La oposición dialoguista sostiene que no hubo avances. El Gobierno mantiene firme su postura de no coparticipar el Impuesto País. La votación se inicia este martes a las 14
En un tibio clima de negociación entre el Gobierno y los bloques dialoguistas en artículos clave, la Cámara de Diputados iniciará este martes a las 14 la votación en particular de la Ley ómnibus tras su aprobación en general el viernes pasado con 144 votos positivos, 109 negativos y 0 abstenciones.
El fin de semana parecía haber sido el espacio para que el Poder Ejecutivo y los diputados -que acompañaron el proyecto- acercaran posiciones con respecto a los ejes que mayores rispideces produjeron durante el transcurso del debate, no fue así. Al cierre de esta nota, el oficialismo todavía no se había comunicado con ninguno de ellos.
Esta mañana, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue tajante al responder sobre una de las dos llaves que destrabarían el conflicto entre las partes: el Impuesto País y Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS).
“El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto País. Es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo”, subrayó y agregó que “la transitoriedad hace que no sea factible coparticiparlo”. Además, afirmó que el presidente Javier Milei “tiene la facultad de vetarlo” debido a que “ha sido claro en la decisión de que no coparticiparlo”.
Quien puso sobre la mesa nuevamente el gravamen como carta de negociación fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. De ceder en este punto, la Nación perdería una gran fuente de ingresos. La novela inició hace una semana atrás, en el CFI. Allí, Francos habría dado indicios de que la Casa Rosada estaba dispuesta a ceder parte de la recaudación.
Sin embargo, esto fue desmentido de manera oficial por Balcarce 50. Francos regresó el viernes pasado al Congreso por pedido explícito de diputados dialoguistas para que sea el puente político con la Rosada. Las negociaciones se dieron en el despacho del presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo mientras la sesión continuaba en el recinto.
Un legislador de alto perfil le confesó a Noticias Argentinas que si Francos no se presentaba en el Palacio Legislativo la ley se caía. De hecho, la falta de praxis política del Gobierno con los bloques hizo colmar la paciencia de algunas espadas del PRO, que acompañarán a La Libertad Avanza en la totalidad de los artículos.
La otra vía que habilitó Llaryora para destrabar el conflicto es el FGS y hace hincapié en que el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación. Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares.
Según pudo saber Noticias Argentinas si el Ejecutivo no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del Impuesto País, tras la redacción de un nuevo artículo. Tendrían el apoyo también del ala santafesina dialoguista con terminales en el gobernador Maximiliano Pullaro.
El Impuesto País es una alícuota que se cobra a todas las operaciones de venta de dólares oficiales que se hacen en el mercado local. Al principio era solo para la compra de billetes para atesoramiento y para el pago de servicios al exterior.
A su vez, cuando una empresa solicita al Banco Central de la República Argentina también abona ese tributo que, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos, en enero recaudó en enero $469.199 millones.
En este contexto, los bloques dialoguistas mantuvieron reuniones por separado. Según pudo reconstruir esta agencia, los radicales hicieron un repaso general de los más de 300 artículos que empezarán a votarse mañana y no hubo variación de posiciones con respecto a la semana anterior.
Un dato llamativo fue la ausencia del diputado Facundo Manes, que votó negativamente el proyecto en la votación general, en plena disputa de poder frente al liderazgo que ejerce el jefe de bloque correligionario, Rodrigo De Loredo.
Las diferencias persistían en el artículo sobre privatizaciones. La UCR propone que sea la Auditoría General la Nación la encargada de cotizarla las empresas, ya que el Ejecutivo pretende someter la tarea a la jefatura de Gabinete y la SIGEN. A su vez, el partido centenario quiere la continuidad de la ley Guzmán, algo que Milei aspira a modificar y tener autonomía a la hora de tomar o restructurar deuda externa.
Por su parte, el PRO se mantenía alineado en su totalidad con el Gobierno nacional, mientras que el bloque Hacemos Coalición Federal, de Miguel Ángel Pichetto, se reunía en una oficina de las inmediaciones del Parlamento. La Libertad Avanza tendrá su propio cónclave este martes a las 12.30, a pocos minutos antes del inicio de la sesión.
