Pobreza: lejos del “cero”, cerca del 40

El macrismo llegó al gobierno con la promesa de campaña de eliminar la pobreza. Por el contrario, en cuatro años creó cuatro millones de nuevos pobres. Estimaciones privadas sitúan en 39% el índice para fines de 2019

“Pobreza cero”, la promesa que naufragó en el ajuste

“Este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente: por si pudimos reducir la pobreza en este gobierno”. A fines de septiembre de 2016, Mauricio Macri se cavaba su propia fosa. Evaluar al gobierno de Macri por los índices de pobreza implica colocarlo como el peor gobierno desde el estallido de 2001.

Uno de sus latiguillos durante la campaña presidencial de 2015 fue la promesa de “Pobreza cero”. Luego de asumir, el hoy mandatario saliente aclaró que no era una promesa sino más bien un horizonte, casi una expresión de deseo. En ningún caso, el lema se correspondió con las decisiones políticas tomadas en torno a la economía.

La política económica de Cambiemos fue, desde el primer día, contraria al desarrollo de los sectores más vulnerables. A la espera de la “lluvia de inversiones”, el gobierno regó el terreno para la especulación financiera, en detrimento del sector productivo. Asimismo, aplicó un régimen tarifario durísimo en los servicios básicos, elevó las tasas de referencia, promovió las importaciones, quitó retenciones a la agroexportación, comenzó a tomar deuda y liberó al dólar de todo cepo. Este combo produjo un deterioro de la actividad económica, provocó la destrucción de empleo dando lugar al crecimiento de la informalidad, desarticuló el tejido industrial, bajó el nivel de recaudación y no pudo contener a la inflación ni al dólar. Esto decantó en una caída muy significativa del poder adquisitivo, tanto de salarios como de jubilaciones, asignaciones y demás. El impacto del ajuste sobre la pobreza ha sido brutal.

En cuatro años, cuatro millones de nuevos pobres

En 2003, Néstor Kirchner comenzó su mandato con un 48% de pobreza, según el Indec. Casi la mitad del país era pobre. Cuando dejó el cargo, el número había descendido al 27 por ciento. Desde 2007, ya sin datos confiables sobre inflación en el Indec –que luego se usan para medir la pobreza–, cobraron fuerza informes alternativos como el del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata, que calculó la pobreza en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y no en base a la inflación. Según el Cedlas, durante el primer mandato de Cristina Fernández, la pobreza se redujo en casi 10 puntos porcentuales, pero en el segundo mandato aumentó dos puntos. La estimación del Cedlas fija en 58% la pobreza en el inicio del ciclo kirchnerista. Se redujo hasta llegar a un piso del 27,4% en 2013 y para el primer semestre de 2015 estaba en el 30,1 por ciento. “Es posible que haya caído un poco más hacia finales de dicho año, pero no se cuenta con la información necesaria para estimar dicho valor (producto del apagón estadístico del inicio de la era Macri, por la restructuración del Indec)”, asegura un informe del Cedlas.

Así las cosas, según distintos estudios privados, Mauricio Macri comenzó su mandato con la pobreza por debajo del 30 por ciento. La CTA la colocó en el 29,7%; la Universidad Católica Argentina (UCA), en 29 por ciento. Con Macri en el poder, luego de seis meses de apagón, las estadísticas del Indec volvieron a ser confiables. El primer dato oficial del renovado organismo apuntó una pobreza del 32,2% para el segundo trimestre de 2016. Los últimos datos del Indec durante  la gestión Cambiemos establecieron una pobreza del 35,4% para el segundo semestre de 2019. Las estimaciones privadas indican que para el final del mandato de Macri, se ubicaría entre el 38 y el 40 por ciento. En cualquier caso, estaría muy por encima del número con el cual inició su gobierno. Si se completa una suba de diez puntos porcentuales en la línea de pobreza (contemplando los 40,5 millones de habitantes que midió el Censo 2010), Macri dejaría unos cuatro millones de pobres más de los que había cuando asumió. De esa forma, su calificación como presidente sería pésima.

...

Break point: el acuerdo con el fondo monetario

Cambiemos planteó 2016 como el año de transición. Según el discurso oficial, “la pesada herencia” había que pagarla con “el esfuerzo de todos”. En rigor, el gobierno de Macri habló de seis meses de sacrificio y que había que “esperar al segundo semestre” para ver “la luz al final del túnel”. Luego, advirtió que el problema era más complicado de lo esperado y que el esfuerzo debía durar un año. En 2016, la pobreza terminó en un 30,3 por ciento.

