Planteo de la defensa de Milagro Sala

Planteo de la defensa de Milagro Sala

Los abogados de la dirigente social le reclamaron al máximo tribunal que no demore más su pronunciamiento sobre el caso. También presentaron un habeas corpus en la justicia jujeña.

La defensa de Milagro Sala le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que resuelva “con urgencia” la situación de la dirigente social tras su encierro nuevamente en el penal de Alto Comedero. Los abogados alegaron que existe “riesgo para su vida y su integridad psicofísica” tanto en la presentación ante los altos magistrados como en el hábeas corpus correctivo que entregaron ayer en el juzgado de Pablo Pullen Llermanos para que  “restablezca de inmediato las condiciones en las que Milagro se encontraba detenida” en la estancia de El Carmen. En ambas presentaciones insistieron en que el traslado a la cárcel es “violatorio” de las medidas de organismos internacionales, como la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. “Esta situación tiene que cesar urgentemente ya que hace a Argentina incurrir en responsabilidad para con organismos internacionales, pero, sobre todo, porque está en peligro concreto la vida de una persona”, advirtió en diálogo con este diario el abogado Marcos Aldazábal.

“Hay mucha preocupación por el estado de la dirigente social, que claramente se ve agravado por nuevos hostigamientos de parte del personal del servicio penitenciario, que en esta madruga (por la de ayer) la despertó reiteradas veces sin ninguna razón”, destacaron desde la Tupac Amaru en un comunicado en el que informaron los dos mecanismos legales que accionó el equipo de abogadas y abogados de Milagro Sala ayer, el cuarto día consecutivo de la dirigente social al penal de Alto Comedero tras el regreso al que la obligó Pullen Llermanos.

El primero apuntó a la Corte Suprema de Justicia. La presentación no discute la resolución de Pullen Llermanos de echar por tierra la prisión domiciliaria de la referente de la Tupac Amaru, cosa que harán en los próximos días a través de una recurso de apelación, sino que la suma como elemento para exigirle a los magistrados que emitan la decisión que deben desde abril. Entonces, la defensa de Sala discutió con dos recursos la prisión preventiva de Sala, dictada por otro juez provincial, Gastón Mercau. Ambos cuentan con dictamen favorable de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. En su momento, la Corte pidió que se le realizaran estudios médicos a Sala para tener más material para resolver. “Ya que la Corte manifestó ese interés en la salud de Milagro, le informamos del traslado del sábado, le dijimos que en su resolución Pullen Llermanos cita informes médicos que advierten que en prisión Sala corre riesgo de suicidarse, pero que aún así la trasladó. Le damos nuevos elementos y le pedimos que resuelva ya, todo esto en el marco de dos resoluciones de organismos internacionales que el país, así, está incumpliendo”, apuntó Aldazábal.

La segunda línea de acción apunta al juez provincial que decidió devolver a Sala al lugar donde informes médicos del propio Poder Judicial provincial advirtieron que corría riesgo de vida. Además de recordar la medida cautelar de la CIDH, en el hábeas corpus correctivo los abogados exigieron que se “restablezca de inmediato las condiciones en las que Milagro se encontraba detenida, de modo de disminuir los riesgos a sus derechos fundamentales que actualmente se encuentran vulnerados”. “Los hechos denunciados nos permiten sostener la existencia de una amenaza ilegal, ilegítima y arbitraria para la vida y la integridad psicofísica de Milagro Sala”, señala la presentación. “Esta es una situación sin precedentes, burda desde el punto de vista jurídico que muestra la total enemistad e imparcialidad del Poder Judicial de Jujuy”, evaluó Aldazábal, quien consideró tal el motivo para que “intervengan funcionarios nacionales. Esta situación tiene que cesar urgentemente ya que hace a Argentina incurrir en responsabilidad para con organismos internacionales, pero, sobre todo, porque está en peligro concreto la vida de una persona”.

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