A un año de la condena histórica contra la fábrica de agroquímicos de San Nicolás y un mes después de una descomunal explosión dentro de la planta industrial, el profesional designado para controlar a la firma renunció y el anterior fue separado por irregularidades
Hace un mes, la planta industrial que tiene la agroquímica Atanor en San Nicolás volvía a ser noticia nacional por la explosión de un reactor que provocó una descomunal nube tóxica y lesiones graves a un operario. Días antes de la tragedia, la Justicia había separado de su cargo –por serias irregularidades– al perito designado para controlar que la empresa cumpla con la adecuación ambiental dispuesta en una sentencia que un año atrás copó los titulares del país con la condena histórica a la fábrica de herbicidas por contaminación ambiental y daño irreversible en el cauce del río Paraná.
A la grave explosión del mes pasado, que esparció atrizina y 2,4D varios kilómetros a la redonda y provocó dificultades respiratorias a vecinos de cinco barrios nicoleños, se sumó que el nuevo perito designado para controlar las mejoras que Atanor debía introducir en el tratamiento de sus efluentes declinara su nombramiento, con la gravedad de que era el último ingeniero especializado en la lista de peritos judiciales.
Ante la carencia de profesionales idóneos que pudieran realizar esa función, la jueza Luciana Díaz Bancalari apuntó a las universidades públicas que cuentan con una Mesa de Licenciatura en Gestión Ambiental y mencionó 18 casas de altos estudios en todo el país que han manifestado su voluntad de cooperar con la Justicia.
Para ello convocó a los expertos en licenciaturas en gestión ambiental a fin de que propongan una nómina de profesionales que puedan ilustrar sobre el estado del cumplimiento de la sentencia que condenó a Atanor y los posibles pasos a seguir “en resguardo de la comunidad” a partir de la explosión del 20 de marzo pasado.
La decisión de la jueza se basa, según especifica en la resolución, en un escrito presentado el 2 de abril pasado donde el perito, un ingeniero en Higiene, Seguridad y Contaminación Ambiental, solicita que quede sin efecto su designación.
Su antecesor, el ingeniero industrial Fausto Daniel de Larrosa, debía controlar que la empresa condenada por el vuelco ilegal de desechos tóxicos en el río Paraná cumpla con las medidas urgentes dispuestas en la sentencia para evaluar el riesgo ambiental, fue removido por irregularidades en su función a mediados de marzo.
El apartamiento del ingeniero De Larrosa, que incluyó la pérdida del cobro de honorarios, se dictaminó luego de que la jueza considerara “inadmisible” la referencia que realizó como perito sin haberse constituido en la planta industrial ni argumentado cómo llegó a las conclusiones vertidas en un escrito que presentó a mediados de diciembre.
Tras la explosión, la Justicia clausuró Atanor y prohibió la salida de camiones con residuos
Denuncian incumplimiento
La condena contra Atanor fue dictada en marzo de 2023 –y luego confirmada por la Cámara de Apelaciones de San Nicolás– por provocar daños irreversibles en el curso del río Paraná con la descarga ilegal de desechos tóxicos. La firma apeló ambas decisiones ante la Corte de Justicia provincial, que todavía no se expidió sobre el tema.
Las medidas urgentes que ordena la sentencia son para evaluar el riesgo ambiental tras la acreditación de contaminación en aire, suelo y tierra de los alrededores de la planta industrial ubicada en el ejido urbano de la localidad bonaerense.
Sin embargo, a un año del fallo, la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea) que lleva adelante las acciones legales, denuncia que Atanor continúa sin ejecutar la sentencia. La misma ordena requerimientos urgentes para detener el daño ambiental, como la puesta en funcionamiento de un sistema eficaz para mejorar el tratamiento de residuos peligrosos, la implementación de un plan de remediación, la realización de un estudio del suelo por intermedio de expertos del Conicet y un estudio de evaluación socio ambiental del vecindario lindero a la planta industrial que debían encomendarle a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los peritos judiciales que debían controlar su cumplimiento no lo hicieron.
Fallo histórico
El amparo ambiental contra la firma Atanor fue interpuesto por Fomea en 2015 para denunciar la “masiva” contaminación del ambiente con agroquímicos y la “grave” afectación en la salud de los vecinos de esa localidad, puesto que la empresa se ubica en pleno ejido urbano de San Nicolás.
El 6 de marzo de 2023, a ocho años de iniciada la investigación, la jueza Luciana Díaz Bancalari dictó sentencia definitiva tras dar por probado “el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor SCA”.
La pesquisa judicial logró demostrar el vuelco de desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río y afectan la biota acuática, en tanto la jueza destacó que “no puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”.
El fallo fue confirmado en mayo pasado por la Cámara de Apelaciones y actualmente se encuentra apelado ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