En 2017, llegarían los “brotes verdes” y la “lluvia de inversiones”. Además, unos entusiastas Federico Sturzenegger y Lucas Llach anunciaban que para 2018 la inflación estaría en el orden del “10 por ciento (+-2)”. Fue el mejor año de Cambiemos. La inflación terminó en 24,8 por ciento. Las inversiones en dólares, aunque se instalaron en el sector financiero, generaron una breve primavera económica. Esto incluso le permitió al gobierno imponerse en las elecciones legislativas. En 2017, la pobreza terminó en un 25,7 por ciento.

Si hubiera sido un partido de tenis, Cambiemos estaba sets iguales. En 2018, se produjo el break point que marcó el rumbo hacia la derrota. Agobiado por la baja recaudación y por la fuga de los dólares que se habían volcado al sector financiero, el gobierno decidió acudir a un viejo conocido: el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el FMI marcó un antes y un después.

El economista y exdiputado Claudio Lozano explica a Tiempo: “La pobreza estaba en un 25,5% en el primer trimestre de 2018 y saltó al 36,7% en el segundo trimestre de 2019. Son más de 11 puntos porcentuales que se traducen en más de cinco millones de personas que cayeron en la pobreza en apenas 15 meses. Ya es una foto vieja, porque a eso habrá que agregar el salto devaluatorio post PASO y los incrementos en distintos servicios que vinieron después, además de la remarcación de precios”.

A partir del acuerdo con el FMI, hubo un derrumbe social en la Argentina, arrastrado por los distintos saltos cambiarios y por el impacto que estos tuvieron en los precios, que provocaron un fuerte deterioro del poder adquisitivo. “A partir de ahí, se dio la profundización de una situación en la que Argentina fue colocada en un cuadro de ajuste perpetuo que aún continúa. La política fiscal y monetaria recomendada por el FMI dio como resultado un fuerte proceso recesivo que, al mismo tiempo, bajó la recaudación, lo cual anuló el objetivo de déficit cero, lo cual requirió mayor ajuste del gasto público, lo cual profundizó el modelo recesivo, volvió a tirar la recaudación y se volvió a ajustar el gasto. Así, el país se convirtió en un perro que persigue su propia cola”, analizó Lozano. En 2018, la pobreza terminó en 32 por ciento.

La peor parte aún no había llegado, ya que 2019 fue también letal. La economista y directora ejecutiva de la consultora Elypsis, Victoria Giarrizzo, apunta: “La pobreza subió muchísimo este último año. En el segundo trimestre fue del 36,8%, que son 16,6 millones de pobres y 3,7 millones de indigentes. Cuando dejás caer tanto la economía, sabés que los más afectados van a ser los más vulnerables. Este gobierno combinó inflación con recesión y los primeros que sufren las consecuencias son los que tienen trabajos en negro o precarios. El mayor problema fue la recesión económica, que afectó más a los sectores vulnerables, ya que derivó en el deterioro del empleo, con más miembros de la familia que salieron a buscar trabajo, y empleos más precarios”.

El primer semestre de 2019 terminó con 35,4% de pobreza y 7,7% de indigencia. Para Lozano, 2019 terminará con un 40% de pobreza y cerca del 10% en materia de indigencia. Para Elypsis, terminará cerca del 38 por ciento. La proyección poblacional del Indec dice que a julio de 2019, en la Argentina viven 44,9 millones de personas. En ese caso, Cambiemos dejaría entre 17 y 18 millones de pobres y unos cinco millones de indigentes.

Dólar por las nubes, poder adquisitivo por el piso

El sociólogo Daniel Schteingart participó de un estudio que recalibró la pobreza durante la intervención del Indec. “La última estimación que hicimos dio que a fines de 2015 se ubicaba en un 26,9 por ciento. Esta suba de entre 10 y 11 puntos se debe principalmente a lo ocurrido desde marzo de 2018 en adelante, con los procesos de devaluación, básicamente. La inflación se dispara más allá de los ingresos y los hogares tienen menor poder adquisitivo. Esta caída refuerza la depresión económica porque consumen menos, caen las ventas y se generan despidos”, resume.

