El Banco de la Nación Argentina confirmó el cierre y la unificación de unas 60 sucursales, centros de atención PyME y anexos operativos en todo el país, en el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida, que busca un ahorro de $140 millones mensuales, ya provocó la desvinculación de más de 1.000 trabajadores y crece el temor por nuevas cesantías masivas.
“El proceso se lleva a cabo a partir de la fusión de sucursales, el cierre de unidades superpuestas y la reasignación de recursos humanos”, detalló oficialmente el BNA, que desde mediados de 2024 estima un ahorro acumulado de $837 millones.
El antecedente más fuerte fue en La Pampa, donde en octubre pasado se cerraron nueve de las 14 sucursales provinciales. La decisión fue interpretada como una represalia contra la suba de impuestos aplicada por el gobernador Sergio Ziliotto y generó un conflicto con fuerte repercusión política y judicial. Desde entonces, el plan se extendió a nivel nacional.
En febrero de este año, el presidente Milei firmó un decreto (suspendido) que modificaba la naturaleza jurídica del Banco Nación, que pasó de ser una Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima. Si bien el decreto no mencionaba despidos ni cierres, en los hechos el recorte ya estaba en marcha.
Durante 2024, la plantilla del banco se redujo un 7%, lo que implicó cerca de 1.000 desvinculaciones. Desde los sindicatos advierten que ese número podría multiplicarse. El cierre de oficinas también impacta en localidades donde el BNA es la única entidad bancaria disponible, lo que deja sin acceso a servicios financieros a miles de personas.
“Esto no es solo un ajuste, es una retirada del Estado en lugares clave”, señalaron desde AEBU, el gremio bancario uruguayo, que ya alertó por el avance de recortes similares en toda la región. En Argentina, desde la Asociación Bancaria todavía no hubo una declaración oficial sobre esta nueva ola de cierres.
En varias provincias, la situación escaló a la justicia. En Córdoba, por ejemplo, 18 municipios presentaron recursos de amparo para frenar el cierre de sucursales. En Jesús María, se logró evitar la clausura mediante un acuerdo con el municipio que incluyó una reducción de impuestos locales.
La provincia de Buenos Aires es uno de los epicentros del recorte. Hay oficinas en revisión o con cierre confirmado en Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, Quilmes, Tres de Febrero y Vicente López. También hay cierres o reestructuraciones en Rawson, Santa Rosa, Resistencia, San Miguel de Tucumán, Ushuaia, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta y San Juan.
Además del cierre de sucursales, el Banco Nación reorganizó internamente sus operaciones: 45 centros de atención PyME pasaron a operar de manera itinerante y las Gerencias Zonales se redujeron de 33 a 29. Según la entidad, estas medidas “permiten una distribución más eficiente de los recursos” y buscan “mejorar la transparencia y enfrentar los desafíos del mercado”.
A pesar de las explicaciones, la incertidumbre crece. En muchas regiones afectadas, los vecinos temen quedarse sin servicios bancarios esenciales y sin la posibilidad de acceder a créditos, cobrar jubilaciones o realizar trámites básicos. Los trabajadores, por su parte, esperan definiciones sobre su futuro laboral.
“El Banco Nación sigue siendo líder en el sistema financiero, cualquiera sea la medición”, expresó la entidad en su último comunicado. Pero mientras la motosierra del ajuste sigue su marcha, los costos sociales y territoriales empiezan a hacerse evidentes.
