Un informe elaborado a partir de documentación de Vialidad Nacional sostiene que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron apenas el 0,85% de los fondos analizados entre 2009 y 2015. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner considera que el dato contradice uno de los argumentos centrales utilizados para condenarla. Los abogados también esperan novedades del Comité de Derechos Humanos de la ONU en octubre.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes una nueva evidencia con la que busca cuestionar uno de los principales fundamentos de la condena dictada en la causa Vialidad.
Se trata de un análisis realizado sobre una base de datos de Vialidad Nacional incorporada al expediente de la causa Cuadernos. Según explicó la defensa, el documento permite reconstruir el destino de los fondos de una fuente específica del Presupuesto Nacional utilizados para financiar obras viales durante el período comprendido entre 2009 y 2015.
El estudio contabilizó 367 obras, 114 empresas constructoras y 3.855 certificados, con desembolsos por aproximadamente 2.200 millones de dólares. Dentro de ese universo, las obras vinculadas al denominado Grupo Austral representaron 18,66 millones de dólares, equivalentes al 0,85% del total analizado.
Un dato que la defensa considera determinante
Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostienen que estos números contradicen la hipótesis según la cual durante los gobiernos de Cristina Kirchner existió un direccionamiento sistemático de la obra pública en favor de las empresas de Lázaro Báez.
El informe señala que, dentro de los desembolsos correspondientes a la denominada Fuente 14, las empresas que encabezaron el listado fueron IECSA, con el 16,36%; JCR, con el 10,18%; Benito Roggio e Hijos, con el 9,55%; y José Cartellone Construcciones Civiles, con el 9%.
Las empresas identificadas como integrantes del Grupo Austral no aparecen entre las primeras 15 del ranking elaborado a partir de esa documentación.
Para la defensa, el contraste resulta especialmente relevante porque la condena por administración fraudulenta estuvo vinculada a la hipótesis de que desde el Estado se habría favorecido a Báez mediante el direccionamiento de contratos de obra pública.
Carlos Beraldi sostuvo durante la presentación que el nuevo elemento permite discutir esa premisa y afirmó que, desde la perspectiva de la defensa, la condena fue injusta.
Qué dice exactamente el informe
El análisis fue realizado por la consultora brasileña Specs Consultoria, a partir de una planilla denominada “Analítico 2008-2015 Xls”, incorporada al expediente de la causa Cuadernos.
El trabajo estudió los desembolsos correspondientes a la Fuente 14 del Presupuesto Nacional entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.
De las 51 obras que forman parte de la causa Vialidad, el estudio identificó 17 que recibieron recursos provenientes de esa fuente. Esas obras estuvieron vinculadas a Austral Construcciones, Gotti, Sucesión de Adelmo Biancalani y Kank y Costilla.
La propia defensa reconoce que se trata de una fuente presupuestaria específica y que el estudio no representa la totalidad de la obra pública nacional, sino el universo de recursos canalizados mediante esa vía.
La estrategia internacional
El nuevo elemento será utilizado por los abogados dentro del planteo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la defensa cuestiona la condena contra Cristina Kirchner y solicita, entre otras medidas, la revisión de las condiciones de su prisión domiciliaria y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa espera que durante la próxima reunión del Comité, prevista para octubre, pueda haber novedades respecto de las medidas cautelares solicitadas.
Una eventual decisión favorable del organismo internacional no implicaría por sí misma la revisión automática de la condena en Argentina. Según explicó Beraldi, la estrategia sería utilizar una eventual resolución del Comité como fundamento para solicitar posteriormente medidas ante la Justicia argentina.
Una nueva discusión sobre la causa Vialidad
El dato presentado por la defensa vuelve a poner en el centro de la discusión una cuestión fundamental del expediente: si existió o no un mecanismo sistemático de direccionamiento de la obra pública nacional para beneficiar al empresario Lázaro Báez.
La documentación presentada introduce una comparación cuantitativa sobre el destino de los fondos de una determinada fuente presupuestaria. La defensa sostiene que esa información contradice el corazón de la acusación; la valoración jurídica de ese elemento, en cambio, deberá ser realizada por los organismos competentes.
La controversia, así, vuelve a trasladarse del terreno político al judicial: qué peso tiene esta nueva documentación, qué universo de fondos permite analizar y si modifica —o no— las conclusiones a las que llegaron los tribunales que intervinieron en la causa Vialidad.
La respuesta podría comenzar a conocerse en los próximos meses, mientras la defensa espera la intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU.