Atraso en la entrega de medicamentos oncológicos y de altos costos, y deudas en el pago de médicos y farmacias son algunos de los conflictos que enfrentan cientos de familias. Habrá una marcha la próxima semana para visibilizar la situación.
Casi 20 mil afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) en la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe perdieron las prestaciones que brinda la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario. Esta situación ocurrió luego de retrasos en los pagos en medio de una crisis institucional que golpea a todas las regiones.
La delegación rosarina de Iosfa nuclea a civiles trabajadores de oficinas dentro de unidades militares, personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y personal de seguridad de las tres fuerzas: Ejercito, Fuerza Área y Armada. Además, cada afiliado tiene la posibilidad de sumar integrantes de su familia.
La desesperación crece: se trata de una obra social que se mantuvo ordenada, con afiliados que se jactaban de tener “todos los sanatorios”, pero ahora quedaron a la deriva. “Si tengo que llevar a mi hija a la guardia no sé a dónde ir”, dijo el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario en Iosfa, Alejandro Sortino, que hace 35 años que camina las oficinas de Iosfa y jamás vivió una situación similar.
El delegado de ATE expuso: “Un encargado militar vino a reclamar por un compañero que tenía a su esposa embarazada y esperaba por una cesárea en el Sanatorio de la Mujer. Dijo que no se la pudieron hacer porque Iosfa no paga”.
“La veíamos venir”, lamentó Sortino. El aporte del 6 por ciento del sueldo, una cifra alta para una obra social, parece no alcanzar y la lógica por parte del gobierno de Javier Milei de “destruir” lo que diera déficit no corría para Iosfa, que siempre cumplía y tenía buena relación con clínicas y sanatorios y cuenta con unos 550 mil afiliados.
La misma conducción de la obra social a nivel nacional admitió una deuda por 240 mil millones de pesos, que comenzó a generarse desde los primeros meses de 2024. En este contexto, los afiliados de Rosario se encontraron con el recorte de prestadores, una situación que afrontaron otras delegaciones mientras otras cruzan los dedos para que el sector privado se apiade y mantenga médicos, estudios y servicios.
Además de enfrentarse a la incertidumbre de no saber dónde atenderse, Sortino señaló que la tensión se traslada a los centros, donde se recibe a cientos de afiliados preocupados por la atención de su médico de cabecera, una consulta especial o tratamientos. “Un gendarme retirado llamó y lo invadía la impotencia. Amenazó a compañeros”, apuntó el gremialista en diálogo con La Capital.
La desidia se da en medio del trabajo de las fuerzas de seguridad en el marco del Plan Bandera establecido por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para combatir la inseguridad y el accionar de las bandas narcos en todo el territorio rosarino y localidades cercanas.
