Un estudio contundente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre información oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), revela que los primeros dos años del gobierno de Javier Milei dejaron a la provincia de Santa Fe con más de 2 mil empleadores menos y más de 10 mil puestos de trabajo formal destruidos, marcando una caída que difícilmente pueda atribuirse solo a factores externos.
El informe, que compara noviembre de 2023 —previo a la asunción presidencial— con noviembre de 2025, muestra que la cantidad de empleadores registrados pasó de 50.674 a 48.333 firmas, lo que implica una contracción del 4,6% en el tejido productivo formal santafesino. En el mismo lapso, la plantilla de trabajadores formales cayó de 632.761 a 622.277 personas, una baja del 1,7% en empleo registrado que significa más de 10 mil puestos menos en el mercado laboral provincial.
La mayor parte del impacto, según el relevamiento, se concentra en unidades productivas con menos de 500 trabajadores, el corazón de la economía local, donde se observaron los descensos más pronunciados tanto en cantidad de firmas como en masa laboral.
Para los analistas del CEPA, estos números reflejan “una contracción histórica del empleo formal y de la base empresarial”, equiparable o incluso más profunda que la registrada en gestiones provinciales previas incluso en contextos recesivos. A nivel nacional el cuadro es aún más sombrío: según otros datos oficiales, el país perdió cerca de 290.000 empleos formales y casi 22 mil empresas desde la asunción del presidente Milei, con un promedio de cierre de casi 30 empleadores por día.
Sectores estratégicos como la industria, la construcción y el transporte lideran las pérdidas tanto de empleo como de unidades productivas, y la caída en pymes —que concentran la mayor cantidad de trabajadores— alarma a cámaras empresariales y sindicatos por el riesgo de profundizar la crisis económica y social en la región.
El relevamiento llega mientras se intensifica el debate público sobre las reformas laborales impulsadas por el gobierno nacional, que sus críticos sostienen podrían acelerar la precarización y la desintegración del empleo formal. Con estos datos sobre la mesa, el foco político y mediático vuelve a girar sobre el impacto tangible que las políticas económicas del Ejecutivo están teniendo en las economías regionales más allá del discurso de recuperación.