El gremio comparó la reforma con decisiones de la última dictadura, asegurando que incluso entonces se reconocía la posibilidad de optar. Señalan la “soberbia” del bloque oficialista.
El Sindicato cuestiona las disposiciones transitorias que trasladan personal al nuevo Ministerio Público sin derecho a opción. Recuerdan que ni siquiera la dictadura militar les negó esa posibilidad.
Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de Santa Fe, el Sindicato de Trabajadores Judiciales salió a cuestionar con dureza algunos de los cambios introducidos en el capítulo referido al Poder Judicial y los Ministerios Públicos. El eje del reclamo apunta a lo que consideran una “vulneración de derechos adquiridos” para cientos de empleados que fueron trasladados al nuevo Ministerio Público sin posibilidad de elegir si permanecer en el Poder Judicial.
El núcleo del reclamo
El gremio provincial explicó que, de acuerdo con las Disposiciones Transitorias 17 y 18, el personal que se desempeña en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) pasa “de pleno derecho y de manera inmediata” a formar parte del nuevo organismo autónomo creado por la Constitución reformada.
Si bien se establece que se respetarán remuneraciones, funciones y ámbito geográfico de trabajo, los judiciales remarcan que no se garantizan las condiciones futuras ni la posibilidad de sostener la carrera judicial. En el caso de quienes trabajan en Defensorías Civiles y en el Ministerio Pupilar, el traspaso dependerá de una ley posterior, lo que genera mayor incertidumbre.
“En ningún momento se nos permitió optar. Todos ingresamos por concurso al Poder Judicial, juramos y desarrollamos nuestra carrera en ese ámbito. Ahora, de un día para otro, se nos obliga a pertenecer a un organismo fuera de los tres poderes del Estado”, señalaron desde el sindicato.
La crítica política
El comunicado del gremio apuntó directamente contra el bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe (UCR, PRO y socialistas), a quienes acusó de no haber escuchado los planteos durante el debate en la Comisión de Reforma del Poder Judicial.
La votación final del articulado, recordaron, fue ajustada: 35 votos a favor y 32 en contra. “El resto de los bloques entendió que debía respetarse a los trabajadores. Unidos impuso su mayoría y nos negó la posibilidad de organizar nuestro futuro laboral”, indicaron.
En tono crítico, remarcaron que “ni siquiera la dictadura militar negó el derecho a opción”. Como ejemplo, citaron el traspaso del Registro General al Poder Ejecutivo en los años 70, cuando la ley 8180 reconoció expresamente la posibilidad de elegir a los trabajadores.
Temores e incertidumbre
El sindicato advirtió que, más allá de las garantías transitorias, la situación genera preocupación en el personal trasladado. “Se habla de respetar la remuneración actual, pero no hay precisiones sobre qué ocurrirá en el futuro. Y al dejar de pertenecer al Poder Judicial, se pierde la carrera judicial, con acceso a subrogancias y a cargos de mayor jerarquía en otros fueros”, enfatizaron.
Para el gremio, se trata de un ejemplo de cómo el proceso constituyente avanzó en decisiones sin consenso pleno y con impacto directo en la vida laboral de un sector sensible de trabajadores estatales.
Un debate que seguirá abierto
Aunque la nueva Constitución ya está en vigencia, desde el sindicato adelantaron que continuarán reclamando en el plano legislativo y judicial para que se reconozca el derecho a opción. “Estamos hartos de promesas. Lo que está en juego es la carrera y el futuro de quienes eligieron servir en el Poder Judicial”, remarcaron.
Fuente: Politica de Santa Fe
