En el presupuesto 2023, 42 partidas presupuestarias se identificaban como programas con perspectiva de género, esto es, políticas que contribuyen a reducir las brechas de género (ingresos, trabajos, cuidados, etc). A grandes rasgos, se pueden observar en el proyecto de presupuesto 2025, tres tipos de situaciones respecto a estos programas:
- Solo 5 de los 20 programas seleccionados de PPG registran un crecimiento real en el crédito asignado para 2025 en comparación con el presupuesto ejecutado en 2023; siendo 2 de ellos (AUH y 1.000 días) parte de la estrategia de atención y transferencia de ingresos.
- Mientras que, 8 de los 20 programas seleccionados presentan una profundización del ajuste ya efectuado en 2024 -entre los cuales se encuentra la moratoria previsional, cuya eliminación ya fue confirmada por el titular de ANSES-; y
- 6 programas eliminados o sin partidas que especifiquen su presupuesto: es decir, en el mejor de los casos se trata de un problema de transparencia, en el peor, el incumplimiento por parte del Estado del deber de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia. Se incluyen en este grupo por ejemplo la Ley Lucio, la Línea 144 y la ESI.
En definitiva, la propuesta de Presupuesto para 2025 sostiene y profundiza las reducciones presupuestarias advertidas durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género. De no sancionarse el Presupuesto 2025, escenario probable a la fecha, el gobierno contará con mayor discrecionalidad en la asignación de las partidas de gasto, prorrogando el Presupuesto 2023.
El ajuste fiscal no es neutral en términos de género, por el contrario, tiende a profundizar las desigualdades existentes. Así, en caso de aprobarse el proyecto de Presupuesto 2025 tal cual fue presentado o prorrogarse nuevamente el Presupuesto 2023, las consecuencias recaerán asimétricamente sobre mujeres y diversidades.
Fuente: CEPA