La falta de consenso deja sin beneficios nacionales a los ex prosumidores santafesinos, que eran reconocidos por un decreto ya derogado de 2018. Mientras tanto, Córdoba afianza las inversiones de particulares que producen energía con sistemas alternativos, se autoabastecen e inyectan lo que les sobra a la red.
Un proyecto de ley con media sanción de Diputados, impulsado por la oposición; otro del propio Senado santafesino que no había logrado avanzar por las divisiones dentro del oficialismo que tiene la mayoría; y un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, que se limitaba a una adhesión a una norma nacional, caducaron en la Cámara alta de la Legislatura por el mero paso del tiempo: todos hablaban de los llamados usuarios-generadores y han pasado al archivo.
Se trata del sector que, además de ser cliente de la Empresa Provincial de la Energía, también la genera. Generalmente, mediante paneles fotovoltaicos.
El servicio de prensa oficial del cuerpo confirmó a El Litoral que los tres expedientes han perdido estado parlamentario y por lo tanto ya no pueden ser tratados por los senadores. Así, se hable de prosumidores como antes lo hacía el gobierno de Miguel Lifschitz o de usuarios generadores como buscaba el proyecto del gobernador Omar Perotti, la cuestión está a nivel legislativo en foja cero.
En septiembre de 2020 El Litoral alertaba sobre el tema bajo el título: «Tres proyectos y ninguna ley» para que Santa Fe también goce de los beneficios otorgados a los usuarios que generan energía, a nivel impositivo, otorgados por el Estado Nacional.
Durante todo aquel año y parte de 2021, hubo reuniones y una labor técnica intensa para hacer compatibles las iniciativas de la diputada socialista Clara García, que había logrado la aprobación de Diputados, y del ex senador provincial Marcelo Lewandowski del justicialismo, hoy senador nacional por Santa Fe, pero no hubo acuerdo político para avanzar.
Generación distribuida
Lógicamente, el expediente de la diputada García originado en la oposición reivindicaba las políticas en favor de los «prosumidores» que se habían puesto en marcha durante la gestión anterior pero no tuvieron más sustento legal que un decreto, dictado en 2018, que fue reemplazado por otro. En cambio, el proyecto del oficialista Lewandowski avanzaba con lo que espera el actual gobierno de esas modalidades tecnológicas de generación de energía eléctrica, que tiene altos costos económicos e impulsa su utilización con beneficios tarifarios en las entidades de bien público vinculadas a la ayuda social, las asociaciones intermedias sin fines de lucro, y los clubes en general, más que a los usuarios residenciales (los hogares). Hoy se mantienen los beneficios que poseían los ex prosumidores pero no hay más incentivos para que haya más usuarios generadores que hagan de sus techos una micro generadora mediante brillosos paneles solares.
En tanto, el proyecto que podía ser catalogado como «de mínima» era impulsado por la Casa Gris y se dirigía a no dejar pasar la oportunidad de sumar a Santa Fe a la promoción nacional de la llamada «Generación distribuida». El término pone el acento en lo espacial y en las ventajas de tener sistemas alternativos que sumen megavatios (no hay capacidad de gigavatios) donde el servicio puede tener horarios de demanda críticos. Los funcionarios provinciales esperaban que al menos haya una adhesión a la Ley Nacional 27.424, pero ni para eso alcanzó el diálogo. En definitiva, siempre se trata de contar con la voluntad política necesaria y con ella (como el trabajo para compatibilizar proyectos a nivel técnico está hecho) eventualmente podría avanzarse en poco tiempo.
Industrias
Las políticas nacionales contempladas por la norma nacional también crean ventajas para que las industrias aprovechen, cuando sus procesos productivos lo permiten, para vender megavatios a las distribuidoras eléctricas. Más aún, las representaciones empresarias santafesinas han pedido a la Legislatura que haya una ley de adhesión santafesina para aprovechar esos estímulos, que se sumarían a los que ya ofrece el gobierno provincial con su asesoramiento en materia de uso racional de la energía.
Córdoba lidera en el país la incorporación de usuarios generadores en la red eléctrica de su empresa distribuidora Epec. Allí, ademas de contar con los beneficios fiscales nacionales, existe a nivel provincial un sistema para que los inversores particulares puedan amortizar en 6 o 7 años la adquisición de equipos generadores, tanto para las industrias como para los hogares. Lógicamente, cuanto más cercana a sus valores reales sea la tarifa tanto más rápido el recupero. Recientemente, también la Provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% del mercado eléctrico del país, se ha adherido a la Ley Nacional 27.424 y sus perspectivas para aprovechar esos desarrollos son enormes.
