La media sanción en Diputados expone la crisis de coherencia dentro de los propios partidos y la necesidad urgente de control ciudadano real.
Por Daniel Baldomir
La reciente media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina no puede analizarse como un simple trámite legislativo. Es, en realidad, el espejo de una práctica que erosiona la confianza pública: dirigentes que en campaña levantan una bandera y en el recinto votan otra cosa.
Cuando gobernadores y legisladores que se reivindican peronistas —históricamente asociados a la defensa del trabajador— acompañan proyectos que afectan derechos laborales, el problema no es solo político. Es moral.
Los “partidarios de cotillón”
En cada espacio político existen los disfrazados: dirigentes que mutan según la conveniencia del momento. No tienen doctrina, tienen cálculo. No tienen convicción, tienen oportunidad.
Son los que en campaña hablan de justicia social y en el Congreso negocian silenciosamente. Los que prometen defender derechos y luego justifican retrocesos en nombre de la “gobernabilidad”.
Esta lógica oportunista termina siempre igual: el ajuste cae sobre el pueblo trabajador.
La rosca como sistema
Negociar es parte de la política. La rosca permanente que contradice la palabra empeñada es otra cosa. Es la degradación del compromiso electoral.
Una plataforma no debería ser un folleto descartable. Debería ser un contrato solemne con la sociedad. Si un candidato gana prometiendo una cosa y luego vota en sentido contrario, no estamos ante una reinterpretación técnica: estamos ante una estafa política.
Y cuando la mentira no tiene consecuencias, se institucionaliza.
Exigir, controlar, castigar
La democracia no puede reducirse al acto de votar cada dos o cuatro años. Necesita mecanismos de seguimiento y sanción política.
La propuesta de una comisión veedora ciudadana —plural, independiente y transparente— podría funcionar como herramienta de monitoreo del cumplimiento de promesas. No para perseguir ideologías, sino para exigir coherencia.
Si un representante traiciona abiertamente su plataforma, debe haber costo político concreto: exposición pública documentada, informes periódicos y, donde la ley lo permita, mecanismos de revocatoria o juicio político.
El límite lo pone la sociedad
La degradación política no se sostiene solo por la acción de los dirigentes, sino también por la tolerancia social. Cuando el electorado naturaliza el cambio de discurso como “parte del juego”, legitima la trampa.
Decir basta no es un eslogan. Es asumir que la ciudadanía debe organizarse, informarse y recordar. La memoria política es la herramienta más poderosa contra los disfrazados.
Porque cuando la palabra no vale nada, la democracia empieza a vaciarse.
Y cuando el pueblo exige coherencia, la política se ve obligada a recuperar dignidad.