Crece la polémica por la adhesión de altos cargos del Estado al régimen. Legisladores impulsan cambios para excluir a funcionarios y personas políticamente expuestas. El caso reabre un debate incómodo: ¿quién controla el crecimiento patrimonial de quienes administran los recursos públicos?
La polémica generada por la adhesión del vocero presidencial Manuel Adorni al régimen de Inocencia Fiscal sigue sumando capítulos. Luego de conocerse que el funcionario, su esposa y al menos otros 13 integrantes del Gobierno nacional se incorporaron al sistema, sectores de la oposición comenzaron a debatir modificaciones legislativas para impedir que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas puedan acceder a ese beneficio.
La discusión excede ampliamente la figura de Adorni. Lo que está en debate es si quienes tienen responsabilidades de gobierno deberían quedar alcanzados por mecanismos pensados para regularizar situaciones patrimoniales de ciudadanos comunes.
Desde distintos bloques parlamentarios sostienen que los funcionarios deben estar sometidos a estándares de transparencia más rigurosos que el resto de la sociedad, precisamente porque administran recursos públicos y toman decisiones que afectan a millones de personas.
La controversia también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa a todos los gobiernos, sin distinción de partidos: ¿quién controla realmente la evolución patrimonial de los funcionarios?
Porque si algo demuestra este debate es que el problema no se limita a una ley o a un funcionario en particular. La cuestión de fondo es la capacidad del Estado para auditar, investigar y garantizar que quienes llegan a la función pública puedan explicar con claridad el origen y crecimiento de sus bienes.
En ese contexto, también aparece otro interrogante inevitable: ¿está funcionando el sistema de control? Declaraciones juradas, organismos de fiscalización y causas judiciales existen. Sin embargo, la percepción social sigue siendo que muchos expedientes avanzan lentamente o nunca llegan a conclusiones definitivas.
Por eso, más allá de la discusión sobre la Inocencia Fiscal, sería saludable abrir un debate más profundo y permanente: realizar un seguimiento patrimonial exhaustivo de todos los funcionarios públicos, desde el momento en que asumen hasta años después de dejar sus cargos.
La transparencia no debería depender del color político de quien gobierna. Si la sociedad exige explicaciones cuando aparecen dudas sobre el patrimonio de un funcionario, esa exigencia debe ser igual para todos.
Y en ese camino también resulta inevitable revisar el papel de la Justicia. Porque sin controles efectivos, investigaciones ágiles y sanciones cuando corresponda, cualquier mecanismo de transparencia corre el riesgo de convertirse en una simple formalidad administrativa.
El caso Adorni volvió a encender la discusión. Ahora la pregunta es si el debate quedará limitado a una disputa política coyuntural o si servirá para avanzar hacia un sistema que controle con el mismo rigor a todos los que pasan por el Estado.