Se trata de un ex inspector de zona de la Unidad Regional V, la entonces jefa de la comisaría 6 de Frontera y un agente de la policía motorizada que fueron acusados de integrar una banda delictiva que cometía diversos hechos abusando de su rango y su función pública
El ex jefe de Inspección 5 de la Unidad Regional V, la ex jefa de la comisaría 6° de Frontera y y un agente de la policía motorizada fueron imputados por privar de la libertad, coimear y falsificar un acta de procedimiento, entre otros delitos. El grupo delictivo actuó en las localidades de Frontera y Josefína cerca de un año y medio. El trío fue imputado por diversos hechos, los uniformados con más rango como jefes de la asociación ilícitam. Todos quedaron preventivamente por el plazo de ley. Ahora la Cámara Penal confirmó la medida cautelar de encierro para el trío.
La fiscal Gabriela Lema, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional V., contó que el trío de uniformados – dos de ellos con cargos de jerarquía – abusando de sus funciones como integrantes de la Policía de la provincia de Santa Fe, cometieron delitos en las localidadesde Frontera y Josefina.
Según la imputación fiscal, los sindicados formaban parte de una asociación ilícita cuyo principal objeto era la comisión de diversos delitos haciendo abuso de su función pública como miembros de la policía provincial en forma habitual.
Dijo que los hechos se cometieron entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 y solían privar ilegalmente de la libertad a distintas personas. En uno de los casos la víctima fue un periodista que estaba cubriendo una protesta frente a la comisaría de Frontera, en otro caso el hijo de una mujer que había tenido una relación sentimental con uno de los investigados y otros dos hombres a los que también insultaron, agredieron físicamente y amenazaron de muerte, refirió.
Además suscribían actas de procedimientos policiales con información adulterada o falaz; omitían comunicar hechos delictivos o comunicaban información falsa acerca de esos hechos a los fiscales en turno del MPA, defraudaban al Estado provincial haciendo custodias sin cumplir con las reglamentaciones administrativas y legales vigentes y pedían y recibían dádivas con el fin de obtener beneficios económicos para repartirse entre los integrantes de la organización criminal, contó la fiscal.
El inspector de zona G.E. E., fue imputado como jefe de una asociación ilícita, además la fiscal le atribuyó privación ilegítima de la libertad mediando abuso funcional, apremios ilegales, vejaciones, exacciones ilegales, usurpación de funciones, defraudación a la administración pública, recepción de dádivas, exacciones ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento, omisión de hacer cesar las detenciones ilegales, lesiones graves en accidente de tránsito, falsedad ideológica de instrumento público y amenazas.
Mientras que la jefa de la comisaría M. S.A. también fue señalada como jefa del grupo delictivo e imputada por los delitos de secuestro activo, privación ilegal de la libertad, usurpación de funciones, defraudación a la administración pública, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público, todos ellos agravados por su condición de funcionaria pública y, en algunos casos, también por abuso funcional.
En cuanto a J. M. E. V. integrante de la policía motorizada, se lo sindicó como miembro de la banda y como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad mediando abuso funcional, apremios ilegales, vejaciones, exacciones ilegales y falsedad ideológica de instrumento público.
Tras ser imputado, el trío quedo detenido por orden judicial pero apelaron la medida cautelar que fue confirmada por el camarista Sergio Alvira.
“Más allá de la apelación presentada por los abogados defensores de los imputados, el camarista hizo lugar al planteo que hicimos desde la Fiscalía y mantuvo la prisión preventiva por el plazo de ley”, valoró Lema. La fiscal agregó “al igual que la jueza de primera instancia, el camarista sostuvo que las medidas alternativas a la prisión preventiva que propuso la Defensa no eran suficientes para neutralizar los riesgos procesales”.
El camarista “entendió que está acreditada –para la instancia procesal en la que estamos– la probabilidad de autoría de los hechos por parte de las tres personas investigadas” y destacó la ‘fortaleza de las evidencias presentadas’”.