La consultora Elypsis estima que entre 2018 y 2019 los ingresos medios del hogar cayeron un 14,8%, en el caso de los estratos bajos; un 11,6%, en los estratos medios; y un 11%, en los estratos altos. Del mismo modo, entre 2017 y 2019, los ingresos medios de la ocupación principal en los estratos bajos cayeron un 17,7 por ciento. Esto explica en buena medida la cantidad de nuevos pobres.

Diferentes varas para medir la misma pobreza

Schteingart se ha ocupado en distintos trabajos de problematizar las mediciones de pobreza, objeto de debate entre economistas, políticos e intelectuales, tanto a nivel local como internacional. “No existe una forma ‘verdadera’ de medirla. Siempre hay una dosis de arbitrariedad. Lo que sí hay son ciertos criterios para definir una línea de pobreza. Por ejemplo, no hay una definición natural sobre qué es una necesidad básica. Sí se puede decir que hay metodologías más ‘razonables’ que otras. En general, se toman en cuenta ciertas pautas de consumo de la población. Si esas pautas son de 1970, son más discutibles que si son las actuales. ¿Está bien poner alcohol en la canasta básica? ¿Está bien poner vacaciones y cine?”, se pregunta Schteingart ante la consulta de Tiempo.

Al comparar entre países, se debe prestar atención a que las mediciones sean realmente compatibles y así evitar caer en furcios del tipo “Argentina tiene menos pobres que Alemania”. Para Schteingart, “si un país define como ‘petiso’ a todo el que mide menos de 1,40 m y otro país lo define como todo el que mide menos de 1,60 m, si midieras 1,50 m serías petiso en un país y no en el otro”.

En el mismo sentido, apunta, “también hay criterios metodológicos de cómo se valoriza la canasta básica y cómo se componen los ingresos del hogar. Dos ejemplos: economías de ‘escala del hogar’ y la distinción entre inquilinos y propietarios. Economía de escala usan países como Uruguay y Chile. Se asume que a medida que un hogar es más grande, hay ciertos gastos que se licúan en términos per cápita. Por ejemplo, Internet o TV por cable; si vivís solo, pagás mil pesos, y si vivís con alguien más, pagás $ 500. Esa metodología te baja la pobreza porque los hogares pobres son más numerosos. Algo parecido ocurre con el alquiler. Hay una parte de la canasta del Indec que, se infiere, es el alquiler. Esto subestima la pobreza en inquilinos y la sobrestima en propietarios. Otras mediciones, a los hogares propietarios les añaden un ingreso que sería el equivalente al alquiler, para compensar. Esta manera también baja la pobreza. Por eso, países como Chile y Uruguay tienen menos pobreza que la Argentina”.

Del hambre cero a la inseguridad alimentaria

A fines del ciclo kirchnerista, el fundador de Red Solidaria, Juan Carr, celebraba que “nunca se había estado tan cerca del hambre cero”. Luego de cuatro años de Cambiemos, la realidad es muy distinta. El informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019”, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), advirtió que una de cada tres personas padece en el país la falta de acceso continuado a alimentos: unos 14,2 millones de argentinos. Es decir, 5,9 millones de personas más que en el período 2014-2016, cuando la inseguridad alimentaria moderada o grave afectaba a 8,3 millones. El hambre, que sufría el 19,1% del total de la población, en sólo dos años pasó al 32,1 por ciento.

La cifra representa un brutal aumento del 71% en la cantidad de individuos con falta de acceso a alimentos, uno de los incrementos más altos registrados en el período a nivel mundial, similar al de países como Níger, Egipto, Sierra Leona y Botswana, en África, o Tayikistán y Afganistán, en Asia. El estudio, presentado el pasado 15 de julio, fue elaborado por cinco organismos multilaterales: la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Se podría eliminar el hambre con la AUH con el nivel que establece el Indec para la indigencia: 6900 pesos. Eso implica que ningún hogar estaría por debajo de la línea de indigencia. Eso equivale al 4% del PBI y al 9% del gasto público total agregado. En el marco del planteo de Argentina sin Hambre, se puede plantear una cruzada que permita poner en marcha algo de esta naturaleza, ya que además esto actuaría como estímulo inmediato de la demanda interna”, asegura Lozano.

Los argentinos pobres, cada vez más pobres

“Es una vergüenza que la Argentina vuelva a tener estos niveles de pobreza. Son tres millones y medio los argentinos que no tienen baño en la casa; tres millones que son vecinos a basurales, con todo lo que eso implica. Es alarmante la cantidad de gente sin agua potable y de chicos que han dejado el colegio”, alertó Giarrizzo.

