal y lo autorizó a compulsar expedientes que habían estado archivados durante tres décadas. Ese trabajo, más las testimoniales recibidas, derivó en julio de aquel año en la imputación del ex fiscal Romano, el ex defensor Petra y los ex jueces Miret, Carrizo y Gabriel Guzzo, luego excluido del proceso por razones de salud y fallecido.

En paralelo se impulsaron los procesos para destituirlos en el Consejo de la Magistratura. Miret renunció al cargo para evitar el juicio político. Romano, en cambio, luchó por su impunidad utilizando los fueros que impedían detenerlo y el poder acumulado en la Cámara. En 24 de agosto de 2011, luego de que Palermo pidiera la elevación a juicio y cuando el Consejo se aprestaba a tratar su destitución, se tomó un avión rumbo a Chile, donde pidió refugio. La maniobra le permitió ganar tiempo pero fue desbaratada: en 2013 la Corte Suprema de Chile confirmó que nunca fue un “perseguido político” y volvió a cruzar los Andes pero esposado y ya como detenido. En 2014 comenzó el juicio que terminó en las condenas que acaba de confirmar Casación.

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