El Gobierno apunta a Santa María, titular del gremio de porteros y propietario de medios opositores

El Gobierno apunta a Santa María, titular del gremio de porteros y propietario de medios opositores

Denuncian una avanzada contra gremialistas y propietarios de medios opositores al Gobierno nacional. Se lo acusa de haber transferido dinero desde el sindicato a empresas proveedoras que luego giraron la plata a empresas vinculadas a Santa María.

Se trata de Vítctor Santa María, presidente del PJ porteño, propietario del Grupo Octubre, que integran Página 12 y AM 750, entre otros, y titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y de la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Horizontal (FATERYH).

Según un informe presentado por la Unidad de Información Financiera, dependiente del Poder Ejecutivo, a mediados del año pasado, el gremialista habría movido fondos por US$1,9 millones desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno. Además, según el informe, la familia Santa María había tenido hasta agosto de 2016 otros US$6,5 millones en fideicomisos suizos. La UIF plantea que el blanqueo se concretó mediante un tercero, que depositó la plata en la AFIP luego de recibir los fondos de la cuenta suiza de la familia del dueño de medios de comunicación opositores.

Los US$1,9 que habría blanqueado la madre de Víctor Santa María salieron de Suiza el 30 de marzo del año pasado desde una cuenta del fideicomiso Vica. Según el informe de la UIF, un día después, otro de los supuestos beneficiarios del fideicomiso realizó un pago a la AFIP por el mismo monto (pero en pesos) a nombre de López «en concepto de ser aplicado a algún tipo de Régimen de Sinceramiento Fiscal». Dado que el blanqueo abonaba una multa del 15%, el patrimonio de la familia superaría, en ese momento, los US$12 millones.

Al respecto, y consultado en ese etonces por La Nación, Santa María descartó la hipótesis y sostuvo que «mi madre no blanqueó nada, no es beneficiaria de nada. No tengo idea de quién es ese fideicomiso». El informe de la UIF está en manos del juez federal Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Rívolo.

Ahora, la UIF presentó nuevos documentos para reforzar la denuncia, con movimientos puntuales de dinero realizados desde el sindicato que maneja Santa María y proveedores del mismo. Según la hipótesis de investigación, se habría movido dinero desde el gremio hacia estos proveedores que luego giraron la plata a empresas vinculadas a la familia del titular del PJ porteño. El organismo dependiente del Ejecutivo plantea que hubo movimientos entre el sindicato y empresas vinculadas a Andrés Leonardo Stangalini y Damián Fernando Bila, entre otros, con “fines ajenos a la actividad sindical”.

Para argumentar esta hipótesis, mencionan algunos casos particulares. Por ejemplo, entre enero y febrero de 2017, «el SUTERH y la FATERYH giraron a la firma Construcciones Algol SA, propiedad de Stangalini, fondos por un total de $50.828.912”. Luego, el 54% de los fondos de una de las cuentas de la compañía en el Banco Francés, fue girado a empresas vinculadas al grupo Santa María: el Club Sportivo Barracas, presidido por Víctor Santa María ($1.5 millones); Interacción Seguros ($2.5 millones), de la que es director Santa María; y Estructuras y Mandatos, dirigida por Alberto Spagnuolo, precisa el informe al que accedió Clarín.

En este sentido, también se menciona que G1 S.A, una de las empresas de Damián Bila y de la que Stangalini -según la UIF- es accionista, recibió $24 millones, de parte de los sindicatos que dirige Santa María. Según la UIF, el 45% de ese dinero proviene de cheques y transferencias en las que uno de los beneficiarios es el Club Sportivo Barracas. El 15% fue utilizado para comprar moneda extranjera y que el 40% restante “fue retirado en efectivo, imposibilitando en esta instancia seguir la ruta del dinero”.

Esta avanzada contra Santa María se da en el marco de una denuncia de ahogamiento de los medios opositores que maneja el Grupo Octubre, del que es propietario. Página 12 había denunciado que sólo en el primer semestre del año pasado, «el diario Clarín (sólo el diario) recibió del Estado 54.613.989,52 pesos frente a 3.206.000 que se le pautó a PáginaI12 en el mismo período. El diario La Prensa, hoy prácticamente desconocido para el gran público, recibió el doble de pauta que PáginaI12 y en el caso de Perfil, que sólo sale dos veces por semana, casi le fue otorgado el triple». Adjudicaron «esta arbitraria persecución» a una «ofensiva que diferentes medios con aceitados lazos con el Gobierno, y proclives a otorgar espacio a las más variadas operaciones de inteligencia, vienen desplegando en contra del Secretario general del Sindicato y la Federación de Empleados de Edificios, Víctor Santa María, quien también es director del Grupo Octubre, al que pertenece este diario junto a otros medios de comunicación y emprendimientos educativos y culturales».

En este sentido, Agustín Rossi, titular del bloque del FPV-PJ en la cámara de Diputados, indicó en su cuenta de twitter que «la persecución del Gobierno contra Victor Santa María, es parte de la escalada contra la dirigencia política y gremial opositora. No es ajeno a esto, el intento del gobierno, de tratar la reforma laboral en febrero, ni tampoco la pertenecia de Página 12 y AM750 al SUTERH».

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