Comprobó irregularidades en la rendición de gastos de la campaña y hay varios exfuncionarios PRO en la línea de fuego.
La trama por el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos con que se financió gran parte de la campaña electoral del entonces oficialismo en 2017 sumó un nuevo capítulo: la Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal de La Plata con competencia electoral Alejo Ramos Padilla que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) desarrolló en territorio bonaerense para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.
En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
En esa causa, la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que, de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, «los DNI no se correspondían».
«Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales», añadió.
También se detectó que 40 aportantes «podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos».
Paralelamente, se descubrieron 209 personas «que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses» y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se sospecha que esa base de datos fue aportada por la exministra de Desarrollo Social nacional, Carolina Stanley. Casualmente, Stanley es la esposa de Federico Salvai, jefe de gabinete de Vidal y jefe de campaña de Cambiemos en las elecciones 2017.
La Justicia Electoral también tuvo en cuenta que «muchas de las personas declaradas en el informe» de Cambiemos «rechazan haber realizado el aporte informado».
Sumado a ello, se objetó que la coalición no haya informado gastos en honorarios de asesores, «como el señor Jaime Durán Barba, quien según fuentes periodísticas (…) cobra entre 300 y 400 mil dólares por campaña».
Así, el magistrado rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos «no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral», y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.