El jefe de la unidad fue desplazado, mientras que se detuvieron a 13 efectivos y varios civiles. La justicia investiga una maniobra de corrupción con fondos destinados a la carga de combustible.
Un escándalo por corrupción en la Policía de Santa Fe estalló en las últimas horas y significó la salida del jefe de la Unidad Regional II y varios efectivos jerárquicos.
Una investigación por malversación de fondos destinados a la carga de combustibles desencadenó 34 órdenes de allanamientos que incluyeron comisarías y domicilios particulares de jefes policiales.
Los procedimientos fueron solicitados por uno de los fiscales de la Oficina de Violencia Institucional, José Luis Caterina. Puntualmente, tanto el área estatal como el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pusieron la mira sobre la compra de combustible que se destina a los móviles y motocicletas policiales.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima enviada por correo postal y demandó un plazo de más de diez meses. De acuerdo a datos de la Fiscalía, la estafa ascendería a más de 380 millones de pesos e involucra a una veintena de personas.
Si bien entre los involucrados no se encuentran ni el jefe ni el subjefe de la Unidad Regional II, el titular Daniel Acosta fue desplazado y la dependencia fue intervenida. El responsable de la intervención será Claudio Romano, ex jefe de la Unidad, quien se encontraba retirado.
El fiscal José Luis Caterina explicó la maniobra: “La suma de dinero (para combustible de los patrulleros) que llegaba era distorsionada y terminaba en manos de los efectivos policiales”.
Además, confirmó que hay cerca de veinte personas investigadas, entre civiles y policías, varios de ellos de rango jerárquico. Aunque el funcionario judicial no descartó que pueda hacer más personas involucradas.
En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad provincial Pablo Coccocioni sentenció que “hay un detrimento al erario público”. De todas maneras, “el patrullaje fue normal, ningún móvil dejó de funcionar”, reafirmó el funcionario.
Acompañado por los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Caterina y Matías Merlo, Cococcioni contó que «fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible», y que «muchos de estos controles fueron incumplidos». Luego, «con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor».
Por su parte, Merlo detalló: «Se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso. El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías»
