La Justicia extendió el cese de estado antijurídico que pesaba sobre una fábrica de alimentos balanceados a una acopiadora de cereales que funciona en el mismo predio. El querellante es un vecino lindero que denuncia contaminación y que a su vez es señalado por obstaculizar permisos de habilitación
La Cámara Penal de Rosario clausuró por 90 días la actividad de una acopiadora de cereales y de una fábrica de alimentos balanceados que funcionan en un mismo predio dentro del ejido urbano de la localidad de Arteaga, en el sur provincial, denunciadas por desobediencias administrativas y contaminación, en el marco de un conflicto ambiental y vecinal.
La medida fue dictada esta semana por el camarista de Rosario Javier Beltramone quien amplió una resolución judicial que a fines de junio había dispuesto el juez penal de primera instancia de Villa Constitución, Juan Ignacio Vacca, al ordenar el “cese de estado antijurídico” de una de las compañías que ahora se hizo extensivo a las dos.
Se trata de la acopiadora de cereales Vidoret Servicios Agropecuarios y de la fábrica de alimentos balanceados para animales Agroganadera Vidoret, denunciadas por contaminación en una investigación que ya cuenta con una pericia oficial que arrojó niveles escandalosos de fósforo en muestras tomadas de una zanja perimetral clandestina, alimentada por un caño que salía del predio industrial, sobre la ruta 92 y calle Bolivia y propiedad de los hermanos Marcelo y Eduardo Vidoret.
Pegada a la planta productiva de las compañías se encuentra la vivienda familiar del querellante, el empresario Roberto Vignati, que en septiembre de 2022 radicó una denuncia por contaminación contra los directivos de las firmas.
El año anterior, el Ministerio de Ambiente santafesino ya había ordenado la paralización de una de las compañías por falta de permisos, medida administrativa que al no ser acatada por los empresarios Vidoret les valió una denuncia penal por desobediencia por parte de la Fiscalía de Estado.
Flojo de papeles
En el marco del pleito ambiental se esgrimieron todo tipo de suspicacias que intentaron correr el eje hacia otros terrenos. Entre ellos se sugirió que es un simple problema vecinal teñido de disputas comerciales e intrafamiliares y se hicieron acusaciones verbales con mención a presuntas influencias políticas y mediáticas en un combo que incluyó a un sector de trabajadores de la comunidad de Arteaga y a su jefe comunal Julián Vignati, hermano del querellante.
No obstante, el juez Beltramone jerarquizó la cuestión ambiental. Remarcó que se está ante un escenario de “daño probable” y resaltó que ninguna de las dos compañías cuestionadas cuenta con autorización estatal “plena” para funcionar dentro de las instalaciones.
Ante ello hizo lugar al pedido de la querella para hacer extensivo el cede del estado antijurídico y clausuró las dos firmas por 90 días corridos, plazo en el que el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Juan Pablo Baños deberá imputar los delitos de incidencia ambiental investigados. Al respecto, el magistrado advirtió que “si en dicho plazo no se atribuye conducta penal” en materia ambiental “la medida cesará automáticamente”.
Un lugar en el mundo
El cultivo de soja seguido de maíz y trigo es parte de la economía típica del sur provincial. La localidad de Arteaga no es la excepción. En ese vértice donde terminan los extensos sembrados de cereales y comienza su ejido urbano, con unos 3000 habitantes, funciona la planta industrial que motivó el conflicto vecinal por contaminación y la vivienda familiar del denunciante.
La Cámara Penal de Rosario clausuró por 90 días la actividad de una acopiadora de cereales y de una fábrica de alimentos balanceados que funcionan en un mismo predio dentro del ejido urbano de la localidad de Arteaga, en el sur provincial, denunciadas por desobediencias administrativas y contaminación, en el marco de un conflicto ambiental y vecinal.
La medida fue dictada esta semana por el camarista de Rosario Javier Beltramone quien amplió una resolución judicial que a fines de junio había dispuesto el juez penal de primera instancia de Villa Constitución, Juan Ignacio Vacca, al ordenar el “cese de estado antijurídico” de una de las compañías que ahora se hizo extensivo a las dos.
Se trata de la acopiadora de cereales Vidoret Servicios Agropecuarios y de la fábrica de alimentos balanceados para animales Agroganadera Vidoret, denunciadas por contaminación en una investigación que ya cuenta con una pericia oficial que arrojó niveles escandalosos de fósforo en muestras tomadas de una zanja perimetral clandestina, alimentada por un caño que salía del predio industrial, sobre la ruta 92 y calle Bolivia y propiedad de los hermanos Marcelo y Eduardo Vidoret.
Pegada a la planta productiva de las compañías se encuentra la vivienda familiar del querellante, el empresario Roberto Vignati, que en septiembre de 2022 radicó una denuncia por contaminación contra los directivos de las firmas.
El año anterior, el Ministerio de Ambiente santafesino ya había ordenado la paralización de una de las compañías por falta de permisos, medida administrativa que al no ser acatada por los empresarios Vidoret les valió una denuncia penal por desobediencia por parte de la Fiscalía de Estado.
Flojo de papeles
En el marco del pleito ambiental se esgrimieron todo tipo de suspicacias que intentaron correr el eje hacia otros terrenos. Entre ellos se sugirió que es un simple problema vecinal teñido de disputas comerciales e intrafamiliares y se hicieron acusaciones verbales con mención a presuntas influencias políticas y mediáticas en un combo que incluyó a un sector de trabajadores de la comunidad de Arteaga y a su jefe comunal Julián Vignati, hermano del querellante.
No obstante, el juez Beltramone jerarquizó la cuestión ambiental. Remarcó que se está ante un escenario de “daño probable” y resaltó que ninguna de las dos compañías cuestionadas cuenta con autorización estatal “plena” para funcionar dentro de las instalaciones.
Ante ello hizo lugar al pedido de la querella para hacer extensivo el cede del estado antijurídico y clausuró las dos firmas por 90 días corridos, plazo en el que el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Juan Pablo Baños deberá imputar los delitos de incidencia ambiental investigados. Al respecto, el magistrado advirtió que “si en dicho plazo no se atribuye conducta penal” en materia ambiental “la medida cesará automáticamente”.
Un lugar en el mundo
El cultivo de soja seguido de maíz y trigo es parte de la economía típica del sur provincial. La localidad de Arteaga no es la excepción. En ese vértice donde terminan los extensos sembrados de cereales y comienza su ejido urbano, con unos 3000 habitantes, funciona la planta industrial que motivó el conflicto vecinal por contaminación y la vivienda familiar del denunciante.
