Los pesquisas lograron establecer que el helicóptero había sido comprado en Paraguay hace unos meses, en una maniobra que ahora es investigada, ya que se sospecha que fue adquirido por dinero obtenido por la venta de drogas
La justicia federal procesó este martes con prisión preventiva a Lindor Alvarado y a otros dos hombres por el frustrado plan para rescatar en helicóptero al capo narco rosarino de la cárcel de Ezeiza, donde permanece alojado tras haber sido condenado a prisión perpetua por liderar desde prisión una asociación ilícita que entre el 2012 y 2018 se dedicó a cometer homicidios, amenazas, extorsiones y balaceras, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien consideró a Alvarado coautor de los delitos de “contrabando de importación agravado por la cantidad de intervinientes, el medio de transporte aéreo y el lugar de aterrizaje empleados y por el valor del bien ingresado; favorecimiento de evasión en grado de tentativa; y falsificación y supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley”.
En el fallo de 87 páginas, el magistrado procesó como miembros de una “asociación ilícita” y como coautores de los mismos delitos que el capo narco a Andrés Alcides Donnet y a Gianluca Orpianesi.
Asimismo, el juez Kreplak les trabó un embargo de 50 millones de pesos a los tres imputados.
En su resolución, el magistrado dio por acreditado que el plan de fuga de Alvarado comenzó a ejecutarse el 10 de marzo pasado “en horas tempranas”, y requería que un piloto contratado por el capo narco rosarino, apodado ‘Lobo’, tomara posesión de un helicóptero comprado en el exterior, en el aeródromo de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
Desde allí, el piloto debía trasladarse hacia el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza y arribar “al patio exterior en el preciso instante en que los internos se hallaban en el lugar”.
“Allí, o bien aterrizaría por breves segundos, o bien sobrevolaría el terreno a muy baja altura, lo que permitiría que Alvarado y otro recluso abordasen la aeronave rápidamente”, sostuvo Kreplak.
Luego de la extracción de Alvarado, el helicóptero debía partir “inmediatamente después” hacia una zona rural del partido bonaerense de General Rodríguez, donde debía aterrizar “brevemente para que descendieran los reclusos evadidos”.
“Allí aguardarían otros integrantes de la organización criminal conducida por Alvarado, quienes a bordo de varios vehículos se encargarían de transportar a los internos a otro sitio para terminar de perfeccionar el escape”, señaló el juez federal en su fallo.
En ese sentido, añadió que “el piloto de la aeronave, en tanto, se trasladaría por aire hacia un campo de la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján, donde la escondería en un galpón”.
En cuanto a los otros dos procesados, Kreplak afirmó que el día del intento de fuga Orpianese pasó a buscar a bordo de una camioneta Ford Eco Sport a un hombre por un lugar cercano de la Terminal Mariano Moreno de la ciudad de Rosario, posiblemente el piloto “Lobo”.
Desde ese lugar partieron ambos hacia el aeródromo de Gualeguaychú, donde se encontraron con Donnet, “con quien terminaron la puesta a punto del helicóptero, que finalmente despegó en dirección hacia la provincia de Buenos Aires”.
“La aeronave fue hallada en horas de la tarde, cuando Alvarado aún permanecía en el patio de su unidad de detención, en un predio perteneciente al ‘Country Club Banco Provincia”; en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, “a menos de 50 kilómetros en línea recta de su primer destino”, reseñó el juez.
Tras el hallazgo del helicóptero por parte de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), se constató “una avería en los magnetos del motor, lo que habría impedido una correcta ignición de las bujías y la consecuente pérdida de sustentación, causa probable del aterrizaje prematuro de la aeronave en ese sitio”.
Según la pesquisa, el intento de fuga de uno de los capos narcos más importantes del país, líder de una organización enfrentada a Los Monos de Ariel Máximo “Guille” Cantero, comenzó a planificarse hace seis meses.
Los investigadores de la PFA lograron obtener el dato a través de una persona que declaró como testigo de identidad reservada ante el Ministerio de Seguridad y, desde entonces, se comenzó a trabajar sobre el tema, con la colaboración de los fiscales de la Procunar, Diego Iglesias y su secretario Matías Álvarez, y la fiscal federal Cecilia Incardona.
Con la información obtenida, los pesquisas, que contaron con la colaboración de efectivos de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lograron acceder al teléfono celular que utilizaba el capo narco dentro de su pabellón y, mediante un sofisticado programa tecnológico, “clonar” su chat de WhatsApp y el de su interlocutor.
De acuerdo a lo que lograron obtener los pesquisas, en base a ese intercambio de mensajes de Alvarado con un hombre apodado “Lobo”, los investigadores establecieron que existió un primer intento de rescate que se iba a llevar a cabo el viernes 3 de marzo.
Ese operativo de rescate se frustró, porque ese día, tres jueces de jurisdicciones distintas ordenaron la realización de distintos allanamientos en la cárcel de Ezeiza y del penal de Rawson, en el marco de operativos ante la sospecha de que desde el penal se organizaban balaceras y delitos vinculados al narcomenudeo.
Finalmente, el 10 de marzo, los efectivos de la División Drogas Peligrosas de la PFA lograron desbaratar la maniobra y detuvieron a tres sospechosos, como así también el secuestro del helicóptero.
Sin embargo, el piloto de la aeronave, el hombre apodado “Lobo”, logró escapar y todavía permanece prófugo.
Los pesquisas lograron establecer que el helicóptero había sido comprado en Paraguay hace unos meses, en una maniobra que ahora es investigada, ya que se sospecha que fue adquirido por dinero obtenido por la venta de drogas.
El 3 de junio pasado, Alvarado fue condenado a prisión perpetua por un tribunal que lo encontró penalmente responsable de liderar desde la cárcel una asociación ilícita dedicada a cometer homicidios, extorsiones, amenazas y balaceras a edificios judiciales, entre el 2012 y 2018.
Según ese veredicto, el jefe narco fue quien ordenó en 2018 el secuestro y asesinato del prestamista, Lucio Maldonado.