Para la especialista, el abordaje de la problemática no debe ser una mera cuestión de números. “Tenés que convivir con la pobreza para poder resolverla. Se necesitan especialistas que tengan empatía con la situación y no solamente ver los números. Si no, no hay forma de resolverlo. Por ejemplo; hay muchos barrios con agua potable, pero el servicio llega hasta la puerta de la casa. Falta lo que se llama ‘la última milla’, y el Estado se tiene que hacer cargo. Aun si lo querés ver desde una óptica costo-beneficio, te ahorrarías muchísimo en atención médica por cuestiones de higiene”, ejemplifica.

El informe de Condiciones de Vida del Indec afirma que 3,4 millones de personas no tienen baño con descarga en la vivienda y 1,4 millones viven sin agua.

El futuro, acosado por la inflación y las deudas

El presidente electo Alberto Fernández repite que para salir de esta crisis hay que “poner plata en el bolsillo de la gente”. Esto impactaría de lleno en la pobreza y, al menos, cortaría la hemorragia.

El país está paralizado. Tiene una fuerte capacidad ociosa, equivalente a casi la mitad de su parque productivo, lo cual significa que estaría en condiciones de duplicar la producción sin inversión. Con una política que ponga en marcha estímulos fiscales y monetarios que recompongan en parte la demanda en el mercado interno, la Argentina podría salir a flote. Pero enfrente hay dos cucos que sortear: la deuda con el FMI y la inflación.

“Hay que replantear la relación con el FMI. El país necesita suspender pagos por los próximos dos años, para recuperar actividad económica, ya que no hay ninguna posibilidad de afrontar los compromisos como están planteados. Hay que aprovechar el hecho de que la deuda tomada es absolutamente irregular. Se tomaron 100 mil millones de dólares, de los cuales se fugaron 84 mil millones, y el acuerdo en sí está muy flojo de papeles, tanto desde el lado argentino como desde el lado del FMI”, apunta Lozano.

“Se necesita un sistema de acuerdo y regulación de precios que permita recomponer poder adquisitivo, fundamentalmente en términos de salarios, jubilaciones y planes sociales, que son los que de alguna manera van a mover el mercado interno –concluye el economista–. Debe haber un sistema de control y de regulación de las principales cadenas de valor que permita evitar maniobras de boicot oligopólico. Y además, un control muy estricto de las divisas que ingresan al Banco Central, para poder administrar el valor del dólar de acuerdo a la necesidad que plantee la estrategia de política económica”.

Fuente: Tiempo Argentino


Las pymes esperan beneficios con la ley de góndolas

Es porque los supermercados deberán abrir sus góndolas a nuevos proveedores. Pero subsisten las dudas.

“Para evitar intervenir ante la clara concentración que existe en casi todos los mercados, los partidos políticos prefieren regular cómo se presentan los artículos en la góndola del súper. Así no cambia nada”. La frase, de un economista vinculado a las grandes cadenas de supermercados, expresa el que quizá sea el ángulo más crítico del proyecto de ley de góndolas, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el miércoles pasado.

Es que al texto legal se le han adjudicado varias virtudes: la de llevar la competencia al lugar mismo donde está el consumidor y, por esta razón, que el alza de los precios se morigere o se reduzca; y al mismo tiempo, la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan ofrecer sus productos.

El señalamiento del economista, sin embargo, cuestiona la base de esas ideas. Con un universo productivo altamente concentrado -tanto en lo que hace a la producción de insumos como el acero, el aluminio, el plástico y la celulosa, como en la de los bienes de consumo- la opción de regular en la góndola lo que no se quiere regular en la economía, incluido el propio comercio minorista, aparece como un atajo de difícil cumplimiento.

Según algunos cálculos, cinco grandes empresas productoras de bienes de consumo masivo concentran el 80% de las ventas de los supermercados. Al mismo tiempo, en los supermercados (mayoristas y minoristas) se vende el 50% de los productos de consumo masivo.

El texto legal ha polarizado las posiciones: de un lado, algunas asociaciones de pymes y economistas que creen que de esta manera se beneficia la competencia y al consumidor; del otro, los supermercadistas, los fabricantes de productos de consumo masivo y analistas que consideran que el proyecto no tiene ninguna virtud.

