La Policía llevó adelante más de sesenta allanamientos en varias provincias, en el marco de una investigación que tiene por objeto a un grupo de empresas radicadas en el exterior que fugaron más de 15 mil millones de pesos tras el contrabandeo de granos
Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales realizaron un importante operativo en forma conjunta con la Dirección General de Aduanas en varias provincias del país, donde se desarticuló una organización cuyos integrantes se dedicaban a realizar maniobras de contrabando de exportación con empresas fantasmas.
La investigación tiene origen en una serie de denuncias que daban cuenta de la existencia de un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido) que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello. Las acusaciones fueron realizadas por la Dirección General de Aduanas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
Los investigadores realizaron una exhaustiva pesquisa que permitió, con los datos aportados, dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal entre los que se destacan al menos 15 profesionales (contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior) y otras 15 personas que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades. Por otro lado, también se descubrió que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en Argentina y otras 5 sociedades en los Estados Unidos, Hong Kong y en España, para realizar las triangulaciones que alcanzaron montos superiores a los 51 millones de dólares que nunca ingresaron al mercado legal de capitales.
El juez que entiende en la causa dispuso la realización de 64 allanamientos en el AMBA, interior de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén donde se logró el secuestro de gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos -presuntamente falsificados- de funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre otros elementos de interés. La causa está caratulada como “contrabando y asociación ilícita”.
