ATE aseguró que las incorporaciones se realizaron antes de la reestructuración del Estado y cuestionó que mientras continúan los despidos de trabajadores públicos, se haya ampliado la planta política. El gremio reclama que se investiguen y, de corresponder, se den de baja las designaciones.
El sindicato de trabajadores estatales ATE volvió a poner el foco sobre las políticas de empleo del Gobierno nacional al denunciar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, habría dejado 249 designaciones en distintos organismos del Estado antes de los recortes impulsados por la administración de Javier Milei.
Desde la organización gremial sostienen que esos ingresos corresponden, en numerosos casos, a familiares, amigos y allegados políticos, y cuestionan que se hayan concretado mientras miles de trabajadores estatales eran despedidos bajo el argumento de reducir el gasto público.
ATE calificó la situación como una contradicción con el discurso oficial de austeridad y afirmó que el crecimiento de la planta política no se corresponde con el ajuste aplicado sobre empleados de carrera y contratados de la administración pública.
En ese marco, el gremio anunció que solicitará formalmente la revisión de esas designaciones y reclamará que se investigue si los nombramientos cumplieron con los procedimientos administrativos y legales correspondientes. En caso de detectarse irregularidades, exigirá que sean dejados sin efecto.
La denuncia reaviva el debate sobre los mecanismos de ingreso al Estado y la transparencia en la designación de funcionarios y personal político. Mientras el Gobierno sostiene que está llevando adelante la mayor reducción del gasto público en décadas, desde ATE advierten que el ajuste no alcanza por igual a todos los sectores de la administración nacional.
Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no hubo una respuesta oficial sobre los cuestionamientos planteados por el sindicato. La polémica suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el alcance del ajuste estatal y el criterio utilizado para definir quiénes permanecen y quiénes dejan la administración pública.