Celina Calore, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), observó que “la nueva ley permitirá la desconcentración de las góndolas que ejecutan las principales marcas ya que una misma empresa no podrá tener más del 30 por ciento del total de la góndola. De esta forma, el cupo visibilizará otras marcas y también le dará un lugar a los productos regionales, de cooperativas o de pymes”.

Pero para que las pymes o las cooperativas puedan aprovechar la oportunidad para ocupar el espacio vacío que habrá en la góndola, deberán empezar un proceso que hasta ahora no conocen: convertirse en proveedores de los supermercados. Como la ley propuesta no define la relación entre los supermercados y sus proveedores, podría darse un eventual bloqueo de los nuevos. La imagen de las góndolas semivacías podría ser un golpe a la consolidación de la ley.

El texto cuenta con media sanción y aún debe superar la aprobación del Senado, donde no es tan claro que sus impulsores cuenten con mayoría como para aprobarla.

Según Calore, “la regulación de las góndolas le permitirá al consumidor poder elegir otras marcas con mejores precios pero que no conocen porque las marcas de mayor poder de mercado concentran su atención”.

Oposición

Calore observó, además, que con la ley cambiará la negociación entre privados sobre los usos de las góndolas. “La ley da un marco general al que se deberán adecuar las empresas”, indicó.

Martín Cabrales, dueño de la firma proveedora de café del mismo apellido aseguró ayer que la ley “es muy difícil de aplicar porque establece porcentajes dentro de la góndola que tendría que tener cada empresa o sector productivo y el lugar donde tienen que ubicarse los productos. Prácticamente, tendría que haber un escribano por sucursal para ver si se está cumpliendo la ley”.

Para Ricardo Zorzón, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, “esto ya está legislado. El gobierno debería evitar la posición dominante en la economía y no meterse con los supermercados”.


Apuran ventas de cereales para esquivar una suba de retenciones

Ya se exportó de manera anticipada el 23% de la cosecha 2019/2020. Se descuenta que el gobierno entrante aumentará los derechos para mejorar los ingresos fiscales.

En previsión de un probable incremento en los derechos de exportación, las empresas comercializadoras de cereales están apurando sus declaraciones de ventas. Según estimaciones, las operaciones anticipadas ya significan el 23% del volumen que podría entregar la cosecha 2019/2020, proporción que duplica la de los últimos años.

El objetivo de la maniobra es asegurarse que las ventas serán alcanzadas por la actual alícuota fija de cuatro pesos por cada dólar, instaurada por el gobierno en septiembre del año pasado (más un 18% que se aplica solamente a la soja). Se cree que una de las primeras medidas económicas de la gestión de Alberto Fernández sería incrementar fuertemente ese derecho para mejorar los ingresos fiscales.

La práctica de anticipar las operaciones es habitual y está contemplada en las leyes vigentes, que prevén la presentación de una DJVE (Declaración Jurada de Venta al Exterior) en función de la cual se liquidan las retenciones y demás tributos que correspondan. Pero este año la modalidad batió todos los récords. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que “al 10 de noviembre las compras del sector exportador e industrial ascienden a 29,4 millones de toneladas, el 23% de la producción estimada para los principales seis cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo)”. En comparación, a esa misma fecha en las tres cosechas anteriores se habían adquirido entre 12 y 17 millones de toneladas.

Las empresas más activas en comprar los cereales a los productores y declarar su venta al exterior a través de las DJVE son ADM, Cofco, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus. Estas cinco firmas aglutinan alrededor del 80% de esas operaciones.

El análisis de la Bolsa de Comercio rosarina pone como motivos de esta práctica, entre otros, la conveniencia de los productores de obtener dinero para prefinanciar sus operaciones, en un momento en que los créditos bancarios tienen tasas altísimas. También señalan el temor de los vendedores a una caída en el precio internacional de los granos y, del lado de los compradores, la necesidad de asegurarse mercadería ante una cosecha que, de acuerdo a los cálculos previos, estará 10 millones de toneladas por debajo de la marca récord de 2018/2019.

Pero las consecuencias exceden ese marco. Según el portal especializado Bichos de Campo, que recogió el informe de la BCR, con esta práctica las grandes cerealeras “congelaron el peso de las retenciones por una buena proporción de los embarques esperados en 2020 y no quedaría chance legal de que el nuevo gobierno les reclame dinero en caso de elevar -como se espera- los tributos a la exportación”.

