Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro destacó la caída de los homicidios y aseguró que Santa Fe pasó a ser “la provincia más segura”, numerosos efectivos conviven con otra realidad: salarios insuficientes, necesidad de hacer adicionales, extensas jornadas laborales y destinos alejados de sus hogares.
Pero hay otra discusión que tampoco puede esconderse debajo de la alfombra.
Hace años que sobre sectores de las fuerzas de seguridad pesan denuncias y sospechas de connivencia con organizaciones delictivas, particularmente alrededor del negocio de las drogas.
Y acá hay que ser muy claros: no se puede meter a toda la Policía en la misma bolsa. Hay miles de agentes que trabajan todos los días en condiciones difíciles y que cumplen su función con honestidad y compromiso.
Pero tampoco se puede mirar para otro lado cuando aparecen policías involucrados en causas vinculadas al narcotráfico, cuando existen investigaciones sobre corrupción dentro de las fuerzas o cuando determinadas estructuras policiales terminan siendo señaladas por sus vínculos con organizaciones criminales.
Porque entonces la pregunta es inevitable:
¿De qué seguridad estamos hablando?
Una política de seguridad no puede medirse solamente por la cantidad de homicidios. También debe medirse por la capacidad del Estado para garantizar que quienes tienen el monopolio de la fuerza pública no terminen formando parte del negocio que deberían combatir.
Necesitamos policías bien pagos, capacitados, equipados y protegidos. Pero también necesitamos controles internos y externos, transparencia, investigación y una Justicia que avance hasta el fondo cuando existen sospechas de connivencia con el delito organizado.
Porque pagar mejores salarios no alcanza para combatir la corrupción.
Y tampoco alcanza con mostrar estadísticas positivas mientras persiste una pregunta que sigue atravesando a la sociedad santafesina:
¿Quién controla a quienes tienen que controlar?
La seguridad necesita policías que puedan vivir dignamente de su trabajo.
Pero también necesita policías que estén del lado de la ley.
Y necesita un Estado con la firmeza suficiente para investigar y sancionar a quienes, desde adentro de las propias estructuras estatales, puedan estar trabajando para el otro lado.
Porque una provincia segura no es solamente aquella donde bajan los homicidios. Es aquella donde el Estado recupera completamente el control de la calle, de las cárceles, de las fuerzas de seguridad y, fundamentalmente, del negocio de la droga.