Lo que no pudo la dictadura, lo intenta este gobierno: destruir los derechos laborales

Con media sanción, la reforma laboral avanza sobre la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 y consuma un retroceso histórico contra la clase trabajadora argentina.

Por Daniel Baldomir

No es una exageración. No es una consigna vacía. No es una chicana política.
La reforma laboral que obtuvo media sanción ataca el corazón mismo del derecho del trabajo en la Argentina y pone en jaque a una de las conquistas más importantes de la historia popular: la Ley de Contrato de Trabajo de 1974.

Esa ley no nació de un escritorio tecnocrático ni de una recomendación de organismos internacionales. Nació de décadas de lucha obrera, de organización sindical, de conflictos, de sangre, de cárcel y de resistencia. Su espíritu es claro y contundente: proteger al trabajador frente al poder económico, reconocer que la relación laboral es desigual y que el Estado debe equilibrar esa balanza.

La reforma que hoy se impulsa no deroga la ley de manera explícita, porque sabe que eso generaría un rechazo social inmediato. Lo que hace es peor: la vacía por dentro. Introduce excepciones, flexibiliza condiciones, debilita indemnizaciones, promueve la precarización y rompe el principio básico de estabilidad. En otras palabras, transforma derechos en favores y garantías en privilegios temporales.

Lo verdaderamente grave es el contexto histórico.
La última dictadura militar persiguió, secuestró, torturó y desapareció a miles de trabajadores y delegados sindicales. Intentó disciplinar al movimiento obrero por la fuerza. Pero aun así no logró desmontar completamente el entramado del derecho laboral argentino. No pudo, porque incluso el terror tiene límites cuando se enfrenta a conquistas profundamente arraigadas en la conciencia social.

Hoy, sin tanques en la calle pero con una retórica de “modernización”, “libertad” y “competitividad”, se intenta avanzar sobre aquello que ni la dictadura pudo destruir.
La diferencia es el método, no el objetivo.

Este no es un debate técnico ni jurídico. Es un debate político y de clase. Se busca un trabajador solo, individualizado, sin organización colectiva, con miedo a perder el empleo y dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de sobrevivir. Un trabajador disciplinado por el mercado, no protegido por el Estado.

Cuando se debilitan los derechos laborales no se genera empleo: se abarata el despido, se bajan salarios y se concentra la riqueza. La historia argentina y mundial lo demuestra una y otra vez. Cada retroceso en derechos es un avance del poder económico sobre la vida cotidiana de millones.

Por eso es necesario decirlo con todas las letras:
esta reforma no es inevitable, no es neutral y no es moderna.
Es un retroceso histórico que ataca directamente a la clase trabajadora y rompe un pacto social construido con lucha y memoria.

Lo que no pudo imponer el poder real con la dictadura  violenta, hoy se intenta imponer desde el Congreso.
Y frente a eso, el silencio no es una opción.

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