Estado de alerta

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrán que hacer el sector del petróleo, el minero y el campo”, dijo Fernández hace pocos días, preludiando lo que sería una de sus primeras medidas para reducir el déficit fiscal. Esta virtual admisión de que el nuevo gobierno ajustará la alícuota de las retenciones puso en alerta a los exportadores. En la edición impresa de Tiempo del domingo 24 se consignó que un grupo de productores rurales se autoconvocó en Córdoba, bajo el lema “Guardianes de la República”, para debatir el rumbo a seguir en caso de que el nuevo gobierno tome medidas que los afecte. “Hay mucha gente que está dispuesta a empoderarse y sacar el tractor”, dijeron voceros de ese espacio, en referencia a las movilizaciones y cortes de ruta de 2008 contra el gobierno kirchnerista, del que Fernández era jefe de Gabinete.

La condena a la eventual suba en los derechos de exportación, sin embargo, no es unánime entre las entidades agropecuarias. Mientras la Sociedad Rural Argentina insistió en sacar las retenciones y liberar al comercio de toda traba, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizotto, concedió que “hay margen para negociar” sobre el tema.


El Gobierno decidió postergar para febrero el aumento en las tarifas de gas

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y volvió a diferir el ajuste previsto originalmente para octubre.

El Gobierno postergó nuevamente la suba semestral de la tarifa de gas, que ya había sido pospuesta en septiembre pasado, y se aplicará recién a partir de febrero según el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La resolución 751/2019 de la Secretaría de Hacienda volvió a diferir el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución de gas previsto originalmente para el primero de octubre pasado.

La nueva normativa dispuesta por el gobierno indica que resulta “oportuno extender el diferimiento del ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto en el artículo 1° de la resolución 521/2019 al 1° de febrero de 2020”. El criterio a utilizarse es el índice de ajuste correspondiente para reflejar la variación de precios entre los meses de febrero y agosto de 2019.

El cronograma de aumentos del gas fue anunciado por el Gobierno a principios del 2019. Este esquema planteaba un primer aumento que efectivamente se hizo pero en tres cuotas: un 10% en abril, 9% en mayo y 8% en junio. En el marco de la campaña electoral, el último aumento que estaba previsto para octubre se postergó, primero para diciembre y ahora hasta febrero.


Macri y Lopetegui patean para febrero el último aumento de gas que ellos diseñaron

El Presidente y el secretario de Energía firmaron una resolución que postergan el aumento en la tarifa del gas que debía aplicarse en el cierre de su mandato según el cronograma anunciado a principio de año para febrero del 2020 cuando ya esté en funciones el nuevo Gobierno.

El Gobierno de Mauricio Macri esta vez si sabe que salió en el Boletín Oficial y se trata de la resolución 751/2019 a través de la cual posterga el aumento en la tarifa del gas estipulado para enero hacia febrero del 2020 cuando ya esté en funciones el Gobierno de Alberto Fernández.

El cronograma anunciado por el Gobierno a principios de año planteaba un primer aumento semestral que se llevó a cabo en tres cuotas: un 10% en abril, 9 en mayo y 8 en junio. Sin embargo, el ajuste para el segundo semestre de los márgenes de transporte y distribución de gas, que originalmente iba a darse en octubre de 2019, fue postergado meses atrás a enero del 2020.

Ahora, el nuevo texto publicado este lunes 25 de noviembre en el Boletín Oficial establece que la cartera que conduce Gustavo Lopetegui deberá “diferir el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1º de octubre de 2019 para el 1° de febrero de 2020, debiendo utilizarse, en esa oportunidad, el índice de ajuste correspondiente para reflejar la variación de precios entre los meses de febrero y agosto de 2019”.

Por otra parte, el documento recalca que “la compensación en favor de las prestadoras” se determinará “respetando la exacta incidencia entre los montos que se dejan de percibir en concepto de tarifa -incluyendo las bonificaciones a las subdistribuidoras de su área de licencia- y los montos de inversión comprometidos”. No es el primer cambio de este tipo en los últimos meses. La cartera de Energía firmó días atrás otra resolución en la que anunció que devolverá más de $24.500 millones a las productoras de gas por las variaciones en el tipo de cambio.


El Gabinete de Alberto Fernández: ya hay fecha para su anuncio

En el marco de un fuerte hermetismo se dio a conocer que el presidente electo por el Frente de Todos anunciaría a los hombres y mujeres que serán parte de su equipo gestión cuatro días antes del traspaso de mando. La semana pasada, tras un encuentro con Cristina, expresó: “El gabinete ya está básicamente definido”.

