Con una masiva convocatoria en Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos denunciaron retrocesos en políticas de memoria, verdad y justicia durante los dos años de gestión de Javier Milei. Estela de Carlotto reafirmó la continuidad de la lucha: “Tenemos bien altas las banderas de 30.000 luchas que nos unen”.
Acto en Plaza de Mayo: reclamos ante un escenario de retrocesos
Organismos de derechos humanos realizaron un acto en Plaza de Mayo para expresar su preocupación frente a lo que consideran un debilitamiento de las políticas públicas vinculadas a memoria, verdad y justicia.
La convocatoria reunió a referentes históricos, organizaciones sociales, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y ciudadanos que se acercaron a manifestar su acompañamiento.
Desde el escenario, los oradores señalaron que, durante los últimos dos años, se observaron recortes presupuestarios, modificaciones institucionales y cambios discursivos que, según afirmaron, afectan el sostenimiento de las políticas de derechos humanos construidas desde 1983.
“Estamos defendiendo nuestros derechos y nuestra memoria”, fue una de las frases centrales del acto, que buscó reafirmar el compromiso con la continuidad de la lucha.
Estela de Carlotto: “Las 30.000 luchas están más vivas que nunca”
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, participó del acto y llamó a no retroceder en las conquistas logradas durante casi cuatro décadas de democracia.
“Tenemos bien altas las banderas de 30.000 luchas que nos unen”, expresó ante miles de personas. Carlotto también destacó la importancia de mantener el acompañamiento social y de seguir impulsando las investigaciones para la identificación de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura.
Contexto histórico: por qué los organismos alertan sobre retrocesos
Desde 1983, las políticas de memoria, verdad y justicia se sostuvieron con amplio consenso social y atravesaron diferentes gobiernos.
Entre los programas históricos se encuentran:
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la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad,
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el fortalecimiento institucional de organismos como Abuelas y Madres,
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la preservación de sitios de memoria,
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las políticas educativas sobre el terrorismo de Estado.
En los últimos dos años, diversas organizaciones han advertido sobre:
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reducción de presupuestos,
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eliminación o fusión de áreas estatales vinculadas a derechos humanos,
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modificaciones en el discurso oficial sobre la dictadura,
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menor apoyo institucional a causas judiciales de lesa humanidad.
Estos elementos motivaron el acto y el documento conjunto presentado por los organismos.