Según el diario Perfil, el anuncio oficial del gabinete de Alberto Fernández será el viernes 6 de diciembre, es decir cuatro días antes del acto del traspaso de mando por parte de Mauricio Macri. El único confirmado es Daniel Arroyo para Desarrollo Social.

Otros nombres que figuran con ímpetu son el de Santiago Cafiero – jefe de campaña del FDT-  para ser jefe de Gabinete, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá como canciller y – el ex secretario de Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner – Eduardo “Wado” De Pedro como ministro del Interior. No obstante, ninguno de estos hombres fue confirmado.

La confirmación oficial del Gabinete guarda relación con temas vinculados a las autoridades del Congreso donde Cristina estará al frente del Senado, con la eventual posición de Oscar Parrilli como presidente provisional del cuerpo y el formoseño José Mayans, al mando de un bloque Frente de Todos. En tanto, el actual titular de la bancada peronista Carlos Casería ocuparía la cartera de Transporte.

En Diputados, Sergio Massa quedaría como presidente de la Cámara y Máximo Kirchner como titular del bloque. En tanto, Agustín Rossi iría para Defensa.

Para la cartera de Trabajo es fija la figura de Claudio Moroni. En lo que respecta a la Justicia, el cargo sería para Marcela Losardo. El ex funcionario menemista Gustavo Béliz también tendría su lugar al igual que Matías Kulfas,  Mercedes Marcó del Pont, Mirta Tundís, Vilma Ibarra,  Gabriel Katopodis, María Eugenia Bielsa, Nicolás Trotta, Malena Galmarini,  Tristán Bauer y  Francisco Meritello, entre otros. De todas formas, todo está por verse.


Clientelismo: el Gobierno no paga el bono que prometió para las elecciones

Este lunes hubo dos cuadras de fila en el Ministerio de Producción y Trabajo, por parte de beneficiarios a los que justo antes de las elecciones el Poder Ejecutivo les prometió 5 mil pesos para “aliviar el fin de año”. Mirá cuál fue la respuesta oficial.

La fachada de la sede central del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación se vio modificada este lunes por las dos cuadras de fila  para solicitar el cobro del bono de $5.000 que el gobierno de Mauricio Macri impulsó para “aliviar el bolsillo de los desocupados” justo antes de las elecciones.

“De la cartera laboral no les dan respuesta, les abren un expediente de reclamo que no lleva a nada”, le explicó un trabajador del área de planes laborales al portal Ámbito.    “Para información sobre el bono desocupados llamar al COC (Centro de Orientación al Ciudadano)”, reza un cartel como respuesta oficial.

“Las autoridades no aparecen, no dan la cara, y se hacen cargo trabajadores que no tienen nada que ver. Terminan haciendo solidaridad con la gente que viene a pedir su bono”, sentenció otro de los afectados.

La jueza con competencia electoral María Romilda Servini había sentenciado que el otorgamiento de planes sociales “podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social”.

Pasadas las elecciones, con el triunfo de Alberto Fernández y a 11 días de mercado, este lunes cientos de personas fueron a reclamar el bono de $5.000, pero desde el Gobierno no están dispuestos a pagar.


Se definió quién le tomará juramento a Alberto Fernández

La transición presidencial abrió el debate sobre si la ceremonia debe ser presidida por la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti, o la entrante, Cristina Kirchner. Tras analizar la Constitución hubo un acuerdo para evitar conflictos el 10 de diciembre.

Según estipula el artículo 93 de la Constitución Nacional, “al tomar posesión de su cargo el Presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea”. ¿Pero quién será?, ¿Gabriela Michetti o Cristina Kirchner?

Según reveló el portal Infobae, confirmaron que el gobierno saliente aceptará que sea la vicepresidenta entrante la que le tome juramento cómo Presidente de la Nación a Alberto Fernández.

Los nuevos legisladores jurarán el 27 de noviembre por lo que la reunión entre Michetti y Kirchner para consensuar los detalles tendría lugar a fines de esta misma semana.

Posteriormente a la jura, el presidente saliente le pasará los atributos de mando al mandatario entrante. En la Constitución no se especifica dónde debe tener lugar esta parte de la ceremonia.

Desde el equipo de Alberto Fernández ya adelantaron que toda la ceremonia se realizará frente a la Asamblea Legislativa. Allí también Fernández hará su primer discurso como jefe de Estado y hasta podría adelantar algunas de sus primeras medidas.


Correo Argentino: avanza el informe sobre si el multimillonario autoperdón de Macri con quita del 98% fue “abusivo”

Finalmente, Ariel Lijo impulsó el “informe técnico” que había anunciado hace un mes para determinar si el frustrado acuerdo de 2016 entre el Estado y el Correo, propiedad de la familia presidencial, buscaba un perjuicio patrimonial al erario. Se calcula que el pacto implicaba una quita del 98,2% a favor de la firma y una pérdida de recursos públicos por $ 70.000 millones para 2033.

Finalmente y a pesar de las interminables dilaciones, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización del “informe técnico” que había anunciado hace un mes para determinar si el frustrado acuerdo de 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Correo Argentino, propiedad de la familia presidencial, configuraba una estafa al Estado al implicar una quita del 98,2% a favor de la firma y una pérdida de recursos públicos por $ 70.000 millones para 2033.

De este modo, tras el aval de la Cámara Federal porteña a la investigación que lleva adelante Lijo para determinar si el acuerdo que el Gobierno ensayó para que el Grupo Macri saldase su deuda con una contundente quita en perjuicio del Estado y en favor de la compañía de la familia presidencial, se ordenó un “informe técnico contable” para determinar si hubo irregularidades en esa propuesta.

Lo hizo en el marco de la causa penal que se instruye contra funcionarios del gobierno, entre ellos el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, quien fue indagado en abril pasado y aún tiene pendiente la resolución de su situación procesal.

El magistrado pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino. Así, dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa y los términos del acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue “abusivo”. Eso último fue lo que denunció la fiscal general de ese fuero, Gabriela Boquín, quien a través de un recurso de queja generó que ese pacto se suspendiera.

El informe fue encomendado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, una vez que las partes del caso respondan si tienen puntos técnicos que pretenden que sean abordados en el estudio.

“Se debería analizar el efecto de la presentación en concurso preventivo de la firma Correo Argentino S.A. sobre los intereses de los créditos adeudados, que fueron verificados y/o declarados admisibles en el expediente donde tramita en concurso”, sostiene la resolución de Lijo.

Además, sostiene que “se deberá describir las propuestas concordatarias efectuadas por la concursada al Estado Nacional con anterioridad al 28 de junio de 2016, teniendo especialmente en cuenta el capital, número de cuotas, tiempos de espera –si los hubiere- e intereses fijados en cada una de ellas”.

“Posteriormente, se deberá realizar una comparación entre ambas”, precisó Lijo.

Boquín se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo. El dictamen de la fiscal detuvo las negociaciones, lo cual “salvó” al erario público de la estafa y el pago jamás se concretó.

Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.

En 2003 el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.

Juicios de la empresa hacia el Estado mediante, en junio de 2016, cuando Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. A fines de 2017, la fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación” perjudicaba “gravemente el patrimonio del Estado nacional”.

El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado. Además, calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033.

Esto derivó en la causa penal que tiene a su cargo Lijo, donde están imputados Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.


Condenaron a TN, del Grupo Clarín, por difundir una noticia falsa vinculada a una agresión a Mauricio Macri

La damnificada cobrará $150.000 y la decisión judicial será publicada en la portada por un plazo de cuatro días.

Los portales Todo Noticias e Infobae deberán indemnizar a una mujer por haberla acusado de gestar una agresión contra Mauricio Macri durante un acto en Mar del Plata en el año 2016. Por otro lado, deberán publicar una desmentida como nota principal durante cuatro días.

Se trata de Ivana Yolanda Burgos, que fue señalada en los portales Infobae y Todo Noticias como artífice de un escrache al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal, en la ciudad costera de la Provincia de Buenos Aires durante el primer año de Gobierno, además de catalogarla como militante kirchnerista.

Ahora, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2, con la firma del juez Juan Martín Alterin, condena a las empresas responsables de los medios de comunicación a pagarle a la damnificada $150.000 entre ambas (más intereses) y a difundir la decisión judicial en portada por un plazo de cuatro días.

Además, el juez determinó que “la señora Ivana Yolanda Burgos fue erróneamente implicada por este medio en los hechos de violencia en que resultó agredido el Presidente de la Nación y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2016 en la ciudad de Mar del Plata